Todavía no asimilamos lo que significaron los años de violencia que vivió el país en los últimos años. Más aún, aunque la violencia disminuyó considerablemente, sigue latente en muchas ciudades del país. De manera trágica, la desaparición de 43 personas nos recordó que el problema no se acabó con el cambio sexenal de poderes. Pero aún, la regla de facto es la impunidad. Ante la problemática, el Gobierno Federal a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, replanteó el enfoque del combate al crimen, para dar lugar a la prevención del delito y la cohesión comunitaria. Sin duda, el componente de la prevención del delito es fundamental en toda estrategia de seguridad que pretenda no sólo combatir el crimen, sino integrar a las comunidades, y sobre todo, prevenir a los jóvenes de los delitos. El supuesto básico de la prevención propone intervenir, antes de que de que se infrinja la ley o una persona sea victimizada.
De esa manera, en 2013 se sentaron las bases para el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de atender los factores de riesgo vinculados a la violencia y la delincuencia. En dos años se ejercieron más 5 mil millones de pesos. ¿Pero qué tanto hemos avanzado?, ¿cuál ha sido el impacto de ese programa?, ¿qué tanto ha logrado prevenir los delitos?, ¿cómo podemos saber si se han integrado las comunidades rotas por la violencia?
Si se quiere lograr éxito en todo proceso de política, necesariamente debe medirse, evaluarse. Por lo general, al gobierno le gusta que le aplaudan y sobre todo, aplaudirse a sí mismo, independientemente de la eficacia de las políticas. Cuando no le gustan las cosas, le echa la culpa a los medios, al gobierno anterior, o incluso, al pasado, como recientemente ha iluminado el secretario de Hacienda sobre el mediocre rumbo de la economía.
México Evalúa, un prestigioso e independiente centro de análisis e investigación, se dio a la tarea de revisar y evaluar el funcionamiento del Programa de Prevención. Entre los principales hallazgos, no se encontró evidencia suficiente que sustente la afamada prevención para muchos de los programas aplicados. Eso sí, los recursos se gastaron las más de las veces sin un diagnóstico claro, sin metas evaluables y sin evidencia concreta que lo avale. Da la impresión que se hace improvisadamente, que se gasta el dinero de la prevención, sin efectos ni resultados consistentes. Para el caso, se tenía que hacer algo, como quien urgentemente busca apagar el fuego, pero sin los resultados deseados. Por ejemplo, el estudio particular sobre el programa de entrega de lentes para evitar la deserción escolar, no demuestra una clara relación entre el proyecto y la disminución delictiva. Más todavía, el mismo programa aplicado en varios municipios, enuncia objetivos distintos entre sí. Cito una de las conclusiones del estudio que refuta la supuesta relación entre deserción escolar y delincuencia: "En ninguna de las demarcaciones prioritarias que formaron parte de la muestra analizada se estableció una meta de reducción de la incidencia delictiva como resultado de la implementación del proyecto. Ni siquiera, una meta de reducción de la deserción escolar".
Dicho en otras palabras, una política sin rumbo, pero con buenas intenciones y con cargo a los contribuyentes. Quizá a lo largo de los años el Gobierno Federal presuma miles de acciones, pero sin efectos sustantivos en la prevención del delito. Visto así, tal vez lo importante es decir que se atendió el problema, se gastó mucho dinero, aunque de fondo, no se resuelva nada. El análisis de México Evalúa, "deja en claro las inconsistencias y contradicciones existentes en cuanto a objetivos y diagnósticos se refiere". El estudio Prevención del delito en México, ¿dónde quedó la evidencia? (2015), lo pueden consultar en www.mexicoevalua.org.
24 de junio 2015
