Mucho gobierno, poco Estado

A nadie le gusta pagar impuestos. Sobre todo cuando se tiene gobiernos como en México, donde siempre queda una sensación de profunda desconfianza, donde con facilidad el gobierno se vuelve sinónimo de corrupción. No sé a ustedes, pero cada vez que pagamos impuestos, me pregunto a dónde va ese dinero. Podemos pensar que a grandes obras públicas, o necesarias inversiones en la educación o salud. El punto viene a colación porque la semana pasada se aprobó el presupuesto billonario del gobierno federal para ejercerse en 2015. El Presupuesto de Egresos será de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos. A simple vista la cifra parece ilegible. Tantos números, tantos miles de millones. Según la Secretaría de Hacienda, encargada de extraer rentas a los mexicanos, "se trata de un presupuesto austero, eficiente y responsable, que refleja el compromiso y trabajo conjunto de las y los diputados federales… para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país". Pero dejemos la solemnidad gubernamental, porque si algo demuestran los hechos, es un gobierno incapaz de brindar un auténtico estado derecho, ya no digamos la seguridad, que es la esencia misma del Estado.

Regresemos al presupuesto billonario. ¿Por qué si es tanto dinero, no alcanza? ¿Por qué si cada año se ejerce un mayor presupuesto, hay grandes rezagos en infraestructura? Lo que en principio parece mucho dinero, termina diluyéndose en un gobierno obeso que se va en burocracia y más burocracia. Súmele mala administración, y un excesivo gasto corriente. Para seguir con la analogía de la obesidad, tenemos un gobierno nacional con abundante colesterol y problemas de salud. De entrada el 77 por ciento del presupuesto, se destina al gasto corriente. Es decir, para pagar la operación del gobierno y sus empleados. Sólo el 23 por ciento será gasto de inversión. Esto significa que la gran mayoría del dinero no regresará a los ciudadanos en servicios, obras o atenciones del inmenso aparato gubernamental. Nada más una pequeña parte llegará a los ciudadanos. Por cada peso que capta el gobierno federal, más de 70 centavos nada más para que el gobierno exista, sin importar los criterios de eficiencia o beneficios que generen valor público.

Pero cambiemos de analogía, cuando un gobierno destina la mayoría de sus recursos al gasto corriente, significa tanto como gastar en la borrachera la mayoría del salario, para sólo regresar a casa con un raquítico 20 por ciento. En esa relación de ingresos y egresos del gobierno federal, no hay dinero que alcance para invertir a fondo en áreas estratégicas como la educación o la salud. Mucho menos en seguridad. En pocas palabras tenemos una riqueza nacional mal administrada y mal distribuida: mucho gasto y poca inversión. ¿Para qué sirve un gobierno así?

Recientemente visité la biblioteca de una universidad pública en el norte del país. Lo que más me impactó de esa biblioteca fue la falta de inversión y mantenimiento. Lejos de llevar lo mejor a los estudiantes, la inversión queda relegada o sencillamente no llega. Entonces ¿adónde va todo el dinero? A pagar campañas publicitarias. A pagar obras millonarias que benefician a una minoría. A pagar las deudas irresponsables de los gobernadores. A pagar instituciones disfuncionales o en el peor de los casos, a pagar policías corruptas que se vuelven contra la población. Ya no digamos los líderes sindicales y las dinastías en el poder. O las mansiones de los políticos en turno... Cuando conocemos cómo se distribuye el dinero público, entendemos por qué tenemos mucho gobierno y poco Estado. ¡Así ni cómo!

19 de nov 2014

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1059048.mucho-gobierno-poco-estado.html

El Siglo

Deuda dada, ni Dios la quita

Fuente: ASF, 2012

Literalmente, ya lo endeudado ni quien lo quita. El dicho aplica a la perfección a los estados y municipios del país que se han endeudado, algunos hasta el tope, haciendo inoperantes sus gobiernos. Se tratara del peor de los mundos para los ciudadanos, y del mejor para los políticos: las deudas carecen de responsables. Qué más da que el dinero público fuera saqueado y con el aval conveniente de los bancos; qué más da que las deudas no aumenten la inversión pública ni el valor social; qué más da, si las deudas se convirtieron en sinónimo de fraude institucionalizado.

En el México que por fortuna se nos fue, el problema de la deuda estaba en la federación. Ahí cada sexenio les daba por quebrar, pero esa costumbre institucional cambió a partir de la presidencia de Ernesto Zedillo. En el México democrático, el problema ya no es el gobierno nacional, sino los estados y los municipios. A vergüenza de los coahuilenses, el moreirazo quedó como paradigma de corrupción y deuda en los estados. Actualmente la deuda de los estados y municipios asciende a unos 400 mil millones (ASF, 2012). Y aunque no es un foco rojo, si está en amarillo por la carga que representa para las finanzas locales. Impunemente algunos deben más de lo que tienen.

