Muchas son las causas de muerte en nuestro país, pero en el ocaso del sexenio calderonista resalta el homicidio doloso como la multiplicación de los males. Sobra decir que entre bandas criminales o abatidos por la autoridades. Lo cierto es la huella de muerte por doquier. Pero ¿cuál es la cifra de homicidios dolosos en el país? ¿Qué sucede con los registros? ¿Qué tan confiables son?
En el último año del gobierno de Felipe Calderón, ya se habla de 60 mil muertes. ¿Pero cuántos muertos son? Ante la constante de muertes violentas, dos periódicos, Milenio y Reforma, emprendieron hace años el registro de homicidios en el país: el violentómetro, el ejecutómetro. Sin embargo, el registro se quedó corto, además de mostrar evidentes diferencias. Luego las autoridades federales presentaron una cifra mayor a la reportada por los diarios. De esa manera, el periodismo mostró sus límites ante el registro de la barbarie.
Los miles de homicidios llevaron al gobierno a presentar las cifras en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Luego, en un ejercicio inédito de transparencia, se presentó la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”. De una manera sencilla se presentaron datos desagregados por estados y municipios entre 2006 y 2012. Sin embargo, el registro evidenció diferencias con lo declarado por el CISEN y posteriormente con los registros del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Con cuál fuente quedarnos?
Veamos un ejemplo. En Coahuila entre 2007 y 2010 la Base de datos reportó en Coahuila 18, 78, 179 y 384 homicidios dolosos. Para los mismos años, la fuente del Sistema Nacional registró 121, 179, 240, 407 homicidios dolosos.Como verán, ningún año de la primera fuente coincidió con la segunda. ¿Dónde quedaron los muertos?
En días recientes, Jaime López Aranda, titular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció como fallida la Base de datos: “En mi opinión personal, no como funcionario, esta base fue un muy buen experimento de transparencia, pero fue un experimento fallido. O sea, creo que el Estado mexicano no debe hacer la clasificación de muertos por delincuencia organizada porque desvirtúa profundamente el proceso penal”.
Si ya desechemos la primera fuente oficial, sólo nos queda la del Sistema Nacional, que es más o menos consistente, aún y con la rasuradas que puedan darle las procuradurías estatales. Con todo eso, la cifra de homicidios dolosos ya supera los ¡105 mil! hasta junio de 2012.
Si lo vemos desde la medición de tasas por cada 100 mil habitantes, México está claramente debajo de países como Colombia, Honduras, Venezuela. Pero si observamos lo que pasa en las ciudades y regiones, el problema cobra otra dimensión. Tenemos ciudades entre las más violentas del mundo. Torreón es una de ellas.
Quizá ya nos acostumbramos a la matazón, quizá llegamos a pensar que “es normal”. Curiosamente Juárez registró en junio pasado 49 homicidios, el mes menos violento desde 2008. Torreón fue el extremo con 112. Acaso la mayor cifra de homicidios en el país durante ese mes. No escribo esto sin sentirme profundamente abrumado, sin pensar ¿dónde quedó el Estado?
17 de agosto 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9156210
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domingo, 19 de agosto de 2012
lunes, 17 de enero de 2011
Detrás de las cifras
Más allá de las discusiones inútiles que ha provocado el político coahuilense entre los secretarios de estado, en la semana se publicaron las cifras detrás del crimen, la “guerra” o la “lucha por la seguridad pública”. Los números son a simple vista, un cúmulo del horror, pero a estas alturas, lo que no podemos permitir es la negación de la realidad y mucho menos discursos “voluntariosos” como los que suele pronunciar el presidente Calderón.
De ahí que la publicación del registro a homicidios, abona por un lado a la transparencia, lo cual hay que reconocer del gobierno federal. Pero también la presentación de la llamada Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada, es una herramienta pública que permite conocer y explicar fenómenos asociados a la inseguridad y el crimen organizado en el territorio nacional. Más aun, es una herramienta que debe incorporarse a la toma decisiones, a la hechura de las políticas.
