La rebelión de los huachicoleros

La escena nos remonta a otras rebeliones, a otros disturbios. Agreguen ustedes  los motivos. La opresión de un pueblo; la injusticia; el hartazgo de la inseguridad que lleva a linchar a unos ladrones; hambrunas; o sencillamente, organizarse para robar combustible. Motivos para rebelarse no faltan. A partir de ahí vienen la toma de las calles, el rechazo violento de la autoridad, la protesta con niños y mujeres por delante. Todo cabe para las alzados, incluyendo el asesinato. En nuestra historia tenemos un buen número de rebeliones que se remontan a la conquista desde el siglo XVI. Algunas fueron notablemente heroicas, por tratarse de pueblos luchando por la dignidad. Otras rayaron casi exclusivamente en el bandidaje, eso sí, con cierto tintes sociales. Es la turba justiciera o el ladrón que roba a los ricos para repartir a los pobres. Nuestra historia tiene varias versiones mexicanas de Robin Hood. Sin embargo, la otra cara de las rebeliones es la violencia. La mayoría terminaron en un final trágico. Sangriento.

Con razón, el gran historiador británico, Eric Hobsbawm, recomendó estudiar las rebeliones. “La asonada, si es que quiere entendérsela, porque hace mucho que ha dejado de ser fenómeno corriente en diversos países y ya no es el método reconocido de acción popular que en su tiempo llegó a encarnar”.

En pleno siglo XXI, surge la rebelión huachicolera. ¡Viva el combustible robado! Por supuesto, el movimiento no surge de la nada. Ante todo, imita el entorno, pero también refleja la decadencia del Estado mexicano que no termina de encontrar su lugar. Desde los cargos públicos —presidente, gobernador, alcalde, diputado—, se saquean los fondos públicos, se endeuda, se roba abiertamente. Todo en nombre del Estado y el bienestar de los ciudadanos. Otros en cambio, se “rebelan” porque no quieren quedarse atrás en la carrera de atracos. Si unos atracan Pemex con tomas clandestinas y ordeñas de ductos que suman miles de millones de pesos, otros en cambio, no se asolean ni se exponen a enfrentamientos con el ejército, como sucedió recientemente en Puebla. Ladrones de cuello blanco les dicen. ¿Se acuerdan del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien está implicado en la red de corrupción de Odebrecht? Mientras en Brasil el estado ha llamado a cuentas a los implicados, e incluso, ha encarcelado a políticos y empresarios, en México, se ratifica la impunidad. ¿En verdad nos sorprende que un pequeño pueblo se organice para saquear ductos de Pemex? Los huachicoleros son poca cosa a lado de la organización de Carlos Romero Deschamps. Unos roban arriba, otros roban abajo.

Por supuesto indignan los robos, y sobre todo, las muertes en medio de una disputa por el saqueo de combustible. Pero el conflicto revela lo que desde hace muchos años no funciona del Estado mexicano: el sistema de justicia y las instituciones encargadas de hacer valer la ley. Tras la alternancia en el año 2000 había la esperanza de alentar justicia y rendición de cuentas, pero pasada la década, impunidad y corrupción sólo se agravaron. Hoy nos parece tan normal, que hasta un poblado ejerce su derecho a robar combustible. ¿De dónde proviene la costumbre? La justificación tiene como lógica un simple argumento: “si los políticos roban, por qué nosotros no”.  Más que sorprendernos, la rebelión huachicolera que defiende a punta de bloqueos y violencia las tomas clandestinas, refleja esa imitación que va de la sociedad al gobierno, y del gobierno a la sociedad. Dicho en otras palabras: corrupción en estado puro.

Tras el enfrentamiento en la “zona” de huachicoleros en Puebla, once personas perdieron la vida, entre ellos cuatro militares. ¿Qué dijo la principal autoridad? Propuso, y no es broma, una estrategia. “He dado indicaciones para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional”. ¿Cómo, no había estrategia para combatir esos delitos? Así, a la ligera, el mismo gobierno se hace de la vista gorda, o cuando el problema crece, sólo sale a patear el bote con eso de instrumentar una “estrategia”. Es irónico que en medio de las elecciones estatales del Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde varios candidatos priistas alardean que se ellos sí saben encargarse de la seguridad con carácter o mano dura, el presidente mismo corrobora el tremendo vacío del Estado mexicano. Sólo faltan mañana defiendan “usos y costumbres”.

