Apelar a la vergüenza

En un estado de impunidad, el más fuerte es el rey. Bajo esa consigna de la selva citadina, la ley siempre es negociable, dúctil y dispuesta al mejor postor. Para el influyente, lo relevante es el dinero, la fuerza o las relaciones políticas. Con la multiplicación de la cámaras en los teléfonos, no hay semana sin un video que atestigüe de estos ciudadanos "especiales": el funcionario; el adinerado con un séquito de guaruras; el violento que a base de fuerza doblega la ley.

Ante esa situación, ocasionalmente surgen iniciativas o estrategias para tratar de encausar prácticas cívicas. Pero la labor resulta difícil y hasta peligrosa. ¿Algunas vez han llamado la atención a los automovilistas que no respetan los espacios para discapacitados? Inténtelo, así les puede ir. Mentadas de madre, amenazas y hasta agresiones les garantizo que van a recibir. Sin embargo, es revelador como una cosa lleva la otra. A nivel general podemos quejarnos amargamente de la corrupción de la política y los políticos, pero en las pequeñas actitudes, se es tolerante a la corrupción en la vida cotidiana. Un entorno de poca legalidad puede describir al gobierno y las autoridades, pero sobre todo, dice más de los ciudadanos que lo conforman. Porque sin duda, la otra cara de la moneda, la que toca a los ciudadanos, también propicia y tolera esas condiciones. ¿En verdad nos resulta extraño?

Recientemente, la delegada del gobierno de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, ha utilizado transmisiones en vivo para grabar los operativos del gobierno en la calles. Específicamente las faltas viales y el retiro de automóviles de la banquetas. Como en todo, poco tardaron para documentar, a través Periscope (una red que transmite video en vivo), a los cómodos influyentes que no les basta la calle, de paso toman las banquetas. En una de ésas, un prepotente mandó a los guaruras por delante para evitar ser infraccionado. El suceso habría pasado inadvertido, si no fuera porque se grabó. De esa manera, nos enteremos santo y seña sobre el agresor. Exhibido ad infinitum en la prensa y las redes sociales, el agresor se dio por ofendido en sus derechos humanos. ¡No es broma! ¿Dónde hemos escuchado eso de "el ofendido soy yo"?

Curiosamente romper la ley y agredir a los ciudadanos no es el problema, sino ser exhibido públicamente. Quizá en un estado de impunidad generalizada como el que vivimos en México, estas pequeñas salidas, como utilizar grabaciones, sea un disuasivo para pensarla dos veces. Por supuesto, también hay detractores de la exhibición por considerarla infamante y hasta ilegal. El problema no está tanto en burlar la ley, sino exhibir públicamente el quebranto. Eso es lo que indigna según los críticos. Pero el asunto no es nuevo. Algunas policías en México ya incorporan cámaras a su ejercicio diario. En países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, por mencionar algunos, las cámaras hacen las veces de policías en las calles. Es el Big Brother en todos los rincones. La diferencia abismal entre esos países y el nuestro está en la legalidad, o si se quiere, en la impunidad. Acá asumimos que todo es negociable, incluso en detrimento de los mismos ciudadanos. Y cuando la ley no nos favorece, entonces recurrimos a los derechos humanos. Hay en nuestra vida pública, una especie de liberalismo disfuncional que supone al individuo por encima del derechos de otros individuos. De esa manera no hay ley que aguante, ni prácticas cívicas que lo soporten. Por lo mismo, apelar a la vergüenza se vuelve una pequeña estrategia para defender un piso mínimo de legalidad. Por supuesto, utilizar las redes sociales para exhibir puede caer fácilmente en el espectáculo, pero también, esas mismas redes documentan la miseria del ciudadano y su profundo desprecio por la ley. La infamia no viene de las grabaciones, sino de los ciudadanos mismos.

