Borrar la historia

Sin archivos no hay historia, pero tampoco transparencia y acceso a la información. Dejemos por un momento los “grandes” temas como las elecciones en los Estados Unidos… en las últimas semanas, se ha suscitado una polémica entorno a los archivos y los documentos públicos que generan los distintos niveles de gobierno en México. El asunto no es menor. Por un lado, los archivos que diariamente generan los gobiernos, son, para bien y para mal, evidencia documental de las actividades y el uso de los recursos públicos. En pocas palabras, los documentos son evidencia de la responsabilidad pública. Pero también, al paso del tiempo, muchos de esos archivos adquieren otro valor —un valor histórico—, que no sólo interesa al presente, sino a los estudiosos de la historia. Uno y otro valor cumplen diferentes funciones, pero parten del mismo origen: los documentos. Entiéndanse en sentido lato: como papel, memoria digital, objeto, o presencia virtual.

Al igual que tantas cosas en México, los archivos son vulnerables, a pocos les interesa, y en el peor de los casos, son destruidos, triturados, hechos cenizas. Sin reparo gubernamental, en muchas ocasiones me ha tocado ver archivos en calidad de basura. Por lo mismo, resulta contradictorio saber que los archivos son la base de la transparencia y el acceso a la información. Pero al mismo tiempo, no obstante ese valor, están relegados junto a los enseres de limpieza. Para quienes nos dedicamos a hurgar en los documentos, ya se por historia o por interés en el presente, solemos toparnos con el siguiente diálogo. ¿Dónde encuentro los archivos? “Mire, allá al fondo, junto a esas tinas y trapeadores…”.

En ocasiones no sólo se trata burócratas ignorantes en las dependencias públicas, sino de dolo. Me refiero a funcionarios promotores de la opacidad. Cual anécdota de la fragilidad, recuerdo bien el caso de un presidente municipal que decidió, a partir de su gobierno, el inicio de la historia de su pueblo. “La historia soy yo”. Para tales efectos, mandó quemar y destruir los archivos históricos de las anteriores administraciones. En vano busqué las actas de cabildo, los acuerdos municipales, los informes. Aquel hombre aplicó el fin de la historia, no en el sentido de Fukuyama, sino algo más elemental: borrar la memoria.   

Pero vayamos a la leyes. Recientemente en el senado, la legisladora Laura Rojas, presentó la iniciativa de Ley General de Archivos. Esta iniciativa sustituirá a la anterior de 2012, con la finalidad de integrarla a los nuevos cambios constitucionales en relación a la transparencia y el sistema anticorrupción. Hasta ahí la cosa parece bien. Más todavía, no dudamos de la necesidad de tener un marco común para los archivos, donde el eslabón más débil suelen ser los municipios. La iniciativa resulta ambiciosa al proponer un Sistema Nacional de Archivos. Con las arcas en franco declive después de tanta corrupción y malos gobiernos, ¿de dónde va a salir el dinero, si a duras penas se compensa al Archivo General de la Nación que lidia con humedad y falta de espacio? Vaya usted a saber. Pero parece que en eso de las leyes, cuenta más la intención, que la ejecución. En principio la iniciativa es buena. Nos parece bien que se tome cartas en el asunto, que se busque generar orden en los archivos para su conservación, pero nos llama la intención que en esa misma iniciativa, los archivos históricos estén sujetos, como régimen totalitario, a tachaduras y borrones con el pretexto de la protección de los datos personales. Sin ir tan lejos, borrar la historia. En países como Estados Unidos o Francia, los archivos pueden ser abiertamente consultados a partir de los 25 años. Visto de esa forma, hasta un extranjero puede consultar archivos históricos desclasificados de seguridad nacional. De ese nivel el acceso a la información. Con la nueva iniciativa, caeríamos en el absurda política de tachonear los nombres del Plan de Iguala, el Plan de San Luis o el Plan de Guadalupe. No importan sus cien años, sino un criterio obtuso de datos personales. Pero en la política no hay casualidades. Para la senadora Rojas, “la clasificación conforme a las leyes de transparencia y acceso a la información no aplica para archivos históricos. Solamente procede testar los datos personales sensibles cuando se ha hecho una solicitud de información” (Blog, AGN, 17 de noviembre de 2016). Como Cantinflas: sí, pero no.  

Curiosamente, varios políticos mexicanos impugnaron la propuesta de ley 3 de 3, con el argumento de los datos personales. ¿No será pues, que detrás de los datos personales se escuda en realidad un política de opacidad? Algunos puntos de la iniciativa, son ambiguos en cuanto a los plazos para definir un documento histórico de uno administrativo en años recientes. Bajo ese criterio, el funcionario en turno, tendría carta abierta para cerrar los archivos. Pero el problema no es meramente para quienes investigan el pasado, sino más grave aún, para quienes en el presente se les puede entregar información recortada, o simplemente, se les niega el acceso con la justificación de lo datos personales. Visto de otra manera, aunque la iniciativa busca proteger los archivos y favorecer la transparencia, tiene unos candados para promover la opacidad. En pocas palabras: legislar con las patas.  

23 de noviembre
El Siglo https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1285493.borrar-la-historia.html

Transparencia y confianza

Puro lujo

Como va el rumbo de la cosa pública, nos queda una sensación de ir un paso para adelante y dos para atrás. Entre la comentocracia ya se habla de “regresión”, vuelta al pasado o de una “restauración” del viejo régimen. Incluso, hasta las opiniones más ecuánimes y conservadoras, denuncian la cleptocracia o describen, a manera de lamento, “un presidente como los de antes”. De manera prematura la Presidencia de la República perdió confianza y credibilidad por sus propias acciones relacionadas con la corrupción. Lejos de enmendar el rumbo, hay que aguardar todavía cuatro años más. 

En el poder optaron por la arrogancia como una actualización de “ni los veo ni los oigo”. Por eso, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se presenta tan tranquilo, a pesar de las nuevas revelaciones del diario Wall Street Journal sobre su casa en Malinalco y el magnífico crédito otorgado por HIGA. Para el caso, mejor colofón no pudo haber: "Si les parece bien no voy a hacer ninguna otra declaración".

Desde Londres, el presidente Enrique Peña Nieto, reconoce, como quien no es parte del problema, que México está plagado de desconfianza: “Hoy, sin duda, hay una sensación de incredulidad y desconfianza… ha habido una pérdida de confianza que ha sembrado sospecha y duda”. 

