sábado, 26 de julio de 2008

Consulta

Como siempre, en México llegamos tarde y mal a muchas de las innovaciones y cambios que viven otros países en condiciones parecidas a las nuestras. Ya sea en economía, en ciencia o en política, el atraso es palpable. Por estos días a causado gran revuelo el asunto de la reforma energética y especialmente la estrategia del PRD para organizar un consulta ciudadana, en un tema que resulta más técnico que político.

No es difícil anticipar el resultado de la consulta convocada por Marcelo Ebrard, sobre todo por la inducción misma de las dos preguntas -ya lo confirmó con loable autocrítica Ruth Zavaleta-, a realizarse el próximo domingo 27 en el DF.

Tan sólo hace unos días, acá en Torreón, el propio Carlos Mota, preguntó al público lagunero sus posturas sobre PEMEX y la privatización. Las opiniones fueron divididas entre quienes piensan que debe privatizarse y quienes opinan que no. Sin embargo, y a pesar de todas las críticas realizadas a la consulta perredista, el tema de las consultas ciudadanas es algo bien establecido en los países con democracias avanzadas.
Aunque el PRD y su ala radical buscan llevar tendenciosamente agua a su molino y “legitimar” su sistemático rechazo a todo lo que suene a inversión privada, la consulta despierta un gran interés por incorporar a los ciudadanos en las decisiones públicas.

Este método de participación plantea una relación más abierta entre gobierno y sociedad, sobre todo, si pensamos en la extendida crisis de representación que viven muchos gobiernos. En nuestro país el esquema político de las instituciones está diseñado para elegir representantes que asumen el poder por las mayorías. Pero en los últimos años, 17 entidades federativas, entre las que se encuentra el DF y Coahuila, han adoptado en sus leyes formas de participación más cercanas a la democracia directa que a la democracia representativa. Figuras como la consulta popular, la audiencia pública y los todavía controvertidos referendo y plebiscito, forman parte de los medios ciudadanos para influir en las decisiones públicas.

¿Tiene sentido la consulta que plantea el PRD para el caso la Reforma Energética? ¿De verdad estas formas de participación directa tienen capacidad de influir en la vida nacional? Quizá resulte decepcionante, pero la respuesta es no. Explico las razones. No guste o no, los mexicanos estamos sujetos a la constitución general, y ahí no existe ninguna de estas figuras de democracia directa, por lo tanto, lo que hagan o deshagan las entidades federativas no puede influir en el rumbo general país. No obstante, el PRD al conseguir un “no” generalizado, estará reforzando políticamente su postura y minando la propuesta del gobierno federal.

Por otro lado, los ciudadanos que quisieran influir en las decisiones públicas a través de las leyes de participación, se toparán con una serie de obstáculos antes de lograr cambiar las decisiones gubernamentales. Si pensamos por ejemplo, en lo que tenemos en Coahuila, llegaríamos a la misma conclusión. Desde el año 2001 Coahuila cuenta con una pomposa Ley de Participación Ciudadana, ahí se establece el objetivo de “fomentar, promover y salvaguardar el derecho de los ciudadanos y habitantes coahuilenses, para participar en la vida pública”. La Ley enumera al menos seis medios de participación directa como: plebiscito (aprobar o rechazar las decisiones del gobernador y los presidentes municipales), referendo (rechazar o ratificar una ley), la iniciativa y la consulta popular, la colaboración comunitaria y finalmente, la audiencia pública.

¿Con estos instrumentos de participación, los coahuilenses pueden verdaderamente incidir en el rumbo de los gobiernos? Otra vez, la respuesta es no. Veamos los ámbitos del plebiscito y referendo. Tan sólo para que los ciudadanos pudieran convocar una de estas flamantes figuras, tendrían que reunir al menos el 5% del total de los electores coahuilenses registrados en último padrón electoral. Dicho en números, un ciudadano o un conjunto de ciudadanos que deseara participar, tendría que reunir los suficientes recursos económicos para convocar al menos 80 000 electores coahuilenses con sus nombres, firmas y números de credencial de elector. ¡Una labor titánica! Participar en Coahuila bajo estos esquemas es caro, impráctico y con ganas de que nadie lo haga. Seguramente por eso nadie invoca estas figuras.

Regresando al planteamiento inicial, la incorporación de la participación directa de los ciudadanos en las decisiones del gobierno, es un beneficio que en México no podemos ejercer los ciudadanos, no sólo porque la leyes estatales son absurdas, también porque la constitución no lo estipula. La consulta, el referendo y el plebiscito son medios para complementar la tan desgastada democracia representativa.