2 de marzo 2016 

El Siglo

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1202259.apelar-a-la-verguenza.html

Todos marihuanos

Cada vez más surgen voces en pro de la legalización de las drogas, principalmente la marihuana. El Estado de Portugal promueve la política más liberal al respecto, y sin embargo, no llegaron en masa los consumidores. Más bien los regularon. Ahí el menú es el más grande y variado, incluyendo drogas duras. No obstante esa política, nadie habla de un capo lusitano; tampoco la violencia ensombrece las calles de ese país. En 2013, Uruguay legalizó la marihuana con un proyecto amplio no sólo para el consumo, sino para la producción y venta. La propuesta va a la demanda, y a la oferta. Pero desde allá no escuchamos sobre fugas espectaculares de una prisión de alta seguridad. Mucho menos de cárteles que doblegan a ese pequeño, pero respetable gobierno.

Estados Unidos, un país que promueve el combate contra las drogas en el mundo (los ejemplos más sangrientos y desastrosos son Colombia y México), está cambiando de dirección. Más de una docena de estados, ya han legalizado el consumo y hasta la venta marihuana. Con el aval de los votantes en las urnas en 2014, los ciudadanos de Oregon y Washington D.C dijeron sí a la legalización de la cannabis. El mundo no se derrumbó y las cosas siguieron de rumbo.

Recientemente Nick Clegg, exvice primer ministro del Reino Unido, impulsa una campaña en Europa para cambiar las políticas sobre las drogas. Escuchemos sus palabras: "Transformar una política fallida es difícil… En vez de criminalizar a millones de jóvenes y fijarnos objetivos poco realistas, como la erradicación total de las drogas, ha llegado el momento de que los gobiernos busquen alternativas basadas en la realidad" (El País, 2 de octubre 2015).

De acuerdo con el último Informe Mundial sobre las Drogas (ONU, 2014), las muertes ocasionadas por el consume de drogas no superó los 226 mil muertos. El alcohol, una de las drogas legales y predilectas de los consumidores en el mundo, causa la muerte de 3.3 millones de personas al año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El tabaco mata cada año casi 6 millones de personas (OMS, 2015). El consumo de alcohol y tabaco se ha reducido gracias a campañas preventivas, aumento de impuestos, y hasta prohibición de anuncios comerciales. Sobre las drogas ilegales como la marihuana, pesa el estigma de la prohibición, y peor aún, la criminalización de los consumidores. En el sexenio pasado los mexicanos sufrimos una guerra absurda por el combate a las drogas y el narcotráfico. El rentable negocio no desapareció, pero creció exponencialmente la violencia, el secuestro, las extorsiones y los robos. De la misma manera, la organizaciones criminales han tenido el suficiente poder de fuego y económico para corromper el estado.

En el Congreso de la Unión no ha avanzado un debate serio sobre las drogas y la legalización. Por su parte, el Gobierno Federal, prefiere sacrificar a los ciudadanos, en vez promover una política radicalmente distinta con respecto al consumo, la producción y venta de drogas. Irónicamente, teme contrariar la política exterior gringa, en vez de atreverse a cambiar las reglas del juego. En un suceso inédito, Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a presentar el próximo 28 de octubre, un proyecto que buscar declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley general de Salud donde se prohíbe la siembra, el cultivo y la posesión de la droga para autoconsumo con fines recreativos. Por momentos, la argumentación del valiente ministro, retoma lo mejor del pensamiento liberal expuesto por John Stuart Mill. ¿Por qué el Estado tiene que decidir sobre el consumo privado del individuo? En su proyecto, el ministro Zaldívar no minimiza los daños por el consumo de la marihuana, pero tampoco criminaliza. Cito el proyecto del ministro: "Este Alto Tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia, a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona".

Con la legalización no se acaban al día siguiente los problemas del narcotráfico o los problemas de salud pública. Sin embargo, las políticas actuales han sido desastrosas y con resultados adversos para la sociedad. Ya es hora de cambiar el rumbo. Ojalá la Corte impulse esa tendencia.