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1339250.la-rebelion-de-los-huachicoleros.html
El Siglo
10 de mayo 2017

Gobiernos de aparador

Difícil saber a dónde vamos en medio de la crisis. Para el caso no hay bola de cristal ni predicción que valga. Aunque la historia ofrece ejemplos y comparaciones, no sabemos bien a bien dónde va a parar la crisis que vive México. Sabemos dónde empezó la indignación, pero no sabemos dónde va a terminar. En el colmo de la incomprensión, el presidente llamó a superar el dolor. ¡Sí! Así de distante, así de ajeno al momento que vive México. Por su cabeza no pasa la autocrítica y mucho menos, la humildad. Desde 1968 no veíamos un movimiento similar: manifestaciones, crítica, protesta, rechazo al poder, indignación por todas partes. De cierta manera vivimos un momento "tectónico". Capas y cimientos que en muchas décadas no se habían movido. Desde el poder se apela a la conspiración, pero no se reconoce el fondo el problema: corrupción e impunidad del mismo poder. Las claves de nuestra endeble democracia las ofrecen los mismos actores políticos. Anoto las principales.

No hay oposición, pero sí complicidad. Silvano Aureoles, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y miembro del PRD, ratifica su lealtad al presidente. Para él la casa blanca es un "asunto entre particulares". Lejos de investigar o ser un contrapeso, el poder legislativo se quedó callado, para que tampoco sea investigado. Para los diputados es preferible la complicidad, a la rendición de cuentas.

Cuando el auditor renuncia a llamar a cuentas, sabemos que la impunidad prosperó. Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación se comportó como debía comportase: un hombre leal al status quo. Escuchemos sus palabras: "Hasta ahorita el tema de la casa blanca es un asunto de particulares, quién le compró y quién le vendió, la señora no es funcionaria pública aunque maneje recursos públicos, pero en fin, una vez que pudiéramos tener facultades para hacerlo durante, quizá podríamos revisar el procedimiento de licitación del Tren por presunto conflicto de intereses, de la casa no salió de recursos públicos". Portal no quiere ser un outsider, ni tampoco un héroe solitario que denunció la corrupción. Nada de eso, su papel es ser un celoso guardián del orden establecido.

Cuando no salíamos de una casa, ya estábamos en otra. Luis Videragay, arquitecto de las reformas de Peña Nieto y flamante Secretario de Hacienda, no quiso quedarse atrás en eso de las casas. No obstante que declaró estar desempleado en 2012, accedió a la bondad empresarial de Grupo Higa y consiguió el mejor precio del mercado. Cuestionado por la prensa estadounidense, Videgaray, reconoció la crisis que vive el país por los escándalos de corrupción y seguridad. Más aún, la periodista Michelle Caruso le cuestionó: "Si Bárbara Bush hubiera tenido una casa construida por Halliburton, George W. Bush hubiera sido sometido a juicio político". Pero claro, Videgaray asume que está en México y no en Estados Unidos, donde sí han corrido al presidente por corrupción, como sucedió con Richard Nixon. En función de esa "certeza", el Secretario dice que no hay conflicto de interés, no obstante que Higa ha recibido contratos de miles de millones de pesos del gobierno.

Entre las autoridades, hay pocas excepciones, y quien realmente sorprendió fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Meza. En un reciente discurso, Silva Meza aludió elegantemente al presidente. Lamentó los sucesos violentos que "ni el tiempo, ni el silencio permitirán superar la adversidad, sino el reconocimiento y la determinación para hacerles frente". Luego crítico a los gobiernos de aparador: "la sociedad no quiere una justicia inservible y lejana, justicia de discurso, justicia de aparador, debemos entender que nuestro lugar está a lado de la sociedad y sus derechos, no por encima de ella".

Sin embargo, para coronar la impunidad, esta semana una noticia demostró que el cambio, si lo hay, no vendrá de las actuales instituciones, ni de los políticos en el poder, sino de una generación que se atrevió a salir a las calles. Por lo tanto: Salinas de Gortari es inocente. Como ave de mal agüero, la historia no tenía razón y ahora resulta, que Raúl Salinas, hermano de uno de los peores presidentes de México, fue exonerado por un tribunal en el DF. ¡Cómo se nota que manda el PRI! Hace algunos meses, nuestro presidente afirmó que la corrupción es un problema cultural que afecta a México. Si es así, qué cultos son estos gobernantes.

