Transparencia y confianza

Puro lujo

Como va el rumbo de la cosa pública, nos queda una sensación de ir un paso para adelante y dos para atrás. Entre la comentocracia ya se habla de “regresión”, vuelta al pasado o de una “restauración” del viejo régimen. Incluso, hasta las opiniones más ecuánimes y conservadoras, denuncian la cleptocracia o describen, a manera de lamento, “un presidente como los de antes”. De manera prematura la Presidencia de la República perdió confianza y credibilidad por sus propias acciones relacionadas con la corrupción. Lejos de enmendar el rumbo, hay que aguardar todavía cuatro años más. 

En el poder optaron por la arrogancia como una actualización de “ni los veo ni los oigo”. Por eso, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se presenta tan tranquilo, a pesar de las nuevas revelaciones del diario Wall Street Journal sobre su casa en Malinalco y el magnífico crédito otorgado por HIGA. Para el caso, mejor colofón no pudo haber: "Si les parece bien no voy a hacer ninguna otra declaración".

Desde Londres, el presidente Enrique Peña Nieto, reconoce, como quien no es parte del problema, que México está plagado de desconfianza: “Hoy, sin duda, hay una sensación de incredulidad y desconfianza… ha habido una pérdida de confianza que ha sembrado sospecha y duda”. 

Hace unos días, se publicó una encuesta que registra la desaprobación ascendente del gobierno.  58 por ciento de los ciudadanos desaprueba al gobierno de Peña, o como dijera el innombrable: esas encuestas reflejan un despeñadero. Por el contario, solamente 39 por ciento lo aprueba (Parametría, 23 de marzo 2015).

En ese ambiente negativo de nuestra vida pública, aunque todavía muy alejado de la autodegradación venezolana, el Senado acaba de aprobar el dictamen para la nueva Ley General de Transparencia. Después de un estira y afloja en contra de la transparencia, se lograron enmendar varios puntos que mejoran los mecanismos de la ley en el país. De entrada es positivo que la nueva ley amplía los sujetos obligados, entre ellos sindicatos, partidos políticos y el resto de los poderes públicos más allá del ejecutivo. Aunque los legisladores, se dieron un tiempo de espera para que la ley no aplique del todo a ellos, mientras se acomodan. Esto significa que la discrecionalidad en el gasto continuará hasta que no ajusten a la norma. En congruencia con el pasado, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, fue el único en votar en contra.

Otro punto relevante es que pasamos de una ley con 17 obligaciones mínimas de transparencia, a 48. Es decir, tendremos una cancha más amplia a favor de la transparencia. También se unificaron los criterios y principios para estados y municipios, a fin de partir de la misma base. Con la ley anterior, cada estado se confeccionaba su vestido de “transparencia” a la medida.

Como en toda ley de transparencia y acceso a la información, un punto polémico son las causas de reserva de información. El motivo más socorrido es la “seguridad del Estado”. Bajo esa justificación, muchas dependencias gubernamentales ocultan dolosamente información de interés público. La nueva ley exige mostrar una prueba de daño para la clasificación de información. En general la nueva ley es un paso de segunda generación si lo comparamos con la primera ley. Pero es cierto, querido y desconfiado lector (la burra no era arisca). La ley de transparencia no resuelve los problemas del país, ni tampoco acaba en automático la corrupción. Por el contrario, necesita de ciudadanos que le den contenido, que la lleven una y otra vez a prueba. Ciudadanos, que cansados de sus gobiernos, los llamen a cuentas a través de un sencilla solicitud de información. Todavía nos falta mucho, pero no partimos de cero. Aunque lo confieso, desalienta saber que avanzamos en unas, pero retrocedemos en otras.  

25 de marzo 2015
El Siglo de Torreón
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1099234.transparencia-y-confianza.html

Joder al IFAI

Más que la prosperidad, es en las dificultades donde conocemos la hechura de un gobierno. Por estos días, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta embates que no sólo llevan a prueba la administración, sino también muestra de qué está hecho. Mucho se ha hablado de las reformas impulsadas por el presidente, pero todavía estamos lejos de ver los impactos en el país. Más vale no celebrar por anticipado, porque nada se hace de la noche a la mañana. La más reciente iniciativa de reforma energética no llega todavía a discusión al Congreso, cuando las reformas a la educación ya causan estragos con el sector rijoso de maestros del sindicato: CNTE.

