Bien dicen en la política, que todo aquel que suspira también aspira. Y así pasa con muchos cuando se avecinan tiempos electorales. En Coahuila tenemos un proceso intermedio en puerta. El próximo 19 de octubre se renovará, a través de las urnas, nuestro flamante Congreso local. Hablamos de 20 diputados bajo el principio de mayoría relativa, es decir, aquellos que tiene que sudar en las calles para conseguir su curul, y 11 diputados más de representación proporcional. Como es de esperarse, y así sucede en cada proceso electoral, un grupo “selecto” de aspirantes, abandonan sus distintos cargos públicos, ya sea en las presidencias municipales, regidurías o en los puestos administrativos de los ayuntamientos y el Gobierno del Estado. Esta semana fueron anunciados formalmente los cambios y las propuestas. La lista la conforma la inédita cantidad de nueve alcaldes, y un buen número de regidores, entre los que se cuenta a 6 de Torreón y un síndico.
Las críticas no se han hecho esperar, en parte porque se tiene la percepción de que nuestros principales representantes públicos no suelen representar los intereses ciudadanos, sino los propios o los de sus partidos. Al mismo tiempo ocupan el último lugar en credibilidad y confianza en las diversas encuestas y estudios de opinión. Sin embargo, esta situación, es resultado, en buena medida, del esquema actual que alientan nuestras instituciones. El hecho de que en México no exista un mecanismo de rendición de cuentas para los legisladores, propicia que estos no tengan ninguna obligación, ni tampoco, ninguna necesidad de ser evaluados por los ciudadanos, ya que sus carreras no pueden ser apremiadas o castigadas con el voto popular. De esta manera, el tema de reelección se vuelve crucial para impulsar urgentemente un mecanismo de rendición de cuentas.
Más allá de las críticas comunes a todos estos personajes que abandonan un cargo para irse otro, está en el fondo, la ausencia de la modernización, o si se quiere, de la profesionalización de los cuerpos legislativos. El sistema político mexicano, lejos de alentar carreras políticas vigiladas por ciudadanos, tiene a fortalecer las grandes burocracias de los partidos, generando que los legisladores sigan su beneficio personal o el de sus partidos, pero no necesariamente el de los ciudadanos.
La herencia posrevolucionaria del “sufragio efectivo, no reelección” -ese mito que se perpetúa sin sentido en los documentos gubernamentales-, resulta anacrónica y obsoleta para un presente que requiere profesionalismo y mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y hasta El Salvador, han incorporado a sus sistemas electorales la reelección como una forma de representación inclusiva, sujeta a que el electorado pueda castigar o premiar a su legislador si realizó un buen trabajo. Sólo de esa manera, los legisladores estarían siendo responsables directos ante el ciudadano.
Por eso, resulta compresible, aunque no del todo justificable, que los políticos busquen continuidad abandonando sus cargos. De alguna manera se las han arreglado para mantenerse en el poder, no obstante, y esta es la precariedad del caso mexicano, de no rendir cuantas de sus acciones. ¿No hay salida? ¿Estamos condenados a que nuestros legisladores no guarden responsabilidad con los ciudadanos? Quiero pensar, a riesgo de parecer ingenuo, que está situación puede mejorarse. El pasado 9 de julio, la senadora Beatriz Zavala Peniche, como integrante de la Comisión para la Reforma del Estado, retomó el tema de la reelección y disminución en el número de diputados y senadores. La iniciativa propone la reelección de dos periodos sucesivos, para los primeros, y un periodo inmediato para los segundos. Con esta propuesta de reforma constitucional a los artículos 52, 53, 54, 56 y 59 se busca generar medios para que los legisladores respondan a los ciudadanos.
La exposición de motivos de la senadora, bosqueja el sentido de la reforma electoral: “La consolidación de las instituciones democráticas, demanda la redefinición de las normas, definir y delimitar competencias, atribuciones y facultades. Hacer más eficientes la organización y funcionamiento de ambas cámaras, reorientar el trabajo, capacitación, profesionalización y comportamiento de los legisladores, fortalecer el trabajo en comisiones. Cambiar la integración de las cámaras, en número y permanencia, permitirá hacer más dinámica la práctica parlamentaria, más informados a los legisladores, mejorar el desarrollo de la tarea del Congreso y su prestigio ante la sociedad”.
