En las últimas semanas varias iniciativas en el Congreso de Coahuila tienen como objetivo fortalecer la transparencia y el acceso a la información gubernamental. Por su parte el gobernador Moreira II ha solicitado la asesoría de la asociación civil “Causa en Común”, que preside María Elena Morera, a fin de colaborar con las acciones de transparencia del gobierno estatal. Esta oleada de apertura y frenesí por la transparencia, no sólo es bienvenida, sobre todo, habrá que someterla a prueba para que tenga sentido.
Al mismo tiempo que el legislativo promueve la transparencia, la Oficialía Mayor del Congreso del Estado recibió la solicitud de juicio político en contra de la síndico de minoría del cabildo de Torreón, Luz Natalia Virgil Orona. Entre los promotores del juicio político están varios regidores de la fracción priista del ayuntamiento. Esencialmente se le acusa a la síndica panista, que se caracteriza por una posición dura y crítica contra el gobierno municipal, por ¡difundir información pública! Sí, información de la finanzas del municipio que otorga el propio derecho constitucional. Tan absurdo resulta promover un juicio político por difundir información pública, como pretender “renunciar” al fuero (a propuesta de dos regidores panistas).
Lo paradójico del caso, es que la promoción del vetusto “juicio político” se da un entorno de profunda impunidad por la deuda de Coahuila. Mientras estérilmente se busca el juicio contra la síndica, más por su posición crítica, que por su disposición a difundir información pública, los artífices de la deuda están seguros de su impunidad, y sobre todo, ansiosos de que los delitos prescriban. Por eso su mejor aliado es el tiempo y el gobierno que se los concede generosamente.
Es probable que proceda el espectáculo del “juicio”, aunque no creo que encuentre un sustento consistente. ¿Habrán leído la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el caso?
14 de septiembre 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9158807