¿Acaso alguien cree en sus diputados?
26 de julio, El Siglo de Torreón

Durango

Por fin el Congreso local de Durango hizo las reformas pertinentes para reforzar la Ley estatal de Transparencia, como parte de las adecuaciones al artículo sexto constitucional. Los beneficios de esta reforma implican mayores niveles de transparencia obligatoria, pero también la incorporación del sistema de solicitud de información electrónica (INFOMEX), lo que significa que los duranguenses podrán hacer solicitudes por Internet. Al mismo tiempo, la ciudad vecina de Gómez Palacio, al mando de Ricardo Rebollo, tendrá que montarse lo antes posible a reforzar la transparencia, si no quiere seguir haciendo el ridículo, al ocultar la nómina municipal por temor a “envidias”. No sobra recordar que son obligaciones.

lunes, 21 de julio de 2008

"Cochinero"


El partido más barroco en México, el PRD, el mismo que no terminaba por resolver su elección interna, fijó al fin el pasado 19 de julio, la anulación de su proceso interno para la presidencia del partido. ¿Tiene futuro la izquierda? ¿Hay como tal izquierda?
Un excelente trabajo de Roger Bartra responde al respecto: La izquierda ¿en peligro de extinción? (agosto 2007).

sábado, 19 de julio de 2008

Tabú electoral


Bien dicen en la política, que todo aquel que suspira también aspira. Y así pasa con muchos cuando se avecinan tiempos electorales. En Coahuila tenemos un proceso intermedio en puerta. El próximo 19 de octubre se renovará, a través de las urnas, nuestro flamante Congreso local. Hablamos de 20 diputados bajo el principio de mayoría relativa, es decir, aquellos que tiene que sudar en las calles para conseguir su curul, y 11 diputados más de representación proporcional. Como es de esperarse, y así sucede en cada proceso electoral, un grupo “selecto” de aspirantes, abandonan sus distintos cargos públicos, ya sea en las presidencias municipales, regidurías o en los puestos administrativos de los ayuntamientos y el Gobierno del Estado. Esta semana fueron anunciados formalmente los cambios y las propuestas. La lista la conforma la inédita cantidad de nueve alcaldes, y un buen número de regidores, entre los que se cuenta a 6 de Torreón y un síndico.

Las críticas no se han hecho esperar, en parte porque se tiene la percepción de que nuestros principales representantes públicos no suelen representar los intereses ciudadanos, sino los propios o los de sus partidos. Al mismo tiempo ocupan el último lugar en credibilidad y confianza en las diversas encuestas y estudios de opinión. Sin embargo, esta situación, es resultado, en buena medida, del esquema actual que alientan nuestras instituciones. El hecho de que en México no exista un mecanismo de rendición de cuentas para los legisladores, propicia que estos no tengan ninguna obligación, ni tampoco, ninguna necesidad de ser evaluados por los ciudadanos, ya que sus carreras no pueden ser apremiadas o castigadas con el voto popular. De esta manera, el tema de reelección se vuelve crucial para impulsar urgentemente un mecanismo de rendición de cuentas.

Más allá de las críticas comunes a todos estos personajes que abandonan un cargo para irse otro, está en el fondo, la ausencia de la modernización, o si se quiere, de la profesionalización de los cuerpos legislativos. El sistema político mexicano, lejos de alentar carreras políticas vigiladas por ciudadanos, tiene a fortalecer las grandes burocracias de los partidos, generando que los legisladores sigan su beneficio personal o el de sus partidos, pero no necesariamente el de los ciudadanos.

La herencia posrevolucionaria del “sufragio efectivo, no reelección” -ese mito que se perpetúa sin sentido en los documentos gubernamentales-, resulta anacrónica y obsoleta para un presente que requiere profesionalismo y mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y hasta El Salvador, han incorporado a sus sistemas electorales la reelección como una forma de representación inclusiva, sujeta a que el electorado pueda castigar o premiar a su legislador si realizó un buen trabajo. Sólo de esa manera, los legisladores estarían siendo responsables directos ante el ciudadano.
Por eso, resulta compresible, aunque no del todo justificable, que los políticos busquen continuidad abandonando sus cargos. De alguna manera se las han arreglado para mantenerse en el poder, no obstante, y esta es la precariedad del caso mexicano, de no rendir cuantas de sus acciones. ¿No hay salida? ¿Estamos condenados a que nuestros legisladores no guarden responsabilidad con los ciudadanos? Quiero pensar, a riesgo de parecer ingenuo, que está situación puede mejorarse. El pasado 9 de julio, la senadora Beatriz Zavala Peniche, como integrante de la Comisión para la Reforma del Estado, retomó el tema de la reelección y disminución en el número de diputados y senadores. La iniciativa propone la reelección de dos periodos sucesivos, para los primeros, y un periodo inmediato para los segundos. Con esta propuesta de reforma constitucional a los artículos 52, 53, 54, 56 y 59 se busca generar medios para que los legisladores respondan a los ciudadanos.