21 de octubre 2015

El Siglo

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1163056.todos-marihuanos.html

El aborto a debate

¿Dónde comienza la vida de un ser humano? ¿Qué es la vida? ¿Con cuántas semanas tenemos un ser humano? ¿En qué momento adquiere consciencia de sí? ¿Qué es la consciencia? ¿Hay derechos humanos, pero también derechos de embriones? Dichas preguntas no provienen de un complejo debate entre filósofos y científicos, sino de la aplicación de una ley en la tierra. 
El debate no es nuevo, mucho menos la polémica que toca las fibras más sensibles de la sociedad, las religiones, los partidos políticos. En pocas palabras: las instituciones.

Dos legislaciones estatales, Baja California y San Luis Potosí, prohíben el aborto y por lo tanto, presuponen el derecho a la vida. Igualmente, 16 legislaturas más han impulsado leyes similares en las entidades del país.

La impugnación de las legislaturas a la Suprema Corte reabren uno de los debates más importantes en el país durante los últimos años. Detrás de los argumentos a favor del derecho a la vida desde la concepción, está una certidumbre cuestionable. 468 legisladores de congresos locales han resulto el misterio de la vida que ni filósofos y científicos lograron. Por su parte, el presidente Calderón ha expresado su postura en contra del aborto, e igualmente, asociaciones religiosas han protestaron.

El caso ya lo había tratado la Corte en el año 2008, con motivo de una legislación liberal promovida por Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Ahí se ampliaron los derechos y se descriminalizó a la mujer por casos de aborto. Dicha ley fue impugnada. La Corte convocó a un amplio debate con científicos y especialistas. El resto de la historia ya la conocemos. Así, el máximo órgano de justicia tomó una de las decisiones más relevantes en cuanto a la ampliación de derechos humanos y garantías individuales.

Que un poder como la Suprema Corte resista las presiones del ejecutivo, de los líderes políticos y religiosos, en pro de los derechos ciudadanos, representa un cambio significativo en nuestras instituciones. Impensable en el México del pasado.


28 de septiembre 2011
Milenio http://impreso.milenio.com/node/9033964 

Calderón cambia de tema

Positivo me parece que por fin el presidente Felipe Calderón cambie de tema: seguridad, seguridad, seguridad; como si sólo se resolviera con soldados, armas y policías...
Por eso, la iniciativa de decreto para cambiar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación podría ser una oportunidad para fincar un país e instituciones más equitativas, dispuestas para el desarrollo.
En otras palabras, se trata de una "iniciativa para combatir los monopolios".

Técnicamente hablamos de oligopolios que dominan el mercado y pueden fijar el precio, las más de las veces en detrimento de los ciudadanos.
Consumimos dos canales de televisión, dos marcas de cemento, una marca de telefonía, una de maíz, una de leche, una de gasolina... con la enorme pérdida de competencia, precio y calidad que ello implica para los consumidores.

Los gobiernos mexicanos, incluyendo el presente de Calderón, han estado más dispuestos a esos poderes fácticos que al de las mayorías que "representan". Por eso, yo no imagino al sr. Slim en la cárcel durante tres años por maneter tranquilo, el domino del mercado en telefonía móvil y local. ¿Ustedes se lo imaginan?
Bueno, eso es lo que pretende la iniciativa de Calderón, ahora en manos del Legislativo. Al final, no creo que ningún político, así sea el presidente, se atreva a que lo borren de la pantalla.

De San Pedro a Juchitepec

Dos municipios opuestos, radicalmente diferentes, geográficamente distantes y económicamente incomparables. Se trata de dos caras de una misma realidad en el país. San Pedro Garza García en Nuevo León es uno de los municipios más ricos de Latinoamérica, junto con la delegación Benito Juárez. Ahí el nivel de riqueza per cápita es sobresaliente. Al mismo tiempo, Juchitepec es un municipio plagado de carencias, marcado por la migración hacia los “Yunaites”. Tal y como concluye duramente el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México generado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En nuestro país coexisten municipios con un desarrollo similar al observado en Estados Unidos o en los países que integran la OCDE, pero por otro lado, también es posible identificar circunscripciones con niveles de desarrollo inferiores a los del África Subsahariana.

