Aunque el título de este artículo hace pensar en un buen libro del astrónomo norteamericano Carl Sagan, siempre con su generoso tono didáctico, en realidad me voy a referir a temas más terrenales y menos astronómicos: el presupuesto en miles de millones que recién aprobó la honorable Cámara de Diputados para el próximo año.
La cifra es astronómica, 3 billones 45 mil 478.6 millones de pesos, o si se quiere, el 23.5% del Producto Interno Bruto en México. Pero, ¿cómo se entiende todo ese dinero público? ¿De qué manera saber que se ese dinero se utiliza adecuadamente? ¿Cuál es el costo beneficio de esos recursos públicos? ¿Cómo vigilar, controlar, transparentar el ejercicio? ¿Hay lugar para la rendición de cuentas?
La ultramillonaria bolsa se repartió para el 2009 en las áreas administrativas del gobierno federal, poderes legislativo, judicial, entidades autónomas, gobiernos estatales y municipales.
Las dependencias del gobierno federal con mayores incrementos en relación al presupuesto del presente año, se concentraron en la seguridad: la Secretaría de Seguridad Pública con 62.2% (832 mil 916 millones 838 mil 380 pesos); la Procuraduría General de la República con 29.2%, o 12 mil 309 millones 857 mil 565 pesos. Le siguen la Secretaría de Desarrollo Social con 25.9% (68 mil 146 millones 568 mil 105 pesos); Gobernación con 25.1% (9 mil 594 millones 007 mil 041 pesos); Economía con 24.8% (14 mil 153 millones 375 mil 103 pesos); el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 24.7% (15 mil 474 millones 732 mil 726 pesos); y la Defensa Nacional con 19.4% más (43 mil 623 millones 321 mil 860 pesos).
Sin embargo, y para no perdernos en las cifras, conviene reparar al menos en tres aspectos que ayudan a entender las circunstancias del dinero público.
1
Dentro de todo lo negativo que implica la crisis en el mundo, la Secretaría de Hacienda (SHCP), tuvo el buen tino de preveer dificultades en su momento. De hecho, el secretario Agustín Carstens blindó el presupuesto federal, basado en un precio del petróleo de 70 dólares por barril. Ahora la cifra anda en los 41 dólares. Basta recordar la catástrofe financiera que durante el gobierno de José López Portillo se ocasionó debido al gasto desmedido financiado con la renta petrolera, que luego se esfumó en los vaivenes del mercado internacional del crudo. La historia terminó en una caída abrupta del precio de petróleo, generando una crisis mayúscula a los mexicanos, no sólo al gobierno.
Por fortuna los tiempos han cambiado, y durante los últimos meses la SHCP realizó en los mercados financieros internacionales operaciones de cobertura contra el riesgo de reducciones en los precios del petróleo, con lo cual se protegió el nivel de ingresos petroleros del Gobierno Federal previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2009.
Esta operación funciona como un seguro en el que se paga una prima al momento de su adquisición y en caso de que el precio promedio de la mezcla mexicana, como ahora sucede, se ubique por debajo de 70 dólares por barril, se otorga un pago al Gobierno Federal que compensa la disminución observada en los ingresos presupuestarios.
De esta manera, la cobertura permitió al Gobierno Federal evitar que las disminuciones en el precio del petróleo afecten la ejecución de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. En este sentido, es loable destacar la responsabilidad financiera del Gobierno, lo cual es esencial para mitigar la crisis exterior que afecta al país.
2
Ya se me hacía demasiado bello para ser cierto. Eso de que los senadores reducirían el presupuesto de su Cámara con 750 millones para reasignarlo a otros rubros del gobierno. En plena madrugada, los senadores negociaron con los diputados el regreso de 300 millones para su presupuesto. Los diputados, fieles representantes del pueblo, quitaron 300 millones del ramo 23, en su parte de “Seguridad y logística” para reasignarlos al senado. El hecho sería trivial si México no tuviera los graves problemas que enfrenta contra el crimen organizado y la quiebra de la seguridad que viven muchas ciudades mexicanas. Con seguridad, esta medida aplicada en otro país, en una democracia funcional, les abría costado una elección a los responsables legisladores. Mientras tanto, el electorado mexicano carece de vías para llamar cuentas a los legisladores, por eso no extraña, que representen todo, menos a los ciudadanos.
3
Y ya que hablamos de rendición de cuentas, habrá que recordar que en los últimos años, el Gobierno Federal invirtió la fórmula para favorecer el federalismo y la descentralización. Por lo tanto, hasta un 87% de los recursos que tiene los Estados del país, dependen del presupuesto federal. Sin embargo, lo que se ganó al federalizar, se perdió en límites y vigilancia. Como bien argumenta Jorge Zepeda Patterson, en el libro que coordina, Los Intocables: aumentó la discrecionalidad y opacidad, lo cual supone que el saldo final de la “federalización” ha significado un retroceso en el manejo de los dineros públicos en México. En Coahuila, se ejercerá casi 25 mil millones ¿habrá transparencia?