Fuente: ASF, 2012

En estas circunstancias ¿qué protege a los ciudadanos? ¿cómo fijar límites a quienes comprometen el dinero de los contribuyentes? ¿Cómo defender a los ciudadanos ante deudas descomunales como en Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán? (Nótese que el problema no es de partidos, sino de voracidad).    

Hace algunos días, el diputado federal priista Javier López Zavala, presentó una iniciativa de reforma para limitar la contratación de deuda en estados y municipios. La propuesta consiste en reformar los artículos 115 y 117 de la Constitución, es decir, los artículos donde se les puede amarrar las manos gobiernos estatales y municipales. El propósito de la reforma es recuperar en la legislación, la regla de oro de las finanzas: no gastar más de lo que se tiene; no endeudarse más de lo que se puede. 

De esa manera, la reforma propone limitar la deuda a un máximo, homologar los criterios de contratación, transparentar las condiciones e incluso, condicionar el endeudamiento sólo a la inversión pública. En pocas palabras, todo lo contrario de lo que ahora sucede. En el mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación promueve una reforma a la Ley general de deuda pública. Por su parte, el club de los gobernadores, la Conago, ya hablaron de cambios con la Secretaría de Hacienda. ¿Es el fin de la fiesta? Todavía no lo sabemos, pero regresar a los principios básicos de las finanzas, es un paso necesario para ordenar el desastre  y limitar los abusos. Entre tanto, deuda dada, ni Dios la quita.

Milenio 27 de marzo 2013

http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9176125

Tendencias de la transparencia

Ante todo escuchar, más que oír. Observar, más que ver. Con esa atención guardo las principales reflexiones y debates en la novena Semana Nacional de Transparencia organizada por el IFAI. A diez años de la Ley Federal de Transparencia tenemos lecciones importantes, experiencias valiosas y sobre todo, un creciente interés ciudadano por llamar a cuentas a los gobiernos. En todo esto no deja haber aprendizaje, para ciudadanos y gobiernos. Lo más valioso de estos encuentros con los “transparentólogos” es conocer la experiencia de viva voz con los actores ciudadanos o gubernamentales sobre el valor público de la transparencia. Esto no se da por sí solo, requiere ante todo ciudadanos dispuestos a asumir corresponsabilidades. Ciudadanos dispuestos a incidir en sus gobiernos más allá de las coyunturas electorales.

¿Cómo usar la transparencia? El IMCO fue premiado por el programa comparatuescuela.org, a fin de ofrecer a los padres de familia información útil sobre el desempeño de las escuelas en el país. La mayoría de las veces, utilizar los medios para la transparencia exige un conocimiento puntual, a veces especializado. Por eso es destacado el portal de la Secretaría de Hacienda,www.transparenciapresupuestaria.gob.mx, porque traduce un complejo lenguaje, a esquemas más sencillos y simplificados para los ciudadanos. Importa transparentar, pero vale más si es un leguaje accesible.

Algunos exposiciones, como la del gobierno estatal de Sinaloa mostraron detallados esquemas de indicadores alineados al plan estatal de desarrollo, donde en tiempo “real” cualquier ciudadano puede observar el grado de avance o retraso en los proyectos definidos.
Igualmente el estado de Chiapas realizó un complejo y sofisticado sistema de indicadores para rastrear sus programas y presupuestos. Pero cuando uno piensa que en la administración pública los indicadores lo son todo, tremenda lección nos dio la experiencia municipal de Aguascalientes con el Observatorio Ciudadano. Desde esa institución el gobierno municipal articuló más de 240 comités ciudadanos a fin de activar lo que se conoce como la “contraloría social”. Es decir, el gobierno local de ese municipio tiene tras de sí, un ejército por toda la ciudad, donde se aglutinan más de dos mil ciudadanos que con diferentes intereses, visiones y ocupaciones; vigilan, señalan, corrigen y llaman a cuentas su gobierno inmediato. Al hablar con Sara Patricia Ramírez, la artífice del proyecto Observatorio Ciudadano, por cierto, ganador del primer lugar del Premio Nacional de Innovación en Transparencia, me comentó que esos ciudadanos organizados no reciben dinero, ni despensas, ni tarjetas de la gente. A través del Observatorio participan los ciudadanos para incidir en políticas que afectan su vida diaria.

En tiempos en que muchos gobiernos buscan comprar simpatías y voluntades electorales, también tenemos gobiernos lo suficientemente abiertos para integrar a los ciudadanos en la mejor expresión de política pública. Lo interesante de la visión es el interés por la corresponsabilidad pública. Otra vez: ciudadanos y gobierno. Así, el Observatorio Ciudadano potenció el poder desde abajo, y por lo tanto, la capacidad de los ciudadanos para incidir en su gobierno. No es casualidad, que la alcaldesa de ese municipio tenga niveles de aprobación que superan los 8 puntos sobre diez.

