A la memoria de los jóvenes Erika Jannete Rocha Maruri, 13 años; Alejandro Piedras Esquivias, 14; Daniel Alan Ascorve Domínguez, 15; Isis Gabriela Tapia Barragán, 16 años; Rafael Morales Bravo, 18; Mario Quiroz Rodríguez, 22; Mario Alberto Ramos Muñoz, 22; Leonardo Amador Rivas, 24; y Heredy Pérez Sánchez, 29.
A la memoria también de los policías Remedios Marín Ruiz, de 20; Pablo Galván Gutiérrez, 55; y Pedro López García, de 65 años.
Así comienza el contundente Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el caso “New´s Divine”, publicado esta semana por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Tristemente célebre, el suceso de la discoteca “New´s Divine” revela, una vez más, algo más profundo que la indignación y la sorpresa. Me refiero en primer lugar, a la debilidad del Estado Mexicano para rendir cuentas, y en segundo, la ineficiencia para brindar ante todo, seguridad.
Lejos de ser un caso esporádico, asilado y excepcional, la tragedia de “New´s Divine”, donde perdieron la vida 12 personas, evidencia el estado en que las autoridades encargadas de la seguridad, son incapaces de ejercer el poder con responsabilidad y de brindar seguridad. Las corporaciones capitalinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizaron el operativo con un objetivo administrativo que terminó innecesariamente con la muerte de varias personas. Dicho de otra forma, la irresponsabilidad e ineptitud operativa de las autoridades produce muertos, pero no seguridad. “New´s Divine”, es acaso, el innegable paradigma de nuestras instituciones mexicanas encargadas de resguardar el orden y la seguridad.
Si bien, la tragedia interesa directamente a los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero, en el fondo estamos ante un problema, que guardadas las proporciones, bien puede replicarse en otros rincones del país, sobre todo, en un momento donde el problema de la seguridad pública es una de las prioridades de la agenda gubernamental en México.
Al igual que los capitalinos, los laguneros no somos ajenos a esta realidad, máxime cuando el delicado momento que vivimos exige seriedad, inteligencia, profesionalismo y prudencia. De poco sirve la fuerza sin inteligencia, sin estrategia. Un Estado reducido a actuar solamente con la fuerza, es incapaz de avanzar coherentemente. Aplasta con la fuerza bruta que confiere la ley, sin reparar en los daños y contradicciones que conlleva su torpe aplicación. En otras palabras, un Estado idiota.
A la reprobable ineptitud de la autoridad, hay que destacar la oportuna intervención de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal (CDHDF). Su papel no ha sido menor al exponer las arbitrariedades e irregularidades del proceso. Más aún, los dos informes presentados esta semana -véase la página www.cdhdf.org.mx-, por Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión, revelan “un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos de las y los jóvenes que residen en la capital”.
El operativo, nos dice el Informe, tuvo como una de sus principales deficiencias, la nula planeación y la deficiente conducción del Programa de Mandos Únicos Policiales (Unipol). Es de destacar que en cuanto a la comunicación entre los elementos que participaban en el operativo, sólo los mandos contaban con radios portátiles; teniendo como agravante que, los sistemas de radiocomunicación de la PGJ y SSP no fueran compatibles.
Como resultado del operativo acompañado de armas largas, 12 personas murieron, y un sinnúmero de personas fueron lesionadas, otras entraron en crisis nerviosa, más de 100 personas fueron detenidas sin razón y trasladadas a la agencia del Ministerio Público, de manera injustificada. El operativo, demuestra con sólida evidencia el Informe, no estuvo planeado para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en el lugar, por el contrario fue un acto deliberado para intimidar y detener arbitrariamente a los jóvenes que se encontraban en la discoteca, aún conociendo que muchos eran menores de 18 años de edad.
No obstante, la CDHDF denunció una serie de trabas, e incluso ocultamiento de información y la negativa de acceso al lugar a los visitadores de la Comisión para recavar evidencia. Lo que fue un “simple” operativo administrativo mostró en realidad el círculo vicioso de nuestras instituciones, donde impera una combinación de corrupción -la Delegación Gustavo A. Madero permitió que el antro continuara operando-, fuerza e ineptitud.
