En la actualidad abundan los desencantados y aquellos que ven sólo en la política corrupción y retroceso. Pero ese pesimismo en ocasiones, impide ver los logros que hemos tenido en la última década. Uno de ellos sin duda, es la apertura de la información y la posibilidad de que los ciudadanos pidamos cuentas a nuestros gobiernos. Por sencillo que se escuche esto, en realidad significa un logro sin precedentes. Cito un ejemplo. Todavía hasta la época de Ernesto Zedillo el sueldo del presidente estaba “guardado”. Alianza Cívica, por entonces liderada por Sergio Aguayo Quezada, logró impulsar el acceso a la información en ese punto, aún cuando no estaba regulado, a pesar que desde 1977 ya se enunciaba en la Constitución. Años después, en 2002, se promulgó una la ley que de manera inédita le dio sentido al artículo sexto constitucional.
Hoy no sólo se han multiplicado las instancias de transparencia y los caminos para acceder a la información pública del gobierno, sino que ese derecho se convirtió en una auténtica garantía constitucional.
Hace diez años hice mis primeras solicitudes de información. Recuerdo claramente la grata sorpresa que me llevé al realizar a través del SISI (ahora Infomex.org.mx).
Hice una par de preguntas a la Oficina de la Presidencia de la República y otras más a Pemex. No sólo me respondieron en tiempo y forma, sino que descubrí (si se puede decir), una herramienta formidable para empoderar al ciudadano. Desde entonces vengo haciendo cientos de solicitudes a distintos niveles de gobierno.
Más allá del voto, el derecho a la información nos brinda la posibilidad de ejercer la ciudadanía de manera cotidiana. Es el derecho de preguntar y hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre el dinero público y las decisiones que toman. Estoy convencido que si aumentáramos dos o tres puntos el índice de solicitudes a los gobiernos, tendríamos mejores resultados del mismo.
Dicho de otra forma, si el dos o tres por ciento de la población económicamente activa se sumara al ejercicio cotidiano de llamar a cuentas a sus gobernantes tendríamos mejores gobiernos, o si se quiere, menos peores. De igual manera reflejaríamos una mejor sociedad.
Es cierto que falta mucho por recorrer. Que la transparencia por sí misma no elimina la corrupción. Pero la valiosa brecha abierta en 2002, ya cultiva paulatinamente el camino para una generación de ciudadanos de la era IFAI. Ciudadanos que reconocen derechos y obligaciones. Ciudadanos que no ven al gobierno como algo ajeno, sino como producto de la sociedad. De nosotros depende ese gobierno. Ojalá no lo desaprovechemos.
20 de junio 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9150895
