Un paso adelante, un paso para atrás

Sin duda, el eslabón más débil del gobierno mexicano, es el municipio. Al mismo tiempo, es el gobierno más inmediato a los ciudadanos. Por lo mismo, mucho de lo que sucede en las ciudades, tiene su gloria o su tumba en los gobiernos municipales. Para no ir tan lejos, la transición a la democracia se dio de abajo hacia arriba, es decir, de los municipios hacia el gobierno nacional. De esa manera la alternancia primero se cultivó en las presidencias municipales, pero hasta la fecha, la capacidad de ese nivel de gobiernos es sumamente desigual.

 Por un lado tenemos un pequeño cúmulo de municipios con amplias capacidades (hablamos de unos 60 entre dos mil), pero por otro, abundan los municipios con un papel meramente testimonial, inermes para hacer frente a los problemas de la ciudad. Hace varias décadas, en 1983, se fortaleció la capacidad y la autonomía de los municipios a través de la reforma al artículo 115 constitucional. En aquella época fue un avance, pero ahora, el papel de los municipios está rebasado. No sólo por la desigualdad de las instituciones, sino por la calidad de los gobiernos. El tema de la calidad, o si quieren, de eficiencia, parece trivial para muchos alcaldes, pero en contextos de competencia, hacer una buena administración tan solo es un aval mínimo para ratificar el poder. Dicho en otras palabras, hacer una buena administración también es rentable electoralmente.

Así como en los últimos años, algunos gobiernos estatales contrajeron deudas insostenibles, Coahuila es el peor ejemplo, también es común la quiebra financiera en los municipios. Entre deudas y negligencia administrativa, hay casos paradigmáticos como Cuernavaca y Acapulco. Pero la historia no termina ahí, sino empieza con la facilidad de los alcaldes para dejar herencias tóxicas a los ciudadanos, y salvo contadas excepciones, son llamados a cuentas. Al respecto, la ley de contabilidad gubernamental es una respuesta al desorden en los municipios, pero también, es un refuerzo para la transparencia de los recursos, y entonces sí, el llamado a rendir cuentas. 

En ese sentido, es positiva la postura del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al negar que rescatarán las finanzas de estados y municipios: “deben tener la capacidad de crear financiamiento, de ordenar sus finanzas, realizar ajustes para disminuir las partidas de gastos y recaudar más impuestos”. 

Pero lo que es un paso para adelante, también es un paso para atrás. El 2012 cerró con un regalo de los diputados federales para continuar con las malas cuentas en los estados y municipios. Aprobaron la condonación de multas y recargos por no pagar debidamente el impuesto sobre la renta ante la Secretaría de Hacienda. Por supuesto, ese privilegio no es para los ciudadanos en general, sino para los gobiernos municipales que reciben incentivos para la ineficiencia.

Bajo esas reglas del juego, es difícil que los gobiernos locales hagan administraciones de calidad, si al final, hay pocas consecuencias para políticos que quiebran, defraudan o sencillamente dilapidan los recursos públicos. Al final, no faltará quien afirme, ¡para eso son las plurinominales!

9 de enero 2013

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9169142 

Peras y manzanas

A decir de Hannah Arendt, quien no sabe distinguir, no sabe pensar. Y esa parece ser la regla de tantos gobiernos municipales en el país. Una revisión somera al manejo de las finanzas públicas, evidencia una clara diversidad en conceptos, rubros y clasificaciones. Para un gobierno lo que son peras, implica manzanas para su vecino. Esa confusión llega al extremo de considerar el gasto como inversión, los cual incentiva ineficiencias y abusos a costa de los contribuyentes. Basta comparar los informes de la cuenta pública que generan los municipios de la zona metropolitana de La Laguna, para comprobar las diferencias.

Ante la falta de claridad, impera un criterio donde todo puede caber, donde no necesariamente dos más dos son cuatro. Desde hace tiempo, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado esta situación que no es exclusiva de los gobiernos municipales, sino que prácticamente se extiende al gobierno federal, los estados y otros organismos públicos.

El diagnóstico está claro, y también, en los ejemplos cotidianos abundan los abusos, las “buenas intenciones” y de plano, declarados fraudes. Hace unos días la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el caso de tres ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes defraudaron a la institución por 27 millones de pesos entre los años 2007 y 2009. La fórmula es sencilla, en una contabilidad donde todo cabe, es posible meter viajes a las Vegas, comprar electrónicos, meter gastos funerarios a personal ajeno a la institución y hasta pagar un Nintendo “Wii”. Es difícil pensar en el éxito de la “lucha por la seguridad pública”, cuando adentro de la casa opera el crimen con uniforme.

En el ámbito local, un caso de desorden financiero evidenció el desdén por la legalidad. El tesorero del municipio, Pablo Chávez Rossique, incurrió en una ilegalidad a fin de ahorrarse la tediosa burocracia. Contrató un crédito sin cursar el procedimiento legal que implica llevarlo a la Comisión de Hacienda del Cabildo, como lo denunció la síndica Natalia Virgil. Es posible que el tesorero obrara con “buena intención”, pero al mismo tiempo, no siguió las reglas que lo obligan, porque al fin puede ser avalado por el primer regidor, Rodrigo Fuentes. Es decir, el mensaje termina siendo poderosamente negativo. Rompo la ley, pero hago un bien.  

Nada más engañoso que el argumento de la “voluntad” para justificar el desprecio por la legalidad.

¿Acaso, esta historia no la conocíamos ya desde los primeros días del año anterior? ¿Ha cambiado en algo? Le pregunto al regidor José Ganem si habrá sanción o al menos, un extrañamiento. No lo veo convencido, porque al fin, justifica el atajo. Hace tiempo que la famosa fórmula del ideólogo, “la forma es fondo”, ya no se aplica.