17 de dic 2014

El Siglo

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1068509.gobiernos-de-aparador.html

Mucho gobierno, poco Estado

A nadie le gusta pagar impuestos. Sobre todo cuando se tiene gobiernos como en México, donde siempre queda una sensación de profunda desconfianza, donde con facilidad el gobierno se vuelve sinónimo de corrupción. No sé a ustedes, pero cada vez que pagamos impuestos, me pregunto a dónde va ese dinero. Podemos pensar que a grandes obras públicas, o necesarias inversiones en la educación o salud. El punto viene a colación porque la semana pasada se aprobó el presupuesto billonario del gobierno federal para ejercerse en 2015. El Presupuesto de Egresos será de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos. A simple vista la cifra parece ilegible. Tantos números, tantos miles de millones. Según la Secretaría de Hacienda, encargada de extraer rentas a los mexicanos, "se trata de un presupuesto austero, eficiente y responsable, que refleja el compromiso y trabajo conjunto de las y los diputados federales… para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país". Pero dejemos la solemnidad gubernamental, porque si algo demuestran los hechos, es un gobierno incapaz de brindar un auténtico estado derecho, ya no digamos la seguridad, que es la esencia misma del Estado.

Regresemos al presupuesto billonario. ¿Por qué si es tanto dinero, no alcanza? ¿Por qué si cada año se ejerce un mayor presupuesto, hay grandes rezagos en infraestructura? Lo que en principio parece mucho dinero, termina diluyéndose en un gobierno obeso que se va en burocracia y más burocracia. Súmele mala administración, y un excesivo gasto corriente. Para seguir con la analogía de la obesidad, tenemos un gobierno nacional con abundante colesterol y problemas de salud. De entrada el 77 por ciento del presupuesto, se destina al gasto corriente. Es decir, para pagar la operación del gobierno y sus empleados. Sólo el 23 por ciento será gasto de inversión. Esto significa que la gran mayoría del dinero no regresará a los ciudadanos en servicios, obras o atenciones del inmenso aparato gubernamental. Nada más una pequeña parte llegará a los ciudadanos. Por cada peso que capta el gobierno federal, más de 70 centavos nada más para que el gobierno exista, sin importar los criterios de eficiencia o beneficios que generen valor público.

Pero cambiemos de analogía, cuando un gobierno destina la mayoría de sus recursos al gasto corriente, significa tanto como gastar en la borrachera la mayoría del salario, para sólo regresar a casa con un raquítico 20 por ciento. En esa relación de ingresos y egresos del gobierno federal, no hay dinero que alcance para invertir a fondo en áreas estratégicas como la educación o la salud. Mucho menos en seguridad. En pocas palabras tenemos una riqueza nacional mal administrada y mal distribuida: mucho gasto y poca inversión. ¿Para qué sirve un gobierno así?

Recientemente visité la biblioteca de una universidad pública en el norte del país. Lo que más me impactó de esa biblioteca fue la falta de inversión y mantenimiento. Lejos de llevar lo mejor a los estudiantes, la inversión queda relegada o sencillamente no llega. Entonces ¿adónde va todo el dinero? A pagar campañas publicitarias. A pagar obras millonarias que benefician a una minoría. A pagar las deudas irresponsables de los gobernadores. A pagar instituciones disfuncionales o en el peor de los casos, a pagar policías corruptas que se vuelven contra la población. Ya no digamos los líderes sindicales y las dinastías en el poder. O las mansiones de los políticos en turno... Cuando conocemos cómo se distribuye el dinero público, entendemos por qué tenemos mucho gobierno y poco Estado. ¡Así ni cómo!

19 de nov 2014

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1059048.mucho-gobierno-poco-estado.html

El Siglo

La toma de Michoacán

Desde hace tiempo que las responsabilidades del Estado se han vuelto insignificantes. No todas, pero cuando en la seguridad de los ciudadanos, las instituciones parecen pulverizadas. Ni siquiera un base mínima para soportar la crisis de la llamada seguridad. Después de tantos años, digamos un sexenio, nuestro Estado no parece más fuerte, o siquiera más eficaz. De los síntomas ya no se quiere hablar, pero el desastre continúa. El caso de Michoacán es emblemático, porque ahí arrancó el anterior presidente su campaña militar. Para colmo de males, el hombre resultó ser originario de ahí. Por fortuna acabó su gobierno, pero no acabó el problema de la entidad, por el contrario, se fragmentó, y dio lugar, como la hidra, a otras cabezas. Y el problema sigue ahí. 

