Israel Cavazos (1923-2016)

Foto: http://elportaldemonterrey.com/?p=18110

El hombre que se leyó todos los archivos. 

Jonás y sus quesos han hecho inevitable la sospecha de una red de corrupción tolerada y alentada por el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal. ¿Alguien les cree ahora? La historia que se conoció después del terror en el Casino y la nueva información que poco a poco fue completando el cuadro, no ha mostrado una excepción, sino acaso un paradigma de corrupción gubernamental. Por lo mismo, el asunto del alcalde Larrazabal puede documentar el modus operandi compartido por otros gobiernos.

En todo este escándalo han surgido muchas voces que demandan la salida del alcalde. Incluso su propio partido, Acción Nacional, mediante el Comité Ejecutivo llamó por escrito al alcalde para separarse del cargo. En vez de solicitar licencia, el alcalde se aferró más. La secretaria general del PAN, Cecilia Romero, no dudó en calificar de “risible” la decisión de Larrazabal por hacer una consulta para avalar su permanencia en el cargo.

El caso de Larrazabal asoma un paradigma de corrupción, pero también por los obstáculos que tienen los ciudadanos para deshacerse de sus políticos y funcionarios. El sistema político mexicano impide que los ciudadanos directamente pueda utilizar mecanismos como la referéndum, el plebiscito o en el particular, la revocación de mandato para un gobernante. De ahí la importancia de la reforma política, hasta ahora congelada por los diputados.

De esa manera, Larrazabal se burla de la ciudadanía e inventa una consulta a modo con sus empleados o leales de partido. Al igual que todas las elecciones en México, los electores de Monterrey que sufragaron por Larrazabal depositaron su voto, sin tener a cambio una garantía para reclamar o devolver el “producto”. Sencillamente el voto es un aval de ida, pero sin ninguna garantía de regreso. No hay manera de correr al alcalde, porque al fin esa decisión descansa en la ventajosa figura de la “licencia”. Promover una encuesta no tiene legitimidad ni valor formal. La decisión de irse sólo descansa en el alcalde o en la mayoría del cabildo favorable a él.

El esquema funciona así por los resabios del viejo régimen que el PAN no quiso desmontar. Por eso la importancia de insistir en la reforma política para cambiar las reglas del juego. Reforma política ¡ya! para que el día de mañana políticos deshonestos (agregue el adjetivo que quiera) puedan ser removidos directamente por los ciudadanos. O por el contrario, reelegir a políticos eficientes y responsables. 


Urge impulsar mecanismos institucionales que regresen el poder a los ciudadanos. ¿Se imagina a los regios levantado unas 20 mil firmas para convocar a elecciones a fin de echar a su alcalde? Desde luego esto no existe en México, y por lo mismo, es necesario dar ese viraje a nuestra democracia a fin de cambiar las maltrechas relaciones entre políticos y ciudadanos.


9 de agosto 2011
Milenio http://impreso.milenio.com/node/9023390

Luto nacional

25 de agosto en Monterrey fue una nueva escalada de violencia, el ataque contra la población demostró que no tiene límites. El luto nacional es dispar. Después de la barbarie, queda la dignidad de la memoria. Tras la fuego dela violencia tenemos la obligación de construir el memorial.


No pierdo la esperanza. De toda esta degradación vendrá la construcción de un México mejor. La violencia emplaza a la sociedad y quizá eso nos obligue al fin a emplazar a los políticos.

No puede, ni renuncia

Gobernador rebasado

Muchos fueron los aplausos. Adentro la paz y el entusiasmo. La seguridad ni se diga. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, pronuncia impecable su discurso, con parsimonia, con la calma del que sabe que está seguro, protegido. Sigue luego, el protocolo: los saludos obligados a otros gobernadores, políticos y funcionarios. Más aplausos. A fuera la realidad es otra, distinta a la del político rodeado de guaruras, policías y camionetas.

