La advertencia del auditor

Con frecuencia se confunde transparencia con rendición de cuentas. A veces la primera falta, pero la segunda nunca llega. En otras, la transparencia no lleva ni por error a la rendición de cuentas. En ese caso la transparencia se convierte en cinismo. ¡Y vaya que lo hay! En consecuencia, la transparencia por sí sola no inhibe la corrupción. Hacen falta actores que revisen, contrapesos que funcionen y por qué no, ciudadanos exigiendo cuentas. Esto suena bien, pero en la práctica es complejo, requiere conocimiento, paciencia y perseverancia. No son virtudes teologales, pero sí cívicas.

Escucho muchas quejas contra las autoridades, pero a la hora inquirir, encuentro pocos ciudadanos dispuestos a confrontar, a solicitar información sobre el punto que les indigna. 


¿Será que nos conformamos con la queja?

Hace más de una década que la Auditoría Superior de la Federación juega un papel relevante en la democracia mexicana. La puntualidad de sus informes, más que compilar buenas prácticas de gobierno, evidencia en el mejor de los casos, la ineficiencia; en el peor la corrupción imperante. Recientemente el auditor, Juan Manuel Portal, ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los gobiernos locales en las finanzas públicas. Llama a “transparentar la deuda pública, y el resto de los pasivos financieros locales, con el objetivo de tomar medidas oportunas de prudencia, y de responsabilidad hacendaria”.

En los primeros días de febrero la Auditoría publicó el Informe sobre la cuenta pública 2010, pero por desgracia, la cantidad y el tamaño de las revisiones, lamentablemente retrasa uno o dos años el informe. No obstante, quedó registrado que de nueve auditorías a las transferencias federales, el gobierno de Coahuila reprobó cinco, tuvo tres con salvedad y sólo pasó una. No es consuelo, pero a nivel nacional el panorama es similar porque hay algo que no termina de funcionar: las sanciones nunca llegan, y cuando lo hace, el responsable ya desapareció.

En el arte de abrir y tapar hoyos, el Senado aprobó ayer en comisiones, la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el combate al lavado de dinero, aunque es fecha que no se sabe de ningún caso relevante de extinción de dominio, así sea narcotraficante o político. Por cierto, el promotor de esta iniciativa fue el lagunero y senador panista, Ricardo García Cervantes. 


Pero a estas alturas, un órgano más de fiscalización no ofrece esperanza de corregir el rumbo de ineficiencia, abusos y corrupción documentado por la Auditoría. La mejor prueba es la cómoda Secretaría de la Función Pública. O cómo olvidar la deuda coahuilense, donde las autoridades han publicado por fin los contratos renegociados con los bancos. Lo malo es que nos encontramos en el caso donde la transparencia se vuelve cinismo. 


14 de marzo 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9129160

Cuentas claras

 Cuentas claras, amistad larga. Cual máxima popular, podríamos preguntar si los gobiernos en México tiene cuantas claras para sus ciudadanos. ¿Hay confianza en el ejercicio del dinero público que aportan los contribuyentes? La respuesta es un no, pero la desconfianza no proviene de supuestos ni de opiniones, sino de la revisión puntual de las cuentas públicas.
En este sentido, hay que destacar el buen desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, ahora dirigida por Juan Manuel Portal. 

En los últimos años, gracias a la Auditoría los ciudadanos tenemos la posibilidad de conocer cómo se gastan nuestros impuestos. Y más aún, si la aplicación de ese dinero público tuvo un beneficio para los ciudadanos. Del resultado tristemente abundan los abusos y en el mejor de los casos, las ineficiencias. También hay excepciones y áreas de gobierno responsables. Así, hubo un glorioso tiempo donde solía reconocerse por tiros y troyanos, la credibilidad del IFE. Ahora es increíble la defensa del “guardadito” que la institución electoral defiende para su desprestigio y rechazo a la Auditoría.

En general la Auditoría ha ofrecido a los ciudadanos una muestra contundente de cómo el dinero público se ejerce en este país. Nuevamente, el resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2009 lo corrobora. Si bien, hay áreas gubernamentales con buen desempeño, la tendencia encontrada por la Auditoría nos habla de desvíos, irregularidades, sobrecostos, ineficiencias y fraudes bien documentados.
Bajo esa muestra, está claro que no es suficiente pretender resolver un problema con dinero, sino que ese dinero impacte lo mejor posible en la sociedad. En Torreón es bien conocido el caso de hacer obras para luego tirarlas, claro está, con el aval inmenso que ofrece la impunidad.

