Los candidatos ante las televisoras

A veces la historia parece repetirse. Nos encontramos en un punto parecido al año 2006, cuando las dos cámaras en el Congreso aprobaron la llamada “Ley Televisa”. De esa manera el Legislativo entregó con previa ventaja y bajo presión, la renovación del espacio radioeléctrico, incluyendo su versión digital, al temido duopolio de las televisoras: Azteca y Televisa. La ventaja quedó consumada en el Diario Oficial  de la Federación, pero un momento de lucidez en nuestra historia, llevó a la Suprema Corte de Justicia a derogar esa ley.

Por entonces las campañas a la presidencia de la república estaban en su apogeo. Dos de los tres candidatos principales, Felipe Calderón del PAN y Roberto Madrazo del PRI no se pronunciaron por temor a ser borrados de la pantalla. Apotegma de la  posmodernidad: Si no estás en la televisión no existes. Andrés Manuel López Obrador si expresó con claridad una posición crítica al respecto. Al final, una exitosa campaña en su contra, “un peligro para México”, descarriló las preferencias a su favor. Quizá por eso, ahora se presenta como el candidato de la “república amorosa”. Aunque hay que reconocer que sí ha vuelto a fijar una postura al respecto, ya no tan dura, pero sí crítica, donde se opone al monopolio.

Javier Corral, panista crítico que ha seguido el tema durante años escribió ayer en su editorial: “De manera vergonzosa se repite la historia, participan casi en su totalidad los mismos actores, aunque algunos en diferentes puestos, y parece que nada se aprendió de aquel hecho ominoso que reveló el poder de un par de empresarios que usan como cañón la pantalla de la TV para apuntalar y expandir sus negocios y desnudó la mediocridad de una mayoría legislativa rendida ante ellos”.

Ante el duopolio, los candidatos han sido tímidos. Ernesto Cordero expresa generalidades y se pronuncia a favor de la competencia. Por las mismas, Santiago Creel, dice competencia sin comprometer su opinión, todavía recuerda como lo borraron en 2008. Y Josefina Vázquez Mota mejor ni dijo nada. Enrique Peña Nieto sencillamente se inclina por la competencia, aunque no aclara si eso genera una mayor concentración para el duopolio televisivo.

Por lo pronto el fallo de la Comisión Federal de Competencia quedó en privado y no se conocerá en tanto no sean notificadas las partes en disputa: por un lado, las televisoras, por otro el consorcio de Carlos Slim. Hay algo en todo esto que nos orilla a  elegir entre el mal y el mal. Si se concede el deseo a las televisoras, habría mayor competencia en la telefonía móvil, en manos casi toda, de un solo empresario. Pero el costo de esta decisión sería justamente el engrandecimiento de duopolio televisivo. ¡Ni para dónde hacerse!

Una referencia a nuestra historia contemporánea. Eran otros tiempos, otras las formas. Por eso Emilio Azcárraga Milmo, en la cumbre de su poder al frente de Televisa, pudo declarase como “soldado del presidente” o “soldado del PRI”. Eso en los tiempos de la “presidencia imperial”. Ahora, tras los casis 12 años de alternancia, el hijo del Tigre, puede mandar como León. Ya no hace falta asumirse como soldado, porque en su temor de no aparecer, la clase política está condicionada al poder de la televisión. Y ahí sí, el papel del soldado ya no es la televisora, sino el Ejecutivo del país.  

25 de enero 2012

Milenio http://impreso.milenio.com/node/9100857

Duelo de gigantes

Fuente: Paco Calderón

Cuando un consumidor mexicano en el país va a cargar gasolina, lo hace necesariamente bajo el sello de una marca (Pemex). Igualmente, la mayoría de los mexicanos suelen consumir tortillas de un productor dominante (Gruma). Si de teléfono celular se trata, una sola empresa (Telcel), es capaz de fijar el precio en el mercado. Algo similar sucede con las líneas locales.  Y hasta con el cemento, la tendencia no es diferente. Está claro que en nuestro país, hay más condiciones favorables para que las empresas ganen, sin que necesariamente los consumidores obtengan mejores ventajas.

Ese poderoso control del oligopolio en el país, no sólo lo ejercen con los ciudadanos, sino también lo extienden al gobierno mexicano. Por estos días, cuando se estaba por meter en cintura esos productos “patito” llamados “milagro”, se da la intempestiva “renuncia” de Miguel Ángel Toscano, el titular de la Cofepris. La sospecha queda detrás de la industria que promueve los milagros.

Cuando los ciudadanos sabemos de estos casos, surge la pregunta ¿Quién manda, los promotores de los productos milagro o el titular encargado de regularlos? ¿Quién manda el poder ejecutivo o la presión de las televisoras?

Me temo, como en otras ocasiones, que el choque de gigantes empresariales en nuestro país, no será una oportunidad para beneficio de los consumidores. Grupo Carso, léase Carlos Slim, decidió retirar la publicidad que pagaba al duopolio televisivo, abriendo así un frente entre gigantes empresariales. Sin embargo, de esa pelea no saldrá una conexión de internet más rápida y accesible, tampoco veremos una reducción de las tarifas y mucho menos, una mejora en los contenidos televisivos.

¿Y el gobierno? ¿Dónde está la “mano visible” para equilibrar la balanza a favor de los ciudadanos?  Al preguntar esto no pretende que el gobierno intervenga en conflictos estrictamente particulares, pero sí cuando hay interés público. En vez de dejarse ver, el  gobierno prefiere no meterse o pasar de largo como si el problema no existiera.