Hace unos días, se publicó una encuesta que registra la desaprobación ascendente del gobierno.  58 por ciento de los ciudadanos desaprueba al gobierno de Peña, o como dijera el innombrable: esas encuestas reflejan un despeñadero. Por el contario, solamente 39 por ciento lo aprueba (Parametría, 23 de marzo 2015).

En ese ambiente negativo de nuestra vida pública, aunque todavía muy alejado de la autodegradación venezolana, el Senado acaba de aprobar el dictamen para la nueva Ley General de Transparencia. Después de un estira y afloja en contra de la transparencia, se lograron enmendar varios puntos que mejoran los mecanismos de la ley en el país. De entrada es positivo que la nueva ley amplía los sujetos obligados, entre ellos sindicatos, partidos políticos y el resto de los poderes públicos más allá del ejecutivo. Aunque los legisladores, se dieron un tiempo de espera para que la ley no aplique del todo a ellos, mientras se acomodan. Esto significa que la discrecionalidad en el gasto continuará hasta que no ajusten a la norma. En congruencia con el pasado, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, fue el único en votar en contra.

Otro punto relevante es que pasamos de una ley con 17 obligaciones mínimas de transparencia, a 48. Es decir, tendremos una cancha más amplia a favor de la transparencia. También se unificaron los criterios y principios para estados y municipios, a fin de partir de la misma base. Con la ley anterior, cada estado se confeccionaba su vestido de “transparencia” a la medida.

Como en toda ley de transparencia y acceso a la información, un punto polémico son las causas de reserva de información. El motivo más socorrido es la “seguridad del Estado”. Bajo esa justificación, muchas dependencias gubernamentales ocultan dolosamente información de interés público. La nueva ley exige mostrar una prueba de daño para la clasificación de información. En general la nueva ley es un paso de segunda generación si lo comparamos con la primera ley. Pero es cierto, querido y desconfiado lector (la burra no era arisca). La ley de transparencia no resuelve los problemas del país, ni tampoco acaba en automático la corrupción. Por el contrario, necesita de ciudadanos que le den contenido, que la lleven una y otra vez a prueba. Ciudadanos, que cansados de sus gobiernos, los llamen a cuentas a través de un sencilla solicitud de información. Todavía nos falta mucho, pero no partimos de cero. Aunque lo confieso, desalienta saber que avanzamos en unas, pero retrocedemos en otras.  

25 de marzo 2015
El Siglo de Torreón
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1099234.transparencia-y-confianza.html

Recuerdos de la deuda

Cada 16 septiembre, las fiestas patrias son motivo de días inhábiles en el trabajo, descanso para los niños en la escuela y repetidos "vivas" para México. Pero dejemos las conmemoraciones y festividades nacionales, porque nunca falta la resaca tras los aniversarios. Durante los años setenta del siglo pasado celebremos y celebramos hasta que la resaca nos llevó a la cruda realidad. Eran los años donde se descubrieron nuevas fuentes de petróleo en el país. Por entonces el presidente José López Portillo, un hombre que defendió el peso como un "perro", informó a los mexicanos que ya no éramos un país pobre, sino que había que "administrar la abundancia". ¡Viva México! Y el futuro corrió por cuenta de los "veneros del diablo". Con ese optimismo gubernamental gastamos y gastamos lo que todavía no teníamos, hasta que la fiesta se acabó.

Al igual que el clima, los aires internacionales cambiaron y los precios del petróleo derrumbaron las abundantes expectativas, pero ya nos habíamos endeudado. De paso, la economía mexicana también se derrumbó. Luego vino Luis Echeverría y otra crisis nos alcanzó. Fue la secuela perfecta de una película de terror. No obstante, la tragedia económica no venía desde afuera, sino del gobierno mismo. Otra vez los efectos de la fiesta nos afectaron. A la distancia, un escritor de la onda, bautizó aquellos sexenios como la "docena trágica". Sin embargo, los problemas de la deuda no acabaron ahí. Un buen día, un presidente pelón, carismático y reformador, terminó su sexenio quebrando el país. La causa, según se dijo, fue un "errorcillo de diciembre". Más mal no nos podía ir, y al fin tuvimos una tregua para los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón. En ese inercia positiva, la deuda pública se mantuvo a niveles razonables, sin que el gobierno fuera esencialmente problema para los ciudadanos.

Enrique Peña Nieto, el presidente que logró el paquete de reformas más importantes en los últimos 18 años, recibió un gobierno con finanzas públicas sanas. Desde el año pasado, rompió una regla de la ortodoxia financiera. Su gobierno contrajo deuda para financiar el gasto. En 2013 el déficit fue de 4.1 por ciento del PIB. Tanto, como en los exuberantes años setenta. Este año, nuevamente el gobierno federal volverá a contratar deuda. Es decir, vamos a pagar la operación del gobierno con dinero prestado.

Para el gurú de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, el país "todavía requiere de un impulso contracíclico para lograr llegar a los niveles de pleno empleo, de ahí que en este momento el no utilizar el déficit público probablemente sería un acto de gran irresponsabilidad".

Desde esa política, parece que en este momento no vivir de prestado sería irresponsable. ¡Cómo han cambiado los tiempos! En el pasado, México vivió muy malas experiencias con el manejo de la deuda pública. Quiebra tras quiebra, aquellos gobierno dejaron un profundo retroceso que sólo agravó desigualdad y pobreza. En los años recientes, nuestro país fue reconocido internacionalmente por el buen manejo de las finanzas. Tras las crisis global de 2008, México pasó bien la tormenta, no así la endeuda economía gringa, además de un buen número de países europeos. Quien dijera, a la vuelta de los años, sí hicimos bien la tarea. Por segundo año consecutivo el gobierno anunció más contratación de deuda. Ahora de 3.5 % del PIB. Si bien es cierto, actualmente no tenemos un problema con la deuda, experiencias en el pasado nos llaman a desconfiar. Hacienda acaba de proponer el paquete económico para 2015 con más déficit. La razón se justifica porque busca "suavizar la trayectoria del gasto y no afectar la dinámica positiva que ha venido observando la economía mexicana" (Comunicado de Hacienda, 14-IX-2014). En cuestión de días, Hacienda dice una cosa, pero el Banco de México dice otra. De esa manera, el Banxico volvió a recortar la previsión anual del crecimiento para el país. ¿Qué no estábamos en una dinámica positiva? ¡Vaya galimatías! Por lo pronto, restan cuatro años al sexenio. Que ¡Viva México!