Por eso, para que al valioso trabajo de la Auditoría sea un incentivo al buen ejercicio de los recursos, habrá que cerrar la pinza con el sistema de justicia. Da nada sirve una ley, si no se acompaña de una coerción que la asegure. Muchos datos de irregularidades, pero pocos responsables.
Otro punto valioso en la fiscalización 2009, divulgada el miércoles pasado (véase ww.asf.gob.mx), es la posibilidad de discutir, con la finalidad de poder influir en el futuro, sobre los destinos y la utilidad del dinero público. 

Por ejemplo, al revisar el desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública encontramos una conclusión inaceptable: muchos recursos, pocos resultados. Cito el dictamen: “La ausencia de mecanismos de coordinación eficaces restringe la contribución del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como en la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos”. ¿En verdad queremos que se sigan gastando así los recursos? Lo menos, es pedir cuentas.

http://impreso.milenio.com/node/8913914 

La Opinión Milenio 

16 febrero 2011

Ni por ética

La cultura política se refleja en sus prácticas, en los valores que la sociedad asume. Después de la transición, después de la tan desprestigiada alternancia, el cambió pareció centrarse en el voto, como si la elección misma transformara las prácticas, las reglas, las instituciones. En realidad pocos cambios se dieron. Uno de los más notables fue la ley de transparencia y acceso a la información. El avance fue sin precedentes, pero los logros y las prácticas en la cultura política son todavía imperceptibles. ¿Podemos decir que son muchas o pocas las casi 500 mil solicitudes que miles de ciudadanos han hecho a través de internet y físicamente en las dependencias? Plausibles sin duda las solicitudes, pero si tan sólo dimensionamos el número en la mitad de la población del país, poco más de 50 millones, la participación es a todas luces modesta, poco visible e insuficiente para revolucionar prácticas, para cambiar todavía la política.

Y en esto, es justamente cuando me pregunto al igual que muchos mexicanos : ¿Pueden cambiar las cosas? ¿Puede la política ser diferente, generar otros resultados? Aunque la respuesta real, dirán poderosos “real politik”, está más cerca del pesimismo, del escepticismo en el mejor de los casos, no podemos renunciar a generar condiciones para cambiar las prácticas. Al menos en la historia reciente podemos identificar esos pequeños grandes cambios que ahora asumimos sin darnos cuenta.

Si en el pasado, no muy lejano por cierto, los documentos públicos no eran públicos, ahora tenemos la oportunidad de solicitar y conocer directamente lo que sucede en el gobierno. No obstante, la información por sí misma no produce en automático rendición de cuentas, justicia o equidad. Es necesario el papel del ciudadano (agente de cambio insospechado) para darle contenido a las prácticas democráticas.
¿De qué han valido los puntuales, contundentes y precisos informes de la Auditoría Superior de la Federación si no es posible llamar a cuentas? Esta semana el órgano fiscalizador del Congreso, rindió su informe del ejercicio de la Cuenta Pública 2008. Entre otras cosas se encontraron irregularidades, desfalcos, dinero sin comprobar, desvíos, desaparición de documentos y una serie de prácticas “normales” en México.

Como otras veces, la Auditoría tiene el diagnóstico adecuado, pero las viejas prácticas tan vigentes como en el pasado, frenan la fiscalización, la rendición de cuentas. Por ejemplo, las denuncias presentadas por la Auditoría ante la Procuraduría General de la República, terminan siendo frenadas o desechadas. Así la PGR se ha ensañado inútilmente contra la ampliación derechos a minorías, en vez de proceder contra los evidentes desfalcos al patrimonio público. Esto significa según las cifras de la Auditoría, que el famoso “boquete fiscal” podría haber sido cubierto con un uso cuidadoso y eficiente del dinero público.

En otro ámbito, un grupo del partido sin brújula Acción Nacional, condenó la desobediencia de uno de sus diputados con apellido Clouthier, debido a sus diferencias con la cuestionada política de seguridad del Presidente Calderón. Al mismo tiempo, esa fracción, por no decir el partido, ignora la viveza del Secretario de Agricultura, Javier Mayorga, quien con una mano reparte el subsidio federal al campo, y con la otra lo recibe. Esto es visto y avalado por su partido como algo “normal”. Por el susodicho declaró seguro desde la Secretaría: “No creo que haya razón para renunciar a ello, aun éticamente”.

