Dos municipios opuestos, radicalmente diferentes, geográficamente distantes y económicamente incomparables. Se trata de dos caras de una misma realidad en el país. San Pedro Garza García en Nuevo León es uno de los municipios más ricos de Latinoamérica, junto con la delegación Benito Juárez. Ahí el nivel de riqueza per cápita es sobresaliente. Al mismo tiempo, Juchitepec es un municipio plagado de carencias, marcado por la migración hacia los “Yunaites”. Tal y como concluye duramente el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México generado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En nuestro país coexisten municipios con un desarrollo similar al observado en Estados Unidos o en los países que integran la OCDE, pero por otro lado, también es posible identificar circunscripciones con niveles de desarrollo inferiores a los del África Subsahariana.
Sin embargo, a pesar de la radicalidad de sus circunstancias, ambos municipios comparten una cara de la misma moneda: la inseguridad, el hartazgo general de sus habitantes.
En San Pedro, el polémico alcalde Mauricio Fernández expresa sus intenciones de ir más allá de sus funciones, incluso por encima de la ley, con tal de disminuir el crimen, de erradicar el cáncer de la inseguridad. El mismo día de su toma de protesta como nuevo alcalde anunció la muerte de un conocido criminal que azolaba tranquilamente la zona metropolitana. La polémica, pero también la seducción del personaje aumentó como burbuja cuando anunció un grupo de “limpieza” para combatir a los criminales incluso por encima de la ley. Las simpatías de muchos no se hicieron esperar, e incluso el propio Fernando Martí reconoció: "Como activista social no puedo decir que estoy de acuerdo. Como ciudadano, como sentir ciudadano, creo que a todos nosotros hasta gusto nos dio".
En las condiciones actuales, donde el Estado mexicano es incapaz de garantizar la seguridad, las manifestaciones por encima de la ley encuentran terreno fértil. De esa forma, cuando aparecen personajes dispuestos a combatir la criminalidad sea como sea, aparece también la aprobación de muchos, que cansados o temerosos, ven con buenos ojos la barbarie para acabar con la barbarie. Nada más riesgoso que este silogismo de violencia. Jesús Silva Herzog Márquez describió la imprudencia del alcalde como un “populismo justiciero” a riesgo de sacrificar leyes e instituciones.
En otro punto de país, en condiciones opuestas a las conocidas en Nuevo León, cuatro sujetos, entre ellos dos policías federales, fueron identificados por algunos habitantes y posteriormente detenidos por las autoridades bajo la presunción de secuestro. La voz rápidamente se corrió y varios cientos de habitantes “arrebataron” a las autoridades municipales de Juchitepec, a los cuatro detenidos. Bajo la firme convicción “popular” de linchamiento, los habitantes furiosos golpearon a los criminales e incendiaron un sitio de la presidencia municipal. La turba pretendía rociarlos de gasolina y prenderles fuego –situación que a muchos pareció sensata−, otros ya traían a uno de los sujetos detenidos con una soga al cuello para colgarlo. Al final, cientos de policías intervinieron y rescataron a los criminales de la espontánea iniciativa popular.
En ambos casos, aún y con las diferencias visibles entre los municipios de Nuevo León y el Estado de México, existe una población azolada por el crimen, cansada de la inseguridad. No nos extrañen por lo tanto, los linchamientos en nombre de una justicia colectiva o la ferviente aprobación de la violencia ante el visible vacío que deja el Estado en grandes zonas del país, y que el propio gobierno ha llamado “zonas de impunidad”.
Esta condición bien puede generar situaciones donde con facilidad se justifica la barbarie de la justicia por la propia mano. Una especie de estado de naturaleza, argumentó en el siglo XVII el filósofo inglés Thomas Hobbes, donde manda el más fuerte, para luego ser sustituido precariamente por otro más fuerte y luego otro. Justamente esta debilidad en el largo plazo subyace a la seducción de la justicia por propia mano. La tentación de la justicia no por la vía de las leyes y las instituciones, es más atractiva y “razonable” para diversos grupos sociales que no ven de las autoridades avances en materia de seguridad.
Según el prestigioso estudio sobre la democracia en Latinoamérica, el Latinobarómetro (2008), el 61% de los mexicanos estaría dispuesto en tener un gobierno no democrático si este resuelve los problemas económicos. ¿Estaremos acaso ante la preferencia de un régimen autoritario a cambio de seguridad? No lo creo, pero algunas expresiones por ahora resultan preocupantes.
