Para Francisco Adame
Buen precedente para la libertad de expresión y el debate público acaba de fijar la Suprema Corte de Justica de la Nación. El fallo de la Corte emitido el pasado miércoles, vino a dirimir un antiguo conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. El litigio surgió a raíz de unartículo de Jorge García Ramírez, publicado en la revista que dirige Enrique Krauze. El texto, titulado “Cómplices del terror” (marzo, 2004) hizo una mordaz crítica a La Jornada por su defensa y simpatía con las causas del (¿retirado?) grupo terrorista ETA.
La polémica pronto se desató entre la directora del diario, el famoso juez Baltasar Garzón y hasta el filósofo español, Fernando Savater. Sin embargo, lo que empezó como un debate público, terminó en los tribunales por instancia del periódico, que argumentó un daño a su imagen.
Hace algunos meses, cuanto todavía no conocíamos el fallo de la Corte, el desaparecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa, escribió al respecto: “cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto”.
Y en efecto, en vez de que el debate se resolviera por las mismas palabras, el crítico diario decidió litigar. No es frecuente la crítica entre los medios y mucho menos la autocrítica. Por lo mismo, el caso que acaba de resolver la Corte es una sana ratificación del debate público en una sociedad democrática. Sin tantos rodeos, el Máximo Tribunal regresó el argumento a los críticos molestos por la crítica: “además de gozar de la más amplia libertad para increpar el actuar de figuras públicas, también debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta, igual al que ejerce y cuya protección invoca”.
Al votar por unanimidad contra La Jornada, la Corte hizo unalegato a favor de la democracia: “el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre figuras públicas o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia”.
En buena medida nuestra Constitución, nos recuerda la Corte, “no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aún y cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas”.
Al final, de esta particular pugna entre los medios, nos queda una valiosa lección para los críticos ante la crítica. Ojalá no la olvidemos.
25 de noviembre 2011