Sin embargo, a pesar de la radicalidad de sus circunstancias, ambos municipios comparten una cara de la misma moneda: la inseguridad, el hartazgo general de sus habitantes.
En San Pedro, el polémico alcalde Mauricio Fernández expresa sus intenciones de ir más allá de sus funciones, incluso por encima de la ley, con tal de disminuir el crimen, de erradicar el cáncer de la inseguridad. El mismo día de su toma de protesta como nuevo alcalde anunció la muerte de un conocido criminal que azolaba tranquilamente la zona metropolitana. La polémica, pero también la seducción del personaje aumentó como burbuja cuando anunció un grupo de “limpieza” para combatir a los criminales incluso por encima de la ley. Las simpatías de muchos no se hicieron esperar, e incluso el propio Fernando Martí reconoció: "Como activista social no puedo decir que estoy de acuerdo. Como ciudadano, como sentir ciudadano, creo que a todos nosotros hasta gusto nos dio".

En las condiciones actuales, donde el Estado mexicano es incapaz de garantizar la seguridad, las manifestaciones por encima de la ley encuentran terreno fértil. De esa forma, cuando aparecen personajes dispuestos a combatir la criminalidad sea como sea, aparece también la aprobación de muchos, que cansados o temerosos, ven con buenos ojos la barbarie para acabar con la barbarie. Nada más riesgoso que este silogismo de violencia. Jesús Silva Herzog Márquez describió la imprudencia del alcalde como un “populismo justiciero” a riesgo de sacrificar leyes e instituciones.



En otro punto de país, en condiciones opuestas a las conocidas en Nuevo León, cuatro sujetos, entre ellos dos policías federales, fueron identificados por algunos habitantes y posteriormente detenidos por las autoridades bajo la presunción de secuestro. La voz rápidamente se corrió y varios cientos de habitantes “arrebataron” a las autoridades municipales de Juchitepec, a los cuatro detenidos. Bajo la firme convicción “popular” de linchamiento, los habitantes furiosos golpearon a los criminales e incendiaron un sitio de la presidencia municipal. La turba pretendía rociarlos de gasolina y prenderles fuego –situación que a muchos pareció sensata−, otros ya traían a uno de los sujetos detenidos con una soga al cuello para colgarlo. Al final, cientos de policías intervinieron y rescataron a los criminales de la espontánea iniciativa popular.
En ambos casos, aún y con las diferencias visibles entre los municipios de Nuevo León y el Estado de México, existe una población azolada por el crimen, cansada de la inseguridad. No nos extrañen por lo tanto, los linchamientos en nombre de una justicia colectiva o la ferviente aprobación de la violencia ante el visible vacío que deja el Estado en grandes zonas del país, y que el propio gobierno ha llamado “zonas de impunidad”.

Esta condición bien puede generar situaciones donde con facilidad se justifica la barbarie de la justicia por la propia mano. Una especie de estado de naturaleza, argumentó en el siglo XVII el filósofo inglés Thomas Hobbes, donde manda el más fuerte, para luego ser sustituido precariamente por otro más fuerte y luego otro. Justamente esta debilidad en el largo plazo subyace a la seducción de la justicia por propia mano. La tentación de la justicia no por la vía de las leyes y las instituciones, es más atractiva y “razonable” para diversos grupos sociales que no ven de las autoridades avances en materia de seguridad.

Según el prestigioso estudio sobre la democracia en Latinoamérica, el Latinobarómetro (2008), el 61% de los mexicanos estaría dispuesto en tener un gobierno no democrático si este resuelve los problemas económicos. ¿Estaremos acaso ante la preferencia de un régimen autoritario a cambio de seguridad? No lo creo, pero algunas expresiones por ahora resultan preocupantes.