Impertinentes palabras

A partir de diciembre se acabaron los muertos. No importan que existan, eso ya no es relevante. Da lo mismo si las ejecuciones fueron en el Estado de México, Durango, Acapulco o Michoacán. Para el caso, ya no existen en el discurso oficial. Y eso es lo que cuenta. Tan fácil como borrarlos, como dejar de hablar de ellos. Nada de impertinentes noticias, ahora la política es otra, otros los temas, otro el partido y otro el presidente. ¡Y vaya que se nota! A cuatro meses del cambio de gobierno, hay un cierto optimismo y buenos niveles de aprobación de la presidencia en la opinión pública. Se habla de al menos un año para ver algunos frutos en la seguridad, y sobre todo en la pacificación. Pero mientras eso sucede, la estrategia inmediata del gobierno federal, fue cambiar el tono de las declaraciones cuando se habla de los problemas de seguridad. De esa manera, el primer cambio está en omitir “esas” impertinentes palabras. Al fin, percepción es realidad. Porque tanto se abusó en el sexenio anterior, que fue difícil hablar de otra cosa. Y así nos fue.

Acostumbrados a mandar, hasta los gobernadores siguen la misma línea discursiva. Ya todo está bien, ya la seguridad está mejorando, ya no hay muertos. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, a los gobernadores no les quedó más que callar, obedecer y estar siempre a los órdenes del señor presidente. Y si no, basta ver como, los antes bravucones, son ahora mansos zalameros de la presidencia. Pero no basta con ordenar a la mayoría de los estados, faltan los municipios, donde los problemas siempre se multiplican.

“Gobernar es comunicar” dice un funcionario de la Secretaría de Gobernación. Como todo empieza por las palabras y la manera de expresarlas, entonces hay que alinear también a los voceros. Por eso Gobernación organizó el Primer Encuentro Nacional de Comunicadores en Seguridad Pública, a fin de homologar el discurso. Por ejemplo, se sugirió evitar palabras impertinentes como “capo”, “encajuelado”, “ejecutado”, “cártel”, “jefe de finanzas”, “lugarteniente”, “encobijado”… y no es que tales palabras no existan en eso que llamamos realidad, por el contrario, tan existen que su peso ya es cotidiano. Lo que se busca es quitarles protagonismo, sacarlas del día a día.

Extirpar esas palabras del discurso oficial tiene sentido dentro la comunicación gubernamental. No es deseable hablar en esos términos, ni tampoco reproducirlos a la manera del lenguaje criminal. Sin embargo, una política así requiere necesariamente de una correspondencia de resultados en las calles. Porque de otra manera, omitir las indeseables palabras, no omite la realidad ni mucho menos el problema. Los muertos siguen ahí, aunque no se quiera hablar de ellos. Si en el largo plazo la política no es consistente con los resultados, sencillamente los supuestos de la comunicación se derrumban. Entonces conoceremos los verdaderos resultados.

17 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178011

Guardián de las palabras

Nadie duda del poder de las palabras. Podemos construir o derrumbar con las mismas. Pueden ser tan ligeras por triviales, o tan pesadas por su significado. Eso sí, depende de cómo las digamos, con qué fuerza, con qué intención. Hasta decimos que con “cierto tono”. En ocasiones, las palabras son materialmente vida, en otras muerte. Nombramos y entonces la representación cobra sentido. “Óyeme con los ojos” escribió Sor Juana en un precioso poema. En su famoso Tractatus, Ludwig Wittgenstein argumentó: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Como lenguaje, las palabras evidencian nuestro mundo personal, pero también son, nuestro intento por representarlo. ¡Y vaya que los límites se notan!

En una pugna por las palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir un fallo insólito. Todo comenzó con una pelea entre periodistas que recurrieron al insulto y las acusaciones como argumento. El pleito terminó en los tribunales y a su vez llegó hasta la máxima autoridad judicial. Como resultado, la Suprema Corte decidió que las palabras “maricón” y “puñal” en notas periodísticas, no están protegidas por la libertad de expresión, y por lo tanto, al utilizarlas en dichos medios, son causa de demanda por daño moral. De acuerdo con el polémico fallo de la Corte, se trata de expresiones homofóbicas que llaman a la discriminación. Con tres votos a favor y dos en contra, la Corte se acaba de erigir como guardián de las palabras. 

Al paso que va, es posible que hasta se convierta en un brazo judicial de la Real Academia de la Lengua Española. Pero el argumento de la Corte va más en el sentido de lo políticamente correcto, que de la libertad de expresión garantizada en la constitución. Es cierto, nada garantiza que esa libertad se use con prudencia, o con tolerancia, sin embargo, tampoco, el fallo de la Suprema Corte garantiza el uso o la restricción de los insultos o las descalificaciones. Tan absurdo como suponer un policía detrás de cada ciudadano. En dado caso, son las personas y las sociedades las que instituyen el uso, y no las autoridades judiciales. Aunque por supuesto, nunca falta quien aspira a un Big brother orwelliano.

Pero no pensemos solamente en dos palabras referidas al sexo, sino en muchas más que también insultan, degradan, llaman al odio. ¿Esas palabras también las restringirá la Corte? ¿Por qué prohibir unas y no otras? ¿Habrán de publicar un diccionario de la pureza, de lo políticamente correcto?
Hace unos días el historiador Enrique Krauze tuiteó con razón: “Sólo para troles: en mis textos -acertados o no- jamás encontrarán calumnias ni insultos. Mucho menos deseos de muerte contra nadie”. Si algo abunda en las redes sociales o en los comentarios virtuales en los medios, es el insulto, la descalificación, el odio como argumento. Pero también, las redes sociales y los medios han abierto espacios de comunicación, lazos y hasta formas de solidaridad. ¿Tendríamos que prohibir las palabras por los evidentes abusos? ¿Cómo le haríamos después en un estadio de fútbol o en la lucha libre?

No cuestiono que las dos palabras sancionadas por la Corte sean discriminatorias. Cuestiono sí, la imposibilidad de restringir cualquier cantidad de palabras para la discriminación y el odio. Es, para fines prácticos, un contrasentido constitucional. Un régimen de excepciones al que sólo le falta un Instituto Correctivo de la Moral Pública (ICMP). ¿Quién habrá de administrar ese laberinto?

8 de marzo 2013 
http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9174411