En este sentido, uno de los cables diplomáticos revelados por WikiLeaks, describe la manera en que un grupo de grandes empresas mexicanas utilizan su poder para abusar de los ciudadanos y proteger sus oligopolios. El informe, redactado por el ex embajador norteamericano, Tony Garza, menciona que el presidente Calderón y su gabinete prefirieron no hacer reformas para favorecer la competencia y así evitar los conflictos con los principales empresarios.  ¿Dónde quedó el gobierno para defensa de los ciudadanos? ¿Dónde queda la competencia que tanto llena la boca los políticos?

Bajo el temor al oligopolio se vivió la campaña presidencial en el 2006. Dos años después, a Televisa no le gustó la postura del entonces presidente del Senado, y simplemente lo borró. Estamos en la antesala electoral del 2012 y esto en vez de cambiar, se consolida en contra de los ciudadanos.

Milenio
http://impreso.milenio.com/node/8917500

Prueba de fuego

Más aburridos que los juegos del futbol de la liga mexicana, resultaron sin lugar a dudas, los famosos spots políticos que veremos repetirse ad nauseam o por millones, que es lo mismo. El inicio del proceso electoral para elegir “representantes” populares en la Cámara de Diputados, estrena la reforma electoral aprobada en el 2007 tras la crisis de la elección presidencial en el 2006. Una de las supuestas bondades que el nuevo código electoral promovía, era hacer campañas menos caras y dispendiosas, pero también quitar las transferencias millonarias de dinero público a las dos principales televisoras, que durante años habían gozado.

Ahora sabemos que en realidad las campañas no nos salen sustancialmente más baratas, sino que siguen costando varios miles de millones no obstante los efectos de la crisis mundial. ¿Dónde quedó el ahorro? ¿Dónde el beneficio para los ciudadanos? Y si bien, el dinero de los contribuyentes no pasó a carretadas hacia las televisoras, los spots tan preciados por la clase política, se multiplicaron entre 2006 y 2009 más de tres veces, hasta acumular la insensata suma de 24 millones con el derecho de los tiempos oficiales. Lo particular del asunto, a pocos días de iniciadas las precampañas, fue la actitud de las dos principales y omnipresentes televisoras ante las nuevas reglas electorales.

La oportunidad para probar las nuevas reglas, se materializaron ante la mirada de quienes observaban los juegos deportivos. Una leyenda interrumpió la trasmisión del Ajusco: “lamentamos esta interrupción, su programación favorita se reanudará en dos minutos. A continuación damos paso a mensajes políticos trasmitidos por orden del IFE, en cumplimiento de las disposiciones del COFIPE aprobadas por el Congreso y promovidas Gobierno Federal y los tres principales partidos políticos “. De esa manera, las televisoras buscaron molestar a los televidentes y pasarle la factura al instituto y de paso a los partidos. Al día siguiente, el conflicto entre IFE y las televisoras llevó al desacuerdo con la disposición de los tiempos oficiales dedicados a las campañas políticas.

Los consejeros del IFE plantearon iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a las empresas Televisa y TV Azteca por presuntas violaciones a la ley durante la transmisión de spots, porque técnicamente no siguieron los acuerdos dispuestos. De ser así, aunque no lo aseguro, la próxima semana podríamos ver una sanción clara y contundente contra las intocables televisoras, y entonces, tras el conflicto y las irregularidades, estaríamos conociendo la calidad y capacidad de autonomía y sanción del árbitro electoral, tan urgido de fuerza y legitimidad después de la complicada elección de hace tres años, donde el IFE perdió lo que había ganado en independencia. Hasta hace días, los consejeros del IFE analizaban un estudio técnico y jurídico en el cual encontraron argumentos para sancionar a las televisoras que manipularon y modificaron la pauta de los spots electorales transmitidos el sábado, domingo y lunes pasados.

El monitoreo del instituto ha mostrado que mientras la televisión abierta transmitió en bloques de hasta seis minutos los spots de los partidos políticos y el IFE, la televisión por cable sustituyó ese tiempo aire con anuncios de Televisión Azteca, de sus telenovelas o anuncios promocionales de leche. Los consejeros analizaron dos posibles violaciones manifiestas: la que señala que las televisoras de paga no pueden modificar la pauta que reciban de las televisoras con señal abierta, y la que establece que los concesionarios no pueden comercializar los tiempos que, por ley, deben destinar a los spots de los partidos políticos. De esta manera, la relevancia del conflicto, le abre al IFE y a sus consejeros, la posibilidad de enviar un mensaje poderoso a los diferentes actores que participan en las elecciones, pero sobre todo, un mensaje de confianza al ciudadano.

Se trata de una prueba decisiva, una prueba de fuego para nuestro árbitro electoral, que hasta hace no mucho, fue asaltado por una clase política afectada por sus decisiones. En una democracia funcional, esta historia abierta la semana pasada, estaría acompañada de sanciones inmediatas y ejemplares, y justamente esa es la vulnerabilidad de las instituciones que conforman el Estado, ahora tan puesto en duda por propios y extraños como “Estado fallido”. Sin embargo, y aunque todavía no comparto esa tesis del “Estado fallido”, sí pienso que las actuales condiciones hacen un Estado vulnerable a los imposición de los intereses particulares sobre los públicos. Sin mucha dificultad, un interés creado, un poder fáctico puede sobreponer su interés por encima del bien general y así lo demostraron las televisoras al tratar de imponer una ley de radio y televisión a su medida. El otro escenario posible, lo cual no es ninguna buena noticia, es un IFE nuevamente acorralado y vulnerado por los poderes fácticos.
7 de febrero 2009
El Siglo de Torreón