El Siglo de Torreón
17 de septiembre 2014

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1038071.recuerdos-de-la-deuda.html

Joder al IFAI

Más que la prosperidad, es en las dificultades donde conocemos la hechura de un gobierno. Por estos días, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta embates que no sólo llevan a prueba la administración, sino también muestra de qué está hecho. Mucho se ha hablado de las reformas impulsadas por el presidente, pero todavía estamos lejos de ver los impactos en el país. Más vale no celebrar por anticipado, porque nada se hace de la noche a la mañana. La más reciente iniciativa de reforma energética no llega todavía a discusión al Congreso, cuando las reformas a la educación ya causan estragos con el sector rijoso de maestros del sindicato: CNTE.

Pero en las movilizaciones de los profes no hay novedad. Hasta cierto punto, la protesta, y no las clases, son su modus vivendi. Antes han doblegado gobiernos estatales. Hoy no sólo amagaron a las autoridades federales, también cercaron al Congreso para impedir que avance la reforma. Metidos en el chantaje, al Congreso no le quedó más que bajar el dictamen en disputa, y el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong sólo mirando. Tanto criticaron la inoperancia de los panistas, para venir ahora a ver pasar los problemas. Doblado, el poder legislativo optó por cambiar de sede. Al paso que vamos ¿también necesitaremos un poder alterno?

Hace tiempo que la luna de mil del gobierno acabó, y ante las bajas expectativas de crecimiento económico, algunos ya hablan de que el “momento mexicano” pasó. Es sintomático que las malas noticias no las afronta el presidente Peña Nieto, ni tampoco su responsable en Hacienda, Luis Videgaray. Ante los medios, ellos sólo hablan de lo que puede mover a México. Nada dicen a la hora de defender el gobierno ante los problemas que nos estancan, que nos hacen retroceder. El artificio es no hablar, aunque la realidad sea lapidaria. Así, el ajuste de Hacienda se hizo agua entre un 3.5 por ciento de crecimiento a 1.8. Sabrá cómo cierre el año.

Dejemos por un momento a los malos de la película, es decir al CNTE y su toma de calles. En el legislativo también se construyen retrocesos. En un principio, el entonces presidente electo tomó el tema de la transparencia como un discurso políticamente correcto. Más todavía, anunció una serie de reformas para fortalecer al IFAI y en consecuencia a la transparencia. Por entonces le pregunté a Sigrid Arzt, comisionada del instituto, sobre la propuesta. Al margen de la duda, me contestó, hay que tomarle la palabra para fortalecer al IFAI. 

Hoy sabemos de qué manera los diputados del PRI quieren “fortalecer” al instituto: quitándole poder para abrir la información, minando su autoridad, limitando su capacidad. Ya en el camino para fortalecer la opacidad, se sumaron los diputados del Verde Ecologista (lo cual no sorprende en ese partido gañán) y algunos del PRD. ¡Vaya izquierda! Lejos queda la prometida autonomía constitucional porque el Ejecutivo se impondría con los nuevos cambios, por encima del IFAI. Es un juego por doble partida. El PRI en Senado apoyó fortalecer la transparencia. Pero el mismo PRI en la cámara de diputados cambia el sentido de la reforma. Y esto apenas empieza.

23 de agosto de 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9189598

Una persona normal

De un escándalo a otro, la opinión pública puede ser demoledora. Es un monstruo que vive en calma, y de un momento a otro estalla. Caprichosa, a la opinión pública se le suele subestimar, incluso confundir fácilmente con la opinión publicada. Cuidado cuando una y otra se corresponden cerca de una elección. Aunque parezca tan general y adormecida, requiere de una constante atención. Por eso resultan representativos de nuestra vida pública, los casos de tres personajes públicos recientemente degradados.

El primero, es una persona normal, que dice vestir de pantalón de mezclilla y camisa de cuadros, pero cuando se pasa de copas, presume un sobrado guardarropa, viajes y lujos. Una persona normal que tienen cientos de zapatos y cientos de camisas. Pero la acumulación no tiene nada de malo. Lo sospechoso en el caso de Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco, es el origen y sobre todo, el desastre que dejó en las finanzas del estado. Un Humberto Moreira del sur. Pero nada es casualidad. El hombre que cuida las camisas y las aprecia, no negó su voz, sino la reconoció sólo para recordarnos ese viejo dicho latino: in vino veritas.

El problema no está en el espionaje telefónico, tan común entre los políticos, sino en la bebida: “Me pasé de copas. Desgraciadamente me tomé muchas copas, ese fue mi error… alardeé de lo que no era”, según expresó el exitoso exgobernador que ya no quiere saber nada de la política.
El otro caso corrió como pólvora en las redes sociales, ¿alguien duda de su poder? Dominado por los caprichos de su hija, Humberto Benítez, efímero titular de la Procuraduría del Consumidor (Profeco), nunca pensó, ni siquiera un poco, en renunciar tras el escándalo de la influyente “Lady Profeco”. Tranquilo, pensó que nada pasaba, salvo unas malas notas y la impertinencia de las redes sociales. Así continuó durante días, hasta que se hizo insostenible para el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el colmo del escándalo, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo que salir a dar la cara. El caso de Benítez, un hombre “leal” al presidente, muestra que para el gobierno de Peña es sumamente importante cuidar la imagen ante la opinión pública. Y vaya que en política pesa más la percepción que la supuesta realidad. Bajo ese precepto, no habría tolerado más un tercera semana de golpeteo contra “la imagen y prestigio de la institución”. Todo por un hombre que nunca le pasó por la mente renunciar. Al final, Benítez terminó clausurado por su hija, y en el colmo de la cortesía, el gobierno de Peña le dio todo su reconocimiento. ¡Vaya eufemismo!

Para intercambiar puestos, partidos y responsabilidades públicas, el nuevo blanco recayó en César Nava, el exdirector jurídico de Pemex y también expresidente del PAN. Como en los otros casos, ya ni se niega lo evidente. Para qué perder el tiempo en los detalles dirán los que fueron funcionarios. En los próximos meses vendrán otros escándalos, otros Benítez, otros Granier, otros Nava, pero difícilmente veremos, más allá de los eufemismos y las ridículas justificaciones, un llamado a cuentas a estos auténticos truhanes.

