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lunes, 20 de octubre de 2014

Ciudadanos Onappafa II

Más que los políticos, son los ciudadanos los que dan contenido a la política. Prácticas, formas y expresiones perfilan la cultura política de una sociedad. Bien dicen, que no hay democracia sin demócratas. De la misma manera, son las prácticas de los ciudadanos las que afirman una cierta cultura cívica, unas relaciones socialmente compartidas. Así, la calle como espacio común, define la manera que en los ciudadanos asumen la política. por ejemplo, la limpieza de una calle depende más de los ciudadanos, que de las autoridades. Y vaya que las diferencias se notan cuando comparamos ciudades o colonias dentro de una misma ciudad. ¿Por qué unas son limpias y otras no? Igualmente cuando observamos el comportamiento vial entre automovilistas y peatones, damos cuenta de los valores que imperan en el espacio público. No se trata de una disquisición filosófica, sino en concreto de un respeto mínimo en el constante tráfico. ¿Han observado cómo en la ciudad los automovilistas no respetan siquiera las cebras que demarcan los pasos peatonales? Desde esas prácticas, tampoco extraña que en Torreón, 1 de cada 4 ciudadanos utilice indebidamente el espacio reservado para discapacitados en los estacionamientos (Enadis: 2010).
Si hay un ejemplo por excelencia que define los valores de los ciudadanos en una ciudad como Torreón, no son las desairadas elecciones, sino la amplia aceptación de portar en los automóviles placas ilegales. Sí, placas piratas bajo el emblema de la marca registra (no es broma), Onappafa. En los últimos años se multiplicaron las "placas" onappafas, y ya en el colmo de la semántica, hasta "copropafas" aparecieron. ¿Cuántos autos con placas piratas circulan por la calle? ¿Cuántos más bajo el sello de "amparados"? ¿20 o 30 por ciento de los vehículos en la ciudad? Lo significativo de esas "placas" es la aceptación bien extendida y hasta orgullosa de la ilegalidad en las calles. En otras palabras: ciudadanos Onappafa. ¿Quiénes son? Ciudadanos que exigen derechos, pero no quieren obligaciones. Ciudadanos que desean mejores calles, pero no pagan impuestos para mejorarlas. Ciudadanos afectados por la inseguridad, pero indignados porque la autoridad quiere aplicar la ley. Ciudadanos que se creen más "listos" que los demás, porque no pagan la tenencia. Ciudadanos dispuestos a romper la ley, pero exigirla cuando se trata de su problema. Ciudadanos disfuncionales que reflejan gobiernos disfuncionales. El "detalle" de las placas habla mucho de nuestros valores cívicos en la ciudad. De nadie más, más que de nosotros mismos.
Ahogado por la falta de dinero, el gobierno de Coahuila impulsó una reforma al código penal, para ahora sí proceder contra los onappafas. Ante el nuevo operativo, uno pensaría que ahora sí el gobierno va a meter orden, y ojalá así sea. Sin embargo, bajo la presunción de que se trata de otro operativo más, los ciudadanos onappafa saben bien que siempre habrá forma de darle la vuelta a las obligaciones. Si el gobierno aprieta, entonces las organizaciones presionan hasta hacer de los operativos, un esfuerzo irrelevante. Al mismo tiempo un gobierno que renuncia a sus deberes termina por alimentar el círculo vicioso. Lo grave del asunto es que en la calles siempre habrá, bajo esas reglas del juego, motivos para doblar la ley. Entonces ¿tendríamos que sorprendernos de la inseguridad que nos agobia? Es curioso cómo el gobierno mide con distintas varas. Mientras ciudadanos onappafa señalaron en las pancartas de protesta, "otro moreirazo", el mismo gobierno ha dejado impune la megadeuda. ¿Será que también tenemos un gobierno onappafa? Todo parece indicar que sí.

15 de octubre 2014
El Siglo de Torreón
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1047472.ciudadanos-onappafa.html

miércoles, 13 de febrero de 2013

Justicia comunitaria

A diario, las noticias sobre el problema de las policías en México llena las páginas. Los esfuerzos son muy variados. Tenemos desde algunas, poquísimas policías en orden, hasta corporaciones pulverizadas por la corrupción y el crimen. Pero desde que la inseguridad desbordó la agenda pública, es hora que en el país no tenemos una corporación eje de la seguridad. El nuevo gobierno federal ha propuesto la gendarmería nacional, pero entre el planteamiento formal y la posible operación pasarán años antes de tener resultados. Mientras tanto, a los más altos o pequeños niveles, la policía es más un problema, que una solución.

