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lunes, 12 de enero de 2015

Mucho gobierno, poco Estado



A nadie le gusta pagar impuestos. Sobre todo cuando se tiene gobiernos como en México, donde siempre queda una sensación de profunda desconfianza, donde con facilidad el gobierno se vuelve sinónimo de corrupción. No sé a ustedes, pero cada vez que pagamos impuestos, me pregunto a dónde va ese dinero. Podemos pensar que a grandes obras públicas, o necesarias inversiones en la educación o salud. El punto viene a colación porque la semana pasada se aprobó el presupuesto billonario del gobierno federal para ejercerse en 2015. El Presupuesto de Egresos será de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos. A simple vista la cifra parece ilegible. Tantos números, tantos miles de millones. Según la Secretaría de Hacienda, encargada de extraer rentas a los mexicanos, "se trata de un presupuesto austero, eficiente y responsable, que refleja el compromiso y trabajo conjunto de las y los diputados federales… para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país". Pero dejemos la solemnidad gubernamental, porque si algo demuestran los hechos, es un gobierno incapaz de brindar un auténtico estado derecho, ya no digamos la seguridad, que es la esencia misma del Estado.
Regresemos al presupuesto billonario. ¿Por qué si es tanto dinero, no alcanza? ¿Por qué si cada año se ejerce un mayor presupuesto, hay grandes rezagos en infraestructura? Lo que en principio parece mucho dinero, termina diluyéndose en un gobierno obeso que se va en burocracia y más burocracia. Súmele mala administración, y un excesivo gasto corriente. Para seguir con la analogía de la obesidad, tenemos un gobierno nacional con abundante colesterol y problemas de salud. De entrada el 77 por ciento del presupuesto, se destina al gasto corriente. Es decir, para pagar la operación del gobierno y sus empleados. Sólo el 23 por ciento será gasto de inversión. Esto significa que la gran mayoría del dinero no regresará a los ciudadanos en servicios, obras o atenciones del inmenso aparato gubernamental. Nada más una pequeña parte llegará a los ciudadanos. Por cada peso que capta el gobierno federal, más de 70 centavos nada más para que el gobierno exista, sin importar los criterios de eficiencia o beneficios que generen valor público.
Pero cambiemos de analogía, cuando un gobierno destina la mayoría de sus recursos al gasto corriente, significa tanto como gastar en la borrachera la mayoría del salario, para sólo regresar a casa con un raquítico 20 por ciento. En esa relación de ingresos y egresos del gobierno federal, no hay dinero que alcance para invertir a fondo en áreas estratégicas como la educación o la salud. Mucho menos en seguridad. En pocas palabras tenemos una riqueza nacional mal administrada y mal distribuida: mucho gasto y poca inversión. ¿Para qué sirve un gobierno así?
Recientemente visité la biblioteca de una universidad pública en el norte del país. Lo que más me impactó de esa biblioteca fue la falta de inversión y mantenimiento. Lejos de llevar lo mejor a los estudiantes, la inversión queda relegada o sencillamente no llega. Entonces ¿adónde va todo el dinero? A pagar campañas publicitarias. A pagar obras millonarias que benefician a una minoría. A pagar las deudas irresponsables de los gobernadores. A pagar instituciones disfuncionales o en el peor de los casos, a pagar policías corruptas que se vuelven contra la población. Ya no digamos los líderes sindicales y las dinastías en el poder. O las mansiones de los políticos en turno... Cuando conocemos cómo se distribuye el dinero público, entendemos por qué tenemos mucho gobierno y poco Estado. ¡Así ni cómo!
19 de nov 2014
El Siglo

domingo, 18 de septiembre de 2011

¿Presupuesto para qué?



Mes de septiembre, mes de la patria. Pero también el mes para discutir cómo se va a gastar el dinero de los contribuyentes el próximo año. No es poca cosa, aunque los detractores de la política prefieran no darse por enterados. Es difícil imaginar la cifra, ¡3.6 billones de pesos!, pero más difícil es tratar de dar seguimiento al ejercicio de los recursos.

El primer mito que aparece detrás de las cifras, supone que asignando más recursos se van a obtener mejores resultados. Ni una ni otra. Gastar más no es sinónimo de eficiencia, y los resultados no dependen exclusivamente de la cantidad de dinero, sino de la calidad con que se aplica. Ahí están los aumentos a las secretarías; ahí están los gobernadores frotándose las manos con su petición de 120 mil millones más para el 2012; ahí están los legisladores sumando más a su salario.


La historia ya es cotidiana y no es monopolio de partidos y ámbitos de gobierno: derroche, sobrecostos, ineficiencia, desvío de recursos, gastos sin comprobar, ausencia de resultados… No obstante, cada año se pide más. La evidencia aportada por Auditoría Superior de la Federación muestra en el mejor de los casos, un claro patrón de ineficiencias. La peor parte es la corrupción, no sólo por el costo de oportunidad que eso implica para el gobierno, sino por el costo social que se traslada a los ciudadanos. 



¿Tiene sentido pagar por una seguridad que no se recibe? ¿Por qué cargar con compras exorbitantes y burdos sobreprecios? ¿Para qué seguir pagando elecciones tan caras, si los montos no se justifican?