Falta mucho por construir, pero a diez años de las transparencia en México, tenemos experiencias, y sobre todo aprendizajes sumamente valiosos. Multiplicarlos es nuestra responsabilidad, de nadie más.

23 de septiembre 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9159591

No sólo a balazos

Acta de cabildo, 1917. Fuente: AMT

En diciembre de 1916, Pancho Villa ingresó nuevamente a Torreón. En esa ocasión no venía con un ejército multitudinario para enfrentarse contra el gobierno, simplemente llegó para “saquear” la ciudad. En la toma express, quemó la mayor parte de los archivos de gobierno local. De esa manera se perdió el archivo del ayuntamiento, que se había constituido como tal en 1893. Al siguiente año, el Cabildo dejó su testimonio en una de las actas, donde dio cuenta de las “hordas vandálicas” que destruyeron los archivos. Todavía hoy, en los archivos del municipio, sobreviven algunos papeles y libros con huellas de aquella irrupción violenta. No había copia de los archivos, ni tampoco un mejor resguardo para la preservación de los papeles oficiales. Así se perdieron los libros de cabildo entre 1893 y 1916. Con ello también se perdió una fuente invaluable para conocer la historia de los primeros años del municipio de Torreón.

En febrero de 2011 se anunció el arranque del proyecto denominado Monitor del Cabildo para el ayuntamiento de Torreón. Fue gracias a la apertura del alcalde Eduardo Olmos, que se aprobó el desarrollo y la aplicación del Monitor. Por entonces me di a la tarea de diseñar el proyecto y conceptualizar los principales puntos para ampliar la transparencia a la mayor autoridad del municipio: el Cabildo. Tradicionalmente la recientísima historia de la transparencia en México había insistido en abrir archivos, publicar información en internet y abrir mecanismos a los ciudadanos para solicitar información. Pero en el centro de los gobierno locales, se habían dejado de lado los cabildos. Entonces la carencia llevó a la innovación. En los siguientes meses trabajé en coordinación con los regidores y síndicos, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Informática para desarrollar el Monitor.

La propuesta despertó mucha expectativa, y desde luego no faltaron también las críticas. El proyecto exigió paciencia, constancia, y confieso que en ocasiones hubo momentos difíciles (algunos técnicos, otros administrativos). Finalmente el Monitor se abrió en noviembre de 2011, lo que sentó un precedente en la transparencia gubernamental del país. A través de Monitor los ciudadanos pueden acceder literalmente al cajón de los regidores. No sólo quedan los documentos oficiales, sino que el ciudadano accede a una base documental que le permite conocer y evaluar el trabajo de los regidores y el Cabildo en general. Quien lo desee puede hacer clasificaciones como: la comisión más productiva, el regidor más faltista o incluso conocer cómo se gastan los dineros públicos. 

Ahí están los documentos abiertos para quien busque involucrarse en la corresponsabilidad de la vida pública. Más aún: el acceso virtual nos permite salvaguardar los archivos de un siniestro o un Villa contemporáneo.

Desde su apertura el Monitor ha funcionado de manera regular e incluso ha mejorado palpablemente el proceso de gestión administrativa al interior de la Secretaría del Ayuntamiento. Durante estos meses no podía escribir sobre la aportación del Monitor. Tampoco era el indicado. Ahora el tiempo y el reconocimiento lo permite. El pasado 19 de agosto, el Monitor del Cabildo ganó el segundo lugar en la categoría municipal del Premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional. Entre 101 proyectos, sólo ganaron 14, entre ellos destaca la experiencia creada en Torreón. El jurado que calificó al Monitor refiere a los principales expertos de la transparencia y gobierno en el país: Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana; Sergio López Ayllón del CIDE; Edna Jaime, de México Evalúa; Ricardo Uvalle del INAP; Diego Antoni Loaeza, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el politólogo Alfonso Zárate; el periodista Gabriel Guerra Castellanos; entre otros.

El premio al Monitor también es buen motivo para reconocer que no todo en Torreón son noticias negativas o lamentables hechos de violencia. Hay talento y capacidad en la ciudad, pero es necesario canalizarlo adecuadamente, fijar agendas comunes y asumir compromisos. Porque más que decir, hay que hacer.

Durante el anuncio del premio, el pasado martes 21, el alcalde de Torreón se comprometió a institucionalizar el Monitor a través de la reforma al reglamento interior. Entonces sí, la aportación a la transparencia no será buena voluntad, sino institución. ¡Enhorabuena!

