Más allá de las discusiones inútiles que ha provocado el político coahuilense entre los secretarios de estado, en la semana se publicaron las cifras detrás del crimen, la “guerra” o la “lucha por la seguridad pública”. Los números son a simple vista, un cúmulo del horror, pero a estas alturas, lo que no podemos permitir es la negación de la realidad y mucho menos discursos “voluntariosos” como los que suele pronunciar el presidente Calderón.
De ahí que la publicación del registro a homicidios, abona por un lado a la transparencia, lo cual hay que reconocer del gobierno federal. Pero también la presentación de la llamada Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada, es una herramienta pública que permite conocer y explicar fenómenos asociados a la inseguridad y el crimen organizado en el territorio nacional. Más aun, es una herramienta que debe incorporarse a la toma decisiones, a la hechura de las políticas.
Después de varios años de violencia localizada en algunas ciudades y estados del país, la base datos divulgada por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, integró una estadística nacional desagregada, bajo una metodología que permitió depurar casos, y sobre todo, consolidar el registro de los homicidios que ya se cuentan por miles en el país.
Es cierto, como afirma el vocero y Secretario del Consejo, Alejandro Poiré, estamos ante un fenómeno focalizado en zonas específicas del país. Por ejemplo, en 2010 el 50 por ciento de los homicidios se concentraron en tres entidades federativas: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Visto a nivel municipal, el mapa muestra que 7 de cada 10 homicidios asociados a la delincuencia organizada, sucedieron en 90 municipios del país en 2007. A pesar del optimismo oficial, esta cifra en la actualidad no decreció sensiblemente.
Según los datos oficiales, en lo que va del sexenio calderonista, se han acumulado 33 mil 797 muertos. 2010 alcanzó un “pico” de 15 mil 273 homicidios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Según Poiré, el año pasado se registraron 3 mil 334 en el primer trimestre; 4 mil107 en el segundo; 4 mil 142 en el tercero y 3 mil 690 en el cuarto. “Después de 5 trimestres de crecimiento en este indicador, llevamos dos trimestres en los que se ha dejado de crecer y en el trimestre pasado cayó en un 10%.
Pero al revisar las cifras con calma e interpretar las gráficas, es difícil compartir el optimismo. No parece que este comportamiento a la “baja” sea concluyente o forme ya, una tendencia. Incluso, habrá que retomar el consejo de Eduardo Sojo, el presidente del INEGI, cuando recientemente advirtió sobre la encuesta de seguridad pública, que ante las cifras, “es recomendable aplicar la técnica de prueba de hipótesis para determinar si las diferencias aritméticas que se observan son estadísticamente significativas o no”.
Paradójicamente, el análisis recién publicado por un académico serio en el tema, Fernando Escalante Gonzalbo, ha demostrado una preocupante correlación entre los operativos del gobierno y el aumento de los homicidios: “Me cuesta trabajo creer que el despliegue del ejército no tenga ningún efecto sobre la tasa de homicidios, que se mueve de modo independiente”.
El caso más dramático es el de Ciudad Juárez, donde ni la policía federal, ni el ejército han logrado reducir los homicidios.
De esa manera, la base de datos muestra el ranking de las diez ciudades más violentas del país. Después Juárez, con 6 mil 437 asesinatos acumulados, le siguen Culiacán (1 890), Tijuana (1 667), Chihuahua (1 415), Acapulco (661), Gómez Palacio (553), Torreón (524), Mazatlán (518), Nogales (442) y Durango (390).
Al conocer el detalle de las cifras en el corazón de la Región Lagunera, −Torreón, Gómez Palacio y Lerdo−, los últimos cuatro años suman al menos 1 266 homicidios. Lo cual nos coloca, en la quinta región más violenta. Menos mal que las autoridades alientan a no alarmarse y disfrutar de una “tarde soleada”. Vuelvo a los datos: hay una correspondencia casi perfecta entre la tendencia ascendente de Torreón y Gómez Palacio. En menor escala, le sigue la ciudad de Lerdo.
Pero las inteligentes declaraciones de las autoridades en Durango, no se hace menos ante las expresadas en Coahuila. Y quizá por las diferencias entre lo sucedido en La Laguna y el resto de estado de Coahuila, las autoridades minimizaron el problema. Si sumamos los incidentes de Saltillo, Monclova y Piedras Negras, en los últimos cuatro años se registraron 38 homicidios relacionados con el crimen organizado. Lo que equivale tan solo, a los que tuvo Lerdo en 2008. De esa manera, Torreón parece, en dimensión relativa, la “ciudad Juárez” de Coahuila.