El más reciente estudio de la OCDE en colaboración con el IMCO, Competencia en las obras públicas (2011), señala que la mayoría de los estados en el país tienen procesos desiguales e ineficientes para asignar las compras que requiere el gobierno. No sólo se trata de gastar, sino de hacerlo bien. Cuando un gobierno realiza intencionalmente una compra con sobrecosto para beneficiar a un tercero, no sólo está incurriendo en un acto de corrupción, sino además le está restando utilidad a los bienes públicos que reciben los ciudadanos.
No es sencillo, pero una buena exigencia de los ciudadanos por estos días, es buscar que nuestros gobiernos gasten, y sobre todo, lo haga bien.

16 de septiembre 2011
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9027074

lunes, 22 de noviembre de 2010

El barril sin fondo


Fue la semana de los millones. Más bien, de los 3.4 billones de pesos. La cifra contiene muchos ceros y es difícil imaginarla. Al mismo tiempo, el tema no es popular, ni tampoco fácil, sin embargo, la aprobación del presupuesto de egresos para 2011 realizada por los diputados, es un asunto crucial para los ciudadanos. De entrada, el presupuesto expresa el dinero público que el gobierno destina en dos sentidos: el sostenimiento y la operación del estado; y el dinero destinado a la inversión pública y social para los ciudadanos.  Así que el interés no debe ser menor, porque el presupuesto suele ser revelador del rumbo, los compromisos, las prioridades y las atenciones del gasto público destinado a la sociedad.

De esta manera, una problemática en específico no requiere solamente de buenos discursos o de una identificación precisa, sino que la política vaya acompaña de un presupuesto para su operación. Por eso resulta tan relevante conocer cómo el gobierno se gasta el dinero de los ciudadanos.
Así, esta semana se ha repetido en boca de funcionarios y diputados una afirmación tan entusiasta como ordinaria: logramos un “presupuesto histórico”. Y en parte tienen razón porque se trata del mayor presupuesto aprobado por el gobierno mexicano, no obstante de la crisis mundial y de la caída estrepitosa de la economía.

Al respecto, conviene preguntar si los “recursos históricos” del gobierno han hecho de este país algo mejor para sus ciudadanos. Por ejemplo, el rubro donde más se destinó dinero fue a la educación pública: 230 mil millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Si comparamos lo que destina México en la educación con respecto a lo que gastan los principales países de la OCDE, nos damos cuenta que el gobierno mexicano no solamente gasta mucho, sino gasta más que varios países ricos en el mundo con notables desempeños. ¿Entonces, por qué si gastamos mucho los resultados son tan pobres? La clave no está tanto en el dinero que se destina a un determinado ámbito o problema, sino en la calidad y eficiencia con la que se aplica ese dinero público. Varios son los factores que ensombrecen la efectividad del gasto en educación: un elevado gasto corriente destinado a nómina, baja inversión en infraestructura y por tanto, un desempeño reprobatorio e insuficiente de los alumnos. Otro pernicioso ingrediente más ha señalado la OCDE: el sindicato.

De los “recursos históricos” pasamos a la cartera abultada para pretender arreglar los problemas. La fórmula mágica es la siguiente: aumentar el presupuesto mejora el desempeño gubernamental. Por lo general esta tesis gusta bastante a políticos y funcionarios que ejercen recursos públicos porque supone que ante el aumento de recursos, el desempeño del gobierno para atender problemáticas o proporcionar servicios mejorará. No obstante, en los últimos años, la evidencia empírica de evaluaciones nacionales e internacionales muestra lo contrario.  
Por ejemplo, las diferentes instituciones de seguridad y orden, como la Secretaría de Seguridad Pública o el Ejército, han ejercido mayores presupuestos, sin embargo, el deterioro exponencial de la seguridad en las calles, ha aumentado significativamente. Dicho de otro modo, la fórmula parece revertirse: ¡más dinero, menos seguridad!.     

Recientemente conocimos las declaraciones contradictorias de dos instancias gubernamentales. Mientras el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra supone que la pobreza alimentaria acabará en el 2015, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resaltó en su más reciente estudio sobre la niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global, que la cifra de niños en pobreza alimentaria se duplicó en los últimos dos años, lo que equivale a 3.4 millones de niños en riesgo.
Durante el verano pasado, la Cepal (2010) publicó el informe, “El Progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Ahí se señala que Brasil, Chile y Perú superaron a México en el cumplimiento de la meta del milenio para reducir a la mitad el porcentaje de la población que vive en situación de pobreza extrema. Entonces ¿qué sucede con tantos recursos destinados al desarrollo social? Es, para decirlo con Santiago Levy, un programa de buenas intenciones con malos resultados.

Pero esta situación ineficiente en manejos de los recursos públicos, no es particular del gobierno federal, sino que la tendencia se extiende a estados, municipios y organismos autónomos como recientemente lo han demostrado descarnadamente los estudios publicados por el CIDE: una Suprema Corte que resuelve la mitad de los casos que en otros países, pero nos cuesta más que la Corte en Estados Unidos. Un IFE  que gasta a manos llenas en burocracia o una Comisión Nacional de Derechos Humanos obscenamente alimentada.
Con estos antecedentes, el histórico presupuesto para 2011 se parece cada vez más a un barril sin fondo, porque no importa tanto la cantidad de dinero que destina el gobierno a sus ciudadanos, sino la eficiencia de su aplicación. Y esto, nunca será poca cosa.

20 de noviembre 2010
el siglo de torreón