Peras y manzanas

A decir de Hannah Arendt, quien no sabe distinguir, no sabe pensar. Y esa parece ser la regla de tantos gobiernos municipales en el país. Una revisión somera al manejo de las finanzas públicas, evidencia una clara diversidad en conceptos, rubros y clasificaciones. Para un gobierno lo que son peras, implica manzanas para su vecino. Esa confusión llega al extremo de considerar el gasto como inversión, los cual incentiva ineficiencias y abusos a costa de los contribuyentes. Basta comparar los informes de la cuenta pública que generan los municipios de la zona metropolitana de La Laguna, para comprobar las diferencias.

Ante la falta de claridad, impera un criterio donde todo puede caber, donde no necesariamente dos más dos son cuatro. Desde hace tiempo, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado esta situación que no es exclusiva de los gobiernos municipales, sino que prácticamente se extiende al gobierno federal, los estados y otros organismos públicos.

El diagnóstico está claro, y también, en los ejemplos cotidianos abundan los abusos, las “buenas intenciones” y de plano, declarados fraudes. Hace unos días la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el caso de tres ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes defraudaron a la institución por 27 millones de pesos entre los años 2007 y 2009. La fórmula es sencilla, en una contabilidad donde todo cabe, es posible meter viajes a las Vegas, comprar electrónicos, meter gastos funerarios a personal ajeno a la institución y hasta pagar un Nintendo “Wii”. Es difícil pensar en el éxito de la “lucha por la seguridad pública”, cuando adentro de la casa opera el crimen con uniforme.

En el ámbito local, un caso de desorden financiero evidenció el desdén por la legalidad. El tesorero del municipio, Pablo Chávez Rossique, incurrió en una ilegalidad a fin de ahorrarse la tediosa burocracia. Contrató un crédito sin cursar el procedimiento legal que implica llevarlo a la Comisión de Hacienda del Cabildo, como lo denunció la síndica Natalia Virgil. Es posible que el tesorero obrara con “buena intención”, pero al mismo tiempo, no siguió las reglas que lo obligan, porque al fin puede ser avalado por el primer regidor, Rodrigo Fuentes. Es decir, el mensaje termina siendo poderosamente negativo. Rompo la ley, pero hago un bien.  

Nada más engañoso que el argumento de la “voluntad” para justificar el desprecio por la legalidad.

¿Acaso, esta historia no la conocíamos ya desde los primeros días del año anterior? ¿Ha cambiado en algo? Le pregunto al regidor José Ganem si habrá sanción o al menos, un extrañamiento. No lo veo convencido, porque al fin, justifica el atajo. Hace tiempo que la famosa fórmula del ideólogo, “la forma es fondo”, ya no se aplica.

Pero más allá de ejemplos, hay que rescatar una noticia que no ocupó primeras planas y ni horas de televisión, como tristemente se le ha dedicado con interés a un criminal. Me refiero al trabajo que realizó una comisión especial de diputados, a fin de concretar nuevas reglas para impulsar una armonización contable. El objetivo de la reforma constitucional fue evitar la conveniente confusión de peras con manzanas. De esa manera, la federación, estados y municipios estarán obligados a operar las nuevas reglas en la clasificación del gasto, a fin de tener los mismos conceptos contables. La vigencia comienza en el 2012.

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda publicó las reglas de Clasificación Funcional del Gasto que deberán aplicar los tres órdenes de Gobierno durante 2011 y que servirán de base para la presentación de los proyectos presupuestales de 2012. Las nuevas reglas contienen 143 conceptos de clasificación, divididos en cuatro finalidades básicas de gasto: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros. Al respecto, ¿Ya se estarán preparando los municipios? ¿Qué están haciendo los tesoreros de los principales municipios para homologar las finanzas?

Se puede objetar que una ley por sí sola no cambiará los vicios actuales. Es cierto, pero en la medida que ahora contamos con un marco, partimos de una obligación más que de la voluntad. Las reformas servirán para tener parámetros claros y comparables de la forma en que se gasta el dinero público por parte de los gobiernos y demás organismos públicos. Por cierto, hay que anotar que la reforma fue acompañada por varias asociaciones civiles conocedoras del tema, entre estas, Fundar.

Hay que escuchar la palabras de Gastón Luken, el diputado y presidente de esa comisión especial: “la importancia del Acuerdo de Clasificación Funcional del Gasto, sus beneficios y repercusiones son comparables a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

Dentro del ánimo negativo que hay en nuestra vida pública, una política de esta naturaleza puede ser profundamente favorable para el futuro. Ojalá así lo sea.