Después de varios años de violencia localizada en algunas ciudades y estados del país, la base datos divulgada por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, integró una estadística nacional desagregada, bajo una metodología que permitió depurar casos, y sobre todo, consolidar el registro de los homicidios que ya se cuentan por miles en el país.
Es cierto, como afirma el vocero y Secretario del Consejo, Alejandro Poiré, estamos ante un fenómeno focalizado en zonas específicas del país. Por ejemplo, en 2010 el 50 por ciento de los homicidios se concentraron en tres entidades federativas: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Visto a nivel municipal, el mapa muestra que 7 de cada 10 homicidios asociados a la delincuencia organizada, sucedieron en 90 municipios del país en 2007. A pesar del optimismo oficial, esta cifra en la actualidad no decreció sensiblemente.
Según los datos oficiales, en lo que va del sexenio calderonista, se han acumulado 33 mil 797 muertos. 2010 alcanzó un “pico” de 15 mil 273 homicidios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Según Poiré, el año pasado se registraron 3 mil 334 en el primer trimestre; 4 mil107 en el segundo; 4 mil 142 en el tercero y 3 mil 690 en el cuarto. “Después de 5 trimestres de crecimiento en este indicador, llevamos dos trimestres en los que se ha dejado de crecer y en el trimestre pasado cayó en un 10%.
Pero al revisar las cifras con calma e interpretar las gráficas, es difícil compartir el optimismo. No parece que este comportamiento a la “baja” sea concluyente o forme ya, una tendencia. Incluso, habrá que retomar el consejo de Eduardo Sojo, el presidente del INEGI, cuando recientemente advirtió sobre la encuesta de seguridad pública, que ante las cifras, “es recomendable aplicar la técnica de prueba de hipótesis para determinar si las diferencias aritméticas que se observan son estadísticamente significativas o no”.
Paradójicamente, el análisis recién publicado por un académico serio en el tema, Fernando Escalante Gonzalbo, ha demostrado una preocupante correlación entre los operativos del gobierno y el aumento de los homicidios: “Me cuesta trabajo creer que el despliegue del ejército no tenga ningún efecto sobre la tasa de homicidios, que se mueve de modo independiente”.
El caso más dramático es el de Ciudad Juárez, donde ni la policía federal, ni el ejército han logrado reducir los homicidios.
De esa manera, la base de datos muestra el ranking de las diez ciudades más violentas del país. Después Juárez, con 6 mil 437 asesinatos acumulados, le siguen Culiacán (1 890), Tijuana (1 667), Chihuahua (1 415), Acapulco (661), Gómez Palacio (553), Torreón (524), Mazatlán (518), Nogales (442) y Durango (390).
Al conocer el detalle de las cifras en el corazón de la Región Lagunera, −Torreón, Gómez Palacio y Lerdo−, los últimos cuatro años suman al menos 1 266 homicidios. Lo cual nos coloca, en la quinta región más violenta. Menos mal que las autoridades alientan a no alarmarse y disfrutar de una “tarde soleada”. Vuelvo a los datos: hay una correspondencia casi perfecta entre la tendencia ascendente de Torreón y Gómez Palacio. En menor escala, le sigue la ciudad de Lerdo.
Pero las inteligentes declaraciones de las autoridades en Durango, no se hace menos ante las expresadas en Coahuila. Y quizá por las diferencias entre lo sucedido en La Laguna y el resto de estado de Coahuila, las autoridades minimizaron el problema. Si sumamos los incidentes de Saltillo, Monclova y Piedras Negras, en los últimos cuatro años se registraron 38 homicidios relacionados con el crimen organizado. Lo que equivale tan solo, a los que tuvo Lerdo en 2008. De esa manera, Torreón parece, en dimensión relativa, la “ciudad Juárez” de Coahuila.
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