De una u otra manera todos, o casi todos, los caminos no llevan al tema de la seguridad, pero más allá del rumor, el temor y la psicosis, debemos preguntarnos sobre aquello en lo que sí pueden incidir los ciudadanos, y sobre todo, exigir a los gobiernos. Sin embargo, poco se valora en las conversaciones cotidianas, los datos duros, las cifras que despejan exageradas opiniones o fantasiosas especulaciones. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo exigir cuentas en materia de seguridad? Una dimensión poco explotada tiene que ver con la información oportuna y veraz para la toma de decisiones. Si aplicamos esto al tema de la seguridad en nuestro entorno inmediato, para no perdernos en el ámbito nacional, habría que empezar por exigir los números concretos que refleja la (in)seguridad. Partamos de unas preguntas tan simples como urgentes: ¿Cómo medir la calidad de la seguridad pública en Coahuila? ¿Cuál es el índice delictivo que marca nuestro Estado? ¿Cuál es el costo-beneficio para los ciudadanos del dinero invertido en Seguridad? ¿Cuáles son los resultados?
En este momento, uno de los pocos informes bien fundamentado y minucioso sobre la seguridad en Coahuila, pero sobre todo, de dominio público, es el trabajo realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la Cuenta Pública 2007, en el renglón de seguridad Estatal. El órgano fiscalizador, revisó dos fondos presupuestales aportados por el Gobierno Federal al Estado, que tienen que ver con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP); y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las áreas del gobierno estatal revisadas fueron cuatro: La Procuraduría de Justicia, ahora flamante Fiscalía; la Secretaría de Seguridad Pública; el Centro de Comando, Control y Cómputo (C4); y Protección Ciudadana.
El objetivo de la auditoría consistió en evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas aplicados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la seguridad pública en el Estado. El otro punto relevante que revisó la ASF fueron los índices delictivos y su relación con la eficacia y eficiencia de los recursos públicos. En este sentido, el resultado de la investigación no es nada alentador para los coahuilenses y revela al mismo tiempo, carencias y disfuncionalidades operativas.
Resumo los principales puntos de la Auditoría: a) La mayoría de los delitos desde 2005 a 2007 se incrementó (robo común, patrimonial, lesiones, homicidios). Llama la atención que el secuestro se duplicó entre 2005 y 2007; b) De 158 millones de pesos del Fondo de Seguridad, se dejaron sin ejercer 77 millones, lo que significa un subejercicio de 49%; c) Ni siquiera el 10% de los policías estatales y municipales cuentan con el equipo básico antimotín; d) No se respetó en algunos casos, el destino de los recursos ni su aplicación para lo cual fueron etiquetados previamente; y e) No hubo un manejo claro de las cuentas y reportes financieros, a tal grado que la ASF instruyó tener claridad y transparencia, porque encontró faltantes y saldos negativos en las cuentas. De ahí instó a promover un procedimiento administrativo sancionatorio.
Paradójicamente, desde el año 2006 hasta la fecha, los recursos públicos invertidos en el reglón presupuestal de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, aumentaron año con año. El presupuesto creció de 877 millones de pesos a 1,157, que maneja actualmente la recién creada Fiscalía General del Estado, a cargo de Jesús Torres Charles. Si correlacionamos los datos, encontramos dos caminos: el primero nos indica que el presupuesto aumentó, y por lo tanto la seguridad pública ofrecida a los coahuilenses creció, situación que no se ha dado.
El segundo camino nos muestra que el dinero invertido en la seguridad aumentó y por lo tanto, el índice delictivo también, lo cual resulta bastante grave, porque entonces, la inversión pública en seguridad no está ofreciendo resultados útiles. Dicho de otro modo, más dinero invertido en la seguridad, no implica necesariamente, ni tampoco es garantía de que disminuya el delito.
En conclusión, la ASF consideró que, en términos generales el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con la mayor parte de los objetivos y metas planteados en los diversos Anexos Técnicos que fueron sujetos de revisión y que forman parte del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública suscrito entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Coahuila (Tomo X, vol. 8, p. 117). Así nuestra Seguridad.
