Con cierta facilidad el pretexto para no hacer o dejar de hacer es la falta de dinero. Cuando hay un problema se dice desde el poder público que para resolverlo se necesita más dinero. Al final el argumento se centra en los dineros como si éste fuera la sencilla solución de a+ b= c.
Escuchamos de cifras millonarias, sabemos con regularidad de inversiones gubernamentales cuantiosas que van de los costos a los sobrecostos, de la utilidad al desperdicio. El problema no es tanto la falta de recursos, sino el uso y abuso de los mismos. No falta enumerar ni tampoco ejemplificar los casos que ya son emblemáticos en la educación pública, en la seguridad, en la infraestructura y hasta en las instalaciones legislativas.
Escuchamos de cifras millonarias, sabemos con regularidad de inversiones gubernamentales cuantiosas que van de los costos a los sobrecostos, de la utilidad al desperdicio. El problema no es tanto la falta de recursos, sino el uso y abuso de los mismos. No falta enumerar ni tampoco ejemplificar los casos que ya son emblemáticos en la educación pública, en la seguridad, en la infraestructura y hasta en las instalaciones legislativas.
En México hay cierta generosidad hacia quienes ejercen el poder y deciden sobre los recursos aportados por los contribuyentes. Una obra pública temina por costar dos, tres, cuatro o hasta más veces de los planeado. Igualmente un gobierno se puede endeudar hasta quebrar, al final son los contribuyentes los que pagan los platos rotos. En Coahuila ¡sí lo sabemos y a qué costo!
La lógica del desperdicio: detrás de una política se asume que con más recursos el desempeño será mejor. Ahí está el caso de la seguridad pública y el crecimiento notable de los presupuestos. El resultado raya en el desastre, aunque solicitar más dinero da la sensación a los gobernantes de “hacer algo” por la seguridad de los ciudadanos. Por lo mismo tantos alcaldes indignados con la federación por no haceder al ahora famoso subsidio para la seguridad.
El argumento no está tanto en el dinero sino en la aplicación del mismo. Contrario a lo que piensa, no se trata de aumentar los presupuestos, sino de mejorar la aplicación del gasto. De poco sirve una inversión millonaria cuando la utilidad pública no es significativa. En promedio, las entidades del país destinan 67 por ciento de su presupuesto para gasto corriente. En otras palabras, sale más caro el gobierno a los ciudadanos que el beneficio que obtienen del él.
Recientemente las quejas se vuelven a centrar en el gasolinazo. Sin embargo, detrás de una gasolina aparentemente baranta está un subsidio descomunal a los automovilistas. Tan sólo para este año, el subsidio cuesta cuatro veces más que los grandes programas sociales del gobierno federal como oportunidades y seguro popular. 130 mil millones quemados superan por cuatro al presupuesto de la mayor univerisdad del país.
A ese ritmo la economía del desperdicio no tiene futuro. En nuestro presente ya se discuten los presupuestos del año que entra, pero nada se habla a favor de la autonomía fiscal para los estados y los municipios. Los límites de esa economía no van venir de los políticos, ni de los ciudadanos. El límite en el mediano plazo estará en el petróleo. Entonces sí haremos un reforma fiscal.
21 de agosto 2011
Milenio http://impreso.milenio.com/node/9012604