17 de mayo 2013 
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180856

La transparencia que viene

¡Que no hay político pobre! Sean afortunados, herederos, empresarios-políticos, o políticos-empresarios, la política exige ante todo, independencia económica. En el gabinete que conforma el equipo de Enrique Peña Nieto, prácticamente no hay político pobre. Además, sería un error y un despropósito contradecir la célebre sentencia del Maestro de Atlacomulco. La declaración patrimonial es un decir, aunque es obligación de todo funcionario público de cierto nivel. Se supone que la declaración es una herramienta de control para prevenir la corrupción, también se dice que fortalece la transparencia y despeja dudas. Sin duda es mejor la teoría que la realidad.

Así, muchos lujos se encuentran entre los encargados del país o al menos de su gobierno. Autos de colección, relojes singulares, joyas, arte, bienes raíces… Pero los lujos no son pecados, sino necesidades escasas por estos tiempos. Ya ven, como hasta en Francia ahuyentan la riqueza con tantos impuestos. Sin embargo siempre estará Inglaterra o Rusia para consolar la riqueza. O su versión latinoamericana en México.

Entre los secretarios y funcionarios, sólo una minoría declara con modestia. No obstante, la modestia es la mejor coartada para muchos políticos. Maestros de la apariencia, mejor deciden sugerir en vez de mostrar. Insinúan, pero no dicen abiertamente. A todo eso le llamamos declaración patrimonial; obligaciones de transparencia.
El presidente publicó también su declaración patrimonial, lo cual es positivo; pero la publicación fue a medias, al igual que otros tantos secretarios que dejaron formatos vacíos. Esa ambigüedad en vez de aclarar, alienta suspicacias y “malos pensamientos”.

Es significativo que el nuevo gobierno tomó iniciativas para fortalecer la transparencia, entre ellas las reformas para el IFAI, la publicación de los gastos de transición o la propuesta de una Comisión Nacional Anticorrupción. Sin duda, las dos primeras necesarias, pero de la comisión tengo mis dudas. Sobre todo, por la historia de fracasos de la Secretaría de la Contraloría, luego Función pública, y todavía esperamos una nueva versión. Ninguna evitó fraudes, grandes corruptelas.
Por el contrario, en algunos cosas nada más las documentó. Por eso no recuerdo en la historia de los órganos anticorrupción, que un “pez gordo” o si quiera un funcionario menor, temblara por las facultades de vigilancia.

Hasta ahora, la declaración patrimonial apunta la intención del gobierno hacia la transparencia que viene, sólo esperamos que el resto no sea siempre a medias.
Sin pedir un solo peso
Por segundo año consecutivo, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, publicita el segundo informe de gobierno bajo el eslogan “Y todo sin pedir un solo peso prestado”. Mientras entidades como Michoacán, Coahuila, Nuevo León o Veracruz se endeudaron hasta comprometer la operatividad, otros como Puebla, presumen un manejo sustentable de las finanzas públicas. Parece obvio, pero el orden en el gobierno también es rentable electoralmente. ¿Será mucho pedir?

18 de enero 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9169946

El gobernador transparente

La transparencia como discurso es políticamente correcto. Se escucha bien, es loable y no suscita oposición. Por eso, ante el problema de credibilidad, el gobierno de Rubén Moreira ha insistido en “una nueva dimensión de la rendición de cuentas”. Recientemente promovió una serie de acciones para transparentar su gobierno: la publicación de la nómina con nombre y apellido; los padrones de los beneficiarios sociales; la publicación de los contratos de la deuda. Veamos éste último punto.
Lo bueno. El gobierno de Moreira II abrió los contratos de la deuda de Moreira I. Lo malo. Los documentos se presentan a medias. 

En otras palabras, lo que fue una buena acción por transparentar, en realidad terminó como una acción fallida que reafirma la desconfianza. Datos borrados, documentos mochos. En una palabra, censurados. El Secretario de Finanzas, Jesús Ochoa Galindo, ni siquiera sabía hasta que le preguntaron. ¡Así ni cómo! Pero en el fondo, es revelador ese mal paso de la transparencia, porque aun y cuando los contratos los publicaran como están en el cajón, eso no explica en qué se gastaron miles de millones de pesos. Las cifras no cuadran, ni nunca le cuadraron a Moreira I cuando al fin quiso explicarlas. ¡Menos mal que regresó a estudiar! Tal vez de regreso nos entregue un libro sobre finanzas públicas.

Vuelvo a la transparencia. Qué bueno que se publiquen los contratos, pero también hay que advertir que la publicación no promueve la rendición de cuentas por el fraude. Hasta ahora nadie toca a los prófugos, y mucho menos a los involucrados que todavía forman parte del gobierno actual.
Para acrecentar el descrédito, el “informe público de la restructuración de la deuda” no va al grano de las cosas: el saqueo al por mayor de las finanzas estatales. Una fácil justificación pretende suponer a los ciudadanos como tontos. El culpable de la deuda (¿y también del fraude?), fue la crisis externa en Estados Unidos. ¡Sí! Así como lo leyó. Cito un párrafo del documento que divulgó la Secretaría de Finanzas: “una serie de medidas contracíclicas que implicaron un incremento en el gasto de inversión del presupuesto anual, con el propósito de generar empleo para los Coahuilenses y mantener los niveles de competitividad”.

Tanta prisa y tanta preocupación tuvieron por los coahuilenses, que la medida “contracíclica” los llevó a inventar firmas, falsificar documentos y hasta invertir en Texas. Pero en un Coahuila de impunidad, donde un hermano es el protector del otro hermano, no hay más resultado que la impunidad. Difícilmente podría ser de otra manera, si uno le debe el poder a otro. Por eso, en moreiralandia la semana pasada celebran la promulgación de una nueva Ley de fiscalización, pero en los hechos se deja intacto a los responsables de la deuda. En moreiralandia publican la memoria de los contratos, pero nada se dice corrupción.

En el documento oficial, la justificación de la herencia tóxica, fue enumerada en diez antecedentes. Desde luego, la deuda se contrajo por el bien de los ciudadanos de Coahuila. ¡Un mundo de felicidad! El antecedente diez de la deuda no tiene desperdicio porque resume la visión artificial del gobernante: “los coahuilenses enfrentaron y superaron este reto”. Sólo les faltó que nos pidieran dar las gracias.

3 de febrero 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9171393

Defender al IFA

En datos duros, el año que acaba de terminar, fue un buen año para el IFAI. Durante el 2012 se rompió la marca de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos al gobierno. Es una buena noticia, y también un indicador del interés ciudadano por saber qué, cómo y cuánto hace el gobierno. Es cierto, todavía son pocos los ciudadanos organizados, y muchos los que no han descubierto el valor de la transparencia, pero al mismo tiempo, hay elementos en la sociedad mexicana para que esa cultura crezca. 

