Concebido para contener la violencia, el nacimiento del Estado en sus distintas versiones nacionales, tuvo como punto de partida reducir al máximo los conflictos armados entre los particulares, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad, la vida y las propiedades de sus soberanos. El Estado nace así como la respuesta a los caprichos y la inestabilidad causada por los señores de horca y cuchillo, quienes no respetaban la vida y las propiedades de las comunidades. Reinaba entonces la ley del más fuerte o de aquel que podía por medio de la violencia, desplazar al poderoso en turno. Una especie de espiral de violencia que nunca terminaba porque siempre aparecía otro señor con más fuerza. Para los clásicos, se trata de la vida en el “estado de naturaleza”, donde el más salvaje puede llevar las riendas de la sociedad. Sin embargo, este sello de violencia no garantizaba a los hombres ni estabilidad, ni tranquilidad y mucho menos la propia vida.
Cansados de esa realidad, los hombres comenzaron a pactar paulatinamente un “estado civil”, como parte de un pacto político donde la violencia fuera controlada por un orden central: el Estado. El propósito del nuevo pacto buscaría garantizar el orden público, la seguridad física y patrimonial de sus miembros.
De Maquiavelo a Hobbes, hasta llegar a Webber, filósofos y teóricos definieron al Estado como el “monopolio de la violencia legítima”. Es decir, como la institución capaz de concentrar la violencia en beneficio del orden e integridad de la sociedad.
Ante la ola de violencia desatada en todos los rincones del país, ante el combate al crimen organizado y el narcotráfico, el Estado mexicano pierde el terreno del monopolio de la violencia -a veces más, otras menos-, ante la fuerza de esos señores de horca y cuchillo que rompieron el pacto. El problema se ha vuelto mayúsculo, no sólo por la quiebra del orden y la estabilidad, sino por la vida de civiles que ha cobrado a su paso.
Los trágicos sucesos de Morelia durante la noche del 15 de septiembre, palpan esa situación de inestabilidad. Siete muertos y más de cien heridos fue el resultado del atentado contra la población, al estallar dos granadas. El condenable suceso fue inmediatamente calificado como un acto terrorista, es decir, un ataque deliberado contra la población civil. Héctor Aguilar Camín ha escrito por estos días: Estamos frente a un salto cualitativo, en brutalidad e inhumanidad de la guerra que libran los cárteles entre sí, con el gobierno y ahora con los mexicanos en general… la población civil ha adquirido la doble condición de víctima y escudo. Se atenta salvajemente contra ella como víctima inerme, infinitamente disponible, para que, en reacción obligada, el Estado proceda con fuerza redoblada a ocupar el territorio, sirviendo como ariete contra el cártel enemigo de los terroristas y como escudo para estos.
Además del enorme reto que representa para el Estado la lucha contra el narco, estamos ante la estrategia del chantaje, donde grupos criminales utilizan sin ningún reparo a la población como medio de presión.
Resulta triste e indignantes los atentados del 15 de septiembre, pero más trágico es que la clase política, los gobernantes tengan que alinearse debido al terror que infunde una minoría. Me explico, el presidente Felipe Calderón ha convocado a la unidad en torno a este problema, y resulta injusto que por lo sucedido, nuestros políticos se pongan a trabajar en función de esa tragedia, y no por la seriedad que implica el problema desde años atrás.
Justamente antier, después de la tragedia, el presidente Calderón anunció una serie de reformas a los diferentes ordenamientos jurídicos del sistema de justicia mexicano. Declaró: “para detener a la delincuencia no basta la acción policiaca, sino que es indispensable atacar las fuentes de su poderío económico mediante la aplicación de leyes eficaces para ese propósito”, y tiene razón, las guerras no solamente se ganan con fuerza, sino con inteligencia.
La miscelánea de reformas incluye: un decreto que expide la Ley de Extinción de Dominio; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Amparo; al Código Federal de Procedimientos Penales; a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a la ley de la Policía Federal Preventiva y Orgánica de la PGR; a la Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos; a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo.
Aunado a este pronunciamiento, el gobierno federal, a través del Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, mandó el presupuesto a ejercer durante el próximo año 2009. Destaca la seguridad como una de las prioridades del gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública, que en el presente año cuenta con un presupuesto similar a la de algunas entidades federativas, 20, 658.9 millones de pesos, ahora pasa a 30, 955.9 millones, un incremento de 49% para el 2009. Al igual que otros rubros, como la educación, podemos afirmar que dinero e inversiones no han faltado, ¿pero dónde están los resultados? ¿Dónde está el monopolio de la violencia cuando más se necesita?
20 de septiembre de 2008
El Siglo de Torreón