Pero más allá de ejemplos, hay que rescatar una noticia que no ocupó primeras planas y ni horas de televisión, como tristemente se le ha dedicado con interés a un criminal. Me refiero al trabajo que realizó una comisión especial de diputados, a fin de concretar nuevas reglas para impulsar una armonización contable. El objetivo de la reforma constitucional fue evitar la conveniente confusión de peras con manzanas. De esa manera, la federación, estados y municipios estarán obligados a operar las nuevas reglas en la clasificación del gasto, a fin de tener los mismos conceptos contables. La vigencia comienza en el 2012.

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda publicó las reglas de Clasificación Funcional del Gasto que deberán aplicar los tres órdenes de Gobierno durante 2011 y que servirán de base para la presentación de los proyectos presupuestales de 2012. Las nuevas reglas contienen 143 conceptos de clasificación, divididos en cuatro finalidades básicas de gasto: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros. Al respecto, ¿Ya se estarán preparando los municipios? ¿Qué están haciendo los tesoreros de los principales municipios para homologar las finanzas?

Se puede objetar que una ley por sí sola no cambiará los vicios actuales. Es cierto, pero en la medida que ahora contamos con un marco, partimos de una obligación más que de la voluntad. Las reformas servirán para tener parámetros claros y comparables de la forma en que se gasta el dinero público por parte de los gobiernos y demás organismos públicos. Por cierto, hay que anotar que la reforma fue acompañada por varias asociaciones civiles conocedoras del tema, entre estas, Fundar.

Hay que escuchar la palabras de Gastón Luken, el diputado y presidente de esa comisión especial: “la importancia del Acuerdo de Clasificación Funcional del Gasto, sus beneficios y repercusiones son comparables a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

Dentro del ánimo negativo que hay en nuestra vida pública, una política de esta naturaleza puede ser profundamente favorable para el futuro. Ojalá así lo sea.

Inteligencia financiera

Inteligencia militar, dos términos contradictorios.
Groucho Marx

Primero pegas, luego preguntas. Y esa impresión que deja la estrategia calderonista de la “guerra contra el narco”, ahora “lucha por la seguridad”. A punto del cuarto informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón llega en un momento crítico, donde incluso, la presión internacional, tras los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, ensombreció aún más el panorama.

Sí; las cosas siempre pueden empeorar más, y la masacre en el municipio de San Fernando, lo vuelve a reiterar. Ayer el presidente, en el Campo Marte advirtió sobre la violencia que viene: “Comparto el propósito de que podamos encontrar la manera de reducir esta criminalidad, minimizando la violencia, pero en el corto plazo, hay que admitirlo, es esperable que haya permanencia de la violencia e incluso una intensificación que posteriormente debe tender a reducirse drásticamente en la medida en que, por un lado, se deteriora la capacidad de reclutamiento, de crecimiento y de fuerza de las organizaciones criminales y por otra el estado fortaleciéndose constantemente, que es la estrategia de estado".

De esa manera, queda claro que el problema no es un asunto a resolver en el corto plazo. En este sentido, la conclusión de los “Diálogos por la seguridad”, donde se discutieron propuestas, se expusieron diagnósticos, se hicieron críticas, deja la expectativa para la construcción de una auténtica política de estado. Después del fracaso de la estrategia belicista, en la semana se volvió a retomar el tema del lavado de dinero. Por un parte resulta positivo que al fin se presenten una serie de estrategias financieras, pero por otro, no podemos dejar de reconocer el tiempo y las vidas perdidas. Finalmente llegamos al punto en que la estrategia no supone solamente la fuerza, sino eventualmente la inteligencia. Así, el presidente presentó las iniciativas y los cuatro ejes que conforman la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento del Terrorismo”. Falta ver qué hace y en cuánto tiempo el Congreso de la Unión concreta estas iniciativas, que indican el desorden con el que se abordó el problema. Es decir, el gobierno federal empezó de atrás para adelante, abordando la ramas del problema y los no las raíces.  No obstante la barbarie e incluso la banalidad del mal; el fuego no ha apagado el fuego, ni el sistema de justicia ha cerrado la pinza. ¿Será en el financiero?

Al mismo tiempo se presentan iniciativas como una posibilidad institucional para el cambio. Pero la ley federal de extinción de domino y la flamante unidad de “inteligencia financiera” ubicada en la Secretaría de Hacienda, son herramientas, hasta ahora, irrelevantes. Tan sólo hace algunas semanas, otro gobierno extinguió a un capo, no la vida, sino la friolera de unos 800 millones de euros, algo así como 1000 millones de dólares a un mafioso de la “Cosa Nostra”. ¿Y la Cosa Nuestra cuándo?

Por lo pronto, en el ámbito local no deja de ser preocupante el fracaso de los cuerpos de seguridad para bajar los índices delictivos. En ese contexto, no resulta extraño que grupos de colonos estén pensando en tomar medidas. La tentación de las bardas aparece así como una respuesta inmediata y “razonable” ante la desesperación por los constantes robos y atracos en la zona norte de Torreón. La pretensión de levantar muros en este caso, refleja la incapacidad de las autoridades para proteger a los ciudadanos. En contraparte, los colonos de Los Ángeles decidieron unilateralmente cerrar algunas calles. Hoy empezamos con una barda, y mañana terminaremos con una ciudad amurallada. Amurallada primero en sus colonias, como muchos fraccionamientos, amurallada luego en su convivencia. Así empezó la “región más transparente”, un muro aquí, un muro allá, para formar al fin, una ciudad segregada, dividida. Lejos está la cohesión social, y más lejos, el mítico espíritu que la historia registra de los laguneros.