Pero en las movilizaciones de los profes no hay novedad. Hasta cierto punto, la protesta, y no las clases, son su modus vivendi. Antes han doblegado gobiernos estatales. Hoy no sólo amagaron a las autoridades federales, también cercaron al Congreso para impedir que avance la reforma. Metidos en el chantaje, al Congreso no le quedó más que bajar el dictamen en disputa, y el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong sólo mirando. Tanto criticaron la inoperancia de los panistas, para venir ahora a ver pasar los problemas. Doblado, el poder legislativo optó por cambiar de sede. Al paso que vamos ¿también necesitaremos un poder alterno?

Hace tiempo que la luna de mil del gobierno acabó, y ante las bajas expectativas de crecimiento económico, algunos ya hablan de que el “momento mexicano” pasó. Es sintomático que las malas noticias no las afronta el presidente Peña Nieto, ni tampoco su responsable en Hacienda, Luis Videgaray. Ante los medios, ellos sólo hablan de lo que puede mover a México. Nada dicen a la hora de defender el gobierno ante los problemas que nos estancan, que nos hacen retroceder. El artificio es no hablar, aunque la realidad sea lapidaria. Así, el ajuste de Hacienda se hizo agua entre un 3.5 por ciento de crecimiento a 1.8. Sabrá cómo cierre el año.

Dejemos por un momento a los malos de la película, es decir al CNTE y su toma de calles. En el legislativo también se construyen retrocesos. En un principio, el entonces presidente electo tomó el tema de la transparencia como un discurso políticamente correcto. Más todavía, anunció una serie de reformas para fortalecer al IFAI y en consecuencia a la transparencia. Por entonces le pregunté a Sigrid Arzt, comisionada del instituto, sobre la propuesta. Al margen de la duda, me contestó, hay que tomarle la palabra para fortalecer al IFAI. 

Hoy sabemos de qué manera los diputados del PRI quieren “fortalecer” al instituto: quitándole poder para abrir la información, minando su autoridad, limitando su capacidad. Ya en el camino para fortalecer la opacidad, se sumaron los diputados del Verde Ecologista (lo cual no sorprende en ese partido gañán) y algunos del PRD. ¡Vaya izquierda! Lejos queda la prometida autonomía constitucional porque el Ejecutivo se impondría con los nuevos cambios, por encima del IFAI. Es un juego por doble partida. El PRI en Senado apoyó fortalecer la transparencia. Pero el mismo PRI en la cámara de diputados cambia el sentido de la reforma. Y esto apenas empieza.

23 de agosto de 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9189598

Pemex para nacionalistas

La próxima batalla reformista del gobierno será en Pemex y después, ¡a subir los impuestos! De esa manera veremos en dos frentes, de qué está hecho el Pacto por México. Por lo pronto ya en el PRD han mostrado desconfianza sobre la reforma en Pemex. Aunque, el antiguo líder moral del perredismo, Cuauhtémoc Cárdenas, se muestra favorable a los cambios.  Aun así, la mancuerna PRI-PAN es suficiente para sacar adelante la reforma energética que no solo se refiere a Pemex, sino al sector en general. 

A sus 75 años, la paraestatal no deja de ser una empresa mítica. Vista así, en el imaginario nacional la empresa de todos los mexicanos es: la gran industria nacional; la enorme riqueza nacional recuperada por Tata Cárdenas de las manos extranjeras; el gran patrimonio de México. Pero también, la otra parte de la empresa es: la fuente perenne de la corrupción; el paraíso de los sindicalistas; el barril sin fondo que infla artificialmente al gobierno. Por eso las descomunales deudas de los estados; el tiradero de millones en proyectos como la Estela de luz. Por eso el financiamiento desmedido a los partidos políticos…

Durante décadas, el suceso de la expropiación petrolera se convirtió en uno e los mitos fundadores del PRI, y en lo sucesivo del viejo sistema político mexicano y la historia nacional. Lázaro Cárdenas, el presidente que promovió la expropiación en 1938, se convirtió en uno de los héroes de bronce en México, y junto a Benito Juárez, en el presidente más aclamado entre los mexicanos. Vayamos al legado. En la mitología nacionalista se dice que “Pemex es de los mexicanos”, pero en realidad la empresa es de un pequeño grupo del sindicato que controla Carlos Romero Deschamps. 

También se dice que Pemex es patrimonio de México, aunque la riqueza petrolera no genere valor público para el país, sino un enorme desperdicio en subsidios, prebendas, recursos para el gasto corriente. Pemex, el pilar del desarrollo… para las campañas presidenciales. ¿Se acuerdan de los 1500 millones? Pero nada más hueco en el aniversario de la expropiación que decir que el petróleo es de los mexicanos, si ni siquiera la empresa acumula un fondo para el futuro o bono adquirible en el mercado de valores. Hacia el futuro, países como Chile, Brasil o Noruega están invirtiendo sus recursos no renovables. En cambio, el líder sindicalista puede regalar a su hijo un modesto auto, un Enzo Ferrari de 25 millones de pesos. En esas condiciones, hablar de la supuesta privatización es irrelevante, pues la empresa ya fue privatizada antes por un pequeño grupo que la usufructa. ¿Dónde quedó entonces la empresa de los mexicanos? Sin duda en el imaginario.