26 de agosto 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9156998

10 años del IFAI

La semana pasada el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) celebró su décimo aniversario. Para la ocasión organizó el Encuentro internacional “A diez años del derecho a la información en México”. Quizá como sociedad todavía no hemos asumido en forma el ejercicio de la transparencia, el derecho a la información y por supuesto, la rendición de cuentas. Pero sin duda, aquél 11 de junio de 2002, fecha en que sea aprobó por unanimidad en el Congreso, la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública, queda en los anales de nuestra historia como una de las fechas claves para entender los avances de la democracia mexicana.

En la actualidad abundan los desencantados y aquellos que ven sólo en la política corrupción y retroceso. Pero ese pesimismo en ocasiones, impide ver los logros que hemos tenido en la última década. Uno de ellos sin duda, es la apertura de la información y la posibilidad de que los ciudadanos pidamos cuentas a nuestros gobiernos. Por sencillo que se escuche esto, en realidad significa un logro sin precedentes. Cito un ejemplo. Todavía hasta la época de Ernesto Zedillo el sueldo del presidente estaba “guardado”. Alianza Cívica, por entonces liderada por Sergio Aguayo Quezada, logró impulsar el acceso a la información en ese punto, aún cuando no estaba regulado, a pesar que desde 1977 ya se enunciaba en la Constitución. Años después, en 2002, se promulgó una la ley que de manera inédita le dio sentido al artículo sexto constitucional.

Hoy no sólo se han multiplicado las instancias de transparencia y los caminos para acceder a la información pública del gobierno, sino que ese derecho se convirtió en una auténtica garantía constitucional.

Hace diez años hice mis primeras solicitudes de información. Recuerdo claramente la grata sorpresa que me llevé al realizar a través del SISI (ahora Infomex.org.mx).
Hice una par de preguntas a la Oficina de la Presidencia de la República y otras más a Pemex. No sólo me respondieron en tiempo y forma, sino que descubrí (si se puede decir), una herramienta formidable para empoderar al ciudadano. Desde entonces vengo haciendo cientos de solicitudes a distintos niveles de gobierno.

Más allá del voto, el derecho a la información nos brinda la posibilidad de ejercer la ciudadanía de manera cotidiana. Es el derecho de preguntar y hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre el dinero público y las decisiones que toman. Estoy convencido que si aumentáramos dos o tres puntos el índice de solicitudes a los gobiernos, tendríamos mejores resultados del mismo.

Dicho de otra forma, si el dos o tres por ciento de la población económicamente activa se sumara al ejercicio cotidiano de llamar a cuentas a sus gobernantes tendríamos mejores gobiernos, o si se quiere, menos peores. De igual manera reflejaríamos una mejor sociedad.

Es cierto que falta mucho por recorrer. Que la transparencia por sí misma no elimina la corrupción. Pero la valiosa brecha abierta en 2002, ya cultiva paulatinamente el camino para una generación de ciudadanos de la era IFAI. Ciudadanos que reconocen derechos y obligaciones. Ciudadanos que no ven al gobierno como algo ajeno, sino como producto de la sociedad. De nosotros depende ese gobierno. Ojalá no lo desaprovechemos.


20 de junio 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9150895

Estado fuerte

En las democracias contemporáneas el voto ya no es suficiente para legitimar un gobierno; un gobernante. Personalmente conozco el caso de varios políticos que arrasan en las elecciones, para luego dilapidar el bono con el que ganaron. Sean 10, 50 o 100 mil votos, la legitimidad a través del sufragio puede evaporase fácilmente. No dura por siempre. En algunos casos, la falta de consistencia en el gobierno lleva a desperdiciar en poco tiempo el capital político ganado. En otros, la herencia de un gobierno abiertamente corrupto termina irremediablemente en el descrédito.


En días recientes, y los que vendrán, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, repitió que “Coahuila es el estado fuerte de México”. También en su cuenta de Twitter escribió: “estado fuerte”. ¿Por qué la aseveración? ¿Por qué la insistencia?

Moreira II ganó con poco más de 700 mil votos. Por entonces se festejó la nueva marca electoral que el PRI logró. Todo parecía miel sobre hojuelas. Pero la transición se fue complicando con el destape de la deuda, y al paso de los días, la corrupción con la que fue contratada un parte (únicamente unos miles de millones). La situación no podría estar peor hasta que se comprobó la sospecha, y posteriormente la liga del crimen con el sistema de justicia. Ahí, otro hermano fue el acabose. ¿Qué fortaleza está imaginando Moreira II? ¿La de un orgullo del beisbol norteamericano o la de un estado abrumado por las deudas?Coahuila no es un estado fuerte, por la sencilla razón de que su presupuesto está comprometido con los bancos.

Coahuila no es un estado fuerte, porque ha sido incapaz de explicar la deuda, pero sobre todo, de resarcir los daños y llamar a cuentas a los responsables. ¿Alguien ha visto a Villarreal y compañía?

