Guatemala, ¿y México?

Foto: BBC

Es difícil negar que las comparaciones son odiosas, y sin embargo, ¡cuán útiles suelen ser! Entre los países es frecuente generar índices y tablas comparativas que permiten dimensionar y saber dónde estamos. Ya sea en economía o gobierno, las comparaciones están a la orden del día. Con cierta regularidad aparecen las comparaciones con países ricos. Por ejemplo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Ahí se dice cómo estamos, qué tan bien o mal andamos… pero muchas veces, aunque deseamos esos buenos niveles, en realidad salimos mal librados. Cercanos a nosotros, las comparaciones resultan más pertinentes con nuestros pares latinoamericanos. Ya sea por idioma, historia, o por calamidades, Latinoamérica comparte unas ciertas características que nos hermanan.

Recientemente he seguido con suma familiaridad el escándalo de corrupción en el gobierno de nuestro vecino Guatemala. Unas serie de llamadas telefónicas exhibieron todo una red de corrupción que implica al nivel más alto de ese país, en la persona del presidente Otto Pérez Molina. El "mero mero" dicen en las llamadas telefónicas. En las últimas semanas el escándalo escaló a tal punto, que no sólo hubo otras marchas para exigir la renuncia al mismo presidente, sino además, otros poderes del gobierno se pronunciaron a favor de que el presidente renuncie.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, lo acusó de estar al frente de una red de corrupción para "administrar" los recursos del Estado desde las aduanas. Ya se imaginarán por dónde va la cosa. Un grupo de funcionarios de alto nivel ser organizan para capturar la renta del Estado. Algo así como impuesto del impuesto. ¿Les suena conocido? Pero si bien, la corrupción hasta la más alta esfera del gobierno guatemalteco no difiere en mucho de la documentada en México, algo que es impensable en el nuestro país, es la intervención de la Suprema Corte. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia avaló realizar un juicio político contra el presidente Pérez Molina. Ya antes habían renunciado seis de trece ministros de su gabinete, así como otros altos funcionarios de gobierno. A los ojos ciudadanos, sólo falta el presidente, quien se aferra a la impopularidad como último recuso de la impunidad.

En las calles se han repetido marchas multitudinarias contra el presidente. Se fueron sus ministros, y hasta la exvicepresidenta Roxana Baldetti ya está en la cárcel condenada por operar la red de corrupción al interior del gobierno. En un gesto de compromiso, el arzobispo de la Archidiócesis de Guatemala, Oscar Julio Vián Morales, también pidió que dimita el presidente. De los obispos en México, mejor ni decimos.

Con amparos, el presidente Pérez Molina gana tiempo, pero lo que no puede ganar ya, es la confianza de los ciudadanos, que viven una vez más la ignominia como marca irremediable de su país. ¿No estamos así nosotros? Más todavía, a pesar de los escándalos de corrupción en México ligados al presidente (recién exculpado por la Secretaría de la Función Pública), todavía otorgamos una mayoría en el Congreso al partido gobernante.

Incapaces de llamar a cuentas al presidente, los poderes divididos en México, parecen el primer frente para proteger la corrupción. ¿Se imaginan a los ministros de la Corte pidiendo la renuncia del presidente? ¿O qué les parece una Auditoría Superior haciendo un informe sin precedentes? Por supuesto, al día siguiente todos esos funcionarios se quedarían sin chamba. Con todos sus defectos, las democracias bien consolidadas ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de llamar a cuentas a sus gobernantes, empezando por la figura del presidente.

Lejos de debilitar la democracia, el emblemático escándalo de Watergate que terminó con la dimisión de Richard Nixon, fortaleció el poder de los ciudadanos desde el cual emana el gobierno. Sin duda, es el paso que como democracia no nos hemos atrevido a dar en México. Preferimos aceptar la impunidad como parte de la "cultura" y la "condición humana". En una de ésas, Guatemala nos da el ejemplo.