Pero nunca es suficiente con esta generosa empresa pública. En esa distorsión, tenemos que la paraestatal subsidia con unos 200 mil millones de pesos, el mayor programa social del país para mantener gasolinas baratas. Por supuesto, los recursos superan los programas destinados a los pobres, no obstante de la cruzada nacional contra el hambre.
A pesar de las diferencias políticas entre los partidos, no parece haber oposición significativa a la reforma. Vamos, hasta el líder petrolero mejor se acomodó a las órdenes del presidente. No vaya a ser como “La maestra”…
En mucho dependerá el alcance de la propuesta del ejecutivo, su impacto en las reglas del juego, la capacidad para fijar un rumbo eficiente. En pocas palabras: un depurar el nacionalismo.

Milenio 20 de marzo 2013 http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9175494

El Estado laico y sus (mal)querientes

Conviene leer por estos días de protestas y rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional, El estado laico y sus malquerientes de Carlos Monsiváis. En la historia, política y religión suelen llevar relaciones tortuosas. Otras, se funden y se confunden. Al respecto, todavía sobreviven estados teocráticos, algunos muy populares.
La reforma al artículo 24 la aprobaron la mayoría de los diputados, ahora toca el turno al senado. Pero hay quienes han visto en esa reforma una amenaza al Estado laico. 


Asociaciones civiles y religiosas, reconocidos académicos y figuras públicas se han sumado a las protestas, por considerar que se atenta contra el principio de laicidad. Incluso argumentan que se favorece exclusivamente a la iglesia católica en detrimento de otras religiones. De esa manera, en diferentes ciudades del país se han replicado las manifestaciones.

¿Pero realmente es así? ¿Qué dice el artículo original y qué dice ahora? Si comparamos los artículos, veremos que no hay gran diferencia entre el texto original de la Constitución de 1917 y la reforma actual. Lo que prevé la reforma es legalizar lo que de facto ya se practica (como las expresiones públicas con motivos religiosos). Hasta ahí nada que amenace remotamente el sacrosanto Estado laico. El espíritu liberal de la carta magna se mantiene. En ningún párrafo se da preferencia a una religión sobre otra.
Muy diferente la histórica Constitución de 1824. ¡Esa sí que fundía el estado con la religión! Aquella Constitución no sólo prefería una sola religión, sino prohibía cualquier competencia contra el monopolio católico. Cito textualmente: 


“La religión de la nación es la Católica Apostólica y Romana, es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra”.

El extremo lo tuvimos en el siguiente siglo, cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles impulsó reformas anticlericales. Cerró iglesias y se confrontó con el clero, en respuesta un sector de católicos se levantó en armas y el gobierno contestó la guerra. La Cristiada empezó hacia 1926 y se terminó oficialmente en 1929, aunque las vejaciones del estado no concluyeron ahí. Si bien ya no fue con las armas, el conflicto se volvió político por las restricciones del estado a las autoridades católicas e incluso a las iglesias cristianas. La tolerancia vino finalmente hasta al periodo del presidente Manuel Ávila Camacho. Entonces ya habían quedado las marcas.


En Torreón la Cristiada no se dio con las armas, pero sí llegó a suscitar otros grados de violencia. En 1926 el gobernador de Coahuila, Manuel Pérez Treviño alentó acciones anticlericales. Se expulsaron sacerdotes, el culto se suspendió y las misas se celebraron con discreción en las casas de los fieles. Para agosto de ese año hubo una manifestación de católicos, se habla de unos 800 en contra del gobierno por restringir el culto, no solamente católico, también se actuó contra las iglesias cristianas en la ciudad. El presidente municipal Nazario Ortiz Garza ordenó a la policía romper la manifestación con una bomba de agua. Eso dispersó a los manifestantes y luego los enardeció. El jefe de la policía casi pierde la vida, y nada más a balazos se controló a la turba. Hubo dos muertos y varios heridos. Tras el choque, la casa de Ortiz Garza fue resguarda por policías ante el temor de un asalto. Ese fue un caso, pero el conflicto de baja intensidad continuó hasta los años treinta.

