La toma de Michoacán

Desde hace tiempo que las responsabilidades del Estado se han vuelto insignificantes. No todas, pero cuando en la seguridad de los ciudadanos, las instituciones parecen pulverizadas. Ni siquiera un base mínima para soportar la crisis de la llamada seguridad. Después de tantos años, digamos un sexenio, nuestro Estado no parece más fuerte, o siquiera más eficaz. De los síntomas ya no se quiere hablar, pero el desastre continúa. El caso de Michoacán es emblemático, porque ahí arrancó el anterior presidente su campaña militar. Para colmo de males, el hombre resultó ser originario de ahí. Por fortuna acabó su gobierno, pero no acabó el problema de la entidad, por el contrario, se fragmentó, y dio lugar, como la hidra, a otras cabezas. Y el problema sigue ahí. 

El nuevo gobierno, que todavía goza de cierta credibilidad, además de condonar impuestos millonarios a La Televisora, decidió que Michoacán sería su laboratorio. A La Laguna, una de las zonas más violentas del país, sólo le mandó dinero para algo que suponemos es la prevención del delito, pero en la plena opacidad, nada evita que aquello termine en las elecciones. En Acapulco, antes puro palmera y sol, ahora naufraga a su suerte, y el gobernador Ángel Aguirre es un decir. Peor en Michoacán que ni gobernador tienen. Enfermo Fausto Vallejo, se retiró. Y el sustituto se queda con los problemas de la deuda, y sobre todo, un estado frágil. Michoacán sigue tomado por los grupos criminales y por todo aquel que lo mismo cierra carreteras y calles, saquea transportes, o hace las veces de “policía comunitaria”.
Abusando del optimismo, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que en “no estamos haciendo lo mismo que antes”. Para Calderón Michoacán fue un fracaso, y con Peña Nieto la crisis parece agravarse. No se trata sólo del narco y la violencia, la cual tiene sus ciclos, sino del profundo deterioro social. La situación preocupa tanto, que hasta varios legisladores, incluyendo la ex candidata a la gubernatura del estado, ahora senadora, Luisa María Calderón, le han planteado al gobernador interino, “en qué le podemos ayudar”.

Osorio dice que ahora sí “hay una espléndida coordinación con un mando único en manos del Ejército y éste está trabajando en ganarse la confianza de las comunidades”. Sin embargo, el poder está en otro lugar, por ejemplo, en Buenavista Tomatlán, autodefensas ciudadanas (así el eufemismo), retuvieron a 24 militares. El gobierno se cansó de negarlo, pero ya era tarde para creerles porque antes los habían doblegado en la región de la Tierra Caliente.

Michoacán fue el fracaso de Calderón. Ahí inició la guerra que no terminó. Ahora las autoridades dicen que sí hay estrategia, que sí van a cambiar las cosas, pero el estado continúa tomado por grupo de chantaje como el sindicato de la educación. También está tomado por grupos criminales, por policías comunitarias, por quienes a nombre de la comunidad, deciden la ley. Así, bajo el amparo de la colectividad y nada más.

29 de mayo 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9181934

Justicia comunitaria

A diario, las noticias sobre el problema de las policías en México llena las páginas. Los esfuerzos son muy variados. Tenemos desde algunas, poquísimas policías en orden, hasta corporaciones pulverizadas por la corrupción y el crimen. Pero desde que la inseguridad desbordó la agenda pública, es hora que en el país no tenemos una corporación eje de la seguridad. El nuevo gobierno federal ha propuesto la gendarmería nacional, pero entre el planteamiento formal y la posible operación pasarán años antes de tener resultados. Mientras tanto, a los más altos o pequeños niveles, la policía es más un problema, que una solución.

Ahí está el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, tratando de explicar el “absurdo” de que los policías matan a los policías. En Durango, de un día para otro se depura la corporación, pero ya se anuncia otra vez el mando único. En Oaxaca y Guerrero hay comunidades donde la población no da crédito a la policía formal, y entonces, ante el vacío, se llena con una “policía comunitaria”. El asunto no es menor, por más que se localice en pequeñas poblaciones. En esa lógica comunitaria, la responsabilidad se diluye en la multitud. Es la “policía” que nace ante la ausencia de legitimidad de la autoridad formal. Porta armas, instala retes y usa capuchas o pañuelos para cubrirse el rostro. Detiene delincuentes y también aplica una justicia comunitaria. Pero si ya es un riesgo la carencia institucional de la policía, más lo es la justicia por la propia mano. 

En nombre de la comunidad, esa justicia puede convertirse en el peor remedio de la sociedad. En otras circunstancias, el vacío de autoridad en algunas ciudades norteñas, lo llenan los vecinos cerrando calles o pagando (aunque el remedio sea psicológico), seguridad privada, que al final del día tampoco se responsabiliza por los robos, las agresiones y mucho menos la violencia. No es difícil compartir el diagnóstico que da el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, cuando afirma que la presencia de guardias comunitarias es un signo de “ingobernabilidad” en los estados. En los primeros días del mes, un pareja de turistas que venía del DF, no se detuvo ante un retén de la guardia comunitaria en un poblado de Guerrero. La respuesta fue atacarlos a balazos. El líder de la “policía”, Bruno Placido, calificó a los turistas como “imprudentes”. De ese tamaño es el riesgo que como sociedad podemos estar cultivando. Porque al final del día, perder la vida puede ser una imprudencia, pero nunca responsabilidad de esa colectividad envuelta en la “justicia comunitaria”.

13 febrero 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9172318