Aún así, me queda claro que los pocos o muchos cambios para transformar esta paupérrima realidad nacional, están en manos, no tanto de los políticos ni de los tlatoanis modernos, sino de los ciudadanos organizados que desde abajo así lo impulsen. Así lo exijan.

Auditar la seguridad

De una u otra manera todos, o casi todos, los caminos no llevan al tema de la seguridad, pero más allá del rumor, el temor y la psicosis, debemos preguntarnos sobre aquello en lo que sí pueden incidir los ciudadanos, y sobre todo, exigir a los gobiernos. Sin embargo, poco se valora en las conversaciones cotidianas, los datos duros, las cifras que despejan exageradas opiniones o fantasiosas especulaciones. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo exigir cuentas en materia de seguridad? Una dimensión poco explotada tiene que ver con la información oportuna y veraz para la toma de decisiones. Si aplicamos esto al tema de la seguridad en nuestro entorno inmediato, para no perdernos en el ámbito nacional, habría que empezar por exigir los números concretos que refleja la (in)seguridad. Partamos de unas preguntas tan simples como urgentes: ¿Cómo medir la calidad de la seguridad pública en Coahuila? ¿Cuál es el índice delictivo que marca nuestro Estado? ¿Cuál es el costo-beneficio para los ciudadanos del dinero invertido en Seguridad? ¿Cuáles son los resultados?

En este momento, uno de los pocos informes bien fundamentado y minucioso sobre la seguridad en Coahuila, pero sobre todo, de dominio público, es el trabajo realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la Cuenta Pública 2007, en el renglón de seguridad Estatal. El órgano fiscalizador, revisó dos fondos presupuestales aportados por el Gobierno Federal al Estado, que tienen que ver con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP); y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las áreas del gobierno estatal revisadas fueron cuatro: La Procuraduría de Justicia, ahora flamante Fiscalía; la Secretaría de Seguridad Pública; el Centro de Comando, Control y Cómputo (C4); y Protección Ciudadana.
El objetivo de la auditoría consistió en evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas aplicados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la seguridad pública en el Estado. El otro punto relevante que revisó la ASF fueron los índices delictivos y su relación con la eficacia y eficiencia de los recursos públicos. En este sentido, el resultado de la investigación no es nada alentador para los coahuilenses y revela al mismo tiempo, carencias y disfuncionalidades operativas.

Resumo los principales puntos de la Auditoría: a) La mayoría de los delitos desde 2005 a 2007 se incrementó (robo común, patrimonial, lesiones, homicidios). Llama la atención que el secuestro se duplicó entre 2005 y 2007; b) De 158 millones de pesos del Fondo de Seguridad, se dejaron sin ejercer 77 millones, lo que significa un subejercicio de 49%; c) Ni siquiera el 10% de los policías estatales y municipales cuentan con el equipo básico antimotín; d) No se respetó en algunos casos, el destino de los recursos ni su aplicación para lo cual fueron etiquetados previamente; y e) No hubo un manejo claro de las cuentas y reportes financieros, a tal grado que la ASF instruyó tener claridad y transparencia, porque encontró faltantes y saldos negativos en las cuentas. De ahí instó a promover un procedimiento administrativo sancionatorio.

Paradójicamente, desde el año 2006 hasta la fecha, los recursos públicos invertidos en el reglón presupuestal de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, aumentaron año con año. El presupuesto creció de 877 millones de pesos a 1,157, que maneja actualmente la recién creada Fiscalía General del Estado, a cargo de Jesús Torres Charles. Si correlacionamos los datos, encontramos dos caminos: el primero nos indica que el presupuesto aumentó, y por lo tanto la seguridad pública ofrecida a los coahuilenses creció, situación que no se ha dado.
El segundo camino nos muestra que el dinero invertido en la seguridad aumentó y por lo tanto, el índice delictivo también, lo cual resulta bastante grave, porque entonces, la inversión pública en seguridad no está ofreciendo resultados útiles. Dicho de otro modo, más dinero invertido en la seguridad, no implica necesariamente, ni tampoco es garantía de que disminuya el delito.

En conclusión, la ASF consideró que, en términos generales el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con la mayor parte de los objetivos y metas planteados en los diversos Anexos Técnicos que fueron sujetos de revisión y que forman parte del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública suscrito entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Coahuila (Tomo X, vol. 8, p. 117). Así nuestra Seguridad.