Si no lo puedes medir, no lo puedes evaluar y por lo tanto mejorar. Así se resume un principio básico en la administración: medir para mejor. Esa es la propuesta que desde el año 2002 viene realizando la asociación civil conocida como Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad Pública (ICESI). Esta semana la AC presentó los resultados de la sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad en la solemne sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Reunidos los principales políticos del Estado Mexicano, desde el Presidente de la República hasta los Gobernadores, Ministros y Secretarios constataron una radiografía de la inseguridad que incomodó a muchos. Como bien reza el dicho, la verdad no peca pero incomoda.
Los medios dieron más atención al enojo de los gobernadores que a los resultados del estudio. Hay que decirlo con autocrítica, pesa más la anécdota que la valiosa información de la encuesta en materia de inseguridad. Llama más la atención más la queja de un Peña Nieto (PRI) cuestionando la metodología o el llamado a la opacidad del gobernador de Michoacán Leonel Godoy (PRD). Más aún fue difundido el reclamo de Osuna Millán (PAN), el gobernador de Baja California declarando que la encuesta “ya no nos sirve” por tratarse de los datos de 2008.
Si bien la encuesta del ICESI no busca remplazar, sino complementar la información del gobierno, sus resultados proporcionan datos valiosos para elaborar diagnósticos precisos y confiables, orientados a informar a los ciudadanos, además de facilitar el diseño de políticas eficaces en seguridad pública.
La hechura de la encuesta es bastante sólida ya que se basa en estándares metodológicos comparables a los utilizados internacionalmente y por las Naciones Unidas. La muestra del estudio es representativa de las entidades federativas en el país y se levantaron 71, 370 encuestas en vivienda. La encuesta de inseguridad permite estimar las características de la prevalencia y la incidencia delictivas ocurridas durante 2008, los porcentajes de delitos no denunciados y no registrados (cifra negra), la magnitud y características de la victimización, la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad y la actuación de sus autoridades.
Por ejemplo, el estudio muestra que la cifra negra de los delitos no denunciados por diversas razones –desconfianza, temor, desinterés–, es de 85%. Esta cifra resulta congruente cuando sabemos que 84% confía poco y nada en las policías municipales, aunado al 85% que desconfía del Ministerio Público. Pero vayamos al termómetro del delito a fin de tener un panorama general de la inseguridad en el país.
Las cinco entidades que los ciudadanos perciben como las más inseguras son DF, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Durango. Las menos inseguras: Nayarit, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Yucatán.
Las cinco entidades que concentran el mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes son Sinaloa (43.7), Chihuahua (42.1), Guerrero (30.2), Durango (27.8) y Baja California (27.7). Por el contrario, los estados donde la violencia es mínima: Yucatán (2.5), Querétaro (3.4), Tlaxcala (3.8), Baja California Sur (5.1) y Guanajuato (5.1).
En este sentido, afirmar que toda la inseguridad recorre por igual el país es una afirmación inexacta, más cercana a la opinión que al conocimiento. Pero al mismo tiempo es frecuente escuchar el argumento que agrupa todo en un mismo saco. La violencia se concentra en varios estados, pero no en todos. Mientras unos comparten índices delictivos comparables a estados fallidos como Afganistán e Irak, otras entidades como Yucatán están por debajo de Estados Unidos, India o Israel.
Más vale que los gobernadores indignados, así como los demás funcionarios encargados de velar por la seguridad retomen estos datos a fin de mejorar la seguridad. Al final, no se trata de descalificar, sino de conocer para resolver.
twitter.com/uncuadros