El nuevo gobierno, que todavía goza de cierta credibilidad, además de condonar impuestos millonarios a La Televisora, decidió que Michoacán sería su laboratorio. A La Laguna, una de las zonas más violentas del país, sólo le mandó dinero para algo que suponemos es la prevención del delito, pero en la plena opacidad, nada evita que aquello termine en las elecciones. En Acapulco, antes puro palmera y sol, ahora naufraga a su suerte, y el gobernador Ángel Aguirre es un decir. Peor en Michoacán que ni gobernador tienen. Enfermo Fausto Vallejo, se retiró. Y el sustituto se queda con los problemas de la deuda, y sobre todo, un estado frágil. Michoacán sigue tomado por los grupos criminales y por todo aquel que lo mismo cierra carreteras y calles, saquea transportes, o hace las veces de “policía comunitaria”.
Abusando del optimismo, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que en “no estamos haciendo lo mismo que antes”. Para Calderón Michoacán fue un fracaso, y con Peña Nieto la crisis parece agravarse. No se trata sólo del narco y la violencia, la cual tiene sus ciclos, sino del profundo deterioro social. La situación preocupa tanto, que hasta varios legisladores, incluyendo la ex candidata a la gubernatura del estado, ahora senadora, Luisa María Calderón, le han planteado al gobernador interino, “en qué le podemos ayudar”.

Osorio dice que ahora sí “hay una espléndida coordinación con un mando único en manos del Ejército y éste está trabajando en ganarse la confianza de las comunidades”. Sin embargo, el poder está en otro lugar, por ejemplo, en Buenavista Tomatlán, autodefensas ciudadanas (así el eufemismo), retuvieron a 24 militares. El gobierno se cansó de negarlo, pero ya era tarde para creerles porque antes los habían doblegado en la región de la Tierra Caliente.

Michoacán fue el fracaso de Calderón. Ahí inició la guerra que no terminó. Ahora las autoridades dicen que sí hay estrategia, que sí van a cambiar las cosas, pero el estado continúa tomado por grupo de chantaje como el sindicato de la educación. También está tomado por grupos criminales, por policías comunitarias, por quienes a nombre de la comunidad, deciden la ley. Así, bajo el amparo de la colectividad y nada más.

29 de mayo 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9181934

Los Compas de Rubén

Contra las expectativas y los malos augurios, el Pacto por México avanza. De seguir así, no sólo el gobierno federal, sino el Congreso podrían estar empujando una útil agenda reformadora para cambiar las obsoletas reglas del juego en varios ámbitos. Esta semana se firmó el acuerdo de la llamada reforma financiera, a fin de modificar la relación entre la banca, el crédito y sobre todo, el trato a los usuarios. Nuevamente los principales líderes políticos y el presidente Enrique Peña Nieto, suscribieron al pacto. Y ya casi les creo a los políticos, cuando al finalizar el acuerdo aplaudieron con gran aprobación. Sin embargo, previo al adendum del Pacto, vino el escándalo de Veracruz y los operadores electorales desde la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, sí, toda esa historia bien conocida que desde el poder se teje para beneficiar la red electoral del propio partido.

Si bien, ni Jesús Zambrano del PRD, ni Gustavo Madero del PAN, lograron tumbar a la secretaria Rosario Robles, sí hicieron el suficiente ruido para llevar el tema a la mesa del Pacto. Vamos, hasta nos recetan la quimera del “blindaje” electoral. Pero en el PRI, apenas salen de una y ya están en otra. Ahora tocó el turno al gobernador Rubén Moreira, quien sin temor ni temblor, anunció él mismo la operación de los Comités de Política de Asistencia Social (Compas). La misma historia, pero en otro estado. Por supuesto, la operación de los Compas se da “oportunamente” antes de las elecciones locales en el estado. Nada como llevar agua al molino de la contienda electoral. Pero tampoco nos sorprendamos ingenuamente, porque todo gobierno que desee mantener el poder tiende a tejer redes para su conservación. La diferencia está en el manejo y la forma. Y ahí sí, el gobernador Moreira II, quedó embelesado ante el aplauso y la zalamería multitudinaria de un “Coliseo” pletórico de priistas con camisas rojas. Pero intenta fallidamente la otrora popularidad de su hermano. Sin la virtud de la discreción, hasta lo más noble se estropea. En este caso, ni discreción, y mucho menos nobleza.

