Las manos del poder...
Quizás mañana ya nadie se acuerde de ellos, salvo algún inoportuno memorioso. Pero nuestros gobernadores o ex gobernadores, llámese Ulises Ruiz, Mario Marín, Emilio González o el nombre que usted complete, gozan hoy por hoy, la mejor posición del sistema político en México. Ejercen recursos millonarios a discreción, mueven y remueven las piezas en sus estados e incluso, aunque se demuestre corrupción, desfalco al erario o abiertamente violaciones contra los ciudadanos, ellos siguen ahí, incólumes, intactos. Son, sin lugar a dudas, los mayores beneficiarios de la alternancia en México a partir del año 2000, cuando el PAN logró romper el monopolio político del PRI. Por eso, se puede identificar un paradigma de impunidad en el ejercicio del poder público.
El escándalo de la semana, si se puede decir de una manera, tras ventilar las cuentas de Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas por el PRD, reafirma lo que tiempo atrás se asomó en su administración: contratos en beneficio privado, sobrecostos en obra pública, irregularidades millonarias en la construcción de las nuevas oficinas de gobierno, y ahora, un presunto faltante por más de mil millones de pesos. Hasta aquí, nada que no se repita dentro de paradigma de impunidad imperante en gubernaturas, presidencias y otros cargos públicos.
En Zacatecas recién se dio la alternancia a un gobierno priista, a cargo del gobernador Miguel Alonso Reyes. Allá la Contraloría interna encontró irregularidades y tiene la posibilidad de llamar a cuentas a la gobernadora saliente. ¿Lo hará más allá de lo mediático o repetirá el paradigma no escrito de protección a funcionarios? El nuevo gobierno tiene la posibilidad de cambiar ese paradigma. Mucho bien haría a la rendición de cuentas, a la justica y a la confianza de los ciudadanos, pero no es, ni ha sido costumbre de ese partido y de otros, romper con las prácticas del “antiguo régimen”. El mejor caso de comodidad con el pasado fue el PAN tras su conquista de los Pinos.
Antes bien, la defensa por escrito de la ex gobernadora Amalia García, revela esos acuerdos, esas prácticas. Su indignación proviene porque el gobierno en turnó mostró las huellas de su administración: “se falta a la ética al dar a conocer, y con interpretaciones dolosas, juicios sumarios sin haber concluido el procedimiento”. Desde su óptica habría sido ético no dar a conocer que falta solventar por ahí, la friolera de más de mil millones pesos. Lo lógico en transiciones entre un mismo partido, es ocultar los desfalcos del anterior gobernante.
Es difícil pensar en la posibilidad de la rendición de cuentas. Lo dudo de Rafael Moreno Valle, quien encabezó la alianza para sacar al ilustre gobernador Marín de Puebla. Sobre todo, por estar asociada dicha alianza, a la omnipresente Elba Esther Gordillo. Pero acaso, una modesta esperanza surge en Oaxaca ante la posibilidad de que Gabino Cué sí tome en serio la responsabilidad de su triunfo y materialice las demandas de justicia. Allá, las huellas del prócer Ulises Ruiz, apuntan a una situación similar a la expuesta en Zacatecas: obras públicas repartidas entre los funcionarios del propio gobierno, sobrecostos, obras sin concluir pero sí finiquitadas en la tesorería, placas y concesiones “desaparecidas”, y por supuesto, un secretario de Finanzas, asociado a un desfalco por más de mil millones de pesos.
A pasar a la alternancia en el poder y a la pluralidad de los gobiernos, la esencia del viejo régimen no despareció, por el contrario, se fortaleció a tal grado, que si antes, el poder central del presidente solía ser un balance, ahora es un actor más. A diez años de la alternancia, quienes realmente fueron los ganadores de la pérdida del poder presidencial, no fueron los ciudadanos, sino los gobernadores.