Fuera de la burbuja, del espejismo del poder, treinta y dos narcobloqueos amenazaron las principales vías de la zona conurbada de Monterrey. De los balazos se pasó al lanzamiento de cohete que terminó, temporalmente con los sicarios. ¿Pero dónde estaban los policías, ya no para disuadir, sino al menos para apoyar a los ciudadanos que sufrieron los bloqueos? Desde luego, cuidando al gobernador en su primer informe de gobierno. Ahí toda la atención, ahí el cuidado. Lo duro, lo inaceptable es la poderosa señal que se envía a los ciudadanos comunes y corrientes. La seguridad es para unos pocos en perjuicio de muchos. Y sin duda, este punto resulta característico de la democracia mexicana. Sí hay justicia, sí hay representación, sí hay seguridad, pero sólo para unos pocos. Si lo vemos desde la perspectiva de las instituciones, tenemos una sociedad de privilegios y por lo tanto, profundamente inequitativa.

Nuevamente nos encontramos ante incentivos perversos: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De primera los funcionarios con escoltas, los cientos de policías al servicio de los funcionarios, no así, ni con la misma atención, la mayoría de la población afectada por la inseguridad. Y mientras los aplausos y el informe transcurrían, la delincuencia organizada actuó con total libertada, de manera sistemática y organizada. 

El sello del “joven” Medina es del gobernante del siglo XXI en México:

el político que confunde la imagen con la acción, la apariencia con el gobierno, los spots con la realidad.

De ahí su argumento trillado ante el problema de la inseguridad y la violencia en Nuevo León: “una lucha que no iniciamos nosotros”. Medina afirmó en su informe que no ha dejado de hacer nada que esté a su alcance, porque su primera responsabilidad es la “seguridad de los nuevoleoneses”. En los últimos años fue común escuchar a varios gobernadores culpar al gobierno federal por la inseguridad y la violencia. El discurso funcionó en principio, pero ahora, después de varios años de andar en este laberinto de la inseguridad, el impacto del discurso ha menguado y parece regresar a los gobernadores. Ahí están por ejemplo, César Duarte en Chihuahua, Egidio Torre en Tamaulipas o Medina en Nuevo León. Más que repartir culpas, a los ojos del electorado, la responsabilidad es ahora de ellos porque el antiguo discurso de culpabilidad ya se desgastó. Entre el hartazgo y la ineptitud de Medina se ha pasado a la especulación sobre su posible caída.

¿Será Medina el primer gobernador de la alternancia que caiga? Es difícil creerlo, pero hay signos en el entorno de Nuevo León, que han alentado la suposición. La ausencia de liderazgo y responsabilidad, la presión de algunos grupos empresariales, no así los ligados a Lorenzo Zambrano, quien tienen de secretario de gobierno a un ex empleado de Cemex, Javier Treviño. Por otro lado, la criminalidad no sólo ha ahuyentado a las élites, sino ha golpeado a civiles que de alguna manera u otra, expresan ya su malestar con el gobierno estatal. Es difícil pensar que un gobernante, lo cual es un decir, deje su puesto por inepto.

El sistema político mexicano no cuenta con los mecanismos para que los ciudadanos así lo dispongan. Pero al contrario de lo expresado por Fernando Martí, no pueden, pero tampoco renuncian. Por eso, no importa lo que se diga sobre la supuesta caída del gobernador, si al final, no hay un contrapeso efectivo que llame a cuentas a Medina. Las culpas siempre están en otro lado. Por ejemplo, en un medio de comunicación “mezquino”, según afirmó en el informe para referirse a El Norte. Hay algo en el tono del gobernador que emplaza a los críticos: están conmigo o están contra mí. Al final, los grandes perdedores de esta historia, son los ciudadanos.

Los enredos de Monterrey

Competencia por la violencia, es quizá uno de los aspectos que describe desde hace años lo que sucede en tantas zonas de México. Así uno de los conceptos más aceptados y recurridos para definir al Estado, es el utilizado por el sociólogo alemán Max Weber: el monopolio de la violencia. Pero la violencia en nuestro país está ahora dispersa, tiene competidores y responsables.
Y si bien, la violencia no está en todos los lugares, ni en todos los estados, la percepción guía la dura realidad. El índice de violencia y conflicto se concentra en algunas zonas, por lo que resulta inexacto afirmar retóricamente, como el cliché político favorito las autoridades: “es en el todo el país”. No obstante, la percepción sobre la violencia, al menos en lo que va de esta “guerra”, ya la perdió el gobierno. Una encuesta reciente de Gabinete de Comunicación confirma lo que otros estudios de opinión han registrado: la mayoría de los mexicanos, el 59% nos dice el estudio, perciben que la guerra la va ganando el crimen organizado. Sólo 21% de los encuestados cree que la va ganando el gobierno.