El sistema de solicitudes Infomex registró 131 mil peticiones en el 2012, por mucho una cifra que superó la marca de los últimos diez años. Entre las dependencias que más reciben solicitudes se encuentran el SAT, IMSS, PGR, SEP, CFE, Conagua, Semarnat y la Secretaría de Gobernación. Hasta ahora, en los últimos diez años se han acumulado más de 866 mil solicitudes. ¿Son muchas o pocas? Pocas para una sociedad democrática madura. No obstante, sería un despropósito no reconocer que poco a poco hay más ciudadanos dispuestos a asumir la transparencia como una práctica. Como un derecho que se ejerce día a día.

Pero en los últimos días, lamentablemente las noticias sobre IFAI, fueron por los pleitos “muy trasparentes”. La nota comenzó con la declaraciones del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien se lanzó contra el recién electo presidente del IFAI, Gerardo Laveaga. El pleito escaló en los siguientes días y hasta llegó con Sigrid Arzt. Una pena. Pero no pienso que el trabajo y sobre todo la aportación del instituto se reduzcan al pleito. Por el contrario, el IFAI, es una de las instituciones que debemos defender.

Sin embargo, no es extraño que los órganos colegiados tengan diferencias, disputas y agrias discusiones. Incluso es deseable muchas de las veces. Por lo mismo, debería de preocupar si las diferencias afectan el desempeño, de no ser así, sólo queda como malas anécdotas. Lo relevante por ahora es que el PRI, el mismo partido que promueve la autonomía y mayores facultades para el IFAI, no ceda a la tentación de remover a su antojo a los comisionados por sus diferencias públicas. Fueron de mal gusto y “bochornosas”, pero preocupa más la posible arbitrariedad, y sobre todo, las ganas de sustituir a los comisionados, por unos plenamente identificados al PRI y sus intereses. Ya lo hablaron por estos días los viejos lobos (no crea que pastores) del congreso, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, quienes volverán a revisar la iniciativa sobre el IFAI. En una de esas lo desarticulan a su favor. 

Por si tienen dudas del oficio, lo acabamos de ver hace unos días en IFE. El consejero Sergio García Ramírez prestó un “buen servicio” al PRI tras evitarle con su voto, una multa millonaria por las tarjetas Monex y el exceso en los gastos de campaña. Para colmo de males, la jugada salió tan bien al PRI, que la multa resultó para el Movimiento Progresista que encabezó López Obrador. Literalmente: ¡el mundo al revés! Lejos quedamos del IFE que multaba parejo a los partidos. Ahora no se atreve con los que llevan el gobierno. ¿Un signo preocupante de lo que nos espera?

30 de enero 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9171041

El mundo de Moreira II

Aceptémoslo de mala gana. El gobierno de Coahuila tiene una apuesta clara: dejar pasar el tiempo para olvidar el colosal fraude de la deuda. Dejar así sin más, sin justicia, sin responsables, sin la reparación del daño. ¡Allá que paguen los contribuyentes! Como si nada hubiera pasado, se pretende ocultar lo inocultable. Pero lejos de las vistosas diferencias entre hermanos, esa apuesta es congruente con la política asumida por el gobernador Rubén Moreira. Ya sabemos que ahí, ni por error, hay ruptura, sino complicidad.
Para Moreira II, “Coahuila ya no está en el tema de la deuda pública” (Milenio 11-I-13). 

De acuerdo con el gobernador: “Nosotros hicimos lo que nos correspondía y si bien las medicinas no son muy sabrosas, los resultados son evidentes”. Tal cual como lo acaban de leer, no es ninguna broma, ni tampoco exceso de optimismo. En el mundo de Moreira II nuestro estado ya no está en el tema de la deuda. Vamos, en Coahuila hasta tenemos una nueva forma de gobernar. Por supuesto que no importa que tengamos exfuncionarios prófugos, un desfalco que se cuenta por miles de millones, firmas y documentos falsificados, o una megadeuda que nunca fue explicada, sino a base de puros enredos.

En el mundo de Moreira II, pasamos de lo peor a lo menos peor, pero sin dejar, al final, de estar mal. ¡Vaya consuelo! Por eso la deuda “ya no es tema”, aunque una lectura cuidadosa al reciente informe de Standard & Poor’s sobre la calificación financiera asignada al estado, advierte que “la calificación del estado de Coahuila se mantiene sin cambio desde su última revisión” (S&P, 9 de enero de 2013). Un punto más, un punto menos, pero al fin con el lastre de la deuda. A lo mucho, lo más destacado de ese informe, es que el estado de Coahuila es un fiel pagador de la deuda contratada con los bancos. 

Los coahuilenses podemos estar tranquilos, y más todavía los bancos, porque el megafraude realizado en la administración de Moreira I, va a ser puntualmente pagado por la administración de Moreira II. Ese es el mayor reconocimiento de la famosa calificadora: certeza para el pago. En resumidas cuentas, a los calificadores no les importa la corrupción; les importa ante todo, que les paguen a sus clientes. Al informe de la calificadora no le falta claridad, porque los créditos tóxicos están bien respaldados por el “presente y futuro” de los impuestos coahuilenses.

Nada más para este año, la herencia fraternal dispone de 4 mil 531 millones de pesos para saldar deuda. Habrá que subrayar que ese dinero no proviene de lo gobernantes que ahora nos proponen olvidar la deuda, sino de los contribuyentes coahuilenses. En pocas palabras, el mundo de Moreira II.

13 de enero 2013 

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9169508

Transparencia y transición

Finalmente el tiempo de las elecciones quedó atrás. Ahora la expectativa se centra en los posibles cambios que pueda hacer el gobierno al mando de Enrique Peña Nieto. Sin duda alguna en primer lugar salta la necesidad de mejorar la seguridad y disminuir la violencia. Le siguen, de acuerdo con lo declarado por Peña Nieto, la reducción de la pobreza, la calidad educativa, el crecimiento económico (¡hasta triplicarlo!), y recuperar el liderazgo de México en el mundo.
Aunque es inusual en el PRI, el equipo del presidente electo también ha puesto como primer tema antes de la toma de posesión, la transparencia y la rendición de cuentas. ¡Sí! Vaya que suena extraño. Pero vayamos por partes.

