Más aburridos que los juegos del futbol de la liga mexicana, resultaron sin lugar a dudas, los famosos spots políticos que veremos repetirse ad nauseam o por millones, que es lo mismo. El inicio del proceso electoral para elegir “representantes” populares en la Cámara de Diputados, estrena la reforma electoral aprobada en el 2007 tras la crisis de la elección presidencial en el 2006. Una de las supuestas bondades que el nuevo código electoral promovía, era hacer campañas menos caras y dispendiosas, pero también quitar las transferencias millonarias de dinero público a las dos principales televisoras, que durante años habían gozado.
Ahora sabemos que en realidad las campañas no nos salen sustancialmente más baratas, sino que siguen costando varios miles de millones no obstante los efectos de la crisis mundial. ¿Dónde quedó el ahorro? ¿Dónde el beneficio para los ciudadanos? Y si bien, el dinero de los contribuyentes no pasó a carretadas hacia las televisoras, los spots tan preciados por la clase política, se multiplicaron entre 2006 y 2009 más de tres veces, hasta acumular la insensata suma de 24 millones con el derecho de los tiempos oficiales. Lo particular del asunto, a pocos días de iniciadas las precampañas, fue la actitud de las dos principales y omnipresentes televisoras ante las nuevas reglas electorales.
La oportunidad para probar las nuevas reglas, se materializaron ante la mirada de quienes observaban los juegos deportivos. Una leyenda interrumpió la trasmisión del Ajusco: “lamentamos esta interrupción, su programación favorita se reanudará en dos minutos. A continuación damos paso a mensajes políticos trasmitidos por orden del IFE, en cumplimiento de las disposiciones del COFIPE aprobadas por el Congreso y promovidas Gobierno Federal y los tres principales partidos políticos “. De esa manera, las televisoras buscaron molestar a los televidentes y pasarle la factura al instituto y de paso a los partidos. Al día siguiente, el conflicto entre IFE y las televisoras llevó al desacuerdo con la disposición de los tiempos oficiales dedicados a las campañas políticas.
Los consejeros del IFE plantearon iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a las empresas Televisa y TV Azteca por presuntas violaciones a la ley durante la transmisión de spots, porque técnicamente no siguieron los acuerdos dispuestos. De ser así, aunque no lo aseguro, la próxima semana podríamos ver una sanción clara y contundente contra las intocables televisoras, y entonces, tras el conflicto y las irregularidades, estaríamos conociendo la calidad y capacidad de autonomía y sanción del árbitro electoral, tan urgido de fuerza y legitimidad después de la complicada elección de hace tres años, donde el IFE perdió lo que había ganado en independencia. Hasta hace días, los consejeros del IFE analizaban un estudio técnico y jurídico en el cual encontraron argumentos para sancionar a las televisoras que manipularon y modificaron la pauta de los spots electorales transmitidos el sábado, domingo y lunes pasados.
El monitoreo del instituto ha mostrado que mientras la televisión abierta transmitió en bloques de hasta seis minutos los spots de los partidos políticos y el IFE, la televisión por cable sustituyó ese tiempo aire con anuncios de Televisión Azteca, de sus telenovelas o anuncios promocionales de leche. Los consejeros analizaron dos posibles violaciones manifiestas: la que señala que las televisoras de paga no pueden modificar la pauta que reciban de las televisoras con señal abierta, y la que establece que los concesionarios no pueden comercializar los tiempos que, por ley, deben destinar a los spots de los partidos políticos. De esta manera, la relevancia del conflicto, le abre al IFE y a sus consejeros, la posibilidad de enviar un mensaje poderoso a los diferentes actores que participan en las elecciones, pero sobre todo, un mensaje de confianza al ciudadano.
Se trata de una prueba decisiva, una prueba de fuego para nuestro árbitro electoral, que hasta hace no mucho, fue asaltado por una clase política afectada por sus decisiones. En una democracia funcional, esta historia abierta la semana pasada, estaría acompañada de sanciones inmediatas y ejemplares, y justamente esa es la vulnerabilidad de las instituciones que conforman el Estado, ahora tan puesto en duda por propios y extraños como “Estado fallido”. Sin embargo, y aunque todavía no comparto esa tesis del “Estado fallido”, sí pienso que las actuales condiciones hacen un Estado vulnerable a los imposición de los intereses particulares sobre los públicos. Sin mucha dificultad, un interés creado, un poder fáctico puede sobreponer su interés por encima del bien general y así lo demostraron las televisoras al tratar de imponer una ley de radio y televisión a su medida. El otro escenario posible, lo cual no es ninguna buena noticia, es un IFE nuevamente acorralado y vulnerado por los poderes fácticos.
7 de febrero 2009
El Siglo de Torreón