Don Alejo e Isabel

Sin duda las personas del año en México son Don Alejo Garza Tamez e Isabel Miranda de Wallace. Ambos ciudadanos representan un punto en común: la incapacidad, la ausencia del Estado para brindar seguridad, para preservar la vida de sus ciudadanos.

Don Alejo no dudó en jugar su vida para defender su patrimonio, al final, como dice el corrido, murió matando. Tomó las armas en defensa propia. Por el contrario, el caso de Isabel Miranda, también es heroico por la valentía y fuerza para dar con los secuestradores y asesinos de su hijo, incluso confrontándolos cara a cara, lo cual podría haber terminado en justicia por la propia mano.

Miranda de Wallace no accedió a ese seductor canto, sino que decidió ir por la vía civil para procurar justicia. Su camino llevó a la captura de los delincuentes, pero también a la gestión para aprobar una Ley del secuestro.

Los caminos de Don Alejo e Isabel resultan asombrosos, heroicos. Desde la individualidad, son los extremos de la sociedad, la minoría. Indican la urgencia de un cambio, algo que colectivamente no hemos logrado empujar. Quizá cuando las cosas se deterioren aún más, entonces sí, los diversos grupos de la sociedad civil, incluyendo esa pequeña minoría de la política, se decidan a ir a la raíz, en vez de andar por las ramas.

Arizona

La inevitable "reconquista"

No me sorprende un nuevo intento por criminalizar inmigrantes en Estados Unidos. La Ley  SB 1070, impulsada y defendida por la gobernadora Jan Brewer se trata en realidad de una larga manifestación de leyes xenofóbicas en mayor o menor medida.
Durante el siglo XIX fueron bien conocidos los intentos, algunos exitosos, por apartar, expulsar y desincentivar a chinos, irlandeses, árabes, italianos, etc.
Ahora los latinos, los mexicanos nuevamente son "el problema". Quizá convenga recordar por un lado, el fracaso interno de nuestro país.

Por otro, endurecer las leyes, resulta contraproducente. Lo argumentó bien Beccaria en el siglo XVIII.  Al final, endurecer una ley, criminalizar en este caso, termina volviéndose contra si, acrecentando el efecto indeseado.

Alejandro Portes, científico social de Princeton, ha demostrado cómo el endurecimiento de las leyes contra la migración cubana a Florida, terminó empoderando a los cubanos para gobernar el estado y liberarse de esas restricciones.

Y si no, basta con ver el poder económico específico entre Arizona y México, a lo cual, dudo que ambas economías les interese bloquear.
Así que hay mucho de ideología e inmediatez ante un hecho más profundo e inevitable en la historia humana: las migraciones.

El economista Georg J. Borjas, quien da clases en la prestigiosa Kennedy School of Government en la universidad de Harvard, ha estudiado a profundidad la relación entre economía y migración. Una de sus conclusiones es que en vez de reducir las oportunidades, de afectar negativamente el trabajo, la inmigración ha beneficiado a los EU.
Más temprano que tarde, una ley de esta naturaleza terminará por darse un tiro en el pie, y si no lo creen, vean la siguiente tabla de los principales socios comerciales:

Fuente: Reforma, 3, mayo, 2010.

¿Será hay un viejo y profundo recuerdo de lo que antes era México?

Bienvenida la reelección

Mito, tabú, aún así, el tema de la reelección en México no pude ignorarse ni tampoco aplazarse más. Máxime por tratarse de un tema que puede posibilitar la rendición de cuentas, el profesionalismo en la política e incluso, una relación distinta entre políticos y ciudadanos. No obstante, a la población en general el tema no le gusta, en buena medida por la calidad de políticos y sobre todo, por la desgracia de los resultados. ¿Quién en su sano juicio quisiera reelegir a muchos de los políticos que tenemos? Pero me temo que este rechazo proviene de un educación oficialista, producto del régimen posrevolucionario que elevó al pedestal una frase actualmente hueca: “Sufragio efectivo no reelección”.

Si algo debemos desmontar, deconstruir diría el filósofo argelino Jacques Derrida, son esos mitos que heredamos de la “Revolución”. Como escribieron recientemente Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, “México es preso de su historia” porque "nos sobra pasado, pero nos falta futuro”.