No es casualidad que el próximo gobierno ya busca legitimidad más allá de los votos. De entrada, lo novedoso fue la actitud asumida por el equipo de transición en materia de transparencia. No sólo ha propuesto una serie de iniciativas, sino ya hizo junto con el IFAI (una de las instituciones con mejores niveles de credibilidad en el país), un esquema inédito de transparencia sobre el costo de la transición. En ese aspecto arrastramos un enorme defecto en nuestro sistema político. Mientras los nuevos legisladores (diputados y senadores) ya tomaron posesión en el lapso de un mes, el presidente electo tiene que esperar cinco meses para hacerlo. Esos cinco meses nos cuestan a los contribuyentes ¡150 millones de pesos! En otras democracias contemporáneas el tránsito de poderes se da en pocos días. Por ejemplo en Francia y Gran Bretaña el tránsito se da a nueve días de la elección. En Canadá en 14 días. Un mes en España. En Alemania y Finlandia dos meses, y en Estados Unidos dos meses y medio.

Pero en México no apreciamos el valor del tiempo, por eso tiramos cinco meses. ¿Por qué perder tanto tiempo y dinero? El viejo régimen dio demasiada complacencia al presidente saliente para hacer y deshacer. Pero en ese aspecto y en otros ya sabemos que el PAN no quiso ni supo reformar las viejas prácticas del antiguo régimen ¡Y todavía se extrañan por el tercer lugar en las elecciones!
Mientras transcurre la larguísima transición presidencial, el IFAI ya habilitó un link en su página de internet, www.transiciongob2012.pot.mx, donde se informará sobre los gastos del equipo de transición. El sitio se divide en seis ámbitos que incluyen: recursos humanos, domicilio del equipo de transición; informes y gastos; contratos; disposiciones normativas y otros informes.

En cuanto a las iniciativas para fortalecer la transparencia, ya presentó el presidente electo un plan para reformar el IFAI, ampliar sus facultades a estados y municipios, aumentar los comisionados, dotar de autonomía constitucional al Instituto y fortalecer la Ley de contabilidad gubernamental. Y si bien, se suele desconfiar del PRI para estos temas (y con justa razón), mal haríamos en no tomarle la palabra en esos puntos y sobre todo, en el ofrecimiento de “iniciar un gobierno democrático, plenamente transparente”. ¿Habrá suficiente sociedad organizada para exigirlo? Pienso que sí, y más nos vale asumirlo.

12 de septiembre 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9158570

¿Qué esconde el IFE?

Poca, muy poca información del Estado es reservada por razones de seguridad nacional. Sin embargo, la figura de reserva por seguridad es utilizada con frecuencia por los gobiernos y las entidades públicas para ocultar el ejercicio de sus recursos. 
¿Qué esconde el IFE para negar el convenio con la empresa que realiza los spots del Instituto? El año pasado el padrón electoral del IFE “apareció” en venta. A pesar de contener datos personales, esa información no se cuidó, como sí se cuidan los intereses donde hay dinero y negocios en juego.

http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/8998898 

Deuda y más deuda

fuente: aregional, índice 2011

Revelador que a estas alturas de la campaña el IEPEC pretenda organizar un debate. Hasta ahora la acción más visible del instituto fue repetir ad nauseam la imaginativa campaña de promoción del voto. Pero los debates sólo son un dimensión de la campaña, en ocasiones pueden ayudar a definir una elección, Kennedy fue el modelo histórico. En general el debate es común en las agendas de los candidatos. Recientemente en el Estado de México presenciamos varios debates organizados por la autoridad electoral y otros más fueron convocados por los medios de comunicación. La confrontación directa entre los candidatos no alteró la tendencia electoral. En Coahuila, ante la ausencia sistemática del candidato priísta, Rubén Moreira, hubo debates a medias. Aunque en la última recta de las elecciones, el Instituto Electoral anunció un encuentro para el lunes. Veremos.

En el camino los candidatos han prometido de todo, incluso han entregado “atractivas” tarjetas. Sin embargo, al “qué” de la oferta política se olvida añadirle el “cómo”, y ya no digamos el “cuánto”. En este sentido, más que declaraciones individuales, hacen falta confrontaciones directas sobre un tema que nos debería ocupar a los contribuyentes: la deuda pública del estado.

En principio que un gobierno contrate deuda no debe alarmar, dado que es un mecanismo normal en la finanzas públicas. Y en ese punto tiene razón Rubén Moreira al hablar de inversión y desarrollo. Lo que en realidad hace ruido es el ritmo abrupto de la deuda que ya ronda los 8 mil millones y quién sabe en cuánto más podría terminar… En su último informe (7 de junio, 2011), Standard & Poor's bajó la calificación de riesgo crediticio por considerar que “la política financiera del estado es poco clara y la difusión de su información financiera es parcial”.

Meses antes (abril 2011), Fitch llegó a una conclusión similar y también bajó la calificación crediticia por “los altos niveles contratados de deuda bancaria de corto y largo plazo tanto del Estado como de sus organismos descentralizados; así como por la falta de claridad en sus políticas y prácticas administrativas en los temas de endeudamiento actual, futuro, y su registro contable”.

En tiempos de transparencia, las resistencias son el pan de cada día. Así, en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas elaborado por la consultora aregional, se mide con regularidad la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por los gobiernos estatales. En vez liderar posiciones, el gobierno estatal se empeña en ocupar lugares mediocres. No sólo hay negligencia ahí, también la falta de contrapesos coloca al estado en una posición muy cómoda. 

Durante las últimas semanas las sospechas de corrupción ha generado más dudas sobre el manejo de los dineros públicos en el estado y la defensa de los funcionarios parace limitarse “a los tiempos electorales”. Me temo que estamos ante una historia más de impunidad donde los ciudadanos parecen espectadores.

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26 de junio, 2011

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/8981862

Cuentas claras

 Cuentas claras, amistad larga. Cual máxima popular, podríamos preguntar si los gobiernos en México tiene cuantas claras para sus ciudadanos. ¿Hay confianza en el ejercicio del dinero público que aportan los contribuyentes? La respuesta es un no, pero la desconfianza no proviene de supuestos ni de opiniones, sino de la revisión puntual de las cuentas públicas.
En este sentido, hay que destacar el buen desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, ahora dirigida por Juan Manuel Portal. 