La exposición de motivos de la senadora, bosqueja el sentido de la reforma electoral: “La consolidación de las instituciones democráticas, demanda la redefinición de las normas, definir y delimitar competencias, atribuciones y facultades. Hacer más eficientes la organización y funcionamiento de ambas cámaras, reorientar el trabajo, capacitación, profesionalización y comportamiento de los legisladores, fortalecer el trabajo en comisiones. Cambiar la integración de las cámaras, en número y permanencia, permitirá hacer más dinámica la práctica parlamentaria, más informados a los legisladores, mejorar el desarrollo de la tarea del Congreso y su prestigio ante la sociedad”.

Si bien, una reforma de esta naturaleza no es la panacea y mucho menos la solución al decoroso comportamiento de los legisladores, sí estaría enfocada a la productividad y el desempeño, bajo un esquema de incentivos entre representante y representado. Ojalá pronto podamos ratificar o reprobar el trabajo de nuestros políticos.
19 de julio de 2008
El Siglo de Torreón

viernes, 18 de julio de 2008

Deconstructing Harry (1997)

¿Creel, nuestro Mel?

Fuera de foco





Como si se tratase de una película, en particular esa mordaz y divertida cinta de Woody Allen, Deconstructing Harry (1997), el senador Santiago Creel fue difuminado en las imágenes del noticiero Primero Noticias de Televisa. Similar a Mel, interpretado por Robin Williams, Creel claramente se veía borroso. La empresa atribuyó el burdo asunto a un “error de edición”, ratificando el viejo supuesto de que si no estás en los medios no existes. El problema es que nuestra enclenque democracia no es una película donde podamos borrar nuestra irremediable realidad.

sábado, 12 de julio de 2008

El Estado idiota II


A la memoria de los jóvenes Erika Jannete Rocha Maruri, 13 años; Alejandro Piedras Esquivias, 14; Daniel Alan Ascorve Domínguez, 15; Isis Gabriela Tapia Barragán, 16 años; Rafael Morales Bravo, 18; Mario Quiroz Rodríguez, 22; Mario Alberto Ramos Muñoz, 22; Leonardo Amador Rivas, 24; y Heredy Pérez Sánchez, 29.
A la memoria también de los policías Remedios Marín Ruiz, de 20; Pablo Galván Gutiérrez, 55; y Pedro López García, de 65 años.

Así comienza el contundente Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el caso “New´s Divine”, publicado esta semana por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Tristemente célebre, el suceso de la discoteca “New´s Divine” revela, una vez más, algo más profundo que la indignación y la sorpresa. Me refiero en primer lugar, a la debilidad del Estado Mexicano para rendir cuentas, y en segundo, la ineficiencia para brindar ante todo, seguridad.
Lejos de ser un caso esporádico, asilado y excepcional, la tragedia de “New´s Divine”, donde perdieron la vida 12 personas, evidencia el estado en que las autoridades encargadas de la seguridad, son incapaces de ejercer el poder con responsabilidad y de brindar seguridad. Las corporaciones capitalinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizaron el operativo con un objetivo administrativo que terminó innecesariamente con la muerte de varias personas. Dicho de otra forma, la irresponsabilidad e ineptitud operativa de las autoridades produce muertos, pero no seguridad. “New´s Divine”, es acaso, el innegable paradigma de nuestras instituciones mexicanas encargadas de resguardar el orden y la seguridad.

Si bien, la tragedia interesa directamente a los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero, en el fondo estamos ante un problema, que guardadas las proporciones, bien puede replicarse en otros rincones del país, sobre todo, en un momento donde el problema de la seguridad pública es una de las prioridades de la agenda gubernamental en México.
Al igual que los capitalinos, los laguneros no somos ajenos a esta realidad, máxime cuando el delicado momento que vivimos exige seriedad, inteligencia, profesionalismo y prudencia. De poco sirve la fuerza sin inteligencia, sin estrategia. Un Estado reducido a actuar solamente con la fuerza, es incapaz de avanzar coherentemente. Aplasta con la fuerza bruta que confiere la ley, sin reparar en los daños y contradicciones que conlleva su torpe aplicación. En otras palabras, un Estado idiota.