Coahuila no es un estado fuerte, porque en vez esclarecer la deuda, evita la transparencia como antídoto a la opacidad. Y si no ¿por qué de última hora decidieron quitar los contratos con los bancos que ya habían publicado en la página web? ¿Qué quieren ocultar?

Coahuila no es un estado fuerte, porque funcionarios clave del gobierno anterior, son ahora parte de su gobierno. Cito un ejemplo: Ismael Ramos como secretario de la función pública con Moreira I, no vio nada, no escuchó nada. ¡La deuda le pasó de noche! Hoy está en finanzas.

Coahuila no es un estado fuerte, porque de última hora le cargó la mano a los contribuyentes a fin de tapar el boquete abierto por Moreira I.

Coahuila no es un estado fuerte, porque las instancias de justicia fueron relacionadas peligrosamente con el crimen organizado y por si fuera poco el exfiscal fungió como un importante asesor ¡jurídico!

Coahuila no es un estado fuerte, porque los delincuentes se han adueñado del estado, y ahora el problema ya no es sólo de Torreón, sino de Saltillo, Monclova y hasta Piedras Negras.

Pero claro, Coahuila es fuerte, muy fuerte en la mente del gobernante.


1 de abril 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9139278

La advertencia del auditor

Con frecuencia se confunde transparencia con rendición de cuentas. A veces la primera falta, pero la segunda nunca llega. En otras, la transparencia no lleva ni por error a la rendición de cuentas. En ese caso la transparencia se convierte en cinismo. ¡Y vaya que lo hay! En consecuencia, la transparencia por sí sola no inhibe la corrupción. Hacen falta actores que revisen, contrapesos que funcionen y por qué no, ciudadanos exigiendo cuentas. Esto suena bien, pero en la práctica es complejo, requiere conocimiento, paciencia y perseverancia. No son virtudes teologales, pero sí cívicas.

Escucho muchas quejas contra las autoridades, pero a la hora inquirir, encuentro pocos ciudadanos dispuestos a confrontar, a solicitar información sobre el punto que les indigna. 


¿Será que nos conformamos con la queja?

Hace más de una década que la Auditoría Superior de la Federación juega un papel relevante en la democracia mexicana. La puntualidad de sus informes, más que compilar buenas prácticas de gobierno, evidencia en el mejor de los casos, la ineficiencia; en el peor la corrupción imperante. Recientemente el auditor, Juan Manuel Portal, ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los gobiernos locales en las finanzas públicas. Llama a “transparentar la deuda pública, y el resto de los pasivos financieros locales, con el objetivo de tomar medidas oportunas de prudencia, y de responsabilidad hacendaria”.

En los primeros días de febrero la Auditoría publicó el Informe sobre la cuenta pública 2010, pero por desgracia, la cantidad y el tamaño de las revisiones, lamentablemente retrasa uno o dos años el informe. No obstante, quedó registrado que de nueve auditorías a las transferencias federales, el gobierno de Coahuila reprobó cinco, tuvo tres con salvedad y sólo pasó una. No es consuelo, pero a nivel nacional el panorama es similar porque hay algo que no termina de funcionar: las sanciones nunca llegan, y cuando lo hace, el responsable ya desapareció.

En el arte de abrir y tapar hoyos, el Senado aprobó ayer en comisiones, la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el combate al lavado de dinero, aunque es fecha que no se sabe de ningún caso relevante de extinción de dominio, así sea narcotraficante o político. Por cierto, el promotor de esta iniciativa fue el lagunero y senador panista, Ricardo García Cervantes. 


Pero a estas alturas, un órgano más de fiscalización no ofrece esperanza de corregir el rumbo de ineficiencia, abusos y corrupción documentado por la Auditoría. La mejor prueba es la cómoda Secretaría de la Función Pública. O cómo olvidar la deuda coahuilense, donde las autoridades han publicado por fin los contratos renegociados con los bancos. Lo malo es que nos encontramos en el caso donde la transparencia se vuelve cinismo. 


14 de marzo 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9129160

Amhates

Por lo general es más fácil hacer la crítica, señalar lo que no funciona, exhibir las carencias, encontrar culpables. El entorno mexicano es abundante en ejemplos, casos y malestares donde la realidad es rebasada. Con facilidad sobresalimos negativamente en los indicadores internacionales cuando no en los locales. Llámese competitividad, educación, transparencia, corrupción y hasta violencia. De esta manera, el duro presente encarece las alternativas, mientras el futuro no es alentador. Entonces la salida nos lleva al pesimismo, al cinismo o la inquina. En el mejor de los casos el escepticismo se vuelve una opción. ¿Pero todo está perdido? ¿Debemos aceptar el fracaso del país y conformarnos, como escribe Enrique Serna, con las “finísimas” personas de la política? ¿Hasta aquí llegó la democracia?