Tan elemental como mostrar una foto. De esa manera, Madero recordó ante el presidente Peña Nieto, las “prácticas priistas que deben ser erradicadas”. Pero en realidad, la exhibición no la hizo el presidente nacional del PAN, sino el propio Moreira II. No sólo divulgó las fotos él mismo (nada más vean su Twitter), sino se sintió fortalecido por un ejército electoral para colmarlo de aplausos. 

Antes, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, ya había señalado a los Compas de Rubén e incluso, aunque no sé para qué, presentó una denuncia ante la PGR. Según el gobernador de Coahuila, la estructura arrancará después del siete de julio. ¿Alguien le cree? Dicho así, la mejor manera de afirmar la intención de los Compas, es negándola.

Bajo un inconsistente gobierno a cuestas, a Moreira II no le queda más que hacer todo lo posible para contener el voto a favor de su partido en las próximas elecciones. Sabe bien que enfrenta escenarios competidos en Piedras Negras, Monclova y sobre todo, Torreón, donde su imagen no termina de convencer a la opinión pública. Sólo falta que su hermano no lo vuelva a estropear.

10 de mayo 2013

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180158

Rumbo a la gubernatura (otra encuesta)

Ya circula la encuesta de Mitofsky sobre la tendencia electoral en Coahuila, donde el próximo 3 de julio se renovarán diputaciones locales y la gubernatura del Estado. El panorama señala otro "carro completo" para el PRI, pero todavía faltan casi seis meses. Anulados los partidos de oposición, resultan una insignificante competencia para el partido en el poder.

De controversias y fallos

Lo que puedas arreglar pacíficamente, no
lo intentes arreglar por la guerra o por un proceso
Régis Debray

La política, duro terreno para ingenuos y desesperados, es tan también el terreno de disputas, conflictos, diferencias y tempestades. Un malentendido de forma, puede llevar a un problema de fondo, de la misma manera que una mala relación aumenta innecesariamente las diferencias. Los que saben de estas cosas, prefieren antes que nada, la política en frío -cálculo, paciencia, prudencia-, que la política en caliente, donde las pasiones se desbordan por encima de la razón.

En abril de 2007, año del centenario, el Ayuntamiento de Torreón al mando de José Ángel Pérez, decidió impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna (SDRL) por considerar que invadía la esfera municipal y su autonomía, además de duplicar funciones con la actual administración. Aunque en el fondo se vio con recelo la dependencia estatal por pretender ejercer funciones electoreras.

El suceso desencadenó una abierta disputa entre algunos funcionarios del gobierno municipal y estatal, especialmente entre el alcalde de Torreón y el Secretario Eduardo Olmos, ahora candidato a diputado local. En medio de los dimes y diretes, una ocurrencia del edil lagunero obligó a parar las obras realizadas por el gobierno estatal en la ciudad. Justo cuando parecía calmarse las aguas, regresaban los golpes de ambos lados. Después de un largo, costoso y desgastante proceso para ambos gobiernos, pero sobre todo para el gobierno panista, vino la resolución de la Corte sobre el caso.

¿Quién tiene la razón? ¿Es inconstitucional la SDRL? Finalmente, el pasado 5 de agosto, la respuesta de los 11 Ministros de la Corte fue unánime: la SDRL no es inconstitucional, ni tampoco puede considerarse que invade la esfera municipal. En tanto se supo la noticia del fallo, la mayoría de los medios regionales interpretaron el hecho como un revés al gobierno municipal.
Sin embargo, es limitado pensar que el Gobierno de Humberto Moreira ganó y el de José Ángel Pérez perdió. Ya bien lo decía Carlos Castillo Peraza, el filósofo de la transición en México, un buen político es aquel que le ahorra tiempo a la gente. Si aplicamos este argumento a la multicitada controversia constitucional entre el Estado de Coahuila y el municipio de Torreón, veremos que no solamente los ciudadanos perdimos tiempo, sino también dinero y esfuerzo.