Y si bien, la percepción no necesariamente coincide con la realidad, se suele imponer a ella como algo “verdadero”. Por eso le resulta tan difícil a la presidencia de Felipe Calderón, cambiar de tema. Se trata de una presidencia monotemática que cuando quiere hablar de otra cosa, termina inevitablemente dominada por el principal problema abordado.
Así, durante la semana, un visible y desesperado Ejecutivo, trató de justificar la lucha contra el crimen, porque al fin el país está en manos de una “ridícula minoría”. Minoría por cierto, que cobra impuestos (antigua función del estado) y reclama la violencia sin importar su origen.
Bajo un entorno de debilidad institucional como la actual, donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia, el sentido del poder legítimo pierde sentido. ¿Qué caso tiene elegir a un alcalde cuándo este vive en otro país como sucede en Juárez? ¿Cuál es la nueva justificación de las autoridades ante la incapacidad actual gobierno de cara a la inseguridad? ¿Qué pensar del sistema de justicia, cuando los reos salen de penal como quien sale por su casa (Tamaulipas, Zacatecas)?

En todo esto, un caso que corre el riesgo de extenderse, es el recién sucedido en Nuevo León. Ahí, tras la refriega entre criminales y el ejército en un entorno universitario, resultan varios muertos civiles que terminan por minar la credibilidad del ejército. Luego pasan dos días “como si nada sucediera”, para luego terminar reconociendo la situación. Ante ayer fueron los “pandilleros” de Juárez. Ayer los “sicaros”. ¿Cuántos errores así podremos resistir ante la creciente presión social de la comunidad?

El gobernador Rodrigo Medina, quien se asume todavía en campaña porque no se ha dado cuenta que ahora es gobierno, decide apartarse por unos días para no asumir la responsabilidad del cargo. De tal forma, como ya es común, no hablar de la situación es la “estrategia” porque al fin los hechos, pierden gravidez o desaparecen. Lo sorprendente, lo insultante es la respuesta del gobernador: publicar un desplegado en dos planas y convocar a una marcha.
No es extraño por lo tanto, la expresión de un ciudadano cuando recordando las promesas de campaña de Medina, le pide no que “de la vida por Nuevo León”, sino que simplemente de la cara. Estéril forma de gobernar la Medina, quien en vez de actuar, decide excusarse en la cuestionada marcha. Por eso, algunos grupos expresaron a través de mantas que quien se debe marchar es el gobernador.

Al mismo tiempo, la política de avestruz impulsada por el “joven” Medina, pretende polarizar a la población suponiendo que quien no marcha está con el narco. Vaya forma de afrontar los problemas: si no estás conmigo, estás contra mí.
Lejos de ser una particular situación, el caso de Medina se vuelve ejemplar sobre lo que tantos funcionarios y políticos terminan por hacer, no sólo en los problemas que competen a la seguridad, sino también en los que constituyen otras dimensiones de la vida pública.
Al final, los que pierden no son la “ridícula minoría”, sino la mayoría que padece sus efectos.

De tapados y bloqueos

Al principio, el bloqueo parecía una cosa normal, una protesta más de la que suelen aparecer en el país, sin embargo, la continuidad, la organización y los días fueron revelando otra cosa. No se trataba de una protesta más, ni tampoco de un simple reclamo, más bien, en los hechos, se asemejó a las formas que suele emplear un partido político a la hora de movilizar gente para su causa. Más tardó en reaccionar el gobierno, más tardó en entender la ciudadanía de qué se trataba, por qué se protestaba, en que los propios bloqueos se multiplicaran en distintos puntos y ciudades. La frontera en Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, pero también al interior del país, en ciudades como Victoria, Veracruz y Monterrey.