2 de septiembre de 2015

El Siglo https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1148228.guatemala-y-mexico.html

Transparencia y confianza

Puro lujo

Como va el rumbo de la cosa pública, nos queda una sensación de ir un paso para adelante y dos para atrás. Entre la comentocracia ya se habla de “regresión”, vuelta al pasado o de una “restauración” del viejo régimen. Incluso, hasta las opiniones más ecuánimes y conservadoras, denuncian la cleptocracia o describen, a manera de lamento, “un presidente como los de antes”. De manera prematura la Presidencia de la República perdió confianza y credibilidad por sus propias acciones relacionadas con la corrupción. Lejos de enmendar el rumbo, hay que aguardar todavía cuatro años más. 

En el poder optaron por la arrogancia como una actualización de “ni los veo ni los oigo”. Por eso, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se presenta tan tranquilo, a pesar de las nuevas revelaciones del diario Wall Street Journal sobre su casa en Malinalco y el magnífico crédito otorgado por HIGA. Para el caso, mejor colofón no pudo haber: "Si les parece bien no voy a hacer ninguna otra declaración".

Desde Londres, el presidente Enrique Peña Nieto, reconoce, como quien no es parte del problema, que México está plagado de desconfianza: “Hoy, sin duda, hay una sensación de incredulidad y desconfianza… ha habido una pérdida de confianza que ha sembrado sospecha y duda”. 

Hace unos días, se publicó una encuesta que registra la desaprobación ascendente del gobierno.  58 por ciento de los ciudadanos desaprueba al gobierno de Peña, o como dijera el innombrable: esas encuestas reflejan un despeñadero. Por el contario, solamente 39 por ciento lo aprueba (Parametría, 23 de marzo 2015).

En ese ambiente negativo de nuestra vida pública, aunque todavía muy alejado de la autodegradación venezolana, el Senado acaba de aprobar el dictamen para la nueva Ley General de Transparencia. Después de un estira y afloja en contra de la transparencia, se lograron enmendar varios puntos que mejoran los mecanismos de la ley en el país. De entrada es positivo que la nueva ley amplía los sujetos obligados, entre ellos sindicatos, partidos políticos y el resto de los poderes públicos más allá del ejecutivo. Aunque los legisladores, se dieron un tiempo de espera para que la ley no aplique del todo a ellos, mientras se acomodan. Esto significa que la discrecionalidad en el gasto continuará hasta que no ajusten a la norma. En congruencia con el pasado, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, fue el único en votar en contra.

Otro punto relevante es que pasamos de una ley con 17 obligaciones mínimas de transparencia, a 48. Es decir, tendremos una cancha más amplia a favor de la transparencia. También se unificaron los criterios y principios para estados y municipios, a fin de partir de la misma base. Con la ley anterior, cada estado se confeccionaba su vestido de “transparencia” a la medida.

Como en toda ley de transparencia y acceso a la información, un punto polémico son las causas de reserva de información. El motivo más socorrido es la “seguridad del Estado”. Bajo esa justificación, muchas dependencias gubernamentales ocultan dolosamente información de interés público. La nueva ley exige mostrar una prueba de daño para la clasificación de información. En general la nueva ley es un paso de segunda generación si lo comparamos con la primera ley. Pero es cierto, querido y desconfiado lector (la burra no era arisca). La ley de transparencia no resuelve los problemas del país, ni tampoco acaba en automático la corrupción. Por el contrario, necesita de ciudadanos que le den contenido, que la lleven una y otra vez a prueba. Ciudadanos, que cansados de sus gobiernos, los llamen a cuentas a través de un sencilla solicitud de información. Todavía nos falta mucho, pero no partimos de cero. Aunque lo confieso, desalienta saber que avanzamos en unas, pero retrocedemos en otras.  

25 de marzo 2015
El Siglo de Torreón
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1099234.transparencia-y-confianza.html