Al final, los ciudadanos estamos estancados en un círculo que se abre con débil sistema de justicia, y se cierra con una endeble seguridad. Volvemos al viejo problema de la política: ¿Quién vigila al vigilante?
A la memoria también de los policías Remedios Marín Ruiz, de 20; Pablo Galván Gutiérrez, 55; y Pedro López García, de 65 años.
Así comienza el contundente Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el caso “New´s Divine”, publicado esta semana por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Tristemente célebre, el suceso de la discoteca “New´s Divine” revela, una vez más, algo más profundo que la indignación y la sorpresa. Me refiero en primer lugar, a la debilidad del Estado Mexicano para rendir cuentas, y en segundo, la ineficiencia para brindar ante todo, seguridad.
Lejos de ser un caso esporádico, asilado y excepcional, la tragedia de “New´s Divine”, donde perdieron la vida 12 personas, evidencia el estado en que las autoridades encargadas de la seguridad, son incapaces de ejercer el poder con responsabilidad y de brindar seguridad. Las corporaciones capitalinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizaron el operativo con un objetivo administrativo que terminó innecesariamente con la muerte de varias personas. Dicho de otra forma, la irresponsabilidad e ineptitud operativa de las autoridades produce muertos, pero no seguridad. “New´s Divine”, es acaso, el innegable paradigma de nuestras instituciones mexicanas encargadas de resguardar el orden y la seguridad.
Si bien, la tragedia interesa directamente a los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero, en el fondo estamos ante un problema, que guardadas las proporciones, bien puede replicarse en otros rincones del país, sobre todo, en un momento donde el problema de la seguridad pública es una de las prioridades de la agenda gubernamental en México.
Al igual que los capitalinos, los laguneros no somos ajenos a esta realidad, máxime cuando el delicado momento que vivimos exige seriedad, inteligencia, profesionalismo y prudencia. De poco sirve la fuerza sin inteligencia, sin estrategia. Un Estado reducido a actuar solamente con la fuerza, es incapaz de avanzar coherentemente. Aplasta con la fuerza bruta que confiere la ley, sin reparar en los daños y contradicciones que conlleva su torpe aplicación. En otras palabras, un Estado idiota.
A la reprobable ineptitud de la autoridad, hay que destacar la oportuna intervención de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal (CDHDF). Su papel no ha sido menor al exponer las arbitrariedades e irregularidades del proceso. Más aún, los dos informes presentados esta semana -véase la página www.cdhdf.org.mx-, por Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión, revelan “un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos de las y los jóvenes que residen en la capital”.
El operativo, nos dice el Informe, tuvo como una de sus principales deficiencias, la nula planeación y la deficiente conducción del Programa de Mandos Únicos Policiales (Unipol). Es de destacar que en cuanto a la comunicación entre los elementos que participaban en el operativo, sólo los mandos contaban con radios portátiles; teniendo como agravante que, los sistemas de radiocomunicación de la PGJ y SSP no fueran compatibles.
Como resultado del operativo acompañado de armas largas, 12 personas murieron, y un sinnúmero de personas fueron lesionadas, otras entraron en crisis nerviosa, más de 100 personas fueron detenidas sin razón y trasladadas a la agencia del Ministerio Público, de manera injustificada. El operativo, demuestra con sólida evidencia el Informe, no estuvo planeado para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en el lugar, por el contrario fue un acto deliberado para intimidar y detener arbitrariamente a los jóvenes que se encontraban en la discoteca, aún conociendo que muchos eran menores de 18 años de edad.
No obstante, la CDHDF denunció una serie de trabas, e incluso ocultamiento de información y la negativa de acceso al lugar a los visitadores de la Comisión para recavar evidencia. Lo que fue un “simple” operativo administrativo mostró en realidad el círculo vicioso de nuestras instituciones, donde impera una combinación de corrupción -la Delegación Gustavo A. Madero permitió que el antro continuara operando-, fuerza e ineptitud.
Al final, los ciudadanos estamos estancados en un círculo que se abre con débil sistema de justicia, y se cierra con una endeble seguridad. Volvemos al viejo problema de la política: ¿Quién vigila al vigilante?