En los últimos años, gracias a la Auditoría los ciudadanos tenemos la posibilidad de conocer cómo se gastan nuestros impuestos. Y más aún, si la aplicación de ese dinero público tuvo un beneficio para los ciudadanos. Del resultado tristemente abundan los abusos y en el mejor de los casos, las ineficiencias. También hay excepciones y áreas de gobierno responsables. Así, hubo un glorioso tiempo donde solía reconocerse por tiros y troyanos, la credibilidad del IFE. Ahora es increíble la defensa del “guardadito” que la institución electoral defiende para su desprestigio y rechazo a la Auditoría.

En general la Auditoría ha ofrecido a los ciudadanos una muestra contundente de cómo el dinero público se ejerce en este país. Nuevamente, el resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2009 lo corrobora. Si bien, hay áreas gubernamentales con buen desempeño, la tendencia encontrada por la Auditoría nos habla de desvíos, irregularidades, sobrecostos, ineficiencias y fraudes bien documentados.
Bajo esa muestra, está claro que no es suficiente pretender resolver un problema con dinero, sino que ese dinero impacte lo mejor posible en la sociedad. En Torreón es bien conocido el caso de hacer obras para luego tirarlas, claro está, con el aval inmenso que ofrece la impunidad.

Por eso, para que al valioso trabajo de la Auditoría sea un incentivo al buen ejercicio de los recursos, habrá que cerrar la pinza con el sistema de justicia. Da nada sirve una ley, si no se acompaña de una coerción que la asegure. Muchos datos de irregularidades, pero pocos responsables.
Otro punto valioso en la fiscalización 2009, divulgada el miércoles pasado (véase ww.asf.gob.mx), es la posibilidad de discutir, con la finalidad de poder influir en el futuro, sobre los destinos y la utilidad del dinero público. 

Por ejemplo, al revisar el desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública encontramos una conclusión inaceptable: muchos recursos, pocos resultados. Cito el dictamen: “La ausencia de mecanismos de coordinación eficaces restringe la contribución del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como en la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos”. ¿En verdad queremos que se sigan gastando así los recursos? Lo menos, es pedir cuentas.

http://impreso.milenio.com/node/8913914 

La Opinión Milenio 

16 febrero 2011

Ni por ética

La cultura política se refleja en sus prácticas, en los valores que la sociedad asume. Después de la transición, después de la tan desprestigiada alternancia, el cambió pareció centrarse en el voto, como si la elección misma transformara las prácticas, las reglas, las instituciones. En realidad pocos cambios se dieron. Uno de los más notables fue la ley de transparencia y acceso a la información. El avance fue sin precedentes, pero los logros y las prácticas en la cultura política son todavía imperceptibles. ¿Podemos decir que son muchas o pocas las casi 500 mil solicitudes que miles de ciudadanos han hecho a través de internet y físicamente en las dependencias? Plausibles sin duda las solicitudes, pero si tan sólo dimensionamos el número en la mitad de la población del país, poco más de 50 millones, la participación es a todas luces modesta, poco visible e insuficiente para revolucionar prácticas, para cambiar todavía la política.

Y en esto, es justamente cuando me pregunto al igual que muchos mexicanos : ¿Pueden cambiar las cosas? ¿Puede la política ser diferente, generar otros resultados? Aunque la respuesta real, dirán poderosos “real politik”, está más cerca del pesimismo, del escepticismo en el mejor de los casos, no podemos renunciar a generar condiciones para cambiar las prácticas. Al menos en la historia reciente podemos identificar esos pequeños grandes cambios que ahora asumimos sin darnos cuenta.

Si en el pasado, no muy lejano por cierto, los documentos públicos no eran públicos, ahora tenemos la oportunidad de solicitar y conocer directamente lo que sucede en el gobierno. No obstante, la información por sí misma no produce en automático rendición de cuentas, justicia o equidad. Es necesario el papel del ciudadano (agente de cambio insospechado) para darle contenido a las prácticas democráticas.
¿De qué han valido los puntuales, contundentes y precisos informes de la Auditoría Superior de la Federación si no es posible llamar a cuentas? Esta semana el órgano fiscalizador del Congreso, rindió su informe del ejercicio de la Cuenta Pública 2008. Entre otras cosas se encontraron irregularidades, desfalcos, dinero sin comprobar, desvíos, desaparición de documentos y una serie de prácticas “normales” en México.

Como otras veces, la Auditoría tiene el diagnóstico adecuado, pero las viejas prácticas tan vigentes como en el pasado, frenan la fiscalización, la rendición de cuentas. Por ejemplo, las denuncias presentadas por la Auditoría ante la Procuraduría General de la República, terminan siendo frenadas o desechadas. Así la PGR se ha ensañado inútilmente contra la ampliación derechos a minorías, en vez de proceder contra los evidentes desfalcos al patrimonio público. Esto significa según las cifras de la Auditoría, que el famoso “boquete fiscal” podría haber sido cubierto con un uso cuidadoso y eficiente del dinero público.

En otro ámbito, un grupo del partido sin brújula Acción Nacional, condenó la desobediencia de uno de sus diputados con apellido Clouthier, debido a sus diferencias con la cuestionada política de seguridad del Presidente Calderón. Al mismo tiempo, esa fracción, por no decir el partido, ignora la viveza del Secretario de Agricultura, Javier Mayorga, quien con una mano reparte el subsidio federal al campo, y con la otra lo recibe. Esto es visto y avalado por su partido como algo “normal”. Por el susodicho declaró seguro desde la Secretaría: “No creo que haya razón para renunciar a ello, aun éticamente”.

Aún así, me queda claro que los pocos o muchos cambios para transformar esta paupérrima realidad nacional, están en manos, no tanto de los políticos ni de los tlatoanis modernos, sino de los ciudadanos organizados que desde abajo así lo impulsen. Así lo exijan.

Opaca transparencia

Sin novedades, sin movernos del mismo punto, así está México en transparencia y combate a la corrupción. Prácticamente estancados, nuestro país volvió a reprobar con una calificación de 3.6 puntos, en una escala del 1 al 10. Mientras Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y Singapur se mantienen en niveles ejemplares; México quedó por debajo de países como El Salvador, Cuba, Nambia y Botswana. Sí, por debajo de países africanos. La geografía de la corrupción nos sitúa en el lugar 72 de 180 países evaluados. La situación no es trivial, y describe las costumbres. Por ejemplo, en Coahuila, las noticias que tenemos del garante de la transparencia y el acceso a la información, el ICAI, lejos de notarse por doblegar gobiernos a favor del ciudadano, muestran a los consejeros más ocupados en la autofagia. Ahí está la salida de Eloy Dewey, el presidente “renunciado”.