A pesar de la difícil historia, el México contemporáneo ha ganado en tolerancia y sobre todo, en un sólido estado laico. Sin duda, la amenaza está en otra parte.


5 de febrero 2012
Milenio http://impreso.milenio.com/node/9107429

¿Tú le crees a Elba Esther?

Era 2005, se realizaba una competida campaña presidencial entre el PAN y el PRD, y el PRI visiblemente atrás. Elba Esther Gordillo, la otrora compañera de fórmula de Roberto Madrazo, estaban al frente de la secretaría general del PRI. En realidad Madrazo preparaba su candidatura presidencial y posteriormente se dio un abrupto rompimiento con Gordillo. La lucha interna fue encarnizada a tal grado de que Gordillo fue expulsada del PRI. En el camino “la maestra” preparó una campaña en contra de su antiguo compañero de partido. La exitosa frase de su campaña contra Madrazo decía: “¿Tú le crees a Roberto Madrazo? Yo tampoco”.

Así, maestros del SNTE al mando de la sempiterna líder sindical se encargaron de operar la campaña y de paso, arruinar el curso de su candidatura. Madrazo pasó a segundo o tercer plano y Gordillo sigue tan vigente como en los últimos lustros. Por eso, el relanzamiento de Gordillo en la antesala de la elecciones presidenciales de 2012, la vuelve a colocar como un factor clave para los comicios. En aquella cerrada elección de 2005 inclinó la balanza a favor del PAN y Calderón. Ahora los vientos la acercan al PRI y claramente evidencia una ruptura con su aliado en los Pinos, de ahí que “la maestra” reconozca las diferencias y de paso acusa al gobierno de Calderón de pretender “fracturar a organizaciones sindicales”.

¿Podría ser que el presidente al final de su sexenio dé un golpe de timón al SNTE como lo hizo con el SME? A Gordillo esto no parece preocuparle, porque como recientemente declaró: “¡Con Elba o sin Elba no hay quien pare a esta organización!”. Y tiene razón, el gobierno podrá quitar a la líder, pero no a la estructura.
Por lo pronto “la maestra” se sabe más cierta que los presidentes. Ellos se van, ella permanece. Ellos dejan de ser poderosos, ella sigue influyendo. Por eso desde hace meses trata de limpiar su imagen y hace campaña en televisión; en un periódico escribe una columna donde “promueve” la mejora educativa; recomienda a los padres leer con sus hijos; y ahora nos habla convencida de una profunda reforma al sistema educativo.
 

Como en aquella campaña podríamos decir ahora: “¿Tú le crees a Elba Esther? Yo tampoco”. No hay nada en el desempeño de la educación y el SNTE que nos indique de un cambio serio y constante. Pero el problema no es tanto el dinero, sino la calidad y la eficiencia. Comparativamente nuestro país invierte tanto o más como aquellos países donde la educación tiene el mejor desarrollo. Ni la evaluación, ni el mérito académico permean en el sistema de educación pública. Por el contrario, una parte del sindicato se resiste a los cambios y a la evaluación, una minoría está comprometida con su vocación y otra más controla el poder político del gremio. En estas condiciones, para no hablar de corrupción, resulta difícil, si no imposible creer en la reforma de Gordillo. Vuelvo a insistir: ¿Tú le crees a Elba Esther? Yo tampoco.

Milenio, 6 de mayo del 2011
http://impreso.milenio.com/node/8954708

Peras y manzanas

A decir de Hannah Arendt, quien no sabe distinguir, no sabe pensar. Y esa parece ser la regla de tantos gobiernos municipales en el país. Una revisión somera al manejo de las finanzas públicas, evidencia una clara diversidad en conceptos, rubros y clasificaciones. Para un gobierno lo que son peras, implica manzanas para su vecino. Esa confusión llega al extremo de considerar el gasto como inversión, los cual incentiva ineficiencias y abusos a costa de los contribuyentes. Basta comparar los informes de la cuenta pública que generan los municipios de la zona metropolitana de La Laguna, para comprobar las diferencias.

Ante la falta de claridad, impera un criterio donde todo puede caber, donde no necesariamente dos más dos son cuatro. Desde hace tiempo, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado esta situación que no es exclusiva de los gobiernos municipales, sino que prácticamente se extiende al gobierno federal, los estados y otros organismos públicos.

El diagnóstico está claro, y también, en los ejemplos cotidianos abundan los abusos, las “buenas intenciones” y de plano, declarados fraudes. Hace unos días la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el caso de tres ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes defraudaron a la institución por 27 millones de pesos entre los años 2007 y 2009. La fórmula es sencilla, en una contabilidad donde todo cabe, es posible meter viajes a las Vegas, comprar electrónicos, meter gastos funerarios a personal ajeno a la institución y hasta pagar un Nintendo “Wii”. Es difícil pensar en el éxito de la “lucha por la seguridad pública”, cuando adentro de la casa opera el crimen con uniforme.