Amatlán de los Reyes, un pequeño municipio de 38 mil habitantes en el Estado de Veracruz ofrece evidencia de que no puede ni debe quedarse así la realidad mexicana. Diversos grupos de ciudadanos organizados de ese municipio han encontrado vías de incidir para cambiar las cosas, corregir el rumbo, proponer nuevos caminos. Al igual que otras partes del país, los habitantes han sido testigos, pero también han padecido políticas estériles, gobiernos opacos, decisiones contrarias al desarrollo de la comunidad. Tal y como sucedió con el caso de la basura. Allá su alcalde decidió que instalaría un relleno sanitario para recibir la basura de otros siete municipios aledaños a Córdoba. Los vecinos protestaron, se quejaron con las autoridades, organizaron foros, a fin de evitar la instalación de basurero, pues argumentaron que el relleno contaminaría los mantos freáticos de los que se abastecen. Sin embargo, el gobierno no tomó en cuenta su opinión y continuó con el proyecto.

“Los veracruzanos de Amatlán de los Reyes, narra Marcela Turati en su excelente reportaje de Proceso (27-IX-09), no estaban dispuestos a que su municipio se convirtiera en basurero de otros siete. A ratos parecía que sus protestas no despeinaban al gobierno, pero de pronto se revirtió la historia. Fue cuestión de conseguir un papel oficial que demostró que el relleno sanitario en realidad dañaría al medio ambiente, y que las autoridades, con tal de construir su basurero, habían mentido. Y como dicen por ahí que información es poder, frenaron las obras. Un síndico amenazó con denunciarlos por «sustracción de documentos oficiales». Pero los amatecos no tuvieron que robar nada, sólo pedirlo por internet, y resultó que el papel no era secreto y que era más público que un baño de a tres pesos: resulta que invocando la Ley de Transparencia le pidieron al gobierno que les mostrara los permisos que tenía el tiradero para funcionar. Y se los dieron”.

El suceso de Amatlán ilustra cómo la sociedad organizada puede utilizar medios prácticos y establecidos para incidir en el rumbo de su comunidad. Al solicitar la información vía transparencia, los “Amhates” (así se autodenominó el grupo de vecinos, en su mayoría mujeres) obtuvieron el estudio ambiental donde se señaló el daño ambiental, pero al mismo tiempo exhibieron a su gobierno municipal, que con tal de instalar la inversión, no dudó en hacer informes falsos, sin importar siquiera el riesgo para las personas.

Turati señala que “un año antes ninguno de los Amhates usaba internet y menos sabía que desde 2003 en México funciona una ley que reconoce el derecho de todos a pedirle al gobierno información pública y obliga a los burócratas a proporcionarla. Ellos formaban parte de un experimento llamado IFAI-Comunidades, que enseñó a los desfavorecidos que tienen derecho a saber y que con la Ley de Transparencia pueden pedir la información existente”.

Los Amhates son un claro ejemplo de lo mucho que pueden lograr los ciudadanos organizados para su entorno inmediato. La salida fácil y común habría sido cerrar calles, hacer destrozos, recurrir a la violencia como medio de presión, o peor aún, no hacer nada, quedarse en la inmovilidad como tantos ciudadanos que no se perciben así mismos como corresponsables del cambio. Justamente hace unas semanas me refería en este mismo espacio a la urgencia de una revolución ciudadana capaz de generar como los Amhates, cambios impensables.

El gran ausente en la vida pública del país es el ciudadano porque no termina de aceptarse como tal, con derechos y obligaciones, porque como argumenta Fernando Escalante Gonzalbo, no deja de ser súbdito para asumirse ciudadano.

No obstante, hay pequeños grupos de mexicanos, organizaciones civiles, asociaciones, juntas de vecinos, amas de casa que forman redes de compromiso cívico para beneficio común. Esa aportación por más pequeña o insignificante que parezca, demuestra que se puede influir favorablemente, que poco a poco se puede recuperar la confianza e incluso construir un buen gobierno.