A la reprobable ineptitud de la autoridad, hay que destacar la oportuna intervención de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal (CDHDF). Su papel no ha sido menor al exponer las arbitrariedades e irregularidades del proceso. Más aún, los dos informes presentados esta semana -véase la página www.cdhdf.org.mx-, por Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión, revelan “un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos de las y los jóvenes que residen en la capital”.

El operativo, nos dice el Informe, tuvo como una de sus principales deficiencias, la nula planeación y la deficiente conducción del Programa de Mandos Únicos Policiales (Unipol). Es de destacar que en cuanto a la comunicación entre los elementos que participaban en el operativo, sólo los mandos contaban con radios portátiles; teniendo como agravante que, los sistemas de radiocomunicación de la PGJ y SSP no fueran compatibles.

Como resultado del operativo acompañado de armas largas, 12 personas murieron, y un sinnúmero de personas fueron lesionadas, otras entraron en crisis nerviosa, más de 100 personas fueron detenidas sin razón y trasladadas a la agencia del Ministerio Público, de manera injustificada. El operativo, demuestra con sólida evidencia el Informe, no estuvo planeado para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en el lugar, por el contrario fue un acto deliberado para intimidar y detener arbitrariamente a los jóvenes que se encontraban en la discoteca, aún conociendo que muchos eran menores de 18 años de edad.
No obstante, la CDHDF denunció una serie de trabas, e incluso ocultamiento de información y la negativa de acceso al lugar a los visitadores de la Comisión para recavar evidencia. Lo que fue un “simple” operativo administrativo mostró en realidad el círculo vicioso de nuestras instituciones, donde impera una combinación de corrupción -la Delegación Gustavo A. Madero permitió que el antro continuara operando-, fuerza e ineptitud.

Al final, los ciudadanos estamos estancados en un círculo que se abre con débil sistema de justicia, y se cierra con una endeble seguridad. Volvemos al viejo problema de la política: ¿Quién vigila al vigilante?

sábado, 5 de julio de 2008

Retorno al Centro

Aplazado por una y otra administración municipal, abandonado por años, el Centro histórico de Torreón por fin encuentra un rumbo necesario. Primero fueron las negociaciones con los comerciantes ambulantes, luego la inscripción de los mismos para su reubicación, seguido del desalojo como aviso, y finalmente, el inicio de la obra el pasado primero de julio por el alcalde José Ángel Pérez. El alcalde torreonense inicia así un ambicioso proyecto de rescate para el Centro. Varias acciones lo constatan: el sector Alianza, la reubicación de los ambulantes, la iluminación de edificios históricos e incluso la construcción del Museo del Algodón. La administración municipal está retomando la dignidad urbana del principal espacio de la ciudad.

En principio parece sencillo, pero durante décadas, los ayuntamientos dejaron crecer una serie de problemas materializados en la decadencia del Centro. Los ambulantes y el comercio informal ganaron terreno a los peatones y a los reglamentos; el abandono de la imagen urbana, si es que imagen es algo, acabó con el viejo lustre de los paseos como la porfirina Plaza de Armas, la Morelos o las amplias avenidas de la Juárez e Hidalgo. Durante años el Centro de la ciudad acumuló una negligencia tras otra que bien puede resumirse en el estado lamentable de nuestras banquetas. Por otro lado, el desplazamiento económico, debido a la apertura de nuevas zonas comerciales, terminó por acelerar la decadencia del Centro, un espacio rodeado de edificios e inmuebles sin habitar.

Recientemente, en una serie de cinco breves artículos, Héctor Aguilar Camín, describió con claridad las desgracias de nuestros espacios públicos. La analogía comienza con las banquetas: “El estado de las banquetas mexicanas es el retrato involuntario de un país donde lo público va después de lo político y lo político puede desentenderse de lo público. Hay algo muy viejo, muy mexicano, en el desastre que exhiben las banquetas de nuestras ciudades, un desarreglo del espacio público tan antiguo y persistente que parece no haber empezado nunca”.

