A veces es más poderoso lo que se deja de hacer, que lo que se hace. No “hacer” se convierte en un símbolo de peso que habla. Con inmediatez, el mensaje impone un estado, muestra una actitud y sobre todo, habla hacia los demás. En muchos sentidos, no gobernar o simular un gobierno, es una característica de la clase política mexicana que conduce las instituciones. Pareciera que abdicar al gobierno, es una forma recurrente y cara de gobernar. Se dejan espacios públicos, se abandonan funciones y responsabilidades, que luego vienen a ser llenados o sustituidos por algunos poderes fácticos como monopolios empresariales, sindicatos, crimen organizado, entre otros.
Tan sólo hace algunos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respondió a la desesperada demanda de varios padres de familia que padecieron la terrible tragedia en la guardería ABC y la muerte de 48 infantes. Patricia Duarte, una de las familiares de las víctimas que pidieron la intervención de la Corte, declaró que ya no confían en las autoridades estatales y federales, y que incluso, veían corrupción y protección a los responsables. Al respecto, la respuesta de la Corte fue clara y breve: no podían tomar el caso porque la Ley orgánica del poder judicial, indica y obliga al receso de la Corte, y por lo tanto, al periodo vacacional de los ministros. El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, recordó que el trabajo anual de la Corte se divide en dos periodos. “El trabajo se ordena, no se interrumpe”, precisó, al indicar que el primer día hábil de agosto inicia el segundo periodo de sesiones.
Esta situación terminó por acarrear más mala fama a nuestras instituciones de justicia, ya de por sí, en el suelo. Basta leer los comentarios de la noticia, que muchos internautas hicieron en las principales páginas web de la prensa nacional. Si bien es cierto, la Corte no es la autoridad inicial correspondiente a la que debieron de acudir los ciudadanos, ni tampoco es el medio formal para una denuncia, dado que la Corte no es un Ministerio Público para llamar a un proceso y juzgar a los culpables. Lo relevante en dado caso, y de ahí su función, es el dictamen, el pronunciamiento que sí puede influir o esclarecer un problema de corrupción como el de Hermosillo. En otras palabras, la Corte, dada su facultad de llevar casos relevantes sucedidos en la nación, mandó un mensaje erróneo a quienes piden justicia. Esto, en el terreno de las percepciones se volvió absurdo e injustificado para muchos ciudadanos que no son abogados ni técnicos, pero que demandan justicia.
Formalmente, la Corte tiene razón al suspender el periodo, porque así lo programa la ley, e incluso a reservarse el derecho de admitir directamente una demanda ciudadana, pues sólo sería a través de instituciones políticas como el Congreso, los ayuntamientos o los estados. Sin embargo, la Corte desaprovechó un caso emblemático de corrupción, para enviar un gesto de apoyo y respaldo a la ciudadanía. Se trataba de una actitud simbólica para generar confianza, ahora tan perdida en las instituciones de justicia. Luego entonces, no extrañan los altos niveles de impunidad. Seguramente, en agosto la Corte tomará el caso y se pronunciará meses después, pero haberse negado de esa forma en ese momento, anteponiendo el periodo vacacional, resultó como haberles dicho a los ciudadanos afectados, que la justicia puede esperar, al fin se va de vacaciones. Regularmente en la política, pesa más las apariencias que las realidades. Y de esa manera, la Corte pronto se forjó una imagen inoportuna e insensible, no obstante la muerte de los menores.
Recientemente, el juez federal estadounidense, Denny Chin, argumentó, tras la lectura de la sentencia de 150 años a Bernard Madoff, ese famoso criminal que tejió un fraude ultramillonario: "Tenemos que mandar el mensaje más duro posible. Los símbolos son importantes en las sentencias". Contrario a lo esperado, la Corte en México, simplemente se fue de vacaciones.
