Fue la semana de los millones. Más bien, de los 3.4 billones de pesos. La cifra contiene muchos ceros y es difícil imaginarla. Al mismo tiempo, el tema no es popular, ni tampoco fácil, sin embargo, la aprobación del presupuesto de egresos para 2011 realizada por los diputados, es un asunto crucial para los ciudadanos. De entrada, el presupuesto expresa el dinero público que el gobierno destina en dos sentidos: el sostenimiento y la operación del estado; y el dinero destinado a la inversión pública y social para los ciudadanos. Así que el interés no debe ser menor, porque el presupuesto suele ser revelador del rumbo, los compromisos, las prioridades y las atenciones del gasto público destinado a la sociedad.
De esta manera, una problemática en específico no requiere solamente de buenos discursos o de una identificación precisa, sino que la política vaya acompaña de un presupuesto para su operación. Por eso resulta tan relevante conocer cómo el gobierno se gasta el dinero de los ciudadanos.
Así, esta semana se ha repetido en boca de funcionarios y diputados una afirmación tan entusiasta como ordinaria: logramos un “presupuesto histórico”. Y en parte tienen razón porque se trata del mayor presupuesto aprobado por el gobierno mexicano, no obstante de la crisis mundial y de la caída estrepitosa de la economía.
Al respecto, conviene preguntar si los “recursos históricos” del gobierno han hecho de este país algo mejor para sus ciudadanos. Por ejemplo, el rubro donde más se destinó dinero fue a la educación pública: 230 mil millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Si comparamos lo que destina México en la educación con respecto a lo que gastan los principales países de la OCDE, nos damos cuenta que el gobierno mexicano no solamente gasta mucho, sino gasta más que varios países ricos en el mundo con notables desempeños. ¿Entonces, por qué si gastamos mucho los resultados son tan pobres? La clave no está tanto en el dinero que se destina a un determinado ámbito o problema, sino en la calidad y eficiencia con la que se aplica ese dinero público. Varios son los factores que ensombrecen la efectividad del gasto en educación: un elevado gasto corriente destinado a nómina, baja inversión en infraestructura y por tanto, un desempeño reprobatorio e insuficiente de los alumnos. Otro pernicioso ingrediente más ha señalado la OCDE: el sindicato.
De los “recursos históricos” pasamos a la cartera abultada para pretender arreglar los problemas. La fórmula mágica es la siguiente: aumentar el presupuesto mejora el desempeño gubernamental. Por lo general esta tesis gusta bastante a políticos y funcionarios que ejercen recursos públicos porque supone que ante el aumento de recursos, el desempeño del gobierno para atender problemáticas o proporcionar servicios mejorará. No obstante, en los últimos años, la evidencia empírica de evaluaciones nacionales e internacionales muestra lo contrario.
Por ejemplo, las diferentes instituciones de seguridad y orden, como la Secretaría de Seguridad Pública o el Ejército, han ejercido mayores presupuestos, sin embargo, el deterioro exponencial de la seguridad en las calles, ha aumentado significativamente. Dicho de otro modo, la fórmula parece revertirse: ¡más dinero, menos seguridad!.
Recientemente conocimos las declaraciones contradictorias de dos instancias gubernamentales. Mientras el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra supone que la pobreza alimentaria acabará en el 2015, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resaltó en su más reciente estudio sobre la niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global, que la cifra de niños en pobreza alimentaria se duplicó en los últimos dos años, lo que equivale a 3.4 millones de niños en riesgo.
Durante el verano pasado, la Cepal (2010) publicó el informe, “El Progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Ahí se señala que Brasil, Chile y Perú superaron a México en el cumplimiento de la meta del milenio para reducir a la mitad el porcentaje de la población que vive en situación de pobreza extrema. Entonces ¿qué sucede con tantos recursos destinados al desarrollo social? Es, para decirlo con Santiago Levy, un programa de buenas intenciones con malos resultados.
Pero esta situación ineficiente en manejos de los recursos públicos, no es particular del gobierno federal, sino que la tendencia se extiende a estados, municipios y organismos autónomos como recientemente lo han demostrado descarnadamente los estudios publicados por el CIDE: una Suprema Corte que resuelve la mitad de los casos que en otros países, pero nos cuesta más que la Corte en Estados Unidos. Un IFE que gasta a manos llenas en burocracia o una Comisión Nacional de Derechos Humanos obscenamente alimentada.
Con estos antecedentes, el histórico presupuesto para 2011 se parece cada vez más a un barril sin fondo, porque no importa tanto la cantidad de dinero que destina el gobierno a sus ciudadanos, sino la eficiencia de su aplicación. Y esto, nunca será poca cosa.
20 de noviembre 2010
el siglo de torreón