La cifra es astronómica, 3 billones 45 mil 478.6 millones de pesos, o si se quiere, el 23.5% del Producto Interno Bruto en México. Pero, ¿cómo se entiende todo ese dinero público? ¿De qué manera saber que se ese dinero se utiliza adecuadamente? ¿Cuál es el costo beneficio de esos recursos públicos? ¿Cómo vigilar, controlar, transparentar el ejercicio? ¿Hay lugar para la rendición de cuentas?
La ultramillonaria bolsa se repartió para el 2009 en las áreas administrativas del gobierno federal, poderes legislativo, judicial, entidades autónomas, gobiernos estatales y municipales.
Las dependencias del gobierno federal con mayores incrementos en relación al presupuesto del presente año, se concentraron en la seguridad: la Secretaría de Seguridad Pública con 62.2% (832 mil 916 millones 838 mil 380 pesos); la Procuraduría General de la República con 29.2%, o 12 mil 309 millones 857 mil 565 pesos. Le siguen la Secretaría de Desarrollo Social con 25.9% (68 mil 146 millones 568 mil 105 pesos); Gobernación con 25.1% (9 mil 594 millones 007 mil 041 pesos); Economía con 24.8% (14 mil 153 millones 375 mil 103 pesos); el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 24.7% (15 mil 474 millones 732 mil 726 pesos); y la Defensa Nacional con 19.4% más (43 mil 623 millones 321 mil 860 pesos).
Sin embargo, y para no perdernos en las cifras, conviene reparar al menos en tres aspectos que ayudan a entender las circunstancias del dinero público.
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Dentro de todo lo negativo que implica la crisis en el mundo, la Secretaría de Hacienda (SHCP), tuvo el buen tino de preveer dificultades en su momento. De hecho, el secretario Agustín Carstens blindó el presupuesto federal, basado en un precio del petróleo de 70 dólares por barril. Ahora la cifra anda en los 41 dólares. Basta recordar la catástrofe financiera que durante el gobierno de José López Portillo se ocasionó debido al gasto desmedido financiado con la renta petrolera, que luego se esfumó en los vaivenes del mercado internacional del crudo. La historia terminó en una caída abrupta del precio de petróleo, generando una crisis mayúscula a los mexicanos, no sólo al gobierno.
Por fortuna los tiempos han cambiado, y durante los últimos meses la SHCP realizó en los mercados financieros internacionales operaciones de cobertura contra el riesgo de reducciones en los precios del petróleo, con lo cual se protegió el nivel de ingresos petroleros del Gobierno Federal previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2009.
Esta operación funciona como un seguro en el que se paga una prima al momento de su adquisición y en caso de que el precio promedio de la mezcla mexicana, como ahora sucede, se ubique por debajo de 70 dólares por barril, se otorga un pago al Gobierno Federal que compensa la disminución observada en los ingresos presupuestarios.
De esta manera, la cobertura permitió al Gobierno Federal evitar que las disminuciones en el precio del petróleo afecten la ejecución de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. En este sentido, es loable destacar la responsabilidad financiera del Gobierno, lo cual es esencial para mitigar la crisis exterior que afecta al país.
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Ya se me hacía demasiado bello para ser cierto. Eso de que los senadores reducirían el presupuesto de su Cámara con 750 millones para reasignarlo a otros rubros del gobierno. En plena madrugada, los senadores negociaron con los diputados el regreso de 300 millones para su presupuesto. Los diputados, fieles representantes del pueblo, quitaron 300 millones del ramo 23, en su parte de “Seguridad y logística” para reasignarlos al senado. El hecho sería trivial si México no tuviera los graves problemas que enfrenta contra el crimen organizado y la quiebra de la seguridad que viven muchas ciudades mexicanas. Con seguridad, esta medida aplicada en otro país, en una democracia funcional, les abría costado una elección a los responsables legisladores. Mientras tanto, el electorado mexicano carece de vías para llamar cuentas a los legisladores, por eso no extraña, que representen todo, menos a los ciudadanos.
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Y ya que hablamos de rendición de cuentas, habrá que recordar que en los últimos años, el Gobierno Federal invirtió la fórmula para favorecer el federalismo y la descentralización. Por lo tanto, hasta un 87% de los recursos que tiene los Estados del país, dependen del presupuesto federal. Sin embargo, lo que se ganó al federalizar, se perdió en límites y vigilancia. Como bien argumenta Jorge Zepeda Patterson, en el libro que coordina, Los Intocables: aumentó la discrecionalidad y opacidad, lo cual supone que el saldo final de la “federalización” ha significado un retroceso en el manejo de los dineros públicos en México. En Coahuila, se ejercerá casi 25 mil millones ¿habrá transparencia?
