Cuando supo que la cosa se ponía fea, huyó. Rápido había que tomar las pertenencias, llevar lo más valioso y recoger con urgencia aquellos fajos de billetes apilados en la caja fuerte. En cualquier momento podría llegar la policía, o peor aún, la gente de los medios. Su foto ya aparecía en la presa y mientras tanto, los inversionistas se quedaron en la calle chiflando. En dos cajas recogió 25 millones de pesos, una cantidad pequeña si recordamos aquel año de campaña donde se llevaron 500 millones en una Cherokee negra blindada. Ante la urgencia, desapareció la computadora con los archivos, la relación de clientes, los créditos y las operaciones. Si iban a venir por él, al menos que batallaran. Tampoco en el camino iba a dejar el preciado Rolls Royce. Así la historia de Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal socio de Ficrea, que logró desviar unos 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores. El "hombre de negocios" diseñó una estructura para triangular el dinero de la financiera popular, hacia dos de sus empresas. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya le estaba pisando los talones, el hombre logró retirar 470 millones de pesos. Nótese que las autoridades siempre llegan tarde. Con su fina maniobra, Olvera Amezcua no sólo estafó a un buen número de pequeños ahorradores, sino de paso desfalcó a varios gobiernos y autoridades como el Poder Judicial del Distrito Federal y el Tribunal de Justicia de Coahuila.
Que a Coahuila le roben 92 millones de pesos, parece poco a lado de la megadeuda de 35 mil millones de pesos con el gobierno de Moreira I. Pero así sea uno o 35, lo grave es la vulnerabilidad del gobierno del Estado y sus instituciones. En pocas palabras, la facilidad con la que se puede perder el dinero público. Parece que lo representativo de nuestros tiempos, son gobiernos dominados por la incuria, y en el mejor de los casos, por la displicencia en el manejo de los recursos públicos. En vez de férreos controles, hay discrecionalidad e impunidad. En vez de manejos minuciosos y transparentes, hay una administración contra los ciudadanos.
El presidente del Tribunal, Gregorio Pérez Mata, "invirtió" el dinero de los contribuyentes (no de los políticos), en un banco "patito". Además lo llevó a una financiera popular que prometía rendimientos superiores al mercado. El resto de la historia ya la conocemos. 92 millones de pesos de los coahuilenses, no de la bolsa personal de Pérez Mata, se perdieron así sin más. Y mientras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), advirtió que los gobiernos no debían llevar el dinero a ese tipo de instituciones populares, las autoridades se saltaron la ley. Édgar Bonilla, vicepresidente jurídico de la CNBV explicó que "por ser Ficrea una Sociedad Financiera Popular, tiene una prohibición expresa en la ley para poder captar recursos de organismos gubernamentales, llámese Poder Judicial, municipios, Gobierno del estado, federal e incluso organismos desconcentrados o descentralizados". Aún así, en el Tribunal se las "arreglaron" para llevar el dinero.
¿Cómo confiar en el Tribunal de Justicia de Coahuila, si esa misma institución rompe las reglas? ¿Cómo creer que en Coahuila se manejan responsablemente los recursos si casos grandes como la deuda, o casos pequeños se quedan en la impunidad? Para Pérez Mata, que Coahuila pierda 92 millones no parece ser grave, incluso, con ingenuo optimismo declaró que "no se pueden considerar como perdidos pues corresponde a las autoridades federales competentes recuperar la totalidad de los mismos". Por el tamaño de la inversión, si Coahuila llega a recuperar el dinero, sólo será un parte, pero no todo el recurso. Y entonces ¿dónde quedan las responsabilidades de los funcionarios que avalaron dicha inversión?
Quizá haya alguna comodidad o costumbre entre los funcionarios estatales. Han de suponer en la lógica de la deuda, que a pesar de la corrupción, los funcionarios no castigados ni llamados a cuentas. El caso de Ficrea y el Tribunal de Coahuila, es una raya más al tigre. Si antes hubo impunidad y complicidad, en esta ocasión, hay silencio y discreción. Hablar lo menos posible, para olvidar rápidamente.
La pérdida de 92 millones ratifica la irrelevancia de la justicia en el Estado.
21 de enero 2015
