Nadie duda del poder de las palabras. Podemos construir o derrumbar con las mismas. Pueden ser tan ligeras por triviales, o tan pesadas por su significado. Eso sí, depende de cómo las digamos, con qué fuerza, con qué intención. Hasta decimos que con “cierto tono”. En ocasiones, las palabras son materialmente vida, en otras muerte. Nombramos y entonces la representación cobra sentido. “Óyeme con los ojos” escribió Sor Juana en un precioso poema. En su famoso Tractatus, Ludwig Wittgenstein argumentó: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Como lenguaje, las palabras evidencian nuestro mundo personal, pero también son, nuestro intento por representarlo. ¡Y vaya que los límites se notan!
En una pugna por las palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir un fallo insólito. Todo comenzó con una pelea entre periodistas que recurrieron al insulto y las acusaciones como argumento. El pleito terminó en los tribunales y a su vez llegó hasta la máxima autoridad judicial. Como resultado, la Suprema Corte decidió que las palabras “maricón” y “puñal” en notas periodísticas, no están protegidas por la libertad de expresión, y por lo tanto, al utilizarlas en dichos medios, son causa de demanda por daño moral. De acuerdo con el polémico fallo de la Corte, se trata de expresiones homofóbicas que llaman a la discriminación. Con tres votos a favor y dos en contra, la Corte se acaba de erigir como guardián de las palabras.
Al paso que va, es posible que hasta se convierta en un brazo judicial de la Real Academia de la Lengua Española. Pero el argumento de la Corte va más en el sentido de lo políticamente correcto, que de la libertad de expresión garantizada en la constitución. Es cierto, nada garantiza que esa libertad se use con prudencia, o con tolerancia, sin embargo, tampoco, el fallo de la Suprema Corte garantiza el uso o la restricción de los insultos o las descalificaciones. Tan absurdo como suponer un policía detrás de cada ciudadano. En dado caso, son las personas y las sociedades las que instituyen el uso, y no las autoridades judiciales. Aunque por supuesto, nunca falta quien aspira a un Big brother orwelliano.
Pero no pensemos solamente en dos palabras referidas al sexo, sino en muchas más que también insultan, degradan, llaman al odio. ¿Esas palabras también las restringirá la Corte? ¿Por qué prohibir unas y no otras? ¿Habrán de publicar un diccionario de la pureza, de lo políticamente correcto?
Hace unos días el historiador Enrique Krauze tuiteó con razón: “Sólo para troles: en mis textos -acertados o no- jamás encontrarán calumnias ni insultos. Mucho menos deseos de muerte contra nadie”. Si algo abunda en las redes sociales o en los comentarios virtuales en los medios, es el insulto, la descalificación, el odio como argumento. Pero también, las redes sociales y los medios han abierto espacios de comunicación, lazos y hasta formas de solidaridad. ¿Tendríamos que prohibir las palabras por los evidentes abusos? ¿Cómo le haríamos después en un estadio de fútbol o en la lucha libre?
No cuestiono que las dos palabras sancionadas por la Corte sean discriminatorias. Cuestiono sí, la imposibilidad de restringir cualquier cantidad de palabras para la discriminación y el odio. Es, para fines prácticos, un contrasentido constitucional. Un régimen de excepciones al que sólo le falta un Instituto Correctivo de la Moral Pública (ICMP). ¿Quién habrá de administrar ese laberinto?
8 de marzo 2013
http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9174411
