Después de la Influenza y el síndrome del cubrebocas en el país, nuestra ciudad, Torreón, nuca se apartó de lo “normal”: balaceras, enfrentamientos, narcomantas, levantones, secuestros, policías baleados, muertes entre mafiosos y al paso, de civiles.
Sin olvidar que un día asaltan un banco y al otro también. Ahora, que la crisis de salud se distensó, volvemos a recordar duramente nuestra realidad con los sucesos violentos de esta semana: persecuciones, balaceras, asesinatos. Habrá que volvernos a preguntar: ¿Será que ya nos acostumbramos a la “normalidad”? ¿Será que como sociedad ya cedimos, y por lo tanto, dimos por perdidos esos espacios? Porque si no es así todavía, eso parece.
Dentro del marasmo que todo esto conlleva, en la semana sucedió lo ya se espera tiempo atrás: la destitución de 302 policías. Unos por no acreditar los exámenes de confianza, otros por abusar de la misma, y otros más por delinquir; lo cual constató, la gravedad y profundidad del problema. Si bien, la decisión del presidente municipal, José Ángel Pérez Hernández, llega un tanto tarde, no podemos dejar de reconocer la transcendencia de la misma, pero sobre todo, la necesidad inevitable de tomarla. La contundente decisión del Alcalde, es sin duda, una buena señal para los ciudadanos, y también una bocanada de aire fresco para la vulnerada institución de Seguridad Pública Municipal. Por otro lado, la decisión verifica una vez más, lo que era ya de conocimiento público: una policía infiltrada, indisciplinada, organizada, no para defender a los ciudadanos, sino para actuar en contra de ellos. ¿Digo algo nuevo que no describa a otras corporaciones de seguridad en los tres niveles de gobierno?
Por diferentes violaciones a los reglamentos, ordenamientos y como declaró el edil, “por haber incurrido en actos de conducta y acciones reprobables indignas de su investidura que lastiman a nuestra sociedad”, fueron destituidos, sin derecho a indemnización, los policías. La descripción de los hechos y las responsabilidades, muestran la dimensión, y más aún, la facilidad con la que las instituciones encargadas de resguardar la seguridad de los ciudadanos, se vuelven contra ellos. Desde prácticas como extorsión, consumo de drogas, sabotaje y daños al equipo satelital GPS de las patrullas, robos, lesiones e incluso secuestros, son algunos de los delitos imputados a los ex policías. Por lo menos 8 policías cesados, fueron acusados de participar en secuestros. A la lista hay que sumar 55 más señalados por cometer robos y lesiones con violencia; 38 por sabotear el equipo satelital de las patrullas; 26 comandantes y mandos medios encargados de coordinar la vigilancia y el patrullaje en diferentes sectores de la ciudad.
A pesar de las vicisitudes del edil, que no han sido pocas ni menores, no hay que escatimar méritos a la decisión de Pérez Hernández, de hecho, este es el tipo de acciones que los ciudadanos quisiéramos ver con más frecuencia, pero también, este es el alcalde que quisiéramos ver más seguido.
La decisión del miércoles pasado, sienta un precedente en el país, y aunque ya habíamos sabido de destituciones y depuraciones en la policía de otros parte del la República, ninguna tiene la magnitud de la sucedida en Torreón. De cierta manera, uno puede plantearse a la luz de los hechos locales: ¿porqué otros gobierno no han realizado una depuración similar, y si no lo han hecho, estarán dispuestos a hacerlo?
Al final, la tarea que viene, es larga y compleja, y la otra cara de la moneda, no le corresponde al gobierno, sino a los ciudadanos. Porque así como están las cosas, las alternativas para mejorar la situación en torno a los problemas de la seguridad, necesitan de la confluencia de los ciudadanos, no del abandono. Por ejemplo, el triste hecho de que 78% de los mexicanos considera que es el gobierno quien debe solucionar los problemas, y sólo un 16%, piensa que la sociedad es corresponsable (Encup, 2008), refleja que los ciudadanos no se perciben como agentes de cambio, y que por lo tanto, no son parte corresponsable de la seguridad. Esta crisis no sólo se trata de armas y fuerza, sino del compromiso y la colaboración que los ciudadanos decidan.
