Protesta por el Monterrey VI
Para sorpresa de muchos, marzo nos salió más loco que
febrero. Así, el tema obligado es el agua, además de las intensas lluvias de
los últimos días. Cuando no llueve, el mal es la sequía. Rogamos e imploramos
para que llueva. Por el contrario, una serie de lluvias desquicia el cotidiano,
y cuando baja el agua, se revela la calidad de los gobiernos. Pero más allá de
los temporales, la disponibilidad o escasez del agua es un punto fundamental
para las ciudades. En México vivimos los contrastes. A unas ciudades les sobra
agua, y casi cada año sus ríos se desbordan. En otras reina la falta de agua y
a los organizamos operadores, nos les queda más que el tandeo. En esto del
agua, dominan los conflictos, las dificultades. Aunque nuestra Constitución
considera el agua como un derecho humano desde 2012, no siempre es “suficiente,
salubre, aceptable y asequible”.
Además de las reformas conocidas, hay otras que no tienen
mayor publicidad, pero su importancia es sumamente relevante para los
ciudadanos. Me refiero al nuevo proyecto de Ley General de Aguas. A principios
de este mes, la Cámara de Diputados casi aprueba el proyecto de nueva ley, pero
una serie de discusiones y oportunos señalamientos, suspendieron la aprobación.
El hombre poderoso de la Cámara Baja, Manlio Fabio Beltrones,
llamó de “de lento aprendizaje” a los diputados que criticaron la iniciativa de
ley por considerar que privatiza el agua. Y en efecto, en el proyecto de ley,
no dice tal cual “privatización del agua”, y no necesita decirlo así, dado que
el corpus de la iniciativa sí favorece a los concesionarios particulares,
incluso, para el descomunal trasvase de agua de una cuenca a otra. En ese
sentido, no es descabellada la relación que apunta un numeroso grupo de
organizaciones de la sociedad civil, entre la reforma energética y el proyecto
de Ley General de Aguas. Por ejemplo, para la multiplicación del fracking en el noreste del país, se
requiere una gran cantidad de agua a fin de perforar el subsuelo en busca de
gas shale. No sólo se necesita el agua, sino también el
marco jurídico que lo avale.
Veamos
otro caso. En Nuevo León, el gobierno estatal promueve un megaproyecto llamado
“Monterrey VI”, que consisten en traer agua del río Pánuco en San Luis Potosí,
hasta Monterrey. El proyecto requiere infraestructura para un recorrido de 500
kilómetros con un costo que empieza en los 15 mil millones de pesos, pero que
podría superar los 50 mil millones. ¿Y quién creen que es el principal
beneficiario de la obra millonaria? Por supuesto, Grupo Higa y asociados. ¿Se
imaginan el costo energético de traer el agua a esa distancia? Peor aún, ¿cuál
será el impacto ecológico para la cuenca de origen? Los políticos de Nuevo León
han alarmado muy bien a la población con la falta de agua en el futuro, pero en
el fondo lo que están promoviendo no es garantizar el agua para la población,
sino garantizar un negocio millonario con base un bien común. Para el caso, la
iniciativa de ley encaja a la perfección. Pero ¿de quién es el agua? ¿de las
empresas, de los ciudadanos, de quienes tienen dinero, de quienes pueden
pagarla? Con el esquema de la posible ley que ya se promueve en la Cámara, el
agua tendería a privatizarse. Olvídense entonces del interés público, los
bienes de la nación y eso de los derechos humanos. Lo relevante será el negocio
y las concesiones hasta por 30 años. En
Nuevo León han surgido algunas voces de oposición al megaproyecto. También los
candidatos a la gubernatura ya llevan el tema a las próximas elecciones.
Para
conflictos, el caso de Hermosillo es ejemplar. Ahí la Suprema Corte de Justicia
de la nación acaba de fallar en contra de los usuarios del río Yaqui, y al
mismo tiempo, respaldó el Acueducto Independencia. Vaya ironía lleva ese nombre
del cual depende el agua de Hermosillo. A todo esto, ¿qué viene para La Laguna?
El Siglo de Torreón
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1097046.aguas-con-el-agua.html
