Un paso adelante, un paso para atrás

Sin duda, el eslabón más débil del gobierno mexicano, es el municipio. Al mismo tiempo, es el gobierno más inmediato a los ciudadanos. Por lo mismo, mucho de lo que sucede en las ciudades, tiene su gloria o su tumba en los gobiernos municipales. Para no ir tan lejos, la transición a la democracia se dio de abajo hacia arriba, es decir, de los municipios hacia el gobierno nacional. De esa manera la alternancia primero se cultivó en las presidencias municipales, pero hasta la fecha, la capacidad de ese nivel de gobiernos es sumamente desigual.

 Por un lado tenemos un pequeño cúmulo de municipios con amplias capacidades (hablamos de unos 60 entre dos mil), pero por otro, abundan los municipios con un papel meramente testimonial, inermes para hacer frente a los problemas de la ciudad. Hace varias décadas, en 1983, se fortaleció la capacidad y la autonomía de los municipios a través de la reforma al artículo 115 constitucional. En aquella época fue un avance, pero ahora, el papel de los municipios está rebasado. No sólo por la desigualdad de las instituciones, sino por la calidad de los gobiernos. El tema de la calidad, o si quieren, de eficiencia, parece trivial para muchos alcaldes, pero en contextos de competencia, hacer una buena administración tan solo es un aval mínimo para ratificar el poder. Dicho en otras palabras, hacer una buena administración también es rentable electoralmente.

Así como en los últimos años, algunos gobiernos estatales contrajeron deudas insostenibles, Coahuila es el peor ejemplo, también es común la quiebra financiera en los municipios. Entre deudas y negligencia administrativa, hay casos paradigmáticos como Cuernavaca y Acapulco. Pero la historia no termina ahí, sino empieza con la facilidad de los alcaldes para dejar herencias tóxicas a los ciudadanos, y salvo contadas excepciones, son llamados a cuentas. Al respecto, la ley de contabilidad gubernamental es una respuesta al desorden en los municipios, pero también, es un refuerzo para la transparencia de los recursos, y entonces sí, el llamado a rendir cuentas. 

En ese sentido, es positiva la postura del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al negar que rescatarán las finanzas de estados y municipios: “deben tener la capacidad de crear financiamiento, de ordenar sus finanzas, realizar ajustes para disminuir las partidas de gastos y recaudar más impuestos”. 

Pero lo que es un paso para adelante, también es un paso para atrás. El 2012 cerró con un regalo de los diputados federales para continuar con las malas cuentas en los estados y municipios. Aprobaron la condonación de multas y recargos por no pagar debidamente el impuesto sobre la renta ante la Secretaría de Hacienda. Por supuesto, ese privilegio no es para los ciudadanos en general, sino para los gobiernos municipales que reciben incentivos para la ineficiencia.

Bajo esas reglas del juego, es difícil que los gobiernos locales hagan administraciones de calidad, si al final, hay pocas consecuencias para políticos que quiebran, defraudan o sencillamente dilapidan los recursos públicos. Al final, no faltará quien afirme, ¡para eso son las plurinominales!

9 de enero 2013

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9169142 

Bastiones estatales

Como espejo de los estados donde la violencia reina, Veracruz se ha convertido tristemente en unos de los lugares con mayores ataques a periodistas. Un día sí, otro también. Por eso la noticia de que el reportero gráfico Miguel Morales Estrada desapareció, se inscribe en el panorama de normalidad de la entidad. Al mismo tiempo que las calles atestiguan la degradación, desde la política institucional en Veracruz provienen otra. Me refiero a la iniciativa que recién envío el gobernador Javier Duarte al Congreso del estado. Para acabar rápido, su propuesta de reforma va encamina a limitar a los críticos de las autoridades: te contrato si no me criticas.

Aprovechando la iniciativa de reforma al Código Estatal de Elecciones, se pretende incluir una modificación al artículo 48 con el siguiente enunciado: “Las organizaciones políticas no podrán contratar espacios publicitarios en aquellos medios que, aun habiendo efectuado los registros señalados en este artículo, publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidato”. Ante las críticas, el gobernador Duarte ya salió a decir que está dispuesto a suprimir ese párrafo de la iniciativa.

