De acuerdo a la agenda política nacional, para el verano los diputados estarán tratando la reforma fiscal; léase “aumento de impuestos”. Por lo mismo, es relevante lo que por estos días trata la Suprema Corte sobre los gravámenes, particularmente el impuesto sobre la renta (ISR). Sí, el mismo que las empresas siempre buscan deducir, sobre todo las que tienen presupuesto para buenos abogados fiscalistas y duros contadores. Ya entradas en gasto, algunas empresas hasta pretendían descontar pérdidas en extranjero. Más de 100 amparos interpusieron grandes empresas (olvídense de pequeños e insignificantes contribuyentes) para tratar deducir unos 85 mil millones de pesos. Pero el pleno de la Corte acaba de votar en contra de esas deducciones al ISR, echando abajo los amparos. La decisión es relevante porque la máxima autoridad del sistema judicial sentó un precedente contra esas deducciones. De esa manera, la decisión de la Corte rompió la costumbre de beneficiar fiscalmente a las grandes empresas, cuando estas tuvieron pérdidas por la compra y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. El “beneficio”, por decir un eufemismo, ocasionó que durante años, algunas empresas no pagaran el ISR. ¡Vaya regalo! De cuales estamos hablando: Banorte, Ford, Televisión Azteca, América Móvil, Vitro…
El ministro Sergio Valls resumió el sentido del fallo: “Este tipo de acciones, tiene el costo de llevar a cabo negocios o inversiones y, desde luego, de materializarse, provoca la reducción de la capacidad contributiva del causante… su deducción es demandada por la lógica y la mecánica del tributo” .
Sin embargo, el logro de la Suprema Corte se diluye al mismo tiempo con el despropósito de otro poder del Estado mexicano: el Congreso. El año pasado, los diputados decidieron premiar las finanzas de estados y municipios, su ocurrencia consistió en condonar la mayor parte de sus obligaciones para pagar el ISR. De esa manera, el Congreso les perdonó el impuesto y de paso, se quedaron con ese dinero. Comprendo que el tema de impuestos y obligaciones es árido, pero el fondo es revelador de la profunda inequidad que hay en el país.
Y ahí, el peor ejemplo, el pésimo incentivo, provine del mismo gobierno. ¡Así ni cómo! Para tal desaliento, mejor valdría derogar ese articulito de la Constitución (el 31 si quieren reír), donde nos dice que los impuestos se deben de cobrar de manera equitativa y proporciona. Si lo derogaran, al menos lo diputados serían congruentes. Pero al promover esos privilegios, los legisladores enviaron un poderoso mensaje a los contribuyentes (tampoco crean que son mayoría en el país): hay ciudadanos de primera, y ciudadanos de segunda. Los de primera se les perdona el impuesto. A los de segunda se le cobra con todo el peso de la ley. Algunas distorsiones provienen de las empresas, y otras, lo cual es peor, vienen del mismo gobierno. A unos meses de que la reforma fiscal se lleve al Congreso y ahí se aprueben más impuestos a los contribuyentes, los legisladores federales tendrían que empezar a corregir estos beneficios. No sé ustedes, pero como contribuyente es indignante la inequidad que se promueven desde las instituciones. ¡Y todavía nos van a subir los impuestos!
5 de abril 2013
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