Al final no ganó el Estado ni el municipio, ni tampoco la decisión de la Corte sentó un precedente trascendente para los municipios en México. Al final, los que perdimos fuimos los ciudadanos. No Moreira ni Pérez. Así nuestra política.
Players of life
septiembre 2008

El Estado idiota II

A la memoria de los jóvenes Erika Jannete Rocha Maruri, 13 años; Alejandro Piedras Esquivias, 14; Daniel Alan Ascorve Domínguez, 15; Isis Gabriela Tapia Barragán, 16 años; Rafael Morales Bravo, 18; Mario Quiroz Rodríguez, 22; Mario Alberto Ramos Muñoz, 22; Leonardo Amador Rivas, 24; y Heredy Pérez Sánchez, 29.
A la memoria también de los policías Remedios Marín Ruiz, de 20; Pablo Galván Gutiérrez, 55; y Pedro López García, de 65 años.

Así comienza el contundente Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el caso “New´s Divine”, publicado esta semana por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Tristemente célebre, el suceso de la discoteca “New´s Divine” revela, una vez más, algo más profundo que la indignación y la sorpresa. Me refiero en primer lugar, a la debilidad del Estado Mexicano para rendir cuentas, y en segundo, la ineficiencia para brindar ante todo, seguridad.
Lejos de ser un caso esporádico, asilado y excepcional, la tragedia de “New´s Divine”, donde perdieron la vida 12 personas, evidencia el estado en que las autoridades encargadas de la seguridad, son incapaces de ejercer el poder con responsabilidad y de brindar seguridad. Las corporaciones capitalinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizaron el operativo con un objetivo administrativo que terminó innecesariamente con la muerte de varias personas. Dicho de otra forma, la irresponsabilidad e ineptitud operativa de las autoridades produce muertos, pero no seguridad. “New´s Divine”, es acaso, el innegable paradigma de nuestras instituciones mexicanas encargadas de resguardar el orden y la seguridad.

Si bien, la tragedia interesa directamente a los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero, en el fondo estamos ante un problema, que guardadas las proporciones, bien puede replicarse en otros rincones del país, sobre todo, en un momento donde el problema de la seguridad pública es una de las prioridades de la agenda gubernamental en México.
Al igual que los capitalinos, los laguneros no somos ajenos a esta realidad, máxime cuando el delicado momento que vivimos exige seriedad, inteligencia, profesionalismo y prudencia. De poco sirve la fuerza sin inteligencia, sin estrategia. Un Estado reducido a actuar solamente con la fuerza, es incapaz de avanzar coherentemente. Aplasta con la fuerza bruta que confiere la ley, sin reparar en los daños y contradicciones que conlleva su torpe aplicación. En otras palabras, un Estado idiota.

A la reprobable ineptitud de la autoridad, hay que destacar la oportuna intervención de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal (CDHDF). Su papel no ha sido menor al exponer las arbitrariedades e irregularidades del proceso. Más aún, los dos informes presentados esta semana -véase la página www.cdhdf.org.mx-, por Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión, revelan “un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos de las y los jóvenes que residen en la capital”.

El operativo, nos dice el Informe, tuvo como una de sus principales deficiencias, la nula planeación y la deficiente conducción del Programa de Mandos Únicos Policiales (Unipol). Es de destacar que en cuanto a la comunicación entre los elementos que participaban en el operativo, sólo los mandos contaban con radios portátiles; teniendo como agravante que, los sistemas de radiocomunicación de la PGJ y SSP no fueran compatibles.

Como resultado del operativo acompañado de armas largas, 12 personas murieron, y un sinnúmero de personas fueron lesionadas, otras entraron en crisis nerviosa, más de 100 personas fueron detenidas sin razón y trasladadas a la agencia del Ministerio Público, de manera injustificada. El operativo, demuestra con sólida evidencia el Informe, no estuvo planeado para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en el lugar, por el contrario fue un acto deliberado para intimidar y detener arbitrariamente a los jóvenes que se encontraban en la discoteca, aún conociendo que muchos eran menores de 18 años de edad.
No obstante, la CDHDF denunció una serie de trabas, e incluso ocultamiento de información y la negativa de acceso al lugar a los visitadores de la Comisión para recavar evidencia. Lo que fue un “simple” operativo administrativo mostró en realidad el círculo vicioso de nuestras instituciones, donde impera una combinación de corrupción -la Delegación Gustavo A. Madero permitió que el antro continuara operando-, fuerza e ineptitud.

Al final, los ciudadanos estamos estancados en un círculo que se abre con débil sistema de justicia, y se cierra con una endeble seguridad. Volvemos al viejo problema de la política: ¿Quién vigila al vigilante?