La dimensión política es la que suele desplazar el sentido de lo público porque siempre está por encima de ella. Por lo general, no es difícil encontrar que las autoridades en el ejercicio de sus funciones, sacrifiquen el interés público por el costo político que representa una u otra decisión. ¿Durante cuánto tiempo no se tocó a los ambulantes por el temor a pagar un “costo político”? ¿Qué pasa con las intransitables banquetas del Centro, quién es el responsable de arreglarlas? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar a que se aplique la normatividad existente para hacer una mejor ciudad?

José Antonio Aguilar, quien ha sido referencia en la reciente discusión sobre la economía política de las banquetas, escribió: “Las banquetas revelan una parte del carácter nacional. Se encuentran a medio camino entre la propiedad privada y la vía pública. Son un espacio híbrido, una especie de tierra de nadie donde se permiten los despropósitos más escandalosos. Los particulares saben que son espacios públicos, pero creen que les pertenecen; el Estado sabe que atenderlas es una obligación que jamás cumplirá y por lo tanto le concesiona a los particulares sus banquetas”.

Si el gran Víctor Hugo pensaba que la ciudad es una escritura, las banquetas del Centro serían ilegibles.

Al final, nadie se hace responsable de un territorio que es de todos y es de nadie. Caminar por el Centro de Torreón se vuelve así en una odisea de obstáculos, grietas, hoyos, desniveles y trampas que el peatón tiene que sortear. Y con justa razón la analogía de las banquetas representa la incuria pública de autoridades y particulares. Bajo esta realidad no se trata de inventar el hilo negro, sino de aplicar la reglamentación que ya existe. La remodelación del Centro histórico, más que tratarse de “voluntad política”, como nos acostumbran a percibir, es una obligación que debe hacer cumplir la autoridad.

En este sentido, el inicio del paseo Cepeda-Valdés Carrillo y la decidida actitud del Ayuntamiento, resulta inédita. Tradicionalmente los gobiernos han rehuido a asumir sus responsabilidades públicas, se prefiere negociar la ley antes que acatarla, se pospone el bien común a cambio de no pagar el costo político, se desechan los planes de largo plazo por atender el presente.
Las remodelación del Centro indica ir por buen curso, aunque no se si el tiempo alcance, pero no se trata de inventar todo, sino de seguir lo que ya existe. Al menos tres reglamentos municipales que actualmente están vigentes, podrían ser eje del merecido y urgente rescate del Centro. El reglamento de Asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcciones, un poco de orden no caería mal. El reglamento de Anuncios para los espectaculares desgarrados y la basura visual que demerita algunos edificios históricos. Y finalmente el reglamento del Protección y conservación del patrimonio histórico de la ciudad como una garantía a los inmuebles valiosos de nuestro paisaje urbano. ¿Alguien se acuerda del Hotel Salvador?

Cada uno de estos reglamentos contiene especificaciones que bien deben invocarse para el rescate del Centro. Otras ciudades mexicanas como Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y hasta Durango son muestra de una política bien dirigida. Centros limpios, ordenados, habitables y con espacios culturales insustituibles. ¿Acaso el Teatro Nazas o el Museo Arocena no lo son? La fealdad que arrastra el Centro, no es solamente un problema estético, sino un problema cívico que refleja nuestra cultura. ¡En horabuena por el inicio del rescate!.
5 de julio 2008
El Siglo de Torreón

martes, 1 de julio de 2008

El Estado idiota


Retomo una parte del artículo publicado el lunes 30 de junio por Jesús Silva Herzog en Reforma. Retrata bien nuestro Estado mexicano:

"La criminalidad del Estado puede provenir del despotismo o la ineptitud. El Estado puede matar con la malevolencia del autócrata o la torpeza del idiota. A los crímenes de la intolerancia habrá que sumar los crímenes de impericia. El Gobierno de la Ciudad de México provocó la muerte de muchachos y oficiales con su atroz incompetencia. Ejercer el poder, ser titular de la responsabilidad de Gobierno no implica simplemente contar con la fuerza y la legitimidad para imponer la Ley, supone también la capacidad para hacerlo prudente, inteligentemente. Hace cuarenta años jóvenes mexicanos fueron acribillados por la intolerancia de un Gobierno autocrático; hoy han sido asesinados por la ineptitud de un Gobierno democrático".

Nombres maravillosos

El otrora libertador de Zimbabwe, Robert Mugabe, hoy es el rey, que con pistola en mano, se resiste a dejar el poder. No sin un encanto perverso, saltan a la vista los nombres maravillosos de dictadores, cual villanos de película que nos regala la historia: Leónidas Trujillo, Ho Chi Minh, Charles Taylor, Augusto Pinochet, Suharto... y claro, Robert Mugabe.