A favor de la limpieza electoral, sigue el ejemplo de COFIPE a fin de prohibir la guerra sucia: “La contratación por parte de una organización política de mensajes dirigidos a promover el voto en contra de algún partido, coalición o candidato, o la efectuada en contravención a lo dispuesto en el párrafo precedente se considerará infracción a las obligaciones impuestas a dichas organizaciones”.
En el primer caso, es un riesgo seguro de caer en inconstitucionalidad en relación con los medios, pero lo relevante de la propuesta es la concepción política del gobernante. Más cercana al autoritarismo que a la democracia. Si en el gobierno nacional avanzamos en alternancia y democracia, a nivel de estados todavía tenemos bastiones de autoritarismo. Ahí la vieja guardia nunca se fue. Para Duarte de lo que se trata la reforma es que “fortalezca la democracia”. Por lo tanto, aunque ahora se retracte, su propuesta inicial define su mando en la política.

Al igual que otros gobernadores, Duarte fue protegido del gobierno nacional. Cuando las autoridades le incautaron 25 millones de pesos en efectivo, la federación se los regresó hasta con intereses. Por estos ejemplos no podemos dudar de la generosidad, ni tampoco de la complicidad entre gobiernos. Bien dicen que entre gitanos no se leen la mano.


27 de julio 2012
Milenio http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9154275

Las redes sociales a debate

Las redes sociales han diversificado las fuentes de información entre los ciudadanos, también aumentaron la velocidad de difusión. Por lo mismo, no hay duda de la fuerza que ganaron, incluso para la promoción de movimientos sociales. Aun así, las redes sociales no sustituyen a los medios de comunicación profesionales ni tampoco a las fuentes oficiales.

Por lo mismo,  uno de los aspectos más débiles de las redes es la poca verificación de la información. Se dice y punto. No importa que la información sea falsa, se juegue una mala broma o sencillamente se utilicen para exponer intimidades públicas.  Si algo abunda en la “tuitósfera”, es la pluralidad en todo el sentido de la palabra.

Hace unos días, Jorge Torres, gobernador de Coahuila, (lo cual es un decir), declaró su interés por solicitar al Congreso una regulación de las redes sociales. No sabemos en realidad qué vaya a salir de ahí, o cómo venga la iniciativa en caso de que trabajen los diputados. Si volteamos a lo que promueven actualmente otras legislaturas, el panorama termina por justificar el autoritarismo. A falta de claridad, en Veracruz se inventaron terroristas tuiteros.

En Tabasco, la legislatura local se fue contra los “rumurólogos”.  Según un diputado tabasqueño,  “lo que se pretende es salvaguardar la paz pública, evitando la psicosis social que se generen con actos irresponsables… en las redes sociales”. Más hábiles, los diputados federales del Estado de México pretendieron reformar el Código Penal, con la finalidad de castigar hasta con cárcel a quienes utilicen el Facebook o el Twitter para desprestigiar a personajes públicos. Léase políticos. ¿No se habrán dado cuenta que para desprestigio ellos se apuntan primero? Sin duda, esos diputados mexiquenses quisieran imitar los controles sobre internet que ejercen China, Corea del Norte o Cuba.

El rumor, la especulación y las falsas alarmas se combaten con información verificable y oportuna por parte de las autoridades. En Torreón como en otras ciudades, circula cualquier cantidad de mensajes por las redes. El Twitter @PoliciaTorreon ha hecho una buena campaña de información, pero también ha desalentado voces irresponsables. Más que controlar las redes sociales, no habría que perder de vista que son un medio de información. Ahí los gobiernos tienen una buena tarea de comunicación. 

Detrás de las cifras

Fuente: Presidencia, Base de datos, 2011.

Más allá de las discusiones inútiles que ha provocado el político coahuilense entre los secretarios de estado, en la semana se publicaron las cifras detrás del crimen, la “guerra” o la “lucha por la seguridad pública”. Los números son a simple vista, un cúmulo del horror, pero a estas alturas, lo que no podemos permitir es la negación de la realidad y mucho menos discursos “voluntariosos” como los que suele pronunciar el presidente Calderón.

De ahí que la publicación del registro a homicidios, abona por un lado a la transparencia, lo cual hay que reconocer del gobierno federal. Pero también la presentación de la llamada Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada, es una herramienta pública que permite conocer y explicar fenómenos asociados a la inseguridad y el crimen organizado en el territorio nacional. Más aun, es una herramienta que debe incorporarse a la toma decisiones, a la hechura de las políticas.