En el ámbito local, un caso de desorden financiero evidenció el desdén por la legalidad. El tesorero del municipio, Pablo Chávez Rossique, incurrió en una ilegalidad a fin de ahorrarse la tediosa burocracia. Contrató un crédito sin cursar el procedimiento legal que implica llevarlo a la Comisión de Hacienda del Cabildo, como lo denunció la síndica Natalia Virgil. Es posible que el tesorero obrara con “buena intención”, pero al mismo tiempo, no siguió las reglas que lo obligan, porque al fin puede ser avalado por el primer regidor, Rodrigo Fuentes. Es decir, el mensaje termina siendo poderosamente negativo. Rompo la ley, pero hago un bien.  

Nada más engañoso que el argumento de la “voluntad” para justificar el desprecio por la legalidad.

¿Acaso, esta historia no la conocíamos ya desde los primeros días del año anterior? ¿Ha cambiado en algo? Le pregunto al regidor José Ganem si habrá sanción o al menos, un extrañamiento. No lo veo convencido, porque al fin, justifica el atajo. Hace tiempo que la famosa fórmula del ideólogo, “la forma es fondo”, ya no se aplica.

Pero más allá de ejemplos, hay que rescatar una noticia que no ocupó primeras planas y ni horas de televisión, como tristemente se le ha dedicado con interés a un criminal. Me refiero al trabajo que realizó una comisión especial de diputados, a fin de concretar nuevas reglas para impulsar una armonización contable. El objetivo de la reforma constitucional fue evitar la conveniente confusión de peras con manzanas. De esa manera, la federación, estados y municipios estarán obligados a operar las nuevas reglas en la clasificación del gasto, a fin de tener los mismos conceptos contables. La vigencia comienza en el 2012.

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda publicó las reglas de Clasificación Funcional del Gasto que deberán aplicar los tres órdenes de Gobierno durante 2011 y que servirán de base para la presentación de los proyectos presupuestales de 2012. Las nuevas reglas contienen 143 conceptos de clasificación, divididos en cuatro finalidades básicas de gasto: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros. Al respecto, ¿Ya se estarán preparando los municipios? ¿Qué están haciendo los tesoreros de los principales municipios para homologar las finanzas?

Se puede objetar que una ley por sí sola no cambiará los vicios actuales. Es cierto, pero en la medida que ahora contamos con un marco, partimos de una obligación más que de la voluntad. Las reformas servirán para tener parámetros claros y comparables de la forma en que se gasta el dinero público por parte de los gobiernos y demás organismos públicos. Por cierto, hay que anotar que la reforma fue acompañada por varias asociaciones civiles conocedoras del tema, entre estas, Fundar.

Hay que escuchar la palabras de Gastón Luken, el diputado y presidente de esa comisión especial: “la importancia del Acuerdo de Clasificación Funcional del Gasto, sus beneficios y repercusiones son comparables a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

Dentro del ánimo negativo que hay en nuestra vida pública, una política de esta naturaleza puede ser profundamente favorable para el futuro. Ojalá así lo sea.

El pulpo

Calderón cambia de tema

Positivo me parece que por fin el presidente Felipe Calderón cambie de tema: seguridad, seguridad, seguridad; como si sólo se resolviera con soldados, armas y policías...
Por eso, la iniciativa de decreto para cambiar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación podría ser una oportunidad para fincar un país e instituciones más equitativas, dispuestas para el desarrollo.
En otras palabras, se trata de una "iniciativa para combatir los monopolios".

Técnicamente hablamos de oligopolios que dominan el mercado y pueden fijar el precio, las más de las veces en detrimento de los ciudadanos.
Consumimos dos canales de televisión, dos marcas de cemento, una marca de telefonía, una de maíz, una de leche, una de gasolina... con la enorme pérdida de competencia, precio y calidad que ello implica para los consumidores.

Los gobiernos mexicanos, incluyendo el presente de Calderón, han estado más dispuestos a esos poderes fácticos que al de las mayorías que "representan". Por eso, yo no imagino al sr. Slim en la cárcel durante tres años por maneter tranquilo, el domino del mercado en telefonía móvil y local. ¿Ustedes se lo imaginan?
Bueno, eso es lo que pretende la iniciativa de Calderón, ahora en manos del Legislativo. Al final, no creo que ningún político, así sea el presidente, se atreva a que lo borren de la pantalla.