sábado, 28 de marzo de 2009

Una buena


Hacia 1950, uno de los grandes politólogos de la Universidad de Chicago, el norteamericano Harold Lasswell, había propuesto una innovadora y creativa forma de hacer política, a partir de una metodología para el tratamiento y resolución de problemas públicos. La técnica, fue bautizada en castellano, aunque de manera inexacta, como políticas públicas. En esencia, el método propuesto por Lasswell, parte de la relación entre el gobierno y los grupos de ciudadanos organizados, como una forma, en donde ambos actores participan de los problemas y las alternativas.
En otras palabras, la técnica busca construir una agenda de gobierno compartida en responsabilidades, porque no es solamente el gobierno quien decide y resuelve problemas, sino que también los ciudadanos, participan en conjunto de las problemáticas y su solución. De cierta manera, se trata de la incorporación de los ciudadanos en el proceso decisorio del gobierno, siempre en campos pequeños y limitados, como la colonia, la comunidad, la escuela, el gobierno local. Pero ¿es aplicable este esquema en México, donde nuestra cultura política es precaria y contradictoria, pobre e incipiente? Más aún, ¿existen casos exitosos o ejemplos de políticas ciudadanas en nuestro entorno inmediato?

Sin caer en entusiasmos y efímeros optimismos, la respuesta es sí. Y casi, habrá que escribirlo con mayúscula, a pesar de las dificultades del entorno, las posibilidades de cambio, están sin lugar a dudas, en los espacios locales. Y para muestra, El Siglo de Torreón (24/03/09), dio cuenta en una de sus notas de la sección local, de qué manera los vecinos de la colonia El Fresno, lograron lo que parecía imposible: incidir en la agenda de gobierno para atender sus problemáticas específicas. El problema de los vecinos provenía de tiempo atrás, derivado de los ruidos generados por los antros que rodean la zona habitacional. Hartos del problema, intentaron por una y otra vía cambiar la situación. Ni los desplegados en la prensa, ni las peticiones al Ayuntamiento rindieron frutos.

Tras los infructuosos intentos, los propios vecinos, representados por Enrique Peña, presidente de la Asociación de Colonos, fueron autocorrigiendo la ruta para resolver el problema. Decidieron recurrir a su representarte popular, el diputado federal Carlos Bracho, a quien expusieron el problema, para luego exigirle en su participación legislativa, que llevara al Congreso la propuesta de actualización de la norma que regula el ruido. Así los vecinos, entendieron que al cambiar las reglas del juego, podrían entonces, incidir en el bienestar de su comunidad inmediata. La propuesta ciudadana para actualizar la obsoleta Norma Oficial Mexicana 081 (aprobada en 1994), se refiere a la regulación de los ruidos con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas y del medio ambiente.

El punto de acuerdo, donde el diputado, dirigido por los ciudadanos, expresó así el problema: “El primer aspecto importante que deberá ser sujeto de revisión está en el campo de aplicación de la norma, donde se incluyen en una sola categoría a la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública sin establecer diferencia alguna entre la amplia gama de actividades que se mencionan, mucho menos una distinción clara expresada en decibeles de los límites de emisión de ruido para cada una de las categorías. No se debería evaluar con el mismo criterio ni con la misma escala, el ruido que produce una fábrica instalada en una zona industrial durante la jornada de trabajo, que una cantina con música en vivo enclavada en los límites de una zona residencial y operando en horario nocturno permitía hasta 65 decibeles en espacios habitacionales, cuando el parámetro internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece 40 decibeles”. El interés ciudadano fue plasmado en el legislativo el 8 de abril de 2008, donde se exhortó al Ejecutivo Federal actualizar la norma. Finalmente este mes, lo ciudadanos organizados lograron que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa.

Sin bloqueos de calles, ni afectaciones a terceros, los colonos lograron, de manera civil y sin violencia, recurriendo a los caminos institucionales establecidos, pero poco utilizados, incidir en la vida pública de su entorno inmediato; pero también, con su iniciativa, beneficiarán a los demás ciudadanos en el país. Entonces, el impacto de la política pública, trascendió más allá de un problema particular en una colonia de Torreón.

Varias lecciones nos quedan de esta valiosa experiencia: 1) Si se lo proponen, los ciudadanos organizados civilmente, pueden transformar para bien su entorno común; 2) Una participación responsable exige cuentas a sus gobiernos, como una clara forma de asumir su corresponsabilidad; y 3) Los cambios profundos en nuestra vida pública, o al menos sus posibilidades, tendrán que venir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo, dejó de funcionar hace mucho tiempo.

sábado, 21 de marzo de 2009

Torreón visto por la Auditoría

Siempre resulta más fácil y cómodo gastar el dinero de los otros, al menos, esa parece ser la clara señal que envían los gobiernos: viajes con cargo al erario, concesiones repartidas como bienes privados, desvío de recursos, privilegios al amparo del poder, irracionalidad económica en el gasto, opacidad y para acabar pronto, una ausencia casi general de rendición de cuentas. Y así lo corroboran las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo del contador Arturo González de Aragón. La semana pasada se publicó el extenso informe, basado en 962 auditorías que reflejan el manejo de la Cuenta Pública por el Estado Mexicano durante el año 2007. Tan sólo ese año, los malos manejos del dinero público ascendieron a la pequeña suma de 60 mil 723 millones de pesos. El informe de la Auditoría consta de diez tomos, y en especial el tomo X, volumen 8, está dedicado al Estado de Coahuila, donde se revisa a los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, San Pedro y algunas áreas del Gobierno Estatal.

¿Pero cómo le fue a Torreón? ¿Qué detalla la ASF sobre el ayuntamiento? Y sobre todo ¿Cómo está manejando los dineros públicos?

La ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, auditó los recursos provenientes del Ramo 33, el cual se refiere a los dineros que la Federación destina a Estados y Municipios. Revisó dos fondos presupuestales: 1) Los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y 2) Los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN). Las áreas auditadas del Ayuntamiento fueron: Obras Públicas, Servicios Administrativos, Desarrollo Humano y la Tesorería Municipal. En este sentido, el propósito de la Auditoría fue evaluar la calidad de gestión y control de los recursos federales aplicados en el municipio. En otras palabras, investigó sobre la eficacia y eficiencia de los recursos públicos administrados por el gobierno de Torreón. A grosso modo, dada la complejidad y extensión del informe, resumo las principales faltas e irregularidades que encontró la ASF en la operación de los recursos federales: a) Obras que presentaron atrasos sin justificar y sin aplicar sanciones correspondientes a las empresas que las operaban, incluso, no se aplicaron las multas respectivas por incumplimiento de contrato; b) Obras que terminaron costando más de lo presupuestado previamente, sin presentar razones fundadas y explícitas; c) Recursos que fueron utilizados con fines distintos para el cual ya estaban etiquetados; d) No se pagó los impuestos al SAT por la erogación de 12 millones de pesos aplicados al personal de Seguridad Pública. En tal caso, la ASF recomendó al SAT auditar al Ayuntamiento con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; e) Se adjudicó la compra directa de combustible por 22 millones de pesos, contraviniendo las leyes de Adquisiciones y Contratación de Servicios; y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En resumidas cuentas, la Auditoría concluyó que el municipio de Torreón debe fortalecer y mejorar sus mecanismos de control, operación y manejo de los recursos públicos, con la finalidad de obtener mayor eficacia, calidad y transparencia en las obras. De 86 millones ejercidos durante el 2007, el 46.0% de los recursos se aplicaron en fines no previstos por la normativa del fondo, mientras que el 44.5% se aplicó en obras y acciones que no están en los rubros que marca la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Por qué no se respetó la legalidad, y más aún, dónde está la labor de la Contraloría municipal para supervisar el uso de los dineros públicos? Al respecto, la valoración de la ASF es contundente: la Contraloría no tiene “el carácter preventivo deseable” que permita la optimización y buen manejo de los recursos públicos. La situación resulta tan precaria administrativamente, que la Auditoría insiste una y otra vez en la carencia de manuales de operación, pero también de una verdadera coordinación entre los órganos del gobierno municipal.

Para la ASF el ayuntamiento de Torreón está en color amarillo, igual que Saltillo. Esto quiere decir, que el indicador que evaluó el desempeño municipal, registró un punto medio, en el entendido de que verde, según el semáforo de la Auditoría, es alto, y rojo, como el municipio de Monclova, bajo.

Esta semana, escribía al respecto el prestigiado politólogo Mauricio Merino; “Nos falta mucha fontanería, para limpiar y destapar nuestras tuberías dañadas y obstruidas”.

En el fondo, no se trata sólo de ganar elecciones y estar en el poder, ni tampoco de ejercerlo en la marcha y “hacer” cosas, sino de hacerlas bien, y con racionalidad. Me refiero a generar, y aquí incluyo a los ciudadanos, un gobierno de calidad que basa su legitimidad en la rendición de cuentas.

sábado, 7 de marzo de 2009

Xcellerator


No es el nombre de una película, tampoco de un videojuego y mucho menos, una venta de autos deportivos. “Xcellerator” es el nombre de una larga y acuciosa operación que el gobierno norteamericano organizó para desarticular una banda del crimen organizado que operaba, como tratado de libre comercio, en México, Estados Unidos (EU) y Canadá. El operativo fue organizado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y tuvo su inicio en California durante el año 2007. Tras 21 meses de investigación y rastreo, el operativo tuvo resultados espectaculares, un tanto inusuales, para lo que se presenta en los EU.

El número de detenidos resulta congruente con el tamaño de la operación: 755 procesados. Materialmente el decomiso también fue a gran escala: 59.1 millones de dólares en efectivo, 12 toneladas de cocaína, así como 8 kilogramos de heroína y 1.3 millones de píldoras de éxtasis. Los resultados fueron contundentes, visibles y palpables, pero al mismo tiempo, evidenciaron el tamaño del problema, así como los alcances de las organizaciones criminales que operaran con redes bien tejidas y organizadas desde México, y que tienen presencia, según la propia agencia de inteligencia norteamericana, en más de 230 ciudades de EU. En la operación de la DEA, participaron más de 200 elementos que también lograron la incautación de 149 vehículos terrestres, 3 aeronaves, 3 vehículos marítimos y 169 armas de fuego.

Aunque sé que son odiosas las comparaciones, y sobre todo por el grado de corrupción que permea las instituciones en México, la operación Xcellerator es un espejo que refleja las carencias e incapacidades del Estado Mexicano, no sólo porque acá, a pesar de los más de 5 mil muertos durante el 2008, y el despliegue espectacular de fuerzas policiacas y militares, los resultados de los múltiples operativos han sido muchas veces, magros y decepcionantes.

¿Cuántas veces, después de intensas balaceras, las autoridades apenas si logran detener a unos cuantos, y no pocas veces, a ninguno? Por otro lado, las áreas de inteligencia de los diferentes cuerpos de seguridad en México, ya sea la Secretaría de Gobernación con el “invisible” CISEN, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, no nos han ofrecido a los mexicanos una operación de esa magnitud con resultados tajantes. Al decir esto, no pretendo negar los esfuerzos del Gobierno Federal y la política inédita impulsada por el presidente Felipe Calderón, como tampoco pretendo ignorar los decomisos y los enfrentamientos, los detenidos y los muertos. Sin embargo, muchas de las operaciones no logran en realidad golpear a fondo a los cárteles, más aún, los vemos operando y constantemente retando al Estado. ¿Dónde está nuestro Xcellerator? ¿Dónde los resultados que vayan, no a las ramas, sino a la raíz del problema?

En el ámbito financiero, un informe reciente del Fondo Monetario Internacional revelado el mes de enero, deja las cosas en claro, en tanto el desempeño poco efectivo de México en el combate al lavado de dinero. El informe señala que la “inteligencia financiera” no ha investigado adecuadamente, a grado tal que entre 1989 y 2007, es decir, en los últimos 18 años, el Gobierno mexicano solamente obtuvo 25 sentencias condenatorias por el delito de “lavado” de dinero.

El asunto de la guerra abierta contra el narcotráfico y las variantes de crimen organizado, le ha valido al presidente Calderón credibilidad y confianza ante la ciudadanía, pues tiene casi el 70% de aprobación. No obstante, y más allá del empleo legítimo de la violencia, una guerra requiere algo más que fuerza y fusiles, al menos, esa fue la lección de inteligencia que los atenienses demostraron en la Antigua Grecia, a los militares espartanos, cuando la memorable guerra contra los persas.