Durango

Por fin el Congreso local de Durango hizo las reformas pertinentes para reforzar la Ley estatal de Transparencia, como parte de las adecuaciones al artículo sexto constitucional. Los beneficios de esta reforma implican mayores niveles de transparencia obligatoria, pero también la incorporación del sistema de solicitud de información electrónica (INFOMEX), lo que significa que los duranguenses podrán hacer solicitudes por Internet. Al mismo tiempo, la ciudad vecina de Gómez Palacio, al mando de Ricardo Rebollo, tendrá que montarse lo antes posible a reforzar la transparencia, si no quiere seguir haciendo el ridículo, al ocultar la nómina municipal por temor a “envidias”. No sobra recordar que son obligaciones.

¡Una de cal!

El pasado 2 de mayo de 2008, escribí una editorial en El Siglo de Torreón, La deuda de Coahuila, exponiendo cómo la transparencia no es el fuerte ni tampco una de las fuentes de legitimidad del Gobierno del Estado, dirigido por el Prof. Humberto Moreira. Entre otras cosas cuestionaba que no se mostrara el resultado de la Cuenta Pública del 2007, sin embargo, veo con beneplácito, aunque tarde, que derivado del ejercicio del acceso a la información, el gobierno estatal ha publicado la información completa para 2006 y 2007.

La deuda de Coahuila

Hace unos días, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge Torres López, anunció la contratación de una deuda por 3,500 millones de pesos, con la finalidad de aplicarlos a obras de infraestructura urbana e industrial, construcción de hospitales y la de un par de teatros en las regiones Norte y Carbonífera. Hasta ahí, nada que suene anormal o sospechoso.
Actualmente, el gobierno de Coahuila es unos de los pocos estados con finanzas públicas sanas. La tendencia es corroborada por la prestigiosa calificadora Standard & Poor’s que sitúa al estado en la categoría “AA”, en otras palabras, lo califica como un Estado con notable fortaleza financiera. En este sentido, la emisión de la deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, le permitiría al estado, según la óptica el funcionario, acelerar las inversiones.

Pero nada más sensible en la administración pública, que el manejo de los dineros. Nada más deseable en tiempos de la transparencia, que un buen alumbrado en la administración. Sin embargo, uno se cuestiona la pertinencia de la deuda: ¿Es necesaria, o simplemente se busca hacer obras? ¿Por qué pagar intereses, si tarde que temprano el gobierno estatal recibirá los millonarios beneficios de la reforma fiscal? ¿No sería mejor aplicar un programa que reduzca el elevadísimo gasto corriente que lleva el Estado?

Actualmente, el presupuesto de egresos del Estado nada más destina un 43% del total de sus recursos a sueldos. Una investigación del periodista Jesús Castro publicada en el mes de octubre del 2007, situó a Coahuila como el segundo estado de la República Mexicana que más gasta en el pago de la nómina a funcionarios públicos.

Ahora bien, dos aspectos concretos me hacen dudar con seriedad de la anunciada bursatilización de la deuda: la primera tiene que ver con el resultado de la auditoría realizada al Gobierno Estatal y que fue publicada el pasado 27 de marzo por la Auditoría Superior de la Federación. La segunda proviene de la divulgación, a mediados de abril, del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno por parte del organismo civil Transparencia Mexicana. Ambos casos evidencian claramente la otra cara de la moneda del erario, es decir, uno nos demuestra las irregularidades y la precariedad del manejo de los dineros públicos. El otro caso nos muestra la caída estrepitosa del lugar nueve al deshonroso veinte, que ha experimentado Coahuila -incluyendo municipios y federación en la entidad- en tan sólo dos años.

Al revisar a detalle las 36 páginas que resultaron de la auditoría realizada a la cuenta pública del 2006, ejercida por el gobierno del profesor Humberto Moreira, vemos con una mezcla de asombro e indignación que los recursos públicos fueron manejados con claras irregularidades. La Auditoría Superior revisó dos entidades claves: la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, a través de la aplicación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
Cito dos ejemplos. Para el programa “Pinta tu Casa”, se detectó que el expediente de la obra no quedó debidamente integrado, ya que no se localizaron documentos del proceso licitatorio como la convocatoria y sus bases. Asimismo no se encontró la documentación comprobatoria que ampara la adquisición de brochas y accesorios.

Otro programa que revisó la Auditoría, fue “Mano con Mano en la Nutrición”, donde encontró irregularidades en la aplicación y reintegración de recursos e intereses generados en una cuenta manejada por la Secretaría de Finanzas. El reporte concluye que desconoce el destino de medio millón de pesos y los respectivos intereses. Tampoco extraña en tales prácticas, que la Auditoría promoviera diez sanciones administrativas, además diversas recomendaciones.

La bandera del actual Gobierno de la Gente tiene como principal lucha las causas sociales y la ayuda a los más pobres del estado, sin embargo, la evidencia mostrada por la Auditoría comprobó que no necesariamente la aplicación de esos recursos impacta con claridad a los grupos más vulnerados. Transcribo unas líneas del dictamen: “Se determinaron algunas debilidades en el control interno, en virtud de que no se cuenta con un mecanismo de planeación para garantizar que el total de los recursos del FISE se orienten a los grupos más pobres o no se asignen a rubros no previstos en la Ley de Coordinación Fiscal”.

La Auditoría Superior de la Federación consideró que en “términos generales el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con el marco normativo aplicable a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, de las operaciones examinadas”
Sí completamos el cuadro de la administración, con la geografía de la corrupción percibida en Coahuila, veremos que estos resultados no son casuales. Mientras que en el año 2005 Coahuila ocupaba el lugar 9 en el Índice de Corrupción entre 32 entidades federativas, para el 2007 caímos libremente al lugar 20.

La duda no es gratuita, ni tampoco la deuda. Al final del día, la verdadera deuda del estado de Coahuila no será con la Bolsa de Valores, sino con los coahuilenses. Actualmente la legitimidad de un gobierno ante los ciudadanos no proviene de cuánto puede regalar. Hablamos entonces de la capacidad y la calidad de los resultados.
No obstante, lo “público” continúa siendo un recurrente eufemismo entre los gobiernos.
¿Qué tiene de “público” el resultado de la cuenta pública del 2007 para que no se revele entre los comunes mortales el documento?
En realidad estamos tan lejos de aquella exigencia de Daniel Cosío Villegas: hacer pública la vida pública.

3 de mayo 2008, El Siglo de Torreón