Miles de millones

Aunque el título de este artículo hace pensar en un buen libro del astrónomo norteamericano Carl Sagan, siempre con su generoso tono didáctico, en realidad me voy a referir a temas más terrenales y menos astronómicos: el presupuesto en miles de millones que recién aprobó la honorable Cámara de Diputados para el próximo año.
La cifra es astronómica, 3 billones 45 mil 478.6 millones de pesos, o si se quiere, el 23.5% del Producto Interno Bruto en México. Pero, ¿cómo se entiende todo ese dinero público? ¿De qué manera saber que se ese dinero se utiliza adecuadamente? ¿Cuál es el costo beneficio de esos recursos públicos? ¿Cómo vigilar, controlar, transparentar el ejercicio? ¿Hay lugar para la rendición de cuentas?
La ultramillonaria bolsa se repartió para el 2009 en las áreas administrativas del gobierno federal, poderes legislativo, judicial, entidades autónomas, gobiernos estatales y municipales.
Las dependencias del gobierno federal con mayores incrementos en relación al presupuesto del presente año, se concentraron en la seguridad: la Secretaría de Seguridad Pública con 62.2% (832 mil 916 millones 838 mil 380 pesos); la Procuraduría General de la República con 29.2%, o 12 mil 309 millones 857 mil 565 pesos. Le siguen la Secretaría de Desarrollo Social con 25.9% (68 mil 146 millones 568 mil 105 pesos); Gobernación con 25.1% (9 mil 594 millones 007 mil 041 pesos); Economía con 24.8% (14 mil 153 millones 375 mil 103 pesos); el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 24.7% (15 mil 474 millones 732 mil 726 pesos); y la Defensa Nacional con 19.4% más (43 mil 623 millones 321 mil 860 pesos).
Sin embargo, y para no perdernos en las cifras, conviene reparar al menos en tres aspectos que ayudan a entender las circunstancias del dinero público.

1
Dentro de todo lo negativo que implica la crisis en el mundo, la Secretaría de Hacienda (SHCP), tuvo el buen tino de preveer dificultades en su momento. De hecho, el secretario Agustín Carstens blindó el presupuesto federal, basado en un precio del petróleo de 70 dólares por barril. Ahora la cifra anda en los 41 dólares. Basta recordar la catástrofe financiera que durante el gobierno de José López Portillo se ocasionó debido al gasto desmedido financiado con la renta petrolera, que luego se esfumó en los vaivenes del mercado internacional del crudo. La historia terminó en una caída abrupta del precio de petróleo, generando una crisis mayúscula a los mexicanos, no sólo al gobierno.
Por fortuna los tiempos han cambiado, y durante los últimos meses la SHCP realizó en los mercados financieros internacionales operaciones de cobertura contra el riesgo de reducciones en los precios del petróleo, con lo cual se protegió el nivel de ingresos petroleros del Gobierno Federal previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2009.
Esta operación funciona como un seguro en el que se paga una prima al momento de su adquisición y en caso de que el precio promedio de la mezcla mexicana, como ahora sucede, se ubique por debajo de 70 dólares por barril, se otorga un pago al Gobierno Federal que compensa la disminución observada en los ingresos presupuestarios.
De esta manera, la cobertura permitió al Gobierno Federal evitar que las disminuciones en el precio del petróleo afecten la ejecución de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. En este sentido, es loable destacar la responsabilidad financiera del Gobierno, lo cual es esencial para mitigar la crisis exterior que afecta al país.

2
Ya se me hacía demasiado bello para ser cierto. Eso de que los senadores reducirían el presupuesto de su Cámara con 750 millones para reasignarlo a otros rubros del gobierno. En plena madrugada, los senadores negociaron con los diputados el regreso de 300 millones para su presupuesto. Los diputados, fieles representantes del pueblo, quitaron 300 millones del ramo 23, en su parte de “Seguridad y logística” para reasignarlos al senado. El hecho sería trivial si México no tuviera los graves problemas que enfrenta contra el crimen organizado y la quiebra de la seguridad que viven muchas ciudades mexicanas. Con seguridad, esta medida aplicada en otro país, en una democracia funcional, les abría costado una elección a los responsables legisladores. Mientras tanto, el electorado mexicano carece de vías para llamar cuentas a los legisladores, por eso no extraña, que representen todo, menos a los ciudadanos.

3
Y ya que hablamos de rendición de cuentas, habrá que recordar que en los últimos años, el Gobierno Federal invirtió la fórmula para favorecer el federalismo y la descentralización. Por lo tanto, hasta un 87% de los recursos que tiene los Estados del país, dependen del presupuesto federal. Sin embargo, lo que se ganó al federalizar, se perdió en límites y vigilancia. Como bien argumenta Jorge Zepeda Patterson, en el libro que coordina, Los Intocables: aumentó la discrecionalidad y opacidad, lo cual supone que el saldo final de la “federalización” ha significado un retroceso en el manejo de los dineros públicos en México. En Coahuila, se ejercerá casi 25 mil millones ¿habrá transparencia?

Sobre el ICAI

Un buen artículo sobre el notable desempeño del ICAI, ese instituto que nos cuesta 21 millones a los coahuilenses, fue escrito por Víctor Manuel Sánchez, en su columna de Vanguardia, Reinventando a Maquiavelo.

¿A dónde va el petróleo?

