De impuestos en la Corte

De acuerdo a la agenda política nacional, para el verano los diputados estarán tratando la reforma fiscal; léase “aumento de impuestos”. Por lo mismo, es relevante lo que por estos días trata la Suprema Corte sobre los gravámenes, particularmente el impuesto sobre la renta (ISR). Sí, el mismo que las empresas siempre buscan deducir, sobre todo las que tienen presupuesto para buenos abogados fiscalistas y duros contadores. Ya entradas en gasto, algunas empresas hasta pretendían descontar pérdidas en extranjero. Más de 100 amparos interpusieron grandes empresas (olvídense de pequeños e insignificantes contribuyentes) para tratar deducir unos 85 mil millones de pesos. Pero el pleno de la Corte acaba de votar en contra de esas deducciones al ISR, echando abajo los amparos. La decisión es relevante porque la máxima autoridad del sistema judicial sentó un precedente contra esas deducciones. De esa manera, la decisión de la Corte rompió la costumbre de beneficiar fiscalmente a las grandes empresas, cuando estas tuvieron pérdidas por la compra y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. El “beneficio”, por decir un eufemismo, ocasionó que durante años, algunas empresas no pagaran el ISR. ¡Vaya regalo! De cuales estamos hablando: Banorte, Ford, Televisión Azteca, América Móvil, Vitro…

El ministro Sergio Valls resumió el sentido del fallo: “Este tipo de acciones, tiene el costo de llevar a cabo negocios o inversiones y, desde luego, de materializarse, provoca la reducción de la capacidad contributiva del causante… su deducción es demandada por la lógica y la mecánica del tributo” .
Sin embargo, el logro de la Suprema Corte se diluye al mismo tiempo con el despropósito de otro poder del Estado mexicano: el Congreso. El año pasado, los diputados decidieron premiar las finanzas de estados y municipios, su ocurrencia consistió en condonar la mayor parte de sus obligaciones para pagar el ISR. De esa manera, el Congreso les perdonó el impuesto y de paso, se quedaron con ese dinero. Comprendo que el tema de impuestos y obligaciones es árido, pero el fondo es revelador de la profunda inequidad que hay en el país. 

Y ahí, el peor ejemplo, el pésimo incentivo, provine del mismo gobierno. ¡Así ni cómo! Para tal desaliento, mejor valdría derogar ese articulito de la Constitución (el 31 si quieren reír), donde nos dice que los impuestos se deben de cobrar de manera equitativa y proporciona. Si lo derogaran, al menos lo diputados serían congruentes. Pero al promover esos privilegios, los legisladores enviaron un poderoso mensaje a los contribuyentes (tampoco crean que son mayoría en el país): hay ciudadanos de primera, y ciudadanos de segunda. Los de primera se les perdona el impuesto. A los de segunda se le cobra con todo el peso de la ley. Algunas distorsiones provienen de las empresas, y otras, lo cual es peor, vienen del mismo gobierno. A unos meses de que la reforma fiscal se lleve al Congreso y ahí se aprueben más impuestos a los contribuyentes, los legisladores federales tendrían que empezar a corregir estos beneficios. No sé ustedes, pero como contribuyente es indignante la inequidad que se promueven desde las instituciones. ¡Y todavía nos van a subir los impuestos!

5 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9176878

Un paso adelante, un paso para atrás

Sin duda, el eslabón más débil del gobierno mexicano, es el municipio. Al mismo tiempo, es el gobierno más inmediato a los ciudadanos. Por lo mismo, mucho de lo que sucede en las ciudades, tiene su gloria o su tumba en los gobiernos municipales. Para no ir tan lejos, la transición a la democracia se dio de abajo hacia arriba, es decir, de los municipios hacia el gobierno nacional. De esa manera la alternancia primero se cultivó en las presidencias municipales, pero hasta la fecha, la capacidad de ese nivel de gobiernos es sumamente desigual.

 Por un lado tenemos un pequeño cúmulo de municipios con amplias capacidades (hablamos de unos 60 entre dos mil), pero por otro, abundan los municipios con un papel meramente testimonial, inermes para hacer frente a los problemas de la ciudad. Hace varias décadas, en 1983, se fortaleció la capacidad y la autonomía de los municipios a través de la reforma al artículo 115 constitucional. En aquella época fue un avance, pero ahora, el papel de los municipios está rebasado. No sólo por la desigualdad de las instituciones, sino por la calidad de los gobiernos. El tema de la calidad, o si quieren, de eficiencia, parece trivial para muchos alcaldes, pero en contextos de competencia, hacer una buena administración tan solo es un aval mínimo para ratificar el poder. Dicho en otras palabras, hacer una buena administración también es rentable electoralmente.

Así como en los últimos años, algunos gobiernos estatales contrajeron deudas insostenibles, Coahuila es el peor ejemplo, también es común la quiebra financiera en los municipios. Entre deudas y negligencia administrativa, hay casos paradigmáticos como Cuernavaca y Acapulco. Pero la historia no termina ahí, sino empieza con la facilidad de los alcaldes para dejar herencias tóxicas a los ciudadanos, y salvo contadas excepciones, son llamados a cuentas. Al respecto, la ley de contabilidad gubernamental es una respuesta al desorden en los municipios, pero también, es un refuerzo para la transparencia de los recursos, y entonces sí, el llamado a rendir cuentas. 

En ese sentido, es positiva la postura del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al negar que rescatarán las finanzas de estados y municipios: “deben tener la capacidad de crear financiamiento, de ordenar sus finanzas, realizar ajustes para disminuir las partidas de gastos y recaudar más impuestos”. 

Pero lo que es un paso para adelante, también es un paso para atrás. El 2012 cerró con un regalo de los diputados federales para continuar con las malas cuentas en los estados y municipios. Aprobaron la condonación de multas y recargos por no pagar debidamente el impuesto sobre la renta ante la Secretaría de Hacienda. Por supuesto, ese privilegio no es para los ciudadanos en general, sino para los gobiernos municipales que reciben incentivos para la ineficiencia.

Bajo esas reglas del juego, es difícil que los gobiernos locales hagan administraciones de calidad, si al final, hay pocas consecuencias para políticos que quiebran, defraudan o sencillamente dilapidan los recursos públicos. Al final, no faltará quien afirme, ¡para eso son las plurinominales!

9 de enero 2013

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9169142