A decir de Hannah Arendt, quien no sabe distinguir, no sabe pensar. Y esa parece ser la regla de tantos gobiernos municipales en el país. Una revisión somera al manejo de las finanzas públicas, evidencia una clara diversidad en conceptos, rubros y clasificaciones. Para un gobierno lo que son peras, implica manzanas para su vecino. Esa confusión llega al extremo de considerar el gasto como inversión, los cual incentiva ineficiencias y abusos a costa de los contribuyentes. Basta comparar los informes de la cuenta pública que generan los municipios de la zona metropolitana de La Laguna, para comprobar las diferencias.
Ante la falta de claridad, impera un criterio donde todo puede caber, donde no necesariamente dos más dos son cuatro. Desde hace tiempo, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado esta situación que no es exclusiva de los gobiernos municipales, sino que prácticamente se extiende al gobierno federal, los estados y otros organismos públicos.
El diagnóstico está claro, y también, en los ejemplos cotidianos abundan los abusos, las “buenas intenciones” y de plano, declarados fraudes. Hace unos días la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el caso de tres ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes defraudaron a la institución por 27 millones de pesos entre los años 2007 y 2009. La fórmula es sencilla, en una contabilidad donde todo cabe, es posible meter viajes a las Vegas, comprar electrónicos, meter gastos funerarios a personal ajeno a la institución y hasta pagar un Nintendo “Wii”. Es difícil pensar en el éxito de la “lucha por la seguridad pública”, cuando adentro de la casa opera el crimen con uniforme.
En el ámbito local, un caso de desorden financiero evidenció el desdén por la legalidad. El tesorero del municipio, Pablo Chávez Rossique, incurrió en una ilegalidad a fin de ahorrarse la tediosa burocracia. Contrató un crédito sin cursar el procedimiento legal que implica llevarlo a la Comisión de Hacienda del Cabildo, como lo denunció la síndica Natalia Virgil. Es posible que el tesorero obrara con “buena intención”, pero al mismo tiempo, no siguió las reglas que lo obligan, porque al fin puede ser avalado por el primer regidor, Rodrigo Fuentes. Es decir, el mensaje termina siendo poderosamente negativo. Rompo la ley, pero hago un bien.
Nada más engañoso que el argumento de la “voluntad” para justificar el desprecio por la legalidad.
¿Acaso, esta historia no la conocíamos ya desde los primeros días del año anterior? ¿Ha cambiado en algo? Le pregunto al regidor José Ganem si habrá sanción o al menos, un extrañamiento. No lo veo convencido, porque al fin, justifica el atajo. Hace tiempo que la famosa fórmula del ideólogo, “la forma es fondo”, ya no se aplica.
Pero más allá de ejemplos, hay que rescatar una noticia que no ocupó primeras planas y ni horas de televisión, como tristemente se le ha dedicado con interés a un criminal. Me refiero al trabajo que realizó una comisión especial de diputados, a fin de concretar nuevas reglas para impulsar una armonización contable. El objetivo de la reforma constitucional fue evitar la conveniente confusión de peras con manzanas. De esa manera, la federación, estados y municipios estarán obligados a operar las nuevas reglas en la clasificación del gasto, a fin de tener los mismos conceptos contables. La vigencia comienza en el 2012.
Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda publicó las reglas de Clasificación Funcional del Gasto que deberán aplicar los tres órdenes de Gobierno durante 2011 y que servirán de base para la presentación de los proyectos presupuestales de 2012. Las nuevas reglas contienen 143 conceptos de clasificación, divididos en cuatro finalidades básicas de gasto: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros. Al respecto, ¿Ya se estarán preparando los municipios? ¿Qué están haciendo los tesoreros de los principales municipios para homologar las finanzas?
Se puede objetar que una ley por sí sola no cambiará los vicios actuales. Es cierto, pero en la medida que ahora contamos con un marco, partimos de una obligación más que de la voluntad. Las reformas servirán para tener parámetros claros y comparables de la forma en que se gasta el dinero público por parte de los gobiernos y demás organismos públicos. Por cierto, hay que anotar que la reforma fue acompañada por varias asociaciones civiles conocedoras del tema, entre estas, Fundar.
Hay que escuchar la palabras de Gastón Luken, el diputado y presidente de esa comisión especial: “la importancia del Acuerdo de Clasificación Funcional del Gasto, sus beneficios y repercusiones son comparables a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Dentro del ánimo negativo que hay en nuestra vida pública, una política de esta naturaleza puede ser profundamente favorable para el futuro. Ojalá así lo sea.