¿De qué se trata? ¿Por qué el malestar? Tras los días, la autoridad fue confirmando las suposiciones: detrás de las movilizaciones “ciudadanas”, del conjunto de “tapados” está el narco. Jugando con los medios y fines, utilizaron lo mismo jóvenes que niños, señoras que ancianos, para bloquear las avenidas, con la finalidad de exigir la salida del ejército de las colonias, el retiro de las operaciones militares contra el narcotráfico. No se trató de un demanda contra las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército, como afirmaban los mensajes de los bloqueos, tampoco de una lucha civil para restablecer un servicio o exigir un beneficio social, sino de la utilización, previo beneficio económico, de la población de escasos recursos para los fines del narco. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué un sector de la sociedad está dispuesto a colaborar con el narco? ¿Qué beneficio les genera, más allá de los 200 o 500 pesos y una mochila con útiles escolares? Pasamos de las narcomantas a las narcoprotestas.

En 1995, el afamado politólogo y sociólogo norteamericano, Robert Putnam, publicó un influyente e innovador ensayo para explicar por qué unos pueblos son exitosos y otros no. Putnam utilizó el concepto de “capital social” para entender un conjunto de redes sociales, normas y confianza que posibilitan alcanzar beneficios sociales e incluso económicos para favorecer el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, la construcción del capital social, requiere de condiciones propicias y valores que le permiten a los grupos de la sociedad cooperar y asociarse para el beneficio mutuo (una comunidad cívica). En este sentido, el concepto de capital social es una útil herramienta para explicar una crisis social como la que vivimos con el crimen organizado. A diferencia de las sociedades exitosas, lo que estamos padeciendo en México, es el lado oscuro del capital social que se promueve desde dos vías: la ausencia de un estado de derecho (la impunidad) y un gobierno ineficaz.

El crimen organizado, por ejemplo, también teje redes de confianza y lealtad, que en ante el incentivo de esas dos vías, sustituye e implanta sus propias reglas. Piénsese en la Mafia. Por otro lado, existe una realidad lacerante entre los mexicanos: no confiamos entre nosotros, lo cual mina claramente el sentido de una comunidad cívica. Menciono un dato para dimensionar la afirmación: 6 de cada 10 mexicanos confían poco en las demás personas (ENCUP, 2005). El asunto de los tapados, los bloqueos y las protestas contra el ejército, son apenas la superficie de una distorsión. Desde hace buen tiempo, el ejército es una de las instituciones públicas que mantiene amplios niveles de confianza y credibilidad entre los mexicanos. En la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica realizada en Monterrey (GCE, 18 de febrero), se demuestra que 8 de cada 10 está a favor de la presencia y el reforzamiento del ejército. Otra encuesta, hecha por El Norte (13 de febrero), demuestra que 93% de los regiomontanos, aprueban la presencia del ejército. Entonces, ¿dónde quedaron las protestas?

En el fondo, lo que sí está bien arraigado, es esa cultura de ilegalidad que ha tejido con fuerza sus propias redes sociales, su confianza y solidaridad, ante la ausencia de autoridad. En otras palabras, implanta sus propias reglas con base a un capital social negativo.
Ante la amenaza que impone el narco, ante el poderoso mensaje que manda la violencia, ante las dificultades que implica esta lucha entre gobiernos y entre los propios grupos del crimen organizado, no podemos creer que el problema es sólo de restricciones y mercados, como han propuesto recientemente diversos exmandatarios; ni tampoco es meramente un problema de corrupción e impunidad arrastrada por el gobierno. A lo que me quiero referir, es que todo esto está inmerso en la sociedad, es decir, proviene de ahí, y de las reglas del juego que lo han permitido, que lo han impulsado, pero también que lo han tolerado.

El problema no viene de fuera de la sociedad, ni se originó de algo muy lejano, ajeno a la sociedad misma. Y en este punto, no podemos ignorar la relación que guardan gobierno y sociedad, por dos razones, porque el poder emana o se legitima a través de los ciudadanos, pero también, porque las personas que dan vida al gobierno, provienen de ahí. Entonces, no tenemos el gobierno que nos merecemos, sino el que se nos parece. De la misma manera, el medio millón de “ciudadanos” que el gobierno federal afirma que es parte del narco, proviene de esa sociedad. Lo paradójico del caso, es que cuando se le pregunta a la gente, qué tan responsable es la propia sociedad en la solución del problema, ésta piensa que es el gobierno, el presidente, la policía, los jueces, y casi al final, los ciudadanos (GCE, 2008). Un cambio profundo en la cultura y las instituciones, diría Putnam, requiere tiempo y lentitud.