Como siempre, en México llegamos tarde y mal a muchas de las innovaciones y cambios que viven otros países en condiciones parecidas a las nuestras. Ya sea en economía, en ciencia o en política, el atraso es palpable. Por estos días a causado gran revuelo el asunto de la reforma energética y especialmente la estrategia del PRD para organizar un consulta ciudadana, en un tema que resulta más técnico que político.
No es difícil anticipar el resultado de la consulta convocada por
Marcelo Ebrard, sobre todo por la inducción misma de las dos preguntas -ya lo confirmó con loable
autocrítica Ruth Zavaleta-, a realizarse el próximo domingo 27 en el DF.
Tan sólo hace unos días, acá en Torreón, el propio
Carlos Mota, preguntó al público lagunero sus posturas sobre PEMEX y la privatización. Las opiniones fueron divididas entre quienes piensan que debe privatizarse y quienes opinan que no. Sin embargo, y a pesar de todas las críticas realizadas a la consulta perredista, el tema de las consultas ciudadanas es algo bien establecido en los países con democracias avanzadas.
Aunque el PRD y su ala radical buscan llevar tendenciosamente agua a su molino y “legitimar” su sistemático rechazo a todo lo que suene a inversión privada, la consulta despierta un gran interés por incorporar a los ciudadanos en las decisiones públicas.
Este método de participación plantea una relación más abierta entre gobierno y sociedad, sobre todo, si pensamos en la extendida crisis de representación que viven muchos gobiernos. En nuestro país el esquema político de las instituciones está diseñado para elegir representantes que asumen el poder por las mayorías. Pero en los últimos años, 17 entidades federativas, entre las que se encuentra el DF y
Coahuila, han adoptado en sus leyes formas de participación más cercanas a la democracia directa que a la democracia representativa. Figuras como la consulta popular, la audiencia pública y los todavía controvertidos
referendo y
plebiscito, forman parte de los medios ciudadanos para influir en las decisiones públicas.
¿Tiene sentido la consulta que plantea el PRD para el caso la Reforma Energética? ¿De verdad estas formas de participación directa tienen capacidad de influir en la vida nacional? Quizá resulte decepcionante, pero la respuesta es no. Explico las razones. No guste o no, los mexicanos estamos sujetos a la constitución general, y ahí no existe ninguna de estas figuras de democracia directa, por lo tanto, lo que hagan o deshagan las entidades federativas no puede influir en el rumbo general país. No obstante, el PRD al conseguir un “
no” generalizado, estará reforzando políticamente su postura y minando la propuesta del gobierno federal.
Por otro lado, los ciudadanos que quisieran influir en las decisiones públicas a través de las leyes de participación, se toparán con una serie de obstáculos antes de lograr cambiar las decisiones gubernamentales. Si pensamos por ejemplo, en lo que tenemos en Coahuila, llegaríamos a la misma conclusión. Desde el año 2001 Coahuila cuenta con una pomposa
Ley de Participación Ciudadana, ahí se establece el objetivo de “fomentar, promover y salvaguardar el derecho de los ciudadanos y habitantes coahuilenses, para participar en la vida pública”. La Ley enumera al menos seis medios de participación directa como: plebiscito (aprobar o rechazar las decisiones del gobernador y los presidentes municipales), referendo (rechazar o ratificar una ley), la iniciativa y la consulta popular, la colaboración comunitaria y finalmente, la audiencia pública.
¿Con estos instrumentos de participación, los coahuilenses pueden verdaderamente incidir en el rumbo de los gobiernos? Otra vez, la respuesta es no. Veamos los ámbitos del plebiscito y referendo. Tan sólo para que los ciudadanos pudieran convocar una de estas flamantes figuras, tendrían que reunir al menos el
5% del total de los electores coahuilenses registrados en último padrón electoral. Dicho en números, un ciudadano o un conjunto de ciudadanos que deseara participar, tendría que reunir los suficientes recursos económicos para convocar al menos 80 000 electores coahuilenses con sus nombres, firmas y números de credencial de elector. ¡Una labor titánica! Participar en Coahuila bajo estos esquemas es caro, impráctico y con ganas de que nadie lo haga. Seguramente por eso nadie invoca estas figuras.
Regresando al planteamiento inicial, la incorporación de la participación directa de los ciudadanos en las decisiones del gobierno, es un beneficio que en México no podemos ejercer los ciudadanos, no sólo porque la leyes estatales son absurdas, también porque la constitución no lo estipula. La consulta, el referendo y el plebiscito son medios para complementar la tan desgastada democracia representativa.
¿Acaso alguien cree en sus diputados?26 de julio, El Siglo de Torreón
