Incentivos para la impunidad
Entre veras y bromas arranqué al fin el “Diccionario político mexicano”. No es el primero, ni el último, sino alguna edición que no se sabe cuándo saldrá ni dónde terminará. Alentado por la tradición diabólica de Ambrose Bierce, el gringo viejo que cruzó la frontera del México revolucionario para bien morir; es ahora un punto de partida para el Diccionario, a fin de comprender, aunque no siempre explicar, el periodo mexicano posterior a la transición. Hay que actualizar términos, pero también, hay que incorporar aquellos que han sobrevivido con éxito los años, las crisis y el desgaste.
En las palabras están las acciones, o al menos su reflejo. Como prueba cotidiana, las palabras muestran la profunda huella del viejo régimen, aquél que Paz describió como el ogro filantrópico. Pero así como hay permanencias, hay cambios sutiles, lentos, imperceptibles incluso, a la vorágine periodística.
Por ejemplo, la definición de “maicear”, rescatada de la tenebra por el obispo de Ecatepec, nos recordó viejas prácticas en nuevos tiempos. Así, otras palabras como “plenitud”, “ética”, “estado”, “charro”, “caudillo”, “democracia”, “alternancia”, “competencia”, “monopolio”, son algunos conceptos que a la luz de la teoría política más solvente, resultan deficientes explicarlos.
El desencanto que siguió después del año 2000, nos reveló con claridad que la alternancia no produce rendición de cuentas, ni justicia, ni esclarecimiento del pasado. Tampoco sobrevino la deconstrucción del antiguo régimen, por eso, a pesar de algunos cambios positivos, las antiguas prácticas se siguen reproduciendo con tanta vigencia como en el pasado.
De esa manera, si leemos lo sucedido en las últimas semanas, varios casos muestran la materia de lo que está hecha la justicia en México. Por eso no resulta sorprendente que con frecuencia hablamos de impunidad, porque en realidad la justicia es una excepción. En este sentido, el mensaje que desde las instituciones se envía a los ciudadanos, termina por reafirmar en la práctica que las leyes no son relevantes para un orden común. Y esto en verdad, es una de las tragedias nacionales.
En estas circunstancias, resulta “normal” que un ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, pueda utilizar un cargo público como medio de enriquecimiento ilícito. De ahí el yate, el Ferrari y las cuentas bancarias. Sin embargo, el escándalo de corrupción y sobornos no fue procesado por las autoridades mexicanas, sino por la justicia del país vecino: Estados Unidos. De hecho, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega ni siquiera estaba enterado.
Pero si de “Lucha por la seguridad pública” se trata, el rotundo fracaso del llamado “michoacanazo” dejó en claro la incapacidad de la Procuraduría General del República para investigar, procesar y castigar. No decimos que los liberados del “michoacanazo” sean unos santos, pero la Procuraduría no pudo probar las acusaciones de una supuesta vinculación con el crimen organizado. Al mismo tiempo, un diputado prófugo la justicia, hermano del gobernador Godoy, se declara inocente y víctima política, pero actuó como si no lo fuera.
Inoperante para cerrar la pinza y concluir los procesos, la procuración de justicia resulta un incentivo para la impunidad. Si la autoridad no es un ejemplo de buen actuar, no hay fuertes motivos para el ciudadano sí lo sea.
Por otro lado, los contribuyentes formales, esos que están registrados en el Sistema de Administración Tributaria, rinden cuentas cada mes del año, a reserva de ser sancionados, pero el SAT mismo se resiste a rendir cuentas al IFAI. No importa que de por medio se viole la ley, no importa que se envíe un mensaje negativo y de paso se oculte información. ¿Por qué el SAT no revela los nombres de las personas y empresas beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales por la suma de 73 mil 960 millones de pesos en 2007? ¿Qué oculta?
A la inversa de lo señalado por Douglass North, el reflejo de nuestras instituciones de justicia, impulsan un despropósito para la legalidad, el desarrollo económico y el cambio institucional.
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