Torreón visto por la Auditoría

Siempre resulta más fácil y cómodo gastar el dinero de los otros, al menos, esa parece ser la clara señal que envían los gobiernos: viajes con cargo al erario, concesiones repartidas como bienes privados, desvío de recursos, privilegios al amparo del poder, irracionalidad económica en el gasto, opacidad y para acabar pronto, una ausencia casi general de rendición de cuentas. Y así lo corroboran las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo del contador Arturo González de Aragón. La semana pasada se publicó el extenso informe, basado en 962 auditorías que reflejan el manejo de la Cuenta Pública por el Estado Mexicano durante el año 2007. Tan sólo ese año, los malos manejos del dinero público ascendieron a la pequeña suma de 60 mil 723 millones de pesos. El informe de la Auditoría consta de diez tomos, y en especial el tomo X, volumen 8, está dedicado al Estado de Coahuila, donde se revisa a los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, San Pedro y algunas áreas del Gobierno Estatal.

¿Pero cómo le fue a Torreón? ¿Qué detalla la ASF sobre el ayuntamiento? Y sobre todo ¿Cómo está manejando los dineros públicos?

La ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, auditó los recursos provenientes del Ramo 33, el cual se refiere a los dineros que la Federación destina a Estados y Municipios. Revisó dos fondos presupuestales: 1) Los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y 2) Los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN). Las áreas auditadas del Ayuntamiento fueron: Obras Públicas, Servicios Administrativos, Desarrollo Humano y la Tesorería Municipal. En este sentido, el propósito de la Auditoría fue evaluar la calidad de gestión y control de los recursos federales aplicados en el municipio. En otras palabras, investigó sobre la eficacia y eficiencia de los recursos públicos administrados por el gobierno de Torreón. A grosso modo, dada la complejidad y extensión del informe, resumo las principales faltas e irregularidades que encontró la ASF en la operación de los recursos federales: a) Obras que presentaron atrasos sin justificar y sin aplicar sanciones correspondientes a las empresas que las operaban, incluso, no se aplicaron las multas respectivas por incumplimiento de contrato; b) Obras que terminaron costando más de lo presupuestado previamente, sin presentar razones fundadas y explícitas; c) Recursos que fueron utilizados con fines distintos para el cual ya estaban etiquetados; d) No se pagó los impuestos al SAT por la erogación de 12 millones de pesos aplicados al personal de Seguridad Pública. En tal caso, la ASF recomendó al SAT auditar al Ayuntamiento con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; e) Se adjudicó la compra directa de combustible por 22 millones de pesos, contraviniendo las leyes de Adquisiciones y Contratación de Servicios; y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En resumidas cuentas, la Auditoría concluyó que el municipio de Torreón debe fortalecer y mejorar sus mecanismos de control, operación y manejo de los recursos públicos, con la finalidad de obtener mayor eficacia, calidad y transparencia en las obras. De 86 millones ejercidos durante el 2007, el 46.0% de los recursos se aplicaron en fines no previstos por la normativa del fondo, mientras que el 44.5% se aplicó en obras y acciones que no están en los rubros que marca la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Por qué no se respetó la legalidad, y más aún, dónde está la labor de la Contraloría municipal para supervisar el uso de los dineros públicos? Al respecto, la valoración de la ASF es contundente: la Contraloría no tiene “el carácter preventivo deseable” que permita la optimización y buen manejo de los recursos públicos. La situación resulta tan precaria administrativamente, que la Auditoría insiste una y otra vez en la carencia de manuales de operación, pero también de una verdadera coordinación entre los órganos del gobierno municipal.

Para la ASF el ayuntamiento de Torreón está en color amarillo, igual que Saltillo. Esto quiere decir, que el indicador que evaluó el desempeño municipal, registró un punto medio, en el entendido de que verde, según el semáforo de la Auditoría, es alto, y rojo, como el municipio de Monclova, bajo.

Esta semana, escribía al respecto el prestigiado politólogo Mauricio Merino; “Nos falta mucha fontanería, para limpiar y destapar nuestras tuberías dañadas y obstruidas”.

En el fondo, no se trata sólo de ganar elecciones y estar en el poder, ni tampoco de ejercerlo en la marcha y “hacer” cosas, sino de hacerlas bien, y con racionalidad. Me refiero a generar, y aquí incluyo a los ciudadanos, un gobierno de calidad que basa su legitimidad en la rendición de cuentas.

¿A dónde va el petróleo?

Pago por obras no ejecutadas; trabajos cuya ejecución fue deficiente; registros contables mal elaborados; inconsistencias en la información presupuestal, contable y fiscal; adjudicación de contratos con dictámenes sin fundamento ni motivación. La historia suena conocida y en varios sentidos se parece a nuestro recién desaparecido DVR, sin embargo, no estoy describiendo la triste y célebre obra de la corrupción, sino el estado actual que guardan los recursos “públicos” generados por el petróleo mexicano.