Ahí está el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, tratando de explicar el “absurdo” de que los policías matan a los policías. En Durango, de un día para otro se depura la corporación, pero ya se anuncia otra vez el mando único. En Oaxaca y Guerrero hay comunidades donde la población no da crédito a la policía formal, y entonces, ante el vacío, se llena con una “policía comunitaria”. El asunto no es menor, por más que se localice en pequeñas poblaciones. En esa lógica comunitaria, la responsabilidad se diluye en la multitud. Es la “policía” que nace ante la ausencia de legitimidad de la autoridad formal. Porta armas, instala retes y usa capuchas o pañuelos para cubrirse el rostro. Detiene delincuentes y también aplica una justicia comunitaria. Pero si ya es un riesgo la carencia institucional de la policía, más lo es la justicia por la propia mano. 

En nombre de la comunidad, esa justicia puede convertirse en el peor remedio de la sociedad. En otras circunstancias, el vacío de autoridad en algunas ciudades norteñas, lo llenan los vecinos cerrando calles o pagando (aunque el remedio sea psicológico), seguridad privada, que al final del día tampoco se responsabiliza por los robos, las agresiones y mucho menos la violencia. No es difícil compartir el diagnóstico que da el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, cuando afirma que la presencia de guardias comunitarias es un signo de “ingobernabilidad” en los estados. En los primeros días del mes, un pareja de turistas que venía del DF, no se detuvo ante un retén de la guardia comunitaria en un poblado de Guerrero. La respuesta fue atacarlos a balazos. El líder de la “policía”, Bruno Placido, calificó a los turistas como “imprudentes”. De ese tamaño es el riesgo que como sociedad podemos estar cultivando. Porque al final del día, perder la vida puede ser una imprudencia, pero nunca responsabilidad de esa colectividad envuelta en la “justicia comunitaria”.

13 febrero 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9172318

miércoles, 12 de octubre de 2011

Ciudadanos en vitrina

Se trata de ciudadanos reales, no ciudadanos imaginarios. Están ahí todos los días frente a nosotros, porque también somos parte de ellos. A pesar de la diversidad, tenemos prácticas en común. Somos millones, pero las costumbres se repiten. Cada día actuamos tan parecido, que el comportamiento parece dibujar un desconcertante patrón: Nos gustan los derechos, pero no las obligaciones. Criticamos amargamente, pero no somos parte de la solución. Nos indignamos de los políticos, pero despreciamos la política.

Por lo tanto, los problemas públicos siempre son de los otros, nunca de uno. En dicho “razonamiento”, el gobierno aparece así como el gran villano, el culpable de todos los males del país. Últimamente se responsabiliza a una sola persona, ¡sólo una!, por nuestros males de inseguridad. Pero seamos honestos, el gobierno refleja a la sociedad, y la sociedad al gobierno.


Parece muy abstracto, quizá, pero a fin de no divagar, pensemos en el enésimo anuncio que han hecho las autoridades de Coahuila para regularizar los derechos vehicularas. Hay una obligación y un plazo legal para los propietarios de automóviles, pero en las calles de Torreón vemos una tercera parte de vehículos sin placas, y en el mejor de los casos, vehículos con placas piratas (Onappafa y sucedáneos).

Podrá argumentarse que falta dinero, y por lo mismo, no se cuenta con placas, pero lo que vemos en las calles indica otra cosa. Por un lado, autos de modelo reciente. Por otro, la gasolina y el mantenimiento de los coches, por muy fregados que se vean, no son gratis. Entonces ¿cuál es el pretexto? Ciudadanos en vitrina, ¡imposible no verlos!

Amparados en la ilegalidad, estos ciudadanos van tranquilos y sin vergüenza. Dirán que el gobierno hace lo mismo… pero al final tenemos un círculo vicioso de estériles justificaciones. Nuestra actitud hacia las obligaciones revela la calidad de nuestro compromiso cívico. Es cierto, el gobierno lleva su parte por promover incentivos perversos (al tolerar, al dejar pasar), pero ¿no son al final los ciudadanos los que reflejan al gobierno?


Piénselo, y si no, ¿por qué toleramos la ilegalidad cuando está nuestras manos? La terrible inseguridad que nos aqueja desde los últimos años, ¿no fue cultivada también por las pequeñas, pero masivas tolerancias hacia la ilegalidad? Quizá pensamos que no pasa nada, pero al final del día no nos extrañemos.

12 de octubre 2011
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9042539