Primero fue el eslogan, luego vinieron los diferentes programas sociales que abarcan lo mismo sopas y pastas, materiales de construcción, uniformes escolares y hasta condones de “la gente”. A lo sucedido esta semana, bien podríamos agregar las notarías a la generosa lista de los programas de la gente. En particular por aquellos “fíats” que fueron designados a funcionarios del gobierno y a un diputado de la actual legislatura estatal.
El pasado 9 de diciembre, el Periódico Oficial del Estado de Coahuila publicó la lista con los acuerdos del Ejecutivo para la entrega de 19 patentes de aspirante a notario, mismas que fueron ratificadas el 15 de diciembre por el disciplinado Congreso. En el “regalo navideño” aparecen los funcionarios públicos Armando Luna Canales (Secretario de Gobierno); Homero Ramos Gloria (director del Instituto de Pensiones del Estado); Rodrigo Orozco Aguirre (director de Procedimientos y Trámites de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos); Gustavo González Ramos (director del Registro Público de la Propiedad); Luis Fernando Valdés Cabello (director de Servicio Social); Francisco Javier Cedillo Martínez (titular de la Oficialía 24 del Registro Civil en Torreón); Luis Ramos Escalante (asesor legal del Gobernador) y Francisco Saracho Navarro (diputado priísta).
Si bien, la decisión del Gobernador Humberto Moreira y la ratificación unánime del institucional Congreso son legales, debemos de cuestionarnos severamente si son legítimas. En la vieja costumbre mexicana, utilizar los bienes públicos como bienes privados parece algo normal y hasta trivial en el ejercicio del poder. Pero la legitimidad de un gobierno, en un entorno que se precie de moderno y democrático, no puede aceptar estas prácticas como algo razonable. ¿O acaso el Secretario de Gobierno va rendir protesta ante sí mismo?
Max Weber, el gran sociólogo alemán que enseñó cómo leer las sociedades, hizo una caracterización de los estados medievales o premodernos como estados patrimonialistas, es decir, donde los bienes públicos se administran como patrimonio propio por el gobernante y por lo tanto, ese bien público puede ser dispuesto como un bien personal. Se trata de una vieja práctica que paulatinamente fue erradicada con la instauración del Estado moderno. Si aplicamos esta distinción hecha por Weber, nos es difícil pensar en la premodernidad que caracteriza a los gobierno estatales en México, ese “nuevo federalismo” que viene cargado de millones y mucha impunidad. Mario Marín y Ulises Ruiz son los mejores exponentes.
Si pensamos en Coahuila, el asunto de las notarías ilustra claramente esta relación donde el poder se ejerce a discreción, sin límites y contrapesos. En Estado Unidos, un país con mejores controles y rendición de cuentas, fue aprehendido recientemente el gobernador de Illinois, por tratar de subastar al mejor postor, la posición en el senado dejada por Barack Obama. Y justamente esto es lo que no ha logrado instaurar el Estado Mexicano en sus instituciones, y mucho menos en los feudos estatales.
Trastocados los valores de la política, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, el abuso de poder, la discrecionalidad aparecen así como las prácticas comunes de la democracia mexicana. ¿Cómo acotar un poder así? ¿Qué vías tiene un ciudadano para inhibir la discrecionalidad del poder? ¿Recurrir al Congreso? ¿Ir a la Oposición? El Congreso, dominado por el partido del gobernador, se convierte en un sencillo trámite a cumplir. Por otro lado, el señalamiento del PAN sólo queda en discurso, pero al mismo tiempo contradictorio. Porque lo mismo que reprueba hoy su presidente estatal, Reyes Flores Hurtado, es lo que en 2005 aceptaron tres de sus miembros al final del sexenio de Enrique Martínez. En ese entonces los laguneros Guillermo Anaya y Jesús de León Tello fueron beneficiados. Sin embargo, mientras el primero renunció en vías de no entorpecer su carrera política, el segundo cuenta con licencia para la notaría 34 en Torreón.
El problema no es sí hoy el PRI dispone de los bienes públicos de manera privada, porque también el PAN lo hace. No se trata de partidos, sino de ciudadanos que están inermes ante un poder que no duda en abusar. Regreso a las preguntas ¿Cómo se puede limitar al poder? ¿Cómo frenar los abusos desde el poder? ¿Con qué herramientas cuenta la ciudadanía?
Por lo pronto, el PRI de Humberto Moreira goza de buena salud. Como partido arrasaron en las elecciones intermedias, ratificando el dominio absoluto del Congreso. Por su parte, el gobernador tienen un gran nivel de aprobación que supera los 80 puntos, La Encuesta Nacional del Gabinete de Comunicación Estratégica, lo señala como el gobernador más aceptado al interior de su Estado en relación al resto de los gobernadores. En otras palabras, el PRI de Moreira tiene todo el poder y aprobación que más de un político desearía, y todo esto a la mitad del camino del actual sexenio Estatal.
No obstante, la debilidad del PRI podría venir de su propia fuerza como partido en el poder. Lo que ahora los encumbra, bien los puede hacer perder en el futuro. Y no me refiero exclusivamente a las elecciones, sino a la confianza, a la credibilidad. Tenerlo todo o casi todo, nos recuerda la historia, ha hecho perder a más de un gran gobernante, pero también a más de un pequeño. El poder concentrado de esa forma, separa de la realidad, porque entonces, ya no es necesario confrontarla, pero tampoco ya no es necesario escuchar las advertencias, los peligros y mucho menos las críticas.
20 de diciembre 2008
El Siglo de Torreón