Así, mucho antes que Francisco I. Madero tomara la causa política de la “no reelección” para Presidente de la República, Porfirio Díaz luchaba por el mismo fin, acaso porque otro presidente en el poder, Benito Juárez, no dejaba la silla tan deseada. A Juárez ni el viento lo movió de la presidencia, cargo que ejerció durante 14 años consecutivos hasta que eso sí, le llegó la muerte. Esto sumó más del doble de tiempo que su “Alteza Serenísima”, Antonio López de Santa Anna, quien fue y vino de la presidencia –en once ocasiones–, como quien va al supermercado. El problema de la duración del poder fue resuelto hasta 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario (ahora PRI), a fin de frenar los asesinatos entre los aspirantes. Sin embargo, esta limitación terminó con los años, por extenderse a otros cargos de elección popular como diputados, senadores y presidentes municipales. Al final, esta limitación terminó por inhibir también el derecho de los ciudadanos para llamar a cuentas a sus gobernantes.

Para fines prácticos, nuestro sistema político permite votar, pero sin recibir a cambio ninguna garantía o mecanismo de control sobre los representantes a quienes otorgamos el poder. Esto es tanto como comprar un producto en el mercado, y no recibir ninguna garantía o factura que ampare un defecto o una devolución si la mercancía está dañada o es claramente insatisfactoria. Por lo tanto, el votante está impedido a reclamar, a llamar a cuentas al político.
El voto se convierte así en un boleto de ida que no tiene regreso, ni garantía. De esa manera, la relación actual entre los políticos y los ciudadanos es desigual porque legalmente así está instituida. Y si no rinden cuentas, es porque no está establecido en ningún mecanismo que permita a los votantes apremiar o castigar a los políticos. Se tendría que transformar la relación para producir otros efectos.

En este sentido, durante la ceremonia por su tercer año de gobierno en Palacio Nacional, el Presidente Felipe Calderón propuso la reelección de legisladores y de alcaldes en todo el país, “para obligarlos a una rendición de cuentas”. Además, habló de impulsar la participación de la sociedad a través de figuras como la iniciativa ciudadana, el referéndum, y la posibilidad de participación en los procesos electorales “sin rigideces”. ¿Se referirá a las candidaturas ciudadanas?

El sistema político actual no puede producir los efectos deseados en la ciudadanía por la sencilla razón de que no fue dispuesto para empoderar a los votantes. Si queremos obtener otro resultado, será necesario cambiar las reglas de juego, donde entonces sí, el ciudadano no sea un mero observador, sino un auténtico partícipe con el poder de elegir, pero también de castigar.
Países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y hasta El Salvador, han incorporado en sus sistemas electorales la reelección como una forma de representación inclusiva, sujeta a que el ciudadano pueda evaluar si su representante popular realizó un buen trabajo o no. Sólo de esa manera, los representantes populares estarían siendo responsables directos ante el ciudadano y no solamente ante las complacientes dirigencias partidistas.

Al respecto, el poderoso senador Manlio Fabio Beltrones ha expresado textualmente su interés por impulsar estas reformas políticas, pero al igual que lo propuesto por Calderón, no se ve claro para cuándo. De concretarse una reforma de esta naturaleza, estaríamos dando un paso para transformar las tan deterioradas relaciones entre políticos y ciudadanos.
Si bien, una reforma así no es la panacea y mucho menos la solución al decoroso comportamiento de los políticos, sí estaría enfocada a generar productividad y buen desempeño, bajo un esquema de incentivos entre representante y representado. Ojalá pronto podamos ratificar o reprobar el trabajo de nuestros políticos, puesto que ya es hora de regresar el poder a los ciudadanos.

El Siglo de Torreón
12 de diciembre 2009

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Mediocridad pura

Decepcionante la propuesta, decepcionante la aprobacion de los nuevos impuestos. Nuestra clase política, tan imaginativa como pertinente, recetó a los ya contribuyentes, una nueva carga. ¿A cambio de qué? ¿Acaso de resultados palpables y benéficos para la población, para el país?
Al fin, una clase que no le interesa el futuro ni nada que implique más, es decir, mediocridad pura. Aquí un artículo de Ciro Gómez Leyva a propósito de la mediocridad.

¿Qué tan violento es México?

¿Qué tan violento es México? ¿Es más o menos violento hoy que hace 10, 20 o 50 años? Se pregunta Fernando Escalante Gonzalbo en ele reciente número de la revista Nexos. No falta información, recuerda el sociólogo en un adelanto de su próximo libro.




Para descocierto del sentido común, el estudio muestra que la violencia ha bajado en el país desde 1990 a 2007, y que en los últimos años, los llamados de la "guerra contra el narco" se ha concentrado en seis estados. Quizá, como lo sugiere el propio Escalante, aumentó la espectacularidad que ha terminado por inundar los medios. Aún así, "la violencia es sólo un corolario de esa fragilidad institucional".