La pregunta adecuada no es, ¿dónde está el petróleo?, más bien ¿a dónde va?, y sobre todo, dónde y cómo se aplican los recursos producidos. Y esas son justamente las preguntas que hay detrás del informe, que el pasado 29 de julio dio el contador Arturo González de Aragón, como representante de la Auditoría Superior de la Federación.
Expuesto en el marco del Foro Nacional sobre la reforma energética, particularmente en la mesa relativa a los excedentes de petroleros en los estados, el auditor señaló cifras y resultados alarmantes. No obstante, su alarma no proviene de la crisis energética, la escasez, los altos precios y toda esta tendencia de que el tesoro se agota. Se refirió a un ámbito no menos importante: la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos provenientes del “sacrosanto” petróleo.

Actualmente el Estado Mexicano y su enorme burocracia dependen notablemente de lo recursos que genera el “oro negro”. Entre el periodo 2000 a 2007 el petróleo contribuyó a generar el 35% de los ingresos públicos y los fabulosos presupuestos que conllevan, pero también representa casi el 40% de los recursos del gasto federal. Para bien y para mal el Gobierno Federal y los Estados dependen de manera importante del recurso generado por PEMEX. Como nunca, en los últimos años el gobierno mexicano ha tenido ingresos multimillonarios y jugosos excedentes para los estados y municipios, estos dos últimos con una bolsa de 367 mil millones para el periodo 2000 a 2006.

Pero al mismo tiempo podemos decir que como nunca, las entidades federativas, incluyendo Coahuila, habían ejercido tantos recursos públicos con tanta discrecionalidad y opacidad. Y ya sabemos que un deficiente sistema de alumbrado incentiva la corrupción y la malversación del erario. A todo esto, alarman las bien fundamentadas y autorizadas palabras de González de Aragón: no podemos seguir perdiendo todos los días y a cada instante el patrimonio público que pertenece a todos los mexicanos.

Otra vez la pregunta, ¿a dónde va el dinero del petróleo? ¿Por qué tantos golpes de pecho con la soberanía y la privatización si lo recursos son frecuentemente malversados? Después de siete años a partir del 2000, la conclusión acerca de los beneficios del petróleo es lapidaria. El importante monto de recursos excedentes transferidos a las entidades federativas, contrasta con el bajo incremento que las mismas han observado en su infraestructura física patrimonial, con la finalidad de impulsar mayores oportunidades de desarrollo para la sociedad. ¿Y dónde quedó el multicitado desarrollo que los políticos nos venden en nombre de PEMEX?

Hay un aspecto fundamental en todo esto del petróleo y a lo cual no valen las propuestas del ejecutivo federal y el PAN, ni tampoco las del PRI (el PRD aún sigue pensando). Me refiero a que una buena de los recursos que tiene el gobierno -desde el federal hasta el municipal- terminan destinándose al gasto corriente. Ni inversión, ni desarrollo, ni largo plazo. Recuerdo con envidia el caso de Irlanda. Un país pobre en la década de los ochentas del siglo pasado, es decir, la década en la nuestro país también hizo reformas económicas similares. Los irlandeses hicieron una reforma económica que generó los suficientes recursos para promover el desarrollo, pero no el gasto corriente de la burocracia gubernamental. Ese fue el compromiso que los políticos irlandeses respetaron como parte del futuro que estaban construyendo. Hoy por hoy, el presente de Irlanda supera con mucho el desarrollo de las mejores economías europeas.

¿Y en México, cuándo nos alcanzará el desarrollo? Así como están las cosas, no obstante la reforma fiscal aprobada el año pasado, donde refuerza el control de los recursos petroleros transferidos a los estados, la tendencia no parece cambiar y el panorama no es alentador. Cualquier monto de recursos -advierte el auditor-, que se transfiera a las entidades federativas proveniente de los excedentes del petróleo, resultará ineficaz si no se garantiza su aplicación hacia programas de desarrollo estatal, y si no se transparenta mediante una apropiada rendición de cuentas y evaluación de su destino.

Si bien, la debilidad de la Auditoría Superior de la Federación radica en carecer de dientes para fincar sanciones y responsabilidades, no deja de advertir que debemos cerrar los espacios al uso inadecuado de los recursos excedentes que se generan, a la opacidad con la que se manejan y a la discrecionalidad con la que se aplican. Los muros de la opacidad y de los intereses patrimoniales distorsionan la correcta aplicación de los fondos públicos. En esto, más allá de las ideologías, se nos va el petróleo.
2 de agosto 2008

El Siglo de Torreón