Justicia comunitaria

A diario, las noticias sobre el problema de las policías en México llena las páginas. Los esfuerzos son muy variados. Tenemos desde algunas, poquísimas policías en orden, hasta corporaciones pulverizadas por la corrupción y el crimen. Pero desde que la inseguridad desbordó la agenda pública, es hora que en el país no tenemos una corporación eje de la seguridad. El nuevo gobierno federal ha propuesto la gendarmería nacional, pero entre el planteamiento formal y la posible operación pasarán años antes de tener resultados. Mientras tanto, a los más altos o pequeños niveles, la policía es más un problema, que una solución.

Ahí está el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, tratando de explicar el “absurdo” de que los policías matan a los policías. En Durango, de un día para otro se depura la corporación, pero ya se anuncia otra vez el mando único. En Oaxaca y Guerrero hay comunidades donde la población no da crédito a la policía formal, y entonces, ante el vacío, se llena con una “policía comunitaria”. El asunto no es menor, por más que se localice en pequeñas poblaciones. En esa lógica comunitaria, la responsabilidad se diluye en la multitud. Es la “policía” que nace ante la ausencia de legitimidad de la autoridad formal. Porta armas, instala retes y usa capuchas o pañuelos para cubrirse el rostro. Detiene delincuentes y también aplica una justicia comunitaria. Pero si ya es un riesgo la carencia institucional de la policía, más lo es la justicia por la propia mano. 

En nombre de la comunidad, esa justicia puede convertirse en el peor remedio de la sociedad. En otras circunstancias, el vacío de autoridad en algunas ciudades norteñas, lo llenan los vecinos cerrando calles o pagando (aunque el remedio sea psicológico), seguridad privada, que al final del día tampoco se responsabiliza por los robos, las agresiones y mucho menos la violencia. No es difícil compartir el diagnóstico que da el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, cuando afirma que la presencia de guardias comunitarias es un signo de “ingobernabilidad” en los estados. En los primeros días del mes, un pareja de turistas que venía del DF, no se detuvo ante un retén de la guardia comunitaria en un poblado de Guerrero. La respuesta fue atacarlos a balazos. El líder de la “policía”, Bruno Placido, calificó a los turistas como “imprudentes”. De ese tamaño es el riesgo que como sociedad podemos estar cultivando. Porque al final del día, perder la vida puede ser una imprudencia, pero nunca responsabilidad de esa colectividad envuelta en la “justicia comunitaria”.

13 febrero 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9172318

Estimado Gobernador

Rubén Moreira Valdez: 


por estos días usted nos envía un mensaje a los “estimados contribuyentes”. Como tantos otros ciudadanos coahuilenses, recién recibo la notificación de las obligaciones fiscales por derecho vehicular. Es cierto, enero no sólo es el mes de las fiestas, sobre todo, es el mes de los impuestos. No voy a objetar las obligaciones que como ciudadanos tenemos, porque sencillamente el gobierno se construye con la sociedad, aunque a veces parece desentenderse de ella.

Respetuosamente nos comunica que el Gobierno a su mando, estableció durante el mes de enero, el Fondo para otorgar estímulos fiscales de contribuciones estatales, “en reconocimiento a la acción responsable” de los ciudadanos. Luego nos dice: “Sin duda, el pago oportuno de nuestras contribuciones, permitirá disfrutar de más obras y programas sociales en beneficio de todos los coahuilenses, acciones que se harán de su conocimiento, señalando el destino de dichos recursos, compromiso primordial de mi Administración”.

Así, recientemente se le ha criticado por no cumplir su promesa de campaña de eliminar la tenencia. Pero esa crítica no va al fondo de la cosas. El problema de fondo en Coahuila, y ese el punto que a muchos contribuyentes responsables nos indigna, es que el dinero de las aportaciones  no va a parar en inversión pública o beneficios sociales. Va para pagar una descomunal deuda que todavía no se explica ni se puede explicar. Mejor hablar con la verdad gobernador: el Estado le urge dinero porque ya no le alcanza para cubrir la deuda que dejó su hermano. Un deuda por cierto, que el Congreso “legalizó” en una sola bolsa, como si 5 mil 300 millones de pesos fueran una minucia firmada con documentos falsificados.

Este es el punto que debería decir de frente a los coahuilenses: sus impuestos se destinan a pagar una buena parte de la deuda que se contrató con documentos falsos; al mismo tiempo, sus impuestos pagan la riqueza y buena vida de una red de corrupción que goza todavía de impunidad.  Estimado gobernador, deje la retórica de la “confianza” y “el nuevo pacto social”. Mejor reconozca con todas sus palabras que los impuestos estatales no son para “beneficio de todos los coahuilenses”. Más bien son para beneficios de unos cuantos: los funcionarios que usted conoce del gobierno anterior; los banqueros que también ganaron al tomar como “buenos” documentos apócrifos.  ¡Esos sí que disfrutan!

Responsabilidad no sólo es pagar impuestos, sino que el gobierno a su cargo esclarezca y llame a cuentas a los responsables de un atraco que deja mal parados a los ladrones de banco. Hasta entonces sí hablaremos de confianza y legitimidad, de transparencia y legalidad, de un Coahuila próspero y competitivo. Mientras tanto, pagar impuestos en Coahuila es una obligación que asumo bajo protesta.         


13 de enero 2012
Milenio http://impreso.milenio.com/node/9094060