Después de varios años de violencia localizada en algunas ciudades y estados del país, la base datos divulgada por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, integró una estadística nacional desagregada, bajo una metodología que permitió depurar casos, y sobre todo, consolidar el registro de los homicidios que ya se cuentan por miles en el país.  

Es cierto, como afirma el vocero y Secretario del Consejo, Alejandro Poiré, estamos ante un fenómeno focalizado en zonas específicas del país. Por ejemplo, en 2010 el 50 por ciento de los homicidios se concentraron en tres entidades federativas: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Visto a nivel municipal, el mapa muestra que 7 de cada 10 homicidios asociados a la delincuencia organizada, sucedieron en 90 municipios del país en 2007. A pesar del optimismo oficial, esta cifra en la actualidad no decreció sensiblemente.

Según los datos oficiales, en lo que va del sexenio calderonista, se han acumulado 33 mil 797 muertos. 2010 alcanzó un “pico” de 15 mil 273 homicidios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Según Poiré, el año pasado se registraron 3 mil 334 en el primer trimestre; 4 mil107 en el segundo; 4 mil 142 en el tercero y 3 mil 690 en el cuarto. “Después de 5 trimestres de crecimiento en este indicador, llevamos dos trimestres en los que se ha dejado de crecer y en el trimestre pasado cayó en un 10%.

Pero al revisar las cifras con calma e interpretar las gráficas, es difícil compartir el optimismo. No parece que este comportamiento a la “baja” sea concluyente o forme ya, una tendencia. Incluso, habrá que retomar el consejo de Eduardo Sojo, el presidente del INEGI, cuando recientemente advirtió sobre la encuesta de seguridad pública, que ante las cifras, “es recomendable aplicar la técnica de prueba de hipótesis para determinar si las diferencias aritméticas que se observan son estadísticamente significativas o no”.

Paradójicamente, el análisis recién publicado por un académico serio en el tema, Fernando Escalante Gonzalbo, ha demostrado una preocupante correlación entre los operativos del gobierno y el aumento de los homicidios: “Me cuesta trabajo creer que el despliegue del ejército no tenga ningún efecto sobre la tasa de homicidios, que se mueve de modo independiente”.
El caso más dramático es el de Ciudad Juárez, donde ni la policía federal, ni el ejército han logrado reducir los homicidios.

De esa manera, la base de datos muestra el ranking de las diez ciudades más violentas del país. Después Juárez, con 6 mil 437 asesinatos acumulados, le siguen Culiacán (1 890), Tijuana (1 667), Chihuahua (1 415), Acapulco (661), Gómez Palacio (553), Torreón (524), Mazatlán (518), Nogales (442) y Durango (390). 

Al conocer el detalle de las cifras en el corazón de la Región Lagunera, −Torreón, Gómez Palacio y Lerdo−, los últimos cuatro años suman al menos 1 266 homicidios. Lo cual nos coloca, en la quinta región más violenta. Menos mal que las autoridades alientan a no alarmarse y disfrutar de una “tarde soleada”. Vuelvo a los datos: hay una correspondencia casi perfecta entre la tendencia ascendente de Torreón y Gómez Palacio. En menor escala, le sigue la ciudad de Lerdo.

Pero las inteligentes declaraciones de las autoridades en Durango, no se hace menos ante las expresadas en Coahuila. Y quizá por las diferencias entre lo sucedido en La Laguna y el resto de estado de Coahuila, las autoridades minimizaron el problema. Si sumamos los incidentes de Saltillo, Monclova y Piedras Negras, en los últimos cuatro años se registraron 38 homicidios relacionados con el crimen organizado. Lo que equivale tan solo, a los que tuvo Lerdo en 2008. De esa manera, Torreón parece, en dimensión relativa, la “ciudad Juárez” de Coahuila.

Al final, quedan detrás de las cifras, los muertos. Y delante, los vivos. ¿Qué vendrá en los próximos años? ¿Bajará la tendencia violenta? ¿Aumentarán las “inhabilitaciones” de los criminales? ¿Aumentarán los “daños colaterales”?  ¿Cuándo se fortalecerá de fondo el sistema de justicia? Si los muertos no lo han valido, entonces no veo qué.