Constantemente en México, hablamos de la ley, e incluso, cuando hay que celebrar, decimos que tenemos la mejor constitución del mundo, aunque por lo general, con una aplicación ambigua y poco productiva para el bien común. En otros artículos de esta columna he abordado el tema de la legalidad y también el de la legitimidad. ¿Qué es lo legal? ¿Es la ley y sus actos justa, legítima? ¿Hasta qué punto la legalidad es legitimidad? Ambos conceptos van de la mano, porque uno lleva al otro, sin embargo, esto no siempre es así, porque hay puntos donde la legalidad contradice la legitimidad, pero también, donde la legitimidad resulta ilegal. Mientras la legalidad se refiere a un marco jurídico, a unas reglas del juego establecidas, la legitimidad se pregunta sobre el fundamento de la ley, las acciones que genera y las consecuencias de aplicarla o no. El problema de la legalidad y la legitimidad ha sido abordado frecuentemente por filósofos, juristas y politólogos. Un ejemplo actual lo encontramos en las lecturas clásicas del filósofo Norberto Bobbio, y otro en el jurista, Michelangelo Bovero.
Un caso paradigmático de nuestra vida pública y que bien sirve para ejemplificar esta situación, lo encontramos en Eduardo Olmos Castro. Recientemente se comprobó lo que ya se venía anunciando, el diputado local electo, tomó posesión en el cargo, para inmediatamente renunciar, o como dicen en el argot político, “pedir licencia”. Aquí lo “motivos personales” justifican todo, porque lo fines políticos así lo disponen. El antier polémico Secretario de Desarrollo Regional, dejó su cargo para competir por una curul el 19 de octubre. El resultado de esa elección fue contundente, Olmos Castro consiguió la votación más alta de todo el Estado, 34 mil 923 electores votaron por él, y ahora que por fin llega, no alcanzó a calentar siquiera, la tan deseada curul. Uno podría pensar que Olmos Castro es un político investido de una clara legitimidad, sin embargo, al recordar su historia política, no puede uno menos que pensar en una carrera política enigmática, para la cual no es fácil ofrecer calificativos, ya que si bien, todo ha empezado: diputado federal, secretario de Obras Públicas, secretario de Desarrollo Regional, diputado local; nada ha terminado. Olmos Castro es el ejemplo palpable en lo local, del político que todo empieza, pero nada concluye.
La reciente licencia que solicitó al Congreso de Coahuila, no sólo es un insulto a la inteligencia de su electorado, sino también un claro ejemplo de cómo los cargos públicos son meros medios y no fines. De esta manera, el político priísta deja “colgados” a sus electores, porque en realidad está demostrando su poca seriedad, pero al mismo tiempo, vuelve a evidenciar la inutilidad de las elecciones, porque al final, la elección termina en manos de una grupo político familiar, lo cual desplaza a diestra y siniestra el sentido popular de una elección. ¿De qué valieron esos votos, sino fue entonces para el juego político? ¿Votaron 34 mil idiotas por Olmos Castro? ¿Volverán a votar por él?
Después de Ulises Ruiz y Mario Marín, dos de los mejores exponentes del PRI, no tengo la menor duda de que sí vuelvan a votar, en buena medida, por esa desconcertante nostalgia del pasado que hoy retorna al PRI, a los primeros lugares en prácticamente todas las elecciones del país.
Tienen razón los priístas cuando afirman que el ayer diputado no está haciendo nada ilegal, sin embargo, bien vale preguntarse si en este caso, lo legal es legítimo. El malogrado exalcalde de Saltillo, Fernando de las Fuentes, ahora Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, afirmó que Olmos “no está haciendo nada indebido”, y que no hay “no hay decepción de los electores, porque se votó por un partido”. La explicación es la salida fácil y predecible que hace referencia a la ley. Como la ley no lo prohíbe, entonces está permitido. Estamos ante la lógica del engaño, porque se atiende a la letra legal, incluso para contradecir el espíritu de la misma. Lo hemos visto recientemente con la ficticia aplicación del artículo 134 constitucional, donde se prohíbe expresamente a los funcionarios y políticos, hacer propaganda, pero más tardaron en publicar la reforma constitucional, que en contradecirla, a través de los vacíos que deja la ley, porque al fin y al cabo, no se expresa directamente, ni tampoco se enuncia tal cual. Por eso seguimos viendo el gasto millonario en publicidad, que al final nadie recordará y que termina, como lo demuestran las campaña electorales, en basura.
Al final, lo que sostiene a nuestro sistema político mexicano, es el incentivo a la mediocridad. Por una parte, no existen otras vías para hacer carrera política, como el tema de la reelección de diputados y alcaldes. Por otro, y esto resulta grave, se carece de una rendición de cuentas, con la cual, se pueda apremiar o castigar carreras políticas con base a resultados. Mientras tanto, seguiremos teniendo una vida pública sustentada en muchos o pocos votos, pero carente de legitimidad, porque sencillamente es incapaz de ofrecer resultados.
