Vaya forma de aproximarnos a la celebración del Bicentenario: en plena crisis, nuestro gobierno quiere más dinero. Eso sí, sin rendir cuentas claras ni resultados razonables. Después del Informe, el presidente Felipe Calderón, anunció un ambicioso decálogo para hacer, ahora sí, los cambios profundos que requiere el país. Sin embargo, la propuesta que conocimos esta semana sobre el presupuesto y el paquete fiscal para aumentar impuestos nos dice lo contrario. Lejos de atreverse a una auténtica y necesaria reforma fiscal, propone un paliativo en vez de ir a la raíz. El gobierno, ahora emplazado por las circunstancias de una baja en los ingresos petroleros, nos pide que hagamos un sacrificio que él mismo no está dispuesto a hacer.
Los ajustes anunciados, un recorte de Secretarías por 11 mil millones, no compensa el desequilibrio fiscal de un Estado irracional que gastó a ritmos descomunales. En los últimos siete años, los extraordinarios excedentes del petróleo, se desperdiciaron: 73% se fue a gasto corriente, 13% a inversión financiera y sólo 14% a inversión física. Como ha expresado recientemente Arturo González de Aragón, auditor de la federación, “Así no podemos aspirar a constituir proyectos productivos, a reconstituir las cadenas que requerimos para la creación de la inversión, del empleo y de todas las necesidades que tenemos del País, de manera que nos hemos equivocado terriblemente con todos estos ingresos adicionales que hemos tenido". Y esto mismo es lo que confirmó el estudio del Senado, “Comparativo de Plazas Asignadas en la Administración Pública Federal 2004-2009”, donde se demostró que la burocracia aumentó generosa e improductivamente.
A la inversa de lo que hizo Brasil con el petróleo y Chile con el cobre; generar riqueza y distribuir los ingresos a través de inversiones productivas, en México se dilapidaron los recursos. No nos extrañemos que mientras nosotros caímos hasta un 10% en el PIB, esos dos países latinoamericanos sólo restarán 1 punto porcentual.
Por lo pronto, la iniciativa enviada a la Cámara de diputados, justifica una nueva contribución para combatir la pobreza. Pero hagamos un poco de memoria con la última evaluación del Coneval, donde se concluyó que el número de pobres en México aumentó a más de 4 millones. La justificación del impuesto anunciado en la semana, invoca la Constitución para asumir un deber del Estado, pero ese mismo Estado incumple magníficamente con una de sus principales funciones: la seguridad.
¿Por qué tendríamos que confiar en el nuevo ajuste? ¿Ahora sí se administrarán los dineros públicos con eficiencia? ¿Qué garantía tenemos de que los nuevos impuestos serán empleados con racionalidad y sobre todo responsabilidad? La primera muestra del “compromiso” por los pobres se plasmó en la propuesta del presupuesto donde se incluyen incrementos millonarios para diversas entidades públicas como la Suprema Corte de Justicia, el IFE y el Senado. ¿No se trataba de ahorrar y ajustarse el cinturón?
Por otro lado, con qué autoridad exige el gobierno federal un sacrificio, si los diputados son los primeros en no pagar impuestos por medio del generoso presupuesto que les reintegra sus obligaciones tributarias.
México es unos de los países latinoamericanos que menos recauda vía impuestos, pero también es uno de los más inequitativos en función de gravar a unos cuantos y dejar a muchos en la informalidad. Está claro que de esa relación no se puede esperar mucho, pero también el gobierno carece de credibilidad para exigir mayor recaudación.
Hay mucho de contradictorio en todo esto. A penas la semana pasada el presidente hacía un llamado a la reforma y competencia en el campo de las telecomunicaciones. México se encuentra como uno de los países de la OCDE con servicios de internet más caros y lentos. A esto hay que sumar además del pernicioso monopolio telefónico, el poderoso duopolio televisivo. Para profundizar más esa brecha, ahora se propone establecer un impuesto de 4% a los servicios de telecomunicaciones e Internet.
Gerardo Esquivel, uno de los economistas mexicanos más importantes, escribió: “pretender enfrentar la crisis económica con una reducción en el gasto público y con un aumento en los impuestos, es ir en contra del sentido económico común e ir en contra de lo que se está haciendo en otras partes en el mundo, en donde lo que se está planteando son aumentos en el gasto público, reducciones en los impuestos y una ampliación en los déficits fiscales. El resultado de una medida como la que se ha propuesto sería, sin duda, profundizar la crisis económica en la que ya estamos, lo que equivale a tratar de apagar el fuego arrojándole gasolina”. A todo esto, ¿cuándo como sociedad les vamos exigir cuentas?