Pago por obras no ejecutadas; trabajos cuya ejecución fue deficiente; registros contables mal elaborados; inconsistencias en la información presupuestal, contable y fiscal; adjudicación de contratos con dictámenes sin fundamento ni motivación. La historia suena conocida y en varios sentidos se parece a nuestro recién desaparecido DVR, sin embargo, no estoy describiendo la triste y célebre obra de la corrupción, sino el estado actual que guardan los recursos “públicos” generados por el petróleo mexicano.

La pregunta adecuada no es, ¿dónde está el petróleo?, más bien ¿a dónde va?, y sobre todo, dónde y cómo se aplican los recursos producidos. Y esas son justamente las preguntas que hay detrás del informe, que el pasado 29 de julio dio el contador Arturo González de Aragón, como representante de la Auditoría Superior de la Federación.
Expuesto en el marco del Foro Nacional sobre la reforma energética, particularmente en la mesa relativa a los excedentes de petroleros en los estados, el auditor señaló cifras y resultados alarmantes. No obstante, su alarma no proviene de la crisis energética, la escasez, los altos precios y toda esta tendencia de que el tesoro se agota. Se refirió a un ámbito no menos importante: la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos provenientes del “sacrosanto” petróleo.

Actualmente el Estado Mexicano y su enorme burocracia dependen notablemente de lo recursos que genera el “oro negro”. Entre el periodo 2000 a 2007 el petróleo contribuyó a generar el 35% de los ingresos públicos y los fabulosos presupuestos que conllevan, pero también representa casi el 40% de los recursos del gasto federal. Para bien y para mal el Gobierno Federal y los Estados dependen de manera importante del recurso generado por PEMEX. Como nunca, en los últimos años el gobierno mexicano ha tenido ingresos multimillonarios y jugosos excedentes para los estados y municipios, estos dos últimos con una bolsa de 367 mil millones para el periodo 2000 a 2006.

Pero al mismo tiempo podemos decir que como nunca, las entidades federativas, incluyendo Coahuila, habían ejercido tantos recursos públicos con tanta discrecionalidad y opacidad. Y ya sabemos que un deficiente sistema de alumbrado incentiva la corrupción y la malversación del erario. A todo esto, alarman las bien fundamentadas y autorizadas palabras de González de Aragón: no podemos seguir perdiendo todos los días y a cada instante el patrimonio público que pertenece a todos los mexicanos.

Otra vez la pregunta, ¿a dónde va el dinero del petróleo? ¿Por qué tantos golpes de pecho con la soberanía y la privatización si lo recursos son frecuentemente malversados? Después de siete años a partir del 2000, la conclusión acerca de los beneficios del petróleo es lapidaria. El importante monto de recursos excedentes transferidos a las entidades federativas, contrasta con el bajo incremento que las mismas han observado en su infraestructura física patrimonial, con la finalidad de impulsar mayores oportunidades de desarrollo para la sociedad. ¿Y dónde quedó el multicitado desarrollo que los políticos nos venden en nombre de PEMEX?

Hay un aspecto fundamental en todo esto del petróleo y a lo cual no valen las propuestas del ejecutivo federal y el PAN, ni tampoco las del PRI (el PRD aún sigue pensando). Me refiero a que una buena de los recursos que tiene el gobierno -desde el federal hasta el municipal- terminan destinándose al gasto corriente. Ni inversión, ni desarrollo, ni largo plazo. Recuerdo con envidia el caso de Irlanda. Un país pobre en la década de los ochentas del siglo pasado, es decir, la década en la nuestro país también hizo reformas económicas similares. Los irlandeses hicieron una reforma económica que generó los suficientes recursos para promover el desarrollo, pero no el gasto corriente de la burocracia gubernamental. Ese fue el compromiso que los políticos irlandeses respetaron como parte del futuro que estaban construyendo. Hoy por hoy, el presente de Irlanda supera con mucho el desarrollo de las mejores economías europeas.

¿Y en México, cuándo nos alcanzará el desarrollo? Así como están las cosas, no obstante la reforma fiscal aprobada el año pasado, donde refuerza el control de los recursos petroleros transferidos a los estados, la tendencia no parece cambiar y el panorama no es alentador. Cualquier monto de recursos -advierte el auditor-, que se transfiera a las entidades federativas proveniente de los excedentes del petróleo, resultará ineficaz si no se garantiza su aplicación hacia programas de desarrollo estatal, y si no se transparenta mediante una apropiada rendición de cuentas y evaluación de su destino.

Si bien, la debilidad de la Auditoría Superior de la Federación radica en carecer de dientes para fincar sanciones y responsabilidades, no deja de advertir que debemos cerrar los espacios al uso inadecuado de los recursos excedentes que se generan, a la opacidad con la que se manejan y a la discrecionalidad con la que se aplican. Los muros de la opacidad y de los intereses patrimoniales distorsionan la correcta aplicación de los fondos públicos. En esto, más allá de las ideologías, se nos va el petróleo.
2 de agosto 2008

El Siglo de Torreón