Si bien, una reforma de esta naturaleza no es la panacea y mucho menos la solución al decoroso comportamiento de los legisladores, sí estaría enfocada a la productividad y el desempeño, bajo un esquema de incentivos entre representante y representado. Ojalá pronto podamos ratificar o reprobar el trabajo de nuestros políticos.
19 de julio de 2008
El Siglo de Torreón
Las críticas no se han hecho esperar, en parte porque se tiene la percepción de que nuestros principales representantes públicos no suelen representar los intereses ciudadanos, sino los propios o los de sus partidos. Al mismo tiempo ocupan el último lugar en credibilidad y confianza en las diversas encuestas y estudios de opinión. Sin embargo, esta situación, es resultado, en buena medida, del esquema actual que alientan nuestras instituciones. El hecho de que en México no exista un mecanismo de rendición de cuentas para los legisladores, propicia que estos no tengan ninguna obligación, ni tampoco, ninguna necesidad de ser evaluados por los ciudadanos, ya que sus carreras no pueden ser apremiadas o castigadas con el voto popular. De esta manera, el tema de reelección se vuelve crucial para impulsar urgentemente un mecanismo de rendición de cuentas.
Más allá de las críticas comunes a todos estos personajes que abandonan un cargo para irse otro, está en el fondo, la ausencia de la modernización, o si se quiere, de la profesionalización de los cuerpos legislativos. El sistema político mexicano, lejos de alentar carreras políticas vigiladas por ciudadanos, tiene a fortalecer las grandes burocracias de los partidos, generando que los legisladores sigan su beneficio personal o el de sus partidos, pero no necesariamente el de los ciudadanos.
La herencia posrevolucionaria del “sufragio efectivo, no reelección” -ese mito que se perpetúa sin sentido en los documentos gubernamentales-, resulta anacrónica y obsoleta para un presente que requiere profesionalismo y mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y hasta El Salvador, han incorporado a sus sistemas electorales la reelección como una forma de representación inclusiva, sujeta a que el electorado pueda castigar o premiar a su legislador si realizó un buen trabajo. Sólo de esa manera, los legisladores estarían siendo responsables directos ante el ciudadano.
Por eso, resulta compresible, aunque no del todo justificable, que los políticos busquen continuidad abandonando sus cargos. De alguna manera se las han arreglado para mantenerse en el poder, no obstante, y esta es la precariedad del caso mexicano, de no rendir cuantas de sus acciones. ¿No hay salida? ¿Estamos condenados a que nuestros legisladores no guarden responsabilidad con los ciudadanos? Quiero pensar, a riesgo de parecer ingenuo, que está situación puede mejorarse. El pasado 9 de julio, la senadora Beatriz Zavala Peniche, como integrante de la Comisión para la Reforma del Estado, retomó el tema de la reelección y disminución en el número de diputados y senadores. La iniciativa propone la reelección de dos periodos sucesivos, para los primeros, y un periodo inmediato para los segundos. Con esta propuesta de reforma constitucional a los artículos 52, 53, 54, 56 y 59 se busca generar medios para que los legisladores respondan a los ciudadanos.
La exposición de motivos de la senadora, bosqueja el sentido de la reforma electoral: “La consolidación de las instituciones democráticas, demanda la redefinición de las normas, definir y delimitar competencias, atribuciones y facultades. Hacer más eficientes la organización y funcionamiento de ambas cámaras, reorientar el trabajo, capacitación, profesionalización y comportamiento de los legisladores, fortalecer el trabajo en comisiones. Cambiar la integración de las cámaras, en número y permanencia, permitirá hacer más dinámica la práctica parlamentaria, más informados a los legisladores, mejorar el desarrollo de la tarea del Congreso y su prestigio ante la sociedad”.
Si bien, una reforma de esta naturaleza no es la panacea y mucho menos la solución al decoroso comportamiento de los legisladores, sí estaría enfocada a la productividad y el desempeño, bajo un esquema de incentivos entre representante y representado. Ojalá pronto podamos ratificar o reprobar el trabajo de nuestros políticos.
19 de julio de 2